Noticias de Yucatán
(apro).- En la audiencia de vinculación a proceso del
exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, se
dio lectura a una declaración de exfuncionarios del gobierno de Chihuahua,
quienes señalan que en la triangulación de los 250 millones de pesos del erario
estaban coludidos la Secretaría de Hacienda federal, el SAT, Manlio Fabio
Beltrones y el exgobernador César Duarte.
Además, sostienen que la trama ilegal de desvío de
recursos buscaba beneficiar las campañas del PRI. Y que ese mismo esquema fue
utilizado en los estados de Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Durango.
La audiencia oral se basó principalmente en la
declaración de Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, Cultura y
Deportes –dependencia a la que la SHCP federal asignó 250 millones de pesos
para que contratara a cinco empresas fachada que desde el gobierno del estado
le habían indicado, mismas que destinarían el dinero a las campañas del PRI.
Incluso, Yáñez Herrera mencionó varios episodios que
grafican el tamaño de la presunta colusión.
Por ejemplo, destacó que, en 2016, recién llegado al
cargo y renuente a firmar los contratos ficticios por decenas de millones con
las empresas que le habían sido indicadas desde la Secretaría de Hacienda
estatal, acudió al despacho del entonces gobernador, quien lo urgió a firmar y
explicó que el dinero iría a las campañas electorales del PRI, y que todo estaba
hablado con el entonces dirigente nacional priista, Manlio Fabio Beltrones.
También refirió un viaje que hizo a la Ciudad de México
para contactarse con el área de finanzas de ese partido. Los recibió el hijo
del acusado, Alejandro Gutiérrez junior –apoderado legal de una de las empresas
y orquestador del esquema–, a quien comentaron que les preocupaba que no tenían
la manera de comprobar los 250 millones de pesos que entregaron a las empresas
por asesorías, talleres y un software inexistentes.
El hijo del operador de Beltrones aseguró que tenían
blindaje asegurado del SAT, que no se preocuparan de ninguna auditoría y que
Chihuahua no era el único estado donde se había utilizado esa mecánica de
triangulación de recursos.
Por instrucción de Duarte Jáquez, Yáñez Herrera fue a ver
directamente al secretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez
Gutiérrez, o “La Coneja”.
Igual admite que tuvieron un encuentro con el hoy acusado
en un restaurante de Plaza Carso, donde le advirtieron que en Chihuahua ya se
habían descubierto los desvíos. Gutiérrez les preguntó “¿por qué sigue vivo?”,
refiriéndose a la persona que filtró las facturas al PAN.
Yáñez declaró que respondieron: “Ya no sólo tendríamos un
problema de desvío de dinero sino un homicidio”. Que lo que pedían era que les
regresaran los 250 millones de pesos.
Como respuesta, insistió en que las empresas con las que
se formaron los contratos eran sólidas, estaban blindadas por el SAT, que si se
hacía una auditoría no habría problemas.
Los entonces funcionarios insistieron en que hay
fotografías que prueban que no existen empresas en los domicilios fiscales de
las supuestas proveedoras de servicios a las que se destinó el dinero. Entonces
Gutiérrez reviró: No se puede devolver el dinero, “lo operaron en campañas en
otros estados” y que esa misma mecánica se usó en Puebla, Tamaulipas, Veracruz,
Sinaloa y Durango.
Posteriormente, “La Coneja” les mandó un mensaje donde
advertía: “Ya hablé con MF. Del retorno: no hay opción”. Les prometió ayuda
para la comprobación del uso del dinero.
Otra de las declaraciones de una persona que pidió ser
testigo protegido, y que se ha señalado que es Jaime Herrera Corral,
exsecretario de Hacienda de César Duarte, sostiene también que los recursos
fueron enviados por la SHCP, igual menciona la intervención de Beltrones y
Gutiérrez para la triangulación, y acusa a las empresas contratadas porque
nunca justificaron los recursos.
La audiencia fue suspendida en varios momentos. Una vez
fue a petición de la Ministerio Público, quien observó que algunas
declaraciones que iba a leer podrían poner en peligro a los declarantes. En ese
momento, y durante una hora, se impidió el acceso a periodistas y se suspendió
la transmisión por las pantallas de la sala de prensa.
Varias veces los abogados del acusado pidieron al juez
que impidiera a la MP, Priscila Aguilar, dar lectura a las declaraciones de los
exfuncionarios detenidos y testigos, y también pidieron que sólo reseñara los
contenidos del expediente. A pesar de que así se hizo, la lectura duró siete
horas.
A las nueve de la mañana comenzó la audiencia de
formulación de imputación por peculado agravado. Luego Gutiérrez Gutiérrez
pidió que le resolvieran su situación jurídica. Por ello se inició la audiencia
de vinculación a proceso.
Además de la declaración del exsecretario de Educación
estatal se leyeron las de otros exfuncionarios de la misma dependencia, quienes
confirman que tuvieron conocimiento de los ilícitos, que se inventaron facturas
de cursos educativos y asesorías inexistentes para comprobar los recursos
públicos erogados.
También se menciona que los propios exfuncionarios
notaron que las compras estaban mega infladas. Incluso mencionaron la presión
que se ejerció desde la Secretaría de Hacienda estatal contra los entonces
funcionarios de Educación para que firmaran la comprobación de los recursos.
En su turno, a las cinco de la tarde, el abogado Antonio
Collado Mocelo, de la firma Collado y Asociados, señaló que su cliente no puede
ser procesado porque el delito de peculado sólo es aplicable para funcionarios
públicos.
Enseguida acusó al MP de no presentar hechos o pruebas
que establezcan el delito de su cliente, que los testigos no demuestran que
conocían los hechos ni sus declaraciones son probatorias, además de que no
existe claridad del origen y destino de los recursos utilizados ni del
quebranto del Estado.
Hasta las 18:30 horas de este jueves 21 proseguía el
desarrollo de la audiencia.
