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José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, dos indígenas tzeltales de Chilón, Chiapas, fueron condenados a dos años de prisión por el delito de motín. De acuerdo con el juez de Ocosingo, el 15 de octubre de 2020 se encontraban al frente de un grupo de personas que estaban bloqueando una carretera para manifestarse en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio y gritaban consignas, llevaban palos y machetes y lanzaban piedras en contra de los policías, causando heridas a dos agentes estatales.
Tras dar a conocer la sentencia, el juez informó que aceptaría parcialmente los argumentos de la defensa y determinó que los hombres pudieran salir libres después de pagar una multa de poco más de 2 mil pesos. La defensa, en tanto, reclamó que no se reconociera la inocencia de los acusados.
“No hay que confundir el motín con el derecho a protestar y a exigir de manera pacífica, que está reconocido por la Constitución y por tratados internacionales. José Luis y César son víctimas de un sistema de justicia que fabrica culpables y que usa el delito de motín para criminalizar personas inocentes”, dijo en su alegato de clausura Jorge Luis López López, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, representante legal de César Hernández.
De acuerdo con el abogado, los dos campesinos se estaban manifestando pacíficamente y la investigación del fiscal ha sido deficiente, pues no hay pruebas como fotografías o grabaciones que comprueben su responsabilidad, sino solo testimonios de los policías involucrados, y no se demostró la calidad de los peritos y los legistas que aportaron los elementos que llevaron a la condena.
El juez aceptó parcialmente las argumentaciones de la defensa. Reconoció que el “grado de culpabilidad de los imputados es mínimo” y concedió un beneficio consistente en una multa de poco más de 2 mil pesos. Es decir, el Estado no reconoció la inocencia de José Luis y César, pero les permitirá vivir en libertad tras el pago de esa multa.
Megaproyectos y militarización de la región tzeltal
César y José Luis son campesinos y defensores. Su lucha es en contra de los megaproyectos que afectan al territorio tzeltal, en especial de la Carreteras de las Culturas. Se trata de una obra que conectaría la ciudad costeña de Pijijiapan con Palenque, en la selva Lacandona, pasando por Tuxtla Gutiérrez y la región montañosa de Los Altos, y que funcionaría como infraestructura de enlace entre el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.
El sueño de construir una autopista para impulsar el turismo y el tráfico de mercancías entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque —actualmente enlazados por una carretera llena de curvas y topes, que toma cinco horas cruzar— se remonta a la época del gobernador Juan Sabines Guerrero (2006-2012). Fue truncado en 2008 a causa de la oposición de las comunidades de la región, muchas de las cuales son zapatistas o están articuladas alrededor de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas. El proyecto fue retomado por la actual administración y ampliado en unos 300 kilómetros hasta la costa chiapaneca.
Fue entonces cuando las resistencias se reavivaron y la represión se volvió a activar: en noviembre de 2020 fueron detenidos César y José Luis, y en junio de 2022 le tocó a cinco pobladores de San Juan Cancuc, otra comunidad tzeltal que ha denunciado la militarización de su territorio y se ha declarado en resistencia en contra del paso de la Carretera de las Culturas. Justo en estas semanas, los cinco están enfrentando un juicio por el supuesto homicidio de un policía.
“Pusieron un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón para intimidarnos”, dice uno de los jóvenes tzeltales que han viajado hasta Ocosingo para apoyar a José Luis y César con rezos y oraciones afuera del juzgado. Está convencido de que las detenciones de sus compañeros buscan inmovilizarlos, mantenerlos con miedo a ser arrestados.
Siete de los 21 cuarteles que hasta el momento se planea construir en Chiapas están ubicados a lo largo de lo que podría ser el trazado de la Carretera de las Culturas: en los municipios de Tonalá, Arriaga, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Chilón y dos en Palenque, ciudad donde también se planea construir una de las estaciones del Tren Maya.
“La presencia militar en regiones mayoritariamente indígenas nos preocupa, sobre todo en contextos de conflictos comunitarios que para su resolución ameritan estrategias en una lógica muy distinta a la militarización, y más a resolver las demandas de justicia social de las comunidades”, dice César Contreras León, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que promovió un amparo en contra de la presencia de la Guardia Nacional en Chilón, al argumentar que no existe un diagnóstico que muestre la presencia en este municipio de un índice delictivo tan alto como para erigir un cuartel.
De acuerdo con los ejidatarios, este amparo que todavía no se resuelve logró parar la inauguración del cuartel pero no su construcción: ya está listo, aunque no está en sus plenas funciones.
“En ningún momento el presidente municipal Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo (de Morena) consultó la construcción del cuartel ante los ejidatarios de los dos ejidos que conforman el municipio de Chilón: San Jerónimo y San Sebastián Bachajón. Lo consultó solo con unas pocas personas”, afirma Alejandro Gómez López, agente municipal de San Jerónimo Bachajón.
Denuncia que el proyecto fue impuesto y generó divisiones entre los pobladores, que ya conocen las consecuencias de la militarización: en los 90, tras el alzamiento zapatista, en Chilón se construyó un cuartel. Los militares se la pasaban borrachos e intimidaban a la gente, violaban a las jóvenes y las embarazaban. En 2007, a través de la movilización, la población de Chilón logró que el cuartel cerrara.
El víacrucis que se llevó a cabo en la iglesia de Pamal Nahbil pidió un alto a los megaproyectos y a la militarización, así como libertad absoluta para José Luis y César.
Una sentencia agridulce
El 15 de octubre de 2020, César y José Luis se encontraban frente a la tienda San Jacinto en el crucero de Temó, a lo largo de la carretera que conecta Ocosingo con Palenque, cuando la policía rompió una manta de los ejidatarios y empezaron a volar piedras y palos. En el caos, los dos campesinos fueron golpeados, arrastrados y metidos a la góndola de una patrulla, como muestra un video que circuló entonces en redes sociales y que no fue admitido como prueba durante el juicio. Fue en la góndola donde se conocieron. Los llevaron al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo y los torturaron nuevamente.
César y José Luis estuvieron dos días incomunicados y sin comida. Al tercer día, con manos y pies encadenados, los subieron a un vehículo donde pasaron más de cinco horas con la cabeza tapada y agachada, y las manos cruzadas en la nuca.
“Ahora los vamos a llevar al infierno”, dijeron los policías a los dos campesinos, que durante un rato que pareció infinito pensaron que iban a ser desaparecidos. Su destino era, en realidad, el CERSS El Amate, donde permanecieron 16 días, hasta que les fue otorgada la libertad condicional.
Durante la audiencia intermedia, el juez no admitió a juicio las pruebas de las torturas y afirmó que las lesiones que los dos campesinos presentaban se las habían causado ellos mismos.
La sentencia fue agridulce para José Luis y César: ahora tienen antecedentes penales, pero pudieron regresar a sus comunidades en lugar de ser trasladados a la cárcel. “Me siento tranquilo, aunque esta sentencia no es justa”, dijo José Luis al salir del Juzgado de Control de Ocosingo, luego se conmovió.
Sabe que regresará con su familia, pero ya nada es como antes: las torturas afectaron tanto a su espalda que no puede trabajar y su milpa está abandonada. También César tiene secuelas: le duele el abdomen cada vez que carga leña y le preocupa todavía más no poder dejar de pensar en lo que le tocó vivir. Al mismo tiempo, sabe que la vida sigue: en un mes tendrá a su bebé y le da fuerza la certeza de poder acompañarlo.
