La petición de juicio político a la alcaldesa Angélica Araujo Lara se basa en 23 pruebas, de las cuales una parte son documentales y el resto son vídeos, así como materiales contenidos en cuatro discos compactos que fueron entregados en el paquete que forma esa demanda.
En esas pruebas se incluyen informaciones publicadas por el Diario sobre la violenta represión del 4 de julio. Por esa razón, la solicitud de juicio político estuvo acompañada de varios ejemplares de este rotativo.
Las primeras ocho pruebas son ejemplares de este periódico de los días 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 y 23 de julio, en los que se informa del ataque contra ciudadanos, y se da cuenta de unas declaraciones de la presidenta municipal, así como de una agresión contra Ricardo Noé Zepeda Tello, un joven con discapacidad "que fue agredido salvajemente con manoplas por los agresores, sin que hubiera intervenido la Policía Municipal, bajo el mando de la hoy denunciada".
También, se asienta que ese material hemerográfico da cuenta "de manera gráfica, textual y testimonial de los hechos narrados" que dan sustento al juicio político solicitado.
Otras cuatro pruebas son igual número de discos compactos que contienen 149 fotografías y cuatro vídeos sobre las agresiones a los ciudadanos que se manifestaban pacíficamente ese día y de algunos de agresores identificados gracias a esas imágenes.
Otras pruebas son:
-Un informe que debe pedirse a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán sobre las denuncias que recibió de ciudadanos agredidos, y los reportes respectivos del personal y visitadores de ese organismo.
-Otros tres informes que deben pedirse a la Fiscalía estatal, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía de Mérida sobre las denuncias presentadas por los agredidos y las acciones realizadas por las corporaciones policíacas el lunes 4.
-Otro informe más es de la Procuraduría General de la República, sobre las denuncias que recibió y las diligencias hechas por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
-Prueba técnica consistente en revisar las filmaciones de la cámara de seguridad que tiene la Secretaría de Seguridad Pública en la glorieta.
-Dos ejemplares de la Gaceta Municipal, del 12 y 28 de mayo, y el documento "Análisis y Dictamen Técnico de Factibilidad del Proyecto del Paso Deprimido" elaborado por el Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C.
-La "Declaración de Movilidad Urbana Humanizada" elaborado por un grupo técnico de la Fundación Plan Estratégico de Mérida, A.C.
-La petición de Icomos Mexicano a la presidenta municipal para suspender la obra para revisarla y redefinirla.
La entrega de la solicitud de juicio político ayer en la sede del Poder Legislativo fue agitada; los guardias privados impidieron el paso al numeroso grupo que se presentó en el acto.
El jefe de Logística y Seguridad, Miguel González Ceballos, les dijo que no laboró el secretario General del Congreso, Martín Chuc Pereira, y que los diputados estaban en receso.
Hubo discusiones, idas y venidas del jefe de los vigilantes y de otros empleados, y gritos de la gente: "¡Juicio, juicio, juicio!".
Miguel González no se identificó ante la gente ni explicó quién lo instruyó para tomar las decisiones al respecto.
Intervino el diputado Renán Barrera Concha -el único legislador que salió- y finalmente se permitió entrar a una comisión de los ciudadanos, encabezados por Patricia MacCarthy Caballero, pero los dejaron esperando en la puerta.
También salió Guadalupe Solís May, secretaria particular del secretario general para recibir los documentos. El grupo se opuso, aunque después los solicitantes accedieron a entregarle una copia y dejar otra más en la Oficialía de Partes, bajo la vigilancia de Mario Ceballos Vázquez, coordinador de Procesos Legislativos. Una tercera copia sirvió como acuse de recibido.
Se permitió que algunos de los ciudadanos subieran para ser atendidos por Miguel Ceballos, jefe del departamento jurídico, a quien solicitaron cita para hablar con los tres integrantes de la Comisión Permanente.
El funcionario los atendió en el cubículo de la diputada Martha Góngora, del PRI, y más tarde se les unió el diputado Tito Sánchez, del PAN e integrante de la comisión ya citada.
No hubo reacción del presidente estatal del PRI, Luis Hevia Jiménez, pero el hermano de este, Humberto, regidor del Ayuntamiento, dijo que el juicio político fue presentado "por un grupo de membretes panistas disfrazados de ciudadanos".
En un boletín se indica que el edil externó que los denunciantes "son los mismos de siempre que critican toda acción de gobiernos emanados del PRI, pero guardan sepulcral silencio ante gasolinazos, tarifas eléctricas, el mayor índice de desempleo en el país y más de 50 mil ejecutados en el sexenio de Calderón".
"Por favor, vamos a quitarles el disfraz de ciudadanos con que cotidianamente se les quiere presentar. Son los mismos de siempre", agregó.- Hansel Vargas Aguilar
http://yucatan.com.mx/juiciopolitico.htm
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