De nada valieron sus argumentos, entre ellos que padece disfunción eréctil. Bartolomé Cel Romero, vecino de Seyé, fue condenado a 33 años por violar a una menor desde que ésta tenía 11 años de edad y a la que embarazó en agosto de 2014, cuando la volvió a violar y ahora la niña tiene un bebé.
Al tratar de probar su inocencia, se le practicaron pruebas de ADN y se descubrió que la menor no es su hija aunque su mujer le dijo siempre que sí lo era, y se demostró que el bebé de la menor sí es su hijo.
Este sujeto, que comenzó a violar a la niña desde que ésta tenía 11 años de edad, intentó quitarse la culpa al aducir que padece de disfunción eréctil, debido a unas lesiones en el pene, pero no lo consiguió a pesar de que su mujer dijo que desde hace 14 años no tenía relaciones sexuales con él.
Fue sentenciado por el Tribunal Segundo de Juicio Oral del Poder Judicial del Estado formado por Verónica de Jesús Burgos Pérez, quien fungió como presidenta; María del Socorro Tamayo Aranda y Sergio Javier Marfil Gómez.
El Tribunal también lo condenó al pago de la reparación del daño moral por 20 mil pesos, mientras que ante el juez de ejecución de sentencias se podrá determinar el monto de la reparación del daño material.
También debe pagarle la pensión alimenticia al niño que nació al violar a la menor, se le suspendieron sus derechos de familia en relación con la víctima; sin embargo subsiste la manutención hasta que la menor cumpla la mayoría de edad.
Además, el Tribunal ordenó su amonestación, le suspendió sus derechos políticos y le negó beneficios sustitutivos de prisión, además que le prohibió acercarse a la víctima por tres años a partir de que se encuentre en libertad.
Al tratar de probar su inocencia, se le practicaron pruebas de ADN y se descubrió que la menor no es su hija aunque su mujer le dijo siempre que sí lo era, y se demostró que el bebé de la menor sí es su hijo.
Este sujeto, que comenzó a violar a la niña desde que ésta tenía 11 años de edad, intentó quitarse la culpa al aducir que padece de disfunción eréctil, debido a unas lesiones en el pene, pero no lo consiguió a pesar de que su mujer dijo que desde hace 14 años no tenía relaciones sexuales con él.
Fue sentenciado por el Tribunal Segundo de Juicio Oral del Poder Judicial del Estado formado por Verónica de Jesús Burgos Pérez, quien fungió como presidenta; María del Socorro Tamayo Aranda y Sergio Javier Marfil Gómez.
El Tribunal también lo condenó al pago de la reparación del daño moral por 20 mil pesos, mientras que ante el juez de ejecución de sentencias se podrá determinar el monto de la reparación del daño material.
También debe pagarle la pensión alimenticia al niño que nació al violar a la menor, se le suspendieron sus derechos de familia en relación con la víctima; sin embargo subsiste la manutención hasta que la menor cumpla la mayoría de edad.
Además, el Tribunal ordenó su amonestación, le suspendió sus derechos políticos y le negó beneficios sustitutivos de prisión, además que le prohibió acercarse a la víctima por tres años a partir de que se encuentre en libertad.