Tratar de imponer la multa máxima que marca la ley al PAN, por un desacato, es sólo una muestra más del trabajo sucio del PRI al que se prestan algunos funcionarios del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), dijo ayer el representante panista Orlando Pérez Moguel.
“Es el colmo, además, que por tercera vez salga el secretario ejecutivo (Alejandro Góngora Méndez) a declarar que presentará al Consejo General tal petición y no lo hace; ojalá lo haga ya para que jurídicamente se le rebata su mal proceder”, apuntó.
Ayer publicamos declaraciones de Góngora Méndez en el sentido de que pedirá al Consejo General se aplique la multa máxima de 10,000 salarios al PAN, por desacatar la medida cautelar que se le impuso de retirar sus anuncios con dinosaurios.
Lo peor, indicó, es que sólo lo dice, no lo hace, para que legalmente pueda el PAN defenderse jurídicamente “y callarle la boca a quien por su investidura debe procurar fomentar la sana convivencia y no hacer juicios de valor, sobre asuntos aún no juzgados”.
Consideró que las declaraciones del secretario carecen de sustento legal.
Pérez Moguel manifestó que el secretario debería estar más ocupado en trabajar sobre cómo evitar las atrocidades que preparan los priistas, por ejemplo, para tratar de anular las elecciones de Mayapán y Hocabá, donde los mismos priistas robaron y quemaron las boletas.
También debería resolver el caso del subdirector de Capacitación, Daniel Rochel, acusado de organizar actos de campaña a candidatos del PRI sin que hasta hoy se le sancione.
Denuncia “mal proceder”
Testigos de una trampa
Dos testigos confirmaron que cuando se cometió un robo en Ciudad Caucel dos presuntos ladrones estaban en manos de la policía y, por tanto, el ilícito fue inventado para detener a los inculpados sin cometer delito flagrante y sin orden girada por un juez penal.
Esos testimonios, de René López Rivero y Ena Puch Hau, apoyan la versión de las “trampas” o “cuatros” que utiliza la Judicial del Estado para hacer detenciones, contra lo que señala la ley.
Los hermanos José Armando y Henry Javier fueron detenidos por un delito sexual, pero para justificar su detención los acusaron de robar en una casa de Ciudad Caucel.
Ambos testigos manifestaron que en horas de la mañana Henry Javier fue detenido en Itzincab por tripulantes del Tsuru placas YZG-3044.
El robo, según la misma Judicial del Estado, fue a las dos de la tarde. La denunciante, Karla Puerto Salazar, llegó a su casa al día siguiente y encontró la puerta rota en su cerradura.
Los agentes son quienes, de acuerdo con las versiones de los acusados, rompieron la cerradura para simular un robo y sacaron varios objetos, de los cuales no todos se recuperaron.
Hoy los agentes se deben carear con los detenidos.
Exorcismo a base de golpes contra una mujer en Tanyá
Anteayer a Gaspar López le salió cara la oración y el “aceite consagrado” que utilizó para expulsar al “demonio” que se había “posesionado” de Marisela Pecha, pues terminó en la cárcel luego que ella lo denunció por golpes y robo de $400.
Entrevistado por teléfono, Cab May dice que al pastor lo esperaban en Dzidzantún el jueves 10 y viernes 11, y el sábado 12 en Tanyá, pero no llegó.
Por medio de Froy Balmori, cercano al pastor, añade, nos enteramos de la nueva fecha de su presentación en Tanyá.
—Como Marisela Pech quería liberarse del mal, al enterarnos a las 19 horas que a las 20:20 horas (el pastor) estaría en Tanyá, rentamos un taxi para ir. Cuando llegamos estaban en las lecturas y cantos de alabanza.
—Cuando comenzó la ceremonia de liberación llamaron a Marisela al centro de la cancha y, de repente, el pastor con la mano abierta le pegó un golpe fuerte en la cabeza a la mujer, quien cayó de rodillas, y un seguidor le dio una cachetada, que la derribó en el suelo.
—Inmediatamente vienen cuatro personas que la sujetan mientras el pastor la monta para tomarla de los cabellos y aporrearle la cabeza en el piso, gritando: “Salte demonio, salte”. —Luego llegan otros que la golpean y patean en el suelo, todo en un lapso de 15 minutos. —Al momento que comenzaron a golpearla, intenté pararme para evitarlo, pero algo me lo impidió.
Saldarán terrenos de Ucú
El comisario ejidal de Ucú, José Antonio Euán Dzul, informó ayer que el gobierno del Estado fijó el 19 de julio próximo para la liquidación total de las 3,012 hectáreas que le vendieron hace más de dos años.
Dijo que desconoce si el gobierno ya consiguió los títulos de propiedad de esas tierras, pero un representante de la Consejería Jurídica les notificó anteayer que el día 19 de julio les pagarán el saldo de la deuda.
De acuerdo con datos proporcionados por los campesinos, el Ejecutivo adeuda 11.724,000 de pesos. A 176 ejidatarios con derechos agrarios debe pagarles 39,000 pesos a cada uno, y a los 180 posesionarios, 27,000 pesos.
Me dijeron que ese día van a pagar todo, reiteró Euán Dzul en una entrevista. Los campesinos están desesperados en la espera de ese pago. Quieren cobrar porque ya llevan mucho tiempo de espera.
Euán Dzul aclaró que el Ejido Ulilá, que autorizó el cambio de 500 hectáreas de tierras ejidales a parcela con fines de venta, no pertenece al municipio de Ucú sino a Hunucmá. Sin embargo, la superficie colinda con los terrenos que vendió el Ejido de Ucú al gobierno del Estado y a un empresario de Monterrey que el PAN identifica como Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega.
Ucú no ha vendido sus ex planteles, dijo. Lo que ha vendido son sus montes.
Ulilá es una hacienda particular, pero en los alrededores de esta propiedad el Ejido de Ulilá tiene tierras, sólo que no son de Ucú, sino de Hunucmá. Los ejidatarios de Ucú ya no quieren vender más tierras por los problemas que representa, por el incumplimiento de pago de los dos compradores y porque los campesinos “muy cansados” están acostumbrados a que les cumplan lo que les ofrecen.
El propio Euán Dzul reveló en una entrevista la semana pasada, como publicamos en amplio reportaje sobre el Caso Ucú, que el subsecretario de Desarrollo Político del Estado, José Clemente Escalante Alcocer, les informó que pagarán el saldo de la deuda hasta que el Ejecutivo tenga los títulos.
Terrenos
- Polémica La vocación de los terrenos que se vendieron se ha mantenido en la polémica.Vocación forestal El comisario ejidal afirma que los ejidtarios no entienden ese problema de la vocación forestal “y es bronca del gobierno del Estado y del empresario foráneo y son ellos quienes deben resolverlo”.
Los títulos de propiedad El comisario ignora si los compradores ya tiene títulos de propiedad, pues ”sólo nos dijeron que ya van a pagar”.
Reconocimiento del Infonavit a Mérida
El Ayuntamiento de Mérida se convirtió ayer en uno de los 22 municipios de los 2,400 que hay en el país en recibir del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) el reconocimiento por alcanzar el grado básico de la sustentabilidad en desarrollo y vivienda.
Juan Carlos Rosas Munguía, delegado itinerante en Yucatán del Infonavit, hizo entrega del reconocimiento al alcalde meridano César Bojórquez Zapata y explicó que este grado reconoce las buenas prácticas en materia de desarrollo urbano y vivienda que tienen los municipios en el ámbito nacional.
Explicó que para entregarlo se evaluaron 49 indicadores y después de un diagnóstico se determinó que Mérida merecía este reconocimiento por sus buenas prácticas, de cara al tema de desarrollo urbano y vivienda.
Los indicadores evaluados tuvieron que ver con temas de habitabilidad, solvencia financiera, gestión y buen gobierno y desarrollo urbano.
Con esto se busca un análisis integral de todo lo que tiene que ver con la forma en que un municipio trabaja de cara al desarrollo de vivienda.
Bojórquez Zapata agradeció el reconocimiento. Dijo que representa el esfuerzo de todo un equipo que desde un principio se dispuso a hacer bien las cosas y trabajó arduamente para lograrlo, como lo hace hasta el final de su administración.
Señaló que es una gran distinción recibir este reconocimiento, con el cual sólo cuentan 22 municipios del país.
El evento se realizó en las oficinas del alcalde y además del delegado del Infonavit lo acompañaron Elsa Yolanda Meneses González, gerente de crédito de la dependencia, y Humberto Aroshy Ríos Covián Vázquez, subgerente del Área Técnica.
En otro asunto, el alcalde de Mérida dijo que el equipo de transición de la alcaldesa electa Angélica Araujo Lara ya está trabajando en algunas dependencias como el Catastro y están en la mejor disposición para que todo se haga de manera transparente, ágil y con la posibilidad de conocer más desde antes de la entrega.
Detalló que los directores tienen la libertad de decir todo al equipo de transición y desde ayer la Contraloría, junto con el síndico, les explicaron qué hacer y cómo deberían entregar, pues hay un reglamento y parámetros para coordinarse en horarios.
“Llegó la factura del despilfarro”
El informe admite finalmente, como publicamos, que el Producto Interno Bruto (PIB) se estancó en 2008, con apenas un .7%, para quedar abajo de la media nacional (1.6%) y muy lejos del ritmo de crecimiento del 5.6% que hubo de 2003 a 2007.
El reporte oficial dice que el .7% es de un estudio de Banamex. El Inegi, como informamos, dice que el PIB de Yucatán cayó hasta el .2%, como avaló la Coparmex-Mérida.
En su informe de la Cuenta Pública 2009, cuando la crisis pegó con toda su fuerza al país, el Ejecutivo reconoce que se desplomaron varios indicadores económicos.
Por ejemplo, dice que en los últimos dos años la inversión extranjera directa disminuyó en 33.6 millones de dólares y el valor de las exportaciones bajó un 58.7%. No obstante que la secretaría de Turismo reporta un gasto superior al presupuestado, en 2009 cayó en un 17% el flujo de turistas por vía aérea, en 36% el ingreso de visitantes a las zonas arqueológicas y en 31% los pasajeros en cruceros.
El año pasado se perdieron también 1,254 empleos registrados en el IMSS.
Otros indicadores son que las importaciones cayeron en un 11.1% y la venta de automóviles en un 36.5%.
Este panorama contrasta con los $29,841 millones que el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco gastó en 2009 y con los $62,028 millones que llevaba ejercidos hasta marzo de este año.
“Los $62,028 millones equivalen a gastar 4,771 millones de dólares (al tipo de cambio actual) en menos de tres años. Significa que este gobierno se despachó ¡149.1 millones de dólares al mes!”, subraya Blanca Estrada Mora, presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán.
“Ese contraste entre el excesivo gasto y la debacle económica en Yucatán nos dice que llegó la factura del despilfarro”, advierte la ex diputada.
La profesora Estrada Mora señaló, como publicamos ayer, que las cuentas del Ejecutivo “confirman que el saldo de este gobierno de la burocracia y el clientelismo, que ahora llora más recursos, es un Yucatán quebrado y endeudado”.
“Además de los excesos en el gasto (de $62,028 millones en 32 meses), al cierre de 2009 la deuda a bancos y proveedores había aumentado a 2,546.5 millones”, subrayó.
En su análisis del informe de la Cuenta Pública 2009, la presidenta de la Fecuy dice que sólo el despacho de la gobernadora Ivonne Ortega gastó $147.3 millones en un año, que equivale a $12.2 millones al mes.
El gasto de esa oficina superó al presupuesto del Congreso del Estado, que fue de $116.3 millones y representa el 68% de lo que ejerció el Poder Judicial ($217.2 millones).
Del total del gasto del despacho de la gobernadora —que maneja su asesor Ulises Carrillo Cabrera—, se gastó, según las cifras oficiales, $35.6 millones en sueldos, $5.1 millones en aguinaldos, $3.5 millones en cuotas de seguridad social y $1.3 millones en prestaciones establecidas.
En alimentos, se pagaron $1.094,672; $747,347 en estímulos al personal operativo; $337,573 en “materiales de construcción” y $37,927 en telecomunicaciones.
Otros gastos fuertes fueron en gastos de ceremonial, $13.8 millones; gastos de orden social, $11.7 millones, congresos y convenciones, $1.9 millones y exposiciones, $1.3 millones.
Otros gastos A eso se suman los gastos en difusión de mensajes sobre actividades gubernamentales, $443,698; difusión de “mensajes comerciales para promover la venta de productos y servicios”, $75,647; pasajes nacionales para funcionarios, $671,950, y viáticos nacionales, $418,508.
El rubro más alto de todo el despacho es el de “transferencias para la contratación de servicios, que es de poco más de $44 millones, y aparece también “transferencias para servicios personales”, con $2.3 millones.
La Coordinación General de Comunicación Social dice que ejerció $162.1 millones.
El gasto más alto es el de “asesorías y honorarios”, con $18.1 millones, que supera incluso a los $11.087,397 de sueldos base.
Otro rubro significativo es el de “información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades de la adminisración pública estatal”, con un gasto de $3.297,128. n contraste, en estímulos al personal operativo pagó $10,000.
Ejecutivo
- Dispendio Blanca Estrada recalca que no hay obras que justifiquen el multimillonario gasto estatal.“¿Cuántos asesores son?” “Este gobierno dice que en 2009 gastó $112.036,339 en asesorías y honorarios. Equivale a $9 millones al mes, hay para pagar 90 asesores de $100,000. ¿A cuántos les pagará?”.
Los viajes “Sólo en pasajes y viáticos nacionales de funcionarios gastó $37.8 millones, es decir, más de $3 millones al mes”.
Difusión “En difusión de mensajes pagaron $145.4 millones, ¡poco más de $12 millones al mes!”, subraya.
“Abusada” “Este gobierno gasta casi dos mil millones al mes. Hay que decirle a Angélica Araujo que se ponga abusada, porque los $1,000 millones que le van a dejar se los puede gastar la gobernadora ¡en una quincena!”, advierte la ex diputada.
Gastos y nada de turistas
- Las promociones en imagen, sin buen fruto hasta ahora
- Una crisis que sigue sin salida
- Agujero en las finanzas estatales
Se ha gastado dinero importante en imagen, en promoción y las telenovelas, pero eso todavía no se refleja en mayor número de reservaciones en los hoteles de Yucatán, señaló ayer Jorge Torre Loría, empresario y ex secretario de Turismo del Estado.
Ya se cumplió un año del problema de la influenza y el turismo aún no sale de la crisis, añadió. La apertura de nuevos hoteles no indica mejoría, pues no se refleja un mayor número de ventas directas.
La Cuenta Pública del gobierno del Estado entregada recientemente al Congreso muestra un boquete que, según analistas, sería la causa del ajuste anunciado por la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
De acuerdo con ese documento, el gobierno tiene una deuda de corto plazo de $1,055 millones, que se suma a la de largo plazo, de $1,823 millones. El gasto operativo ocasionó que Standard and Poor's califique las finanzas estatales en forma negativa.
Urge que autoridades y dirigentes empresariales trabajen en forma conjunta para modificar el difícil panorama por el que atraviesa Yucatán en materia turística, subrayó Jorge Torre Loría, empresario hotelero y secretario de Turismo en la administración de Patricio Patrón Laviada.
El empresario dijo que ya se cumplió un año del problema de la influenza y el turismo todavía no sale de la crisis.
Explicó que la apertura de nuevos hoteles no indica mejoría, pues no se refleja un mayor número de ventas directas o reservaciones. Únicamente se divide en más partes el pastel que ya existe, dijo.
“Tengo 50 años en la actividad turística y hemos tenido problemas, crisis, pero no tan prolongadas como ésta”, apuntó.
“El sexenio pasado hubo torres gemelas, ciclones, pero con una respuesta dinámica de la Secretaría, con campañas de emergencia, logramos superar el problema en dos o tres meses”, puntualizó. “Se ha gastado dinero importante en campañas de imagen como el programa Señorita México, el promocional del Bicentenario y las telenovelas. Eso está bien, pero tiene que estar estructurado de manera directa con las reservaciones”.
El ex secretario de Turismo indicó que esos promocionales sólo son de imagen, no atraen visitantes y se invierte mucho en ellos: “No estamos en contra, pero necesitamos que en la misma medida se invierta en la campaña directa con ventas, precios y promociones atractivas.
“Estamos como una mesa a la que le hace falta una pata y se puede caer en cualquier momento”, recalcó Torre Loría.
“Veo un momento muy preocupante y a hoteleros desesperados. Es necesario que las autoridades y nuestros dirigentes tomen en sus manos este asunto y hagan una campaña emergente con acciones concretas”.
El empresario hotelero Jorge Torre Loría advirtió en entrevista que de no realizarse acciones concretas en materia de promoción turística y ventas directas, obligaría a varios hoteleros a cerrar sus negocios.
“Conozco por lo menos a dos empresarios que ya cerraron y a otro que ya tiene listo su hotel para abrirlo, pero no se anima. detalló Torre Loría.
El empresario habló de los eventos realizados en Chichén Itzá como el concierto de Elton John y dijo que beneficiaron muy poco a Mérida, pues no fueron vinculados turísticamente con la ciudad, a pesar de que varios turisteros se entrevistaron con los titulares de Cultur, Jorge Esma Bazán, y de Fomento Turístico, Juan Martín Pacheco, para pedir esa vinculación.
“Los hoteles de Quintana Roo y haciendas de la zona fueron las que se beneficiaron, pero en Mérida, la ocupación fue mínima”, insistió el empresario.
En relación con la posibilidad de incrementar la tarifa de acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá, el ex secretario de Turismo apuntó que eso sería un error y a pesar de que oficialmente no se ha dicho nada, podría ser cierto, pues de algún lado tendrá que salir el dinero con el que se compraron las tierras de esa zona arqueológica.
“Hay que tomar en cuenta que las agencias de viajes venden sus paquetes hasta con dos años de anticipación y no les puedes decir de la noche a la mañana que vas a subir tus precios”, dijo.
El empresario recordó que se ha hecho una propuesta de incrementar la entrada, pero a cambio de acceder con el mismo boleto al resto de las zonas arqueológicas en el Estado.
Otro “boquete financiero“
- El gobierno estatal tiene adeudos de corto plazo de más de $1,000 millones
- Standard and Poor's alerta sobre “una tendencia negativa”
El gobierno del Estado registra una deuda de corto plazo de $1,055 millones, aparte de la deuda de largo plazo de $1,823 millones, de acuerdo con la Cuenta Pública 2009, entregada al Congreso recientemente.
Según economistas consultados, este “boquete financiero” sería la causa del recorte presupuestal anunciado por el gobierno, no el subejercicio del gasto federal.
De este pasivo de corto plazo, $722.4 millones corresponden a deudas con proveedores y acreedores diversos (95% más que el año pasado); $71.1 millones son impuestos, cuotas del Isstey y préstamos personales que el gobierno cobra a sus trabajadores pero no entrega a las entidades correspondientes, y $261.5 millones pertenecen a otros conceptos.
La deuda a proveedores y acreedores y las retenciones no entregadas crecieron debido a que el dinero destinado a cubrir esos pagos fue desviado a otros fines.
Este gasto operativo del gobierno yucateco ha ocasionado que la calificadora de riesgo crediticio Standard and Poor's otorgue a las finanzas estatales una calificación negativa.
En un informe divulgado en noviembre, Standard and Poor's advierte al gobierno local que debe controlar su gasto operativo y abstenerse de solicitar otros créditos, para evitar que empeore su calificación crediticia.
La calificadora, una de las más importantes del mundo, explica que el “desempeño presupuestal de Yucatán muestra una tendencia negativa, como resultado de la disminución de recursos transferidos y de un crecimiento en sus gastos operativos”.
Economía
- Desplome El informe de la Cuenta Pública 2009 revela el desplome de varios indicadores económicos.Cayó la inversión En los últimos dos años la inversión extranjera directa disminuyó en 33.6 millones de dólares. El valor de las exportaciones bajó un 58.7%. Menos empleosEl año pasado se perdieron 1,254 empleos registrados en el IMSS.
—La perspectiva negativa — añade la calificadora— refleja nuestra expectativa de que Yucatán podría seguir mostrando deterioro en su desempeño presupuestal hacia el cierre de 2009 y en 2010, si no desacelera el ritmo de crecimiento de sus gastos operativos, en un contexto de menores recursos federales.
Según el economista Antonio Osorio Acevedo, aquí esta la verdadera explicación del supuesto recorte presupuestal anunciado por la gobernadora.
—No es el subejercicio del gasto federal la causa de ese recorte — dice Osorio Acevedo, director de Información Sistemática de la Península.
Subejercicio y ejercicio en el gimnasio
Noticias de Yucatán
Denuncian un “teatro” judicial
En esta ocasión este socorrido recurso se utilizó contra dos hermanos que fueron acusados de ultrajar a una hermana de ambos, como informamos aparte.
Para funcionarios del Juzgado 5o., los detenidos y personas que escucharon las declaraciones de los acusados, la fabricación del expediente fue tal que incluyó la “actuación” de agentes de la Judicial que rompieron las puertas de una casa para simular un robo calificado.
De esta manera, los hermanos José Armando y Henry Javier fueron detenidos en tanto se libraba la orden de aprehensión por los ultrajes.
“Me detuvieron el viernes a las 6 de la mañana y el robo fue a las 2 de la tarde”, dijo el acusado, quien relató que su aprehensión fue en un paradero de camiones y ante personas que lo conocen.
“Me detuvieron y me dijeron que es por una violación, no por robo”, añadió el acusado en declaración que rindió en el Juzgado 5o Penal.
Henry Javier relató que ese día, en las primeras horas de la tarde, fue llevado a Ciudad Caucel y desde una camioneta vio cómo los agentes rompieron una cerradura, luego avisaron a varias personas y una mujer se presentó a denunciar.
“Ellos sacaron varios objetos, escuché los ruidos porque rompieron otras cosas”, dijo.
José Armando también coincidió con su hermano en que fue detenido por abuso sexual y no por robo, pero les “inventaron” el hurto para retenerlos.
En el expediente aparece que los acusados fueron detenidos cuando robaban en Ciudad Caucel. Hay actas y versiones ante el Ministerio Público para sustentar la acusación, la cual continuó su curso.
Defenderán “triunfos” panistas
El representante panista agregó que mañana presentaría un juicio de revisión contra estas resoluciones del Tribunal Electoral del Estado (TEE), ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Xalapa, Veracruz.
En su sesión del domingo pasado, la mayoría de los magistrados decidió revertir los triunfos del PAN en Tinum y Tixcacalcupul, anulando la del primero y desconociendo el cómputo del segundo en el Consejo Distrital, para validar el del municipal que da el triunfo al PRI.
El único magistrado que se opuso a ambas resoluciones e incluso presentó un voto particular en contra fue el presidente del TEE, Yusif Heredia Fritz.
Pérez Moguel consideró incorrecto que en el caso de Tixcacalcupul sólo porque el PRI no tuvo representante en dos de las tres mesas para contar los votos se haya declarado inválido el recuento del Consejo Distrital.
En el caso de Tinum, recordó que anularon la elección y se convocó a elección extraordinaria, porque invalidaron la votación de las casillas 904 contigua, 904 contigua uno, 905 básica dos y 905 contigua uno.
La 905 contigua uno dijo que la anularon porque encontraron espacios en blanco en el llenado del acta, en sitios donde van algunas cifras, pero hay elementos suficientes para el cómputo.
Remarcó que el documento contiene la información necesaria. Están el número de boletas que recibieron, las que sobraron, el total de ciudadanos que votaron y por cuáles partidos; por eso no se debía anular, consideró incorrecto que decidieran invalidarla por error o dolo.
En esa casilla el resultado fue de 212 votos para el PAN, 138 al PRI, 16 al PVEM y 11 nulos.
En el caso de la 904 contigua uno, añadió, la anularon porque en una parte del acta por error se asentó que el presidente de la casilla es Susano Pech Pech, cuando en todo el resto de la documentación se asienta que es Susano Pech Cen y se comprueba incluso con las diligencias y documentos que firmó durante la jornada electoral.
Por ese error en el llenado del acta decidieron que la persona que estuvo en la casilla no era la autorizada por el Consejo General y la invalidaron, a pesar de comprobarse que no es cierto.
En el caso de la 904 contigua dos, indicó que la anularon, porque el escrutador José Eduvigis Pat Pat, resulto ser primo hermano del representante del PAN en esa casilla, Enrique Pat Pat.
Pérez Moguel dijo que ese parentezco les basto a los magistrados para considerar que hubo presión del representante del PAN sobre el funcionario de casilla, al grado de poner en duda la votación y por eso la anularon.
Con ese criterio del parentescos, dijo que podría decir que esta resolución también debe ser invalidada, porque la magistrada que lo trabajo, María Elena Achach Assaf, es prima hermana del diputado electo por el PRI, Roberto Assaf, y se presume que este presionó e influyo en ella para quitarle el triunfo al PAN.
Señaló que algunos motivos por los que se anularon las casillas hasta parecen ridículos, además de que no están fundamentados legalmente, como lo expresarán ante la Sala Regional, a donde acudirá para recuperar estos triunfos para su partido el PAN.
Se pedirá la multa máxima para el PAN
La Secretaría Ejecutiva del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac) pedirá al consejo que se aplique la multa máxima de 10,000 salarios mínimos al PAN por desacatar una medida cautelar, dijo ayer su titular, Alejandro Góngora Méndez.
Por tercera ocasión, el funcionario dijo ayer que la próxima semana presentará el caso al consejo, ofrecimiento que ha hecho en semanas pasadas para resolver 28 quejas que tiene pendientes del proceso electoral.
Entrevistado en sus oficinas al término de la ceremonia de entrega del reporte final del análisis de los espacios noticiosos en radio y televisión en las campañas electorales, el funcionario declaró que lo último que han hecho de las quejas es desechar tres: una presentada contra el alcalde Cesar Bojórquez Zapata y dos de Maxcanú.
La del alcalde, recordó, era porque el PRD lo acusó que declaró que el PAN ganaría las elecciones, pero no presentaron pruebas suficientes, sólo recortes de periódicos, “por eso se declaró improcedente y con eso se acabó”.
Señaló que algo similar ocurrió con las dos quejas de Maxcanú que presentó el PVEM, en las que sólo presentaron recortes de periódicos. En el caso de la queja por las carteleras de los dinosaurios que pegó el PAN, dijo que sigue el proceso y aún no se resuelve.
Según dijo, lo que sí tiene lista es la propuesta de pedir que se le imponga una multa al PAN, para sentar un precedente, porque éste no acató la medida cautelar de retirar los anuncios como se le ordenó.
Aclaró que esta multa que sería la máxima que marca la ley, —o sea, 10,000 salarios mínimos—, independientemente de lo que se acuerde cuando se resuelva esa queja que presentó el PRI y a la que se le sumaron las del PRD, PVEM y Convergencia.
Góngora Méndez recordó que entre las quejas pendientes por resolver destacan las interpuestas contra el director de la Policía Municipal, por invitar a la candidata del PAN a la alcaldía a hacer campaña en las instalaciones y con el personal de esa corporación policíaca.
También están las presentadas contra la gobernadora por no retirar la publicidad de sus programas de gobierno, y otra del alcalde de Mérida por publicitar sus obras, cuando estaba prohibido por las campañas.
Admitió que desde la semana pasada se debieron resolver casi todos los pendientes, pero por el recuento de la elección de Hocabá se complicó el trabajo y todo se retrasó; espera pronto ponerse al día.
Declina el procurador hablar de tres casos
Todos los expedientes a cargo de la Procuraduría de Justicia del Estado siguen un proceso, de modo que no se puede informar de los avances de denuncias en particular, dijo Héctor Cabrera Rivero, titular de la dependencia.
Se le preguntó cómo van las investigaciones por las denuncias contra la venta de tierras de Ucú, la participación de un dirigente panista en las actividades de un presunto “grupo de choque” electoral y la agresión a un reportero de Grupo Megamedia, a lo que respondió: —En la Procuraduría manejamos cientos de expedientes y todos (los denunciantes) quieren que se le dé prioridad al suyo, pero tan importante es la investigación para quien le roban un jarrón del porche de su casa como para el que denuncia la venta de tierras en sumas importantes de dinero.
Como hemos informado, el senador Hugo Laviada Molina denunció hace dos meses al gobierno del Estado por peculado y desviación de recursos públicos por la compra de tierras de Ucú de vocación forestal.
El lunes publicamos que Laviada Molina dijo que su denuncia “nunca prosperará” en manos de Cabrera Rivero, ex cuñado de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, y por eso prepara una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.
En el caso del presunto “grupo de choque”, se dijo que se usaría la fuerza pública para que declare Luis Montoya Martínez, quien no respondió a dos citatorios, pero las diligencias parecen haberse suspendido tras la rápida liberación de los siete acusados después de 30 días de arraigo.
Montoya Martínez fue colaborador en la campaña de Beatriz Zavala Peniche por la alcaldía de Mérida.
Procuraduría
- Otro caso Aunque se le ha solicitado, la Procuraduría tampoco ha informado de la agresión a un colaborador de Megamedia:Agredido en Seyé Como informamos, Edwin Canché Pech, colaborador de Grupo Megamedia en Seyé, fue agredido por un presunto priista al que se le conoce como “Pedazo”.Se ignora si declararon El agresor se ocultó en casa del candidato perdedor del PRI a la alcaldía de Seyé y no se sabe si ya se citó a declarar a éste o a “Pedazo”
“Filete territorial” para un grupo
Como publicamos ayer, la asamblea ejidal de Ulilá, en Ucú, aprobó el domingo el cambio de destino de 500 hectáreas de tierras ejidales, al parecer con fines de venta, y parcelarizarán esa superficie a nombre de 10 campesinos.
Otro grupo de ejidatarios, pero del ejido Ucú, vendió 3,012 hectáreas al Ejecutivo y 581 hectáreas a un empresario de Monterrey, a quien el PAN identifica como Felipe Enríquez Hernández, delegado especial del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora.
Sin embargo, los compradores afrontan problemas en la titulación de las tierras, que tienen la categoría de bosques forestales porque fueron abandonados hace casi 30 anos.
Sobre la parcelarización de otras 500 hectáreas de Ucú, Laviada Molina señaló que forman parte del gran filete territorial donde el Ejecutivo desarrollará, si consigue los títulos de propiedad, el Plan Maestro Ucú.
Los ejidos Ucú y Ulilá colindan entre sí y Laviada Molina considera que los empresarios inmobiliarios del “G-10” quieren el segundo con fines especulativos.
Agregó que el trámite de titulación de las 3,593 hectáreas que vendieron los campesinos del ejido de Ucú está congelado por errores en la inscripción en el Registro Agrario Nacional y lo más probable es que el Ejecutivo local quiera chantajear al gobierno federal para negociar los títulos agrarios. “Sin embargo, el PAN de Yucatán está muy pendiente de la actuación de los funcionarios federales, de los secretarios de Estado y del propio presidente Felipe Calderón, y si ven algo turbio o irregular no dudarán en denunciarlo, así sean panistas”.
En Ucú ya se repartió el botín territorial según las generosas aportaciones a la campaña del PRI, dijo. Al no obtener los títulos lo más probable es que integrantes del “G-10” empiecen a soltar información.“Creo que la aprehensión del operador agrario Luis Fernando Pérez Escalante, quien es clave en la compra de tierras en Ucú, por un delito que estaba congelado desde 2003, es un claro mensaje para aquellos que quieran destapar los negocios turbios con las tierras, indicó el senador. Fue una advertencia del gobierno por si quiere boquear y soltar los nombres de los funcionarios que firmaron los cheques de pago y de los integrantes del G-10.
El gobierno está entrampado no sólo porque no puede obtener los títulos, sino porque ya pagó ilegamente $343 millones a los ejidatarios, ha incurrido en delitos de peculado, fraude y desvío de recursos y, seguramente, ahora tiene la presión de los desarrolladores inmobiliarios que entraron al negocio del financiamiento de la campaña y por medio de la Procuraduría de Justicia los quieren tener bien controladitos.
Mérida, municipio de calidad
—Hace casi 20 años no se soñaba con alcanzar el estándar de calidad y eficiencia que hoy tenemos —señaló—. Entregaremos una administración sólida, la cual asumió la innovación como estrategia para su meta de ofrecer a los meridanos una mejor calidad de vida.
El funcionario fue uno de los seis directores que ayer presentaron su informe anual de labores. Los otros que lo hicieron son Elgar Pech Canul, de Obras Públicas; Roger Echeverría Calero, de Servicios Públicos; Heide Zetina Rodríguez, de Catastro; Francisco Zetina Espinosa, de Desarrollo Urbano, y Oscar Brito Segura, de Tecnologías de la Información.
Rommel Uribe, quien presuntamente compartía con el alcalde parte del poder en la Comuna, fue el primero en las presentaciones. Resaltó que el combate a la pobreza fue prioritario, y para ello recurrieron a la construcción de infraestructura y acciones de impacto social.
En esa tarea recibieron apoyo del gobierno federal. De los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos llegaron $300 millones para 517 acciones y 43 parques en colonias y comisarías cuya imagen cambió.
—Donde había piedras y oscuridad ahora hay calles, agua potable y electricidad.
La Comuna tiene cinco premios nacionales de calidad y otros siete reconocimientos especiales. Varias de sus dependencias han certificado sus servicios, entre ellas el Catastro, que es ejemplo nacional porque logró el 100% en ese rubro.
El servicio gratuito de recolección de basura llega a más personas: el número de jubilados beneficiados pasó de 1,126 a 4,103, y las familias de bajos ingresos, de 2,474 a 11,670.
Abastos de Mérida fue mejorado con inversión de $6 millones y Servilimpia tiene ahora superávit, al grado que construyó su nueva sede con $4.5 millones y entregó otros $5 millones para obras.
Otros datos aportados son que Mérida tiene 372,131 predios y se cuenta con fotos de las fachadas de 240,578. En el último año la red eléctrica creció 5.2 km, se construyeron 1,500 bóvedas en el cementerio Xoclán —se cubre la demanda de los próximos dos años— y se invirtieron $67.523,000 en rehabilitación y construcción de instalaciones para atender necesidades en materia de salud, alimentación, vivienda y desarrollo personal. Mérida es la segunda ciudad digital de Hispanoamérica y una de las 30 más innovadoras del sector público.
Mérida
- Algunas cifras Las direcciones a cargo de las obras y los servicios públicos abundaron en cifras de su labor.Creció la infraestructura En tres años se invirtieron $1,047 millones en obra pública, de los que casi $85 millones fueron para el Centro Histórico. Se construyeron el zoologico Animaya y el parque Anikabil, repavimentaron 170 km de calles, 150 km de aceras, 61 de guarniciones y 897 nuevos pozos.
A dos semanas del cambio de gobierno, la administración municipal que encabeza César Bojórquez Zapata continúa su labor para la entrega-recepción.
Ayer, seis directores de distintas áreas municipales rindieron su informe anual, una actividad que involucrará a todos ellos.
“Entregaremos una administración sólida, la cual asumió la innovación como estrategia para su meta de ofrecer a los meridanos una mejor calidad de vida”, dijo el oficial mayor Rómmel Uribe Capetillo. También rindieron informes Élgar Pech Canul (Obras Públicas), Roger Echeverría Calero (Servicios Públicos), Heide Zetina Rodríguez (Catastro), Francisco Zetina Espinosa (Desarrollo Urbano) y Óscar Brito Segura (Tecnologías de la Información).
En la sesión mensual de Cabildo se corroboró que la mayor parte del presupuesto anual quedará en manos del próximo gobierno municipal, pues de $1,810.832,000 aprobados sólo se han ejercido $709.993,000.
Hoy comenzará sus trabajos la comisión de transición de la entrega-recepción.
Entre los 49 requisitos que establece el Infonavit para otorgar el grado de sustentabilidad, están el de la “habitabilidad”, competitividad, gestión y buen gobierno y la solvencia financiera del Ayuntamiento.
El grado básico de sustentabilidad indica que un municipio cumple con los criterios básicos para impulsar el desarrollo ordenado y sustentable de vivienda.
Con base en lo anterior, el instituto creará un índice de competitividad que publicará en su página de Internet, el cual será un indicador para que los inversionistas puedan identificar los municipios que tienen las mejores prácticas en el desarrollo urbano que, en cuanto a la vivienda, es uno de los intereses y objetivos del Instituto.
Durante una ceremonia que se efectuó en el Palacio Municipal, Juan Carlos Rosas Munguía, delegado del Infonavit, entregó al alcalde César Bojórquez Zapata el reconocimiento respectivo, que ubica a Mérida apenas entre las 22 ciudades que cumplieron los requisitos, incluyendo a las del Distrito Federal.
—El grado básico es muy importante porque es en beneficio de la población de Mérida y de los derechohabientes del Infonavit –declaró el delegado del Infonavit.
En su intervención, Bojórquez Zapata recordó que son ya varios los reconocimientos los que ha recibido el Ayuntamiento sobre diferentes temas.
—Este reconocimiento confirma lo que se dice: Mérida es el faro del Sureste, el polo de atracciones desde hace 20 años –expresó—. No se da (el reconocimiento) por casualidad, es el trabajo de muchos años. Lograr estos indicadores (requisitos del Infonavit), es el producto del trabajo constante y duro de muchos años… No se da de la noche a la mañana.
Recordó que muchos de los que trabajan en el Ayuntamiento tienen varios años laborando para la Comuna y son los que han logrado que se alcance el nivel de vida que ahora tienen los meridanos.
—Este reconocimiento de estar entre las 22 ciudades que alcanzaron el grado básico de sustentabilidad y ver todos los parámetros exigidos, me pone muy contento y orgulloso –recalcó—. Es parte de los reconocimientos que ayer presentamos en los informes y que valen, porque es una calificación técnica, ardua y profunda, lo que es muy valioso para cualquier ciudad de México, ya que marca el nivel de calidad de vida que tiene cada una, y Mérida es una de ellas.
Por su parte, Rosas Murguía manifestó que el convenio con el Ayuntamiento para la calificación fue signado en 2009, año en el que el Infonavit creó el Programa de Competitividad Municipal en materia de vivienda, y que tiene como fin identificar las mejores prácticas en el tema en los municipios del país.
—El primer paso para trabajar en este convenio fue determinar si el municipio cumplía con los cinco prerrequisitos básicos para poder iniciar el autodiagnóstico –precisó—. Se confirmó que en los cinco casos el Ayuntamiento cumplía totalmente: el Plan de Desarrollo Urbano, Reglamento de Construcción, Reglamento de Fraccionamientos, mecanismos de participación ciudadana y eficiencia en el cobro del predial, lo cual permitió iniciar el autodiagnóstico para determinar si el municipio podía alcanzar el grado básico de sustentabilidad.
Indicó que a continuación se evaluaron los 49 reactivos que evalúan cuatro conceptos que, para el Infonavit son fundamentales y que ayudan a determinar cómo el municipio está realizando su trabajo en beneficio de los meridanos, específicamente en lo relativo al desarrollo urbano y construcción de vivienda.
—Por cada uno de los 49 reactivos se otorgan puntos –abundó—. Para que un municipio obtenga el grado básico de sustentabilidad requiere cumplir cuando menos el 80% de los reactivos, y así fue en el caso de Mérida.
Dijo que se inscribieron al programa 101 municipios y cuatro delegaciones del Distrito Federal y ya se concluyó la evaluación de 69 y de ellos sólo 22 lograron el grado básico de sustentabilidad, lo que es excelente noticia para el municipio, la población y para el equipo del Ayuntamiento.
—Si bien es cierto que el municipio mostró que tiene excelentes prácticas en cuanto al desarrollo urbano, hacemos algunas recomendaciones para poder mantener ese grado básico, esas buenas prácticas y, estoy seguro, para mejorarlas –concluyó.
También estuvieron presentes en la ceremonia la directora de Finanzas y Tesorería, Claudia Canto Mézquita; el oficial mayor, Rommel Uribe Capetillo, y Martha Verdugo Chan, subdirectora de Desarrollo Urbano.
El PRI: Hay retraso en el Ramo 23
En específico, para Yucatán el retraso en la entrega de recursos se ha generado en los fondos del Ramo 23; caso concreto, el Fondo de Inversiones para las Entidades Federativas (FIEF), del cual tiene el Estado una asignación de 214.2 millones, indica en un comunicado el priista Rolando Zapata Bello, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
De esa forma, el diputado federal responde a los diputados panistas Rosa Adriana Díaz Lizama y Daniel Ávila Ruiz, quienes, como publicamos ayer, señalan que hay un subejercicio de recursos “del gobierno estatal”.
El PRI indica que a punto de concluir este primer semestre no se ha recibido “un solo peso” de ese fondo por burocratismo de las instancias federales. “Dicho fondo, destinado a inversión para infraestructura y obra pública, se procesa con las disposiciones del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) que no han sido modificadas”
En el comunicado que hizo llegar ayer al Diario, del que informamos también en la portada de esta sección, Rolando Zapata Bello, coordinador de los diputados federales del PRI por Yucatán en la 61a. Legislatura, señala que en el actual ejercicio 2010 el gobierno federal endureció la tramitología para gestionar un presupuesto —el Fondo de Inversiones para las Entidades Federativas (FIEF)— “con reglas y lineamientos draconianos que únicamente han detenido el flujo de recursos para la inversión”.
Ofrecemos a continuación otros puntos medulares del comunicado relacionado con declaraciones de legisladores panistas, que publicamos ayer, sobre el uso que el gobierno del Estado ha dado a recursos federales: Este fondo (FIEF) es ilustrativo, ya que estimula el desarrollo económico y la generación de empleo.
En otros ramos importantes para el gasto en inversión existe ineficiencia en su ejercicio, lo que ha ocasionado la demora en la inyección de recursos públicos para la reactivación económica. Invitamos a los legisladores del PAN a adentrarse en la información trimestral que genera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (http://www.shcp.gob.mx/ FINANZASPUBLICAS/ Paginas/default.aspx), donde podrán apreciar los subejercicios que se han dado en los programas más importantes del Presupuesto Federal, de los cuales la Cámara de Diputados se ha pronunciado enérgicamente como una situación perjudicial para los estados.
Respecto a prematuros ingresos superavitarios, es una situación común en los primeros meses del año. En términos generales, no es inusitado que se genere un remanente (superávit) al iniciar el ejercicio. Aun en 2009 se generó tal resultado (Informe trimestral sobre las Finanzas Públicas, Gobierno del Estado.http://www.yucatan.gob.mx/).
En este sentido, la propia dinámica de las finanzas públicas ajusta este fenómeno durante el resto del año, ya que las participaciones y aportaciones federales dependen de aspectos poco estables como la recaudación y el precio del petróleo.
Lo anterior es congruente, incluso con la política federal, como lo expresa la SHCP: “Durante el primer trimestre de 2010 hubo un superávit público de 11 mil 321 millones de pesos, resultado congruente con la meta de déficit presupuestario para el año” (Informe de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, SHCP.
Comunicado
- Conceptos El diputado priista Rolando Zapata también expresa en su escrito de ayer lo siguiente: Para gasto corriente “Los ingresos por participaciones y aportaciones en su mayoría representan el funcionamiento mínimo de los gobiernos locales, principalmente los municipios. Es dinero comprometido para gasto corriente totalmente obligado en rubros como sueldos y salarios en salud y educación. Por ejemplo, estos recursos llegan de manera automática al Estado y no requieren de una interacción con la Federación”.El mismo tenor Función trascendente de un diputado federal es la gestión eficiente y oportuna de mayores fondos para su estado y la población que representa. Los legisladores del PRI, seguiremos en ese tenor”, contribuyendo decididamente para el oportuno ejercicio de los programas y el financiamiento público que corresponde a nuestra entidad.
