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México inició 2017 con una serie de bloqueos en casi todo el país en contra del llamado “mega gasolinazo”. Las protestas incluso se tornaron agresivas: los bloqueos y enfrentamientos con la policía se registraban en diversos puntos. El reclamo que venía desde la sociedad civil hasta del sector empresarial era el mismo: frenar la liberación de los precios de los combustibles. Los mexicanos iniciaron ese año con uno un incremento de alrededor de 20 por ciento en los combustibles y el anuncio de la regulación de los precios diaria en todo el país. Hoy, a 90 días de finalizar su Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto defiende lo que él mismo llama “el gasolinazo de enero de 2017”.
Los mexicanos han pasado de pagar, tan sólo de 2017 a 2018, el litro de gasolina magna de 16.43 pesos a alrededor de 19.45 pesos. Y la magna de 18.11 pesos a un pico de 21.03 pesos.
“El 30 por ciento de los mexicanos consume el casi 80 por ciento de la gasolina del país y son el 30 por ciento de la población de mayor capacidad económica. O sea, era una inconsistencia que los más favorecidos de subsidiar el precio de la gasolina fueran las personas con mayores ingresos”, dice en un nuevo spot sobre su Sexto Informe de Gobierno.
“Liberalizar el precio de la gasolina. ¿Qué es liberar el precio de la gasolina? Pues que la gasolina cueste sin tener que poner recursos de los mexicanos para que el precio fuera más barato. La exigencia de recursos que ya teníamos que destinar a un subsidio, que había por parte del Gobierno, era insostenible. Para cuando se toma la decisión, más de 200 mil millones de pesos”, agrega.
Peña Nieto también dice hoy que el “gasolinazo” fue “una decisión francamente muy difícil” pero que tuvo que tomar para no afectar a programas sociales como Prospera y la inversión en educación y salud.
“Tomé y asumo plenamente la responsabilidad que fue el haber decido liberar el precio de la gasolina; o hacíamos eso o habría que haber hecho recortes en el gasto público a varios programas que benefician a millones de mexicanos”, agrega.
También aseguró que tomó la decisión pese a que 2017 fue un año de elecciones en varias entidades federativas. “No ayudaba al partido político que yo represento”, agrega.
“Era pensar electoralmente o era pensar en el futuro del país y en el bienestar del país”, finaliza.
LA PROMESA NO CUMPLIDA
En un mensaje a la nación, en diciembre de 2015, Peña Nieto prometió: “A partir de este momento, en 2015 ya no habrá gasolinazos. Gracias a la Reforma Hacendaria, por primera vez en cinco años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP”.
Sin embargo, un año después se dio el anuncio de la liberación de los precios de los combustibles.
Al inicio del sexenio del Presidente Peña Nieto, la gasolina magna costaba unos 10.72 pesos y la premium 11.08 por litro.
La gasolina premium acumula un incremento de 86.4 por ciento en su precio respecto a como cotizaba al inicio del sexenio, cuando un litro costaba 11.08 pesos. Para la gasolina Magna, el aumento ha sido de 81 por ciento respecto a diciembre de 2012, cuando un litro de este combustible costaba 10.72 pesos.
Así, llenar un tanque de gasolina de 40 litros con Magna pasó de costar 428.80 pesos a 778 pesos en poco más de cinco años.
Para llenar el mismo tanque con gasolina Premium en 2012 había que pagar 451.20 pesos, mientras que hoy son necesarios 841.20 pesos.
El alza de precios fue especialmente fuerte a principios de 2017, cuando se dio el llamado “gasolinazo” que, con un incremento de alrededor de 20 por ciento en los combustibles, ocasionó gran molestia social, al grado de que el Presidente Enrique Peña Nieto tuvo que salir a dar un mensaje a la nación para explicar la medida, que según argumentó, se debió al inicio de la liberalización de los precios contemplado por la Reforma Energética, la cual implicaba eliminar los subsidios a estos hidrocarburos para quitar al Estado esa gran carga económica y así los precios estuvieran dictados por la competencia y el libre mercado.
No obstante, el aumento de los precios internacionales del petróleo y la cada vez mayor dependencia del país de las gasolinas importadas han obligado al gobierno a seguir controlando parcialmente el precio de las gasolinas por medio del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) que se aumenta o se disminuye para ‘amortiguar’ el costo final y así evitar un alza descontrolada que termine por impactar a la inflación.
La desregulación de los precios de los combustibles que tenía como fin acabar con los subsidios que, según el Gobierno, benefician sobre todo a los mexicanos adinerados, y también atraer la participación del sector privado al recién abierto mercado de combustibles, se dio en varias fases.
Antes del 31 de diciembre de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó la metodología para determinar los precios máximos regionalizados de la gosolina, que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2017.
El Gobierno federal anunciaba, a finales de 2016, que la liberación de los precios sería gradual, y tendría cinco fases. Las primeras entidades que entran en esta fase de libre mercado fueron Baja California y Sonora donde el Gobierno federal será quien determine el precio del combustible.
En la segunda fase entraron los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y el municipio de Gómez Palacio, Durango, donde la apertura se dará el próximo 15 de junio de 2017.
La tercera etapa, que comienza el 30 de octubre de 2017, incluyó a Baja California Sur, Durango y Sinaloa.
La cuarta fase, contemplada para el 30 de noviembre, agregó a Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
En la última etapa de esta transición se agregaron las entidades faltantes: Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
MEXICANOS GASTAN MÁS
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señaló, en su reporte “Precios al consumidor”, que México es el país con los mayores precios de energéticos de los 35 países que la integran, con una variación anual de 16.2 por ciento, casi el triple del promedio, que fue de 5.8 por ciento.
De acuerdo con el reporte, México no sólo estuvo por arriba del promedio de la OCDE, también del bloque que compone la Unión Europea, que fue de 2.9 por ciento y de Chile, el otro país latinoamericano que integra la organización, cuyos precios en los energéticos tuvieron una inflación de 4.1 por ciento.
Los cambios en materia energética fueron considerados la acción política más importante de la administración de Peña Nieto. A la fecha sólo acumula un saldo negativo tanto para los bolsillos de las familias mexicanas, pues los costos no se redujeron sino que aumentaron.
Con información de Economía Hoy
