El nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), José Enrique Goff Ailloud, de 41 años, manifiesta, en la segunda parte de la entrevista con el Diario, su respeto por las organizaciones civiles que trabajan en este campo y precisa su posición sobre el polémico tema del matrimonio entre personas del mismo sexo.
También habla de su sueldo como presidente de la Codhey, $70,000 netos, más vales, y del presupuesto anual de ese organismo: $31 millones. De esta cantidad, dice, $100,000 mensuales se destinan al pago de rentas, la mayor parte por predios de Renán Solís Avilés.
Goff Ailloud, terminó la carrera de abogado en la Universidad Anáhuac Mayab en 1998 y obtuvo su título en 2002. Cursó además una maestría en Mercadotecnia, en esa misma institución, y otra en Derechos Humanos en la Universidad Marista, de la que acaba de egresar.
Antes de entrar a la Codhey en 2006, trabajó como pasante de litigio en materia mercantil, laboral, penal y cobranza extrajudicial en Grupo Abraham, de 1995 a 1997, y luego, de 1998 a 2001, como gerente de Adquisiciones y Suministros, de Súper San Francisco de Asís, del mismo consorcio. Entre 2001 y 2005 fue gerente comercial de Grupo Lodemo, especializado en la venta de combustible.
Y en ese tiempo, ¿cuál fue su experiencia en derechos humanos?
Colaboré como voluntario en la Fundación Valentina Arrigunaga Peón, una asociación civil cuyo objetivo principal es prevenir la violencia y las adicciones y fomentar el deporte. Iba allí los lunes, con los niños, y los jueves, con los jóvenes.
¿Cómo llegó a ser secretario ejecutivo de la Comisión?
En julio de 2006, el presidente, Dr. Jorge Victoria Maldonado, se entera de mi interés por los derechos humanos, ya que colaboraba en la Fundación, buscando siempre ayudar al prójimo, y me invita a sumarme a su equipo. Después de nueve años, creo que he aprendido mucho de él…
En el periodo del Dr. Victoria renunciaron tres consejeros ciudadanos de la Comisión, inconformes con el modo de trabajar de ese organismo y con sus resultados. ¿Qué respondería a esos consejeros?
Emitieron opiniones muy personales, aunque estaban en todo su derecho…
Pero, ¿tenían razón?
No compartí sus razones, desde luego, pero, insisto, estaban en su derecho de opinar y tomar las decisiones pertinentes, a su juicio.
En la administración pasada también arreciaron las críticas de grupos civiles contra la Comisión de Derechos Humanos y en particular de Indignación, cuyos integrantes entregaron al Congreso un informe sobre, según ellos, la falta de pericia de la Comisión en la redacción de sus recomendaciones. ¿Invitaría a trabajar a ese tipo de agrupaciones a la Codhey?
Si, desde luego. Las puertas de este organismo están abiertas a esa organización, cuyos señalamientos son muy respetables, y a todas las agrupaciones sociales y ciudadanos interesados en el tema.
Pero en el caso de Indignación, usted no ha leído su informe…
Sí lo he leído, lo que han dicho en el Diario.
Pero no el informe…
El informe no, pero conozco los señalamientos que hacen y son respetables; algunos no los comparto, pero, creo, sus puntos de vista son importantes, como los de muchas otras organizaciones civiles. En cualquier sociedad democrática, las críticas son parte de la construcción de la sociedad y de la libertad de expresión, de la que gozamos en Yucatán.
Se acusa a la Comisión de no haber sido clara en la defensa del matrimonio entre personas del mismo sexo. Como presidente de la Codhey, ¿cuál es su opinión sobre este tema?
Es un asunto muy complejo, que divide a la sociedad, ¿verdad?, pero más allá de cualquier ideología u opinión que yo pudiera tener, la Suprema Corte de Justicia ya definió una postura en este sentido y nos tenemos que pronunciar respetuosos de la legalidad y del debido proceso. Las ideologías no tienen cabida en este tema, es el apego a la legalidad.
Pasando a otro tema, ¿cuál es el presupuesto anual de la Comisión y el sueldo de su presidente?
El presupuesto es de $31 millones y tenemos 120 empleados. El sueldo mensual del presidente asciende a $70,000 netos, más $3,500 de vales de despensa y $2,000 de combustible. En la Codhey el empleado con menor sueldo recibe $6,800, más vales. Un visitador percibe $18,000.
El edificio de la Comisión, ¿es propio?
Lo rentamos al Sr. Renán Solís Avilés, junto con el predio vecino. En total, por esos locales y por nuestras oficinas en Valladolid y Tekax, pagamos $100,000 de renta al mes. Empero, en mi periodo iniciaremos las gestiones para adquirir un edificio propio y mejorar la atención a los ciudadanos. Hoy viene la gente y no tiene espacio para la privacidad, todos escuchan la queja del otro, y si llegan en silla de ruedas, simplemente no pueden pasar por la puerta. En un estudio de la propia Codhey sobre accesabilidad de los edificios públicos, salimos reprobados.
¿Cuántas solicitudes de intervención reciben al año?
Cuatro mil, un promedio de once al día. De esas solicitudes, 350 son quejas por la presunta violación de derechos humanos, otras 2,800 no competen a la Codhey, por tratarse de asuntos laborales o penales entre particulares y 850 corresponden a gestiones. Estas son denuncias, no por la violación a los derechos humanos, sino por problemas entre vecinos o por violencia contra las esposas o hijos. Aunque no tenemos competencia directa, canalizamos estas denuncias a las autoridades competentes, como el DIF, por ejemplo, y abrimos un expediente de seguimiento. Sin embargo, este es un trabajo que nunca se ve. Continuará.— Hernán Casares Cámara.
Comisión Cifras
La Codhey recibe al año 4,000 solicitudes de intervención en diversos casos.
Otros problemas
Muchas de esas solicitudes no son por la violación a los derechos humanos, de los ciudadanos, sino por problemas entre vecinos o violencia intrafamliar, de lo que no podemos estar ajenos, afirma el nuevo presidente de ese organismo, José Enrique Goff Ailloud.
Nadie lo ve
Aunque no tenemos competencia directa, dice, canalizamos estas denuncias a las autoridades competentes, como el DIF, por ejemplo, y abrimos un expediente de seguimiento. Sin embargo, “este es un trabajo que nunca se ve”.
Quejas
De la cuatro mil solicitudes, solo 350 son quejas por la presunta violación de derechos humanos.
