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Antes de que la Ley Federal de Remuneraciones, la cual establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, más de 11 mil funcionarios se ampararon.
Los juicios de amparo –de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal– fueron presentados por servidores de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Además, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Hasta ahora 11 mil 576 trabajadores ha presentado demandas contra la promulgación de esta Ley Federal de Remuneraciones, que en los días pasados ha generado conflictos entre los poderes ejecutivo legislativo, por un lado, y el judicial, por el otro.
Y aunque la PJF asegura que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ganan 600 mil pesos mensuales, Andrés Manuel López Obrador sostiene sí.
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