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(elecciones 2012, datos, presupuesto, electoral)
(elecciones 2012, datos, presupuesto, electoral)
Comparativos y opiniones sobre el gasto electoral
Publicada: 13 noviembre 2011
Publicada: 13 noviembre 2011
Si se aprueba sin cambios el presupuesto que solicita el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), en 2012 se destinará la cantidad más alta a tareas político-electorales en Yucatán: $265.023,099 de recursos públicos, de los cuales casi $52 millones serán para subsidio de los partidos.
Ese año se efectuarán por primera vez elecciones coincidentes. Los yucatecos votarán para elegir a los nuevos ocupantes de la Presidencia, las cámaras de Diputados y de Senadores, la gubernatura, el Congreso del Estado y las 106 alcaldías. Sin embargo, el Ipepac sólo tiene responsabilidad plena en los últimos tres casos mencionados. Los tres restantes corresponden a la autoridad federal, aunque la local es coadyuvante.
En 2010 Yucatán tenía 1.955,577 habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda. Si cerramos la cantidad en 1.960,000 personas, considerando el potencial de aumento de la población hasta el próximo año, entonces el gasto electoral por cada habitante de Yucatán será de 136 pesos, en números redondos.
Si limitamos la cifra al padrón electoral, que en la votación inmediata anterior fue de 1.312,233 ciudadanos, entonces el gasto por votante asciende a $202, también en cifras redondas. Esto ratifica que el valor del voto es más de calidad que de cantidad.
De todo el presupuesto, a los partidos les corresponderán $51.700,000, incluyendo subsidios y recursos para la promoción del voto, por tratarse de un año electoral.
La suma total que plantea el proyecto del Ipepac alcanzaría para pagar el sueldo durante todo un año a 4,195 personas que devengan tres salarios mínimos diarios, considerando incluso el aumento que tendría este referente en 2012 para llegar a $58.50 en la zona C, donde se ubica Yucatán.
Si tomamos en cuenta a obreros con dos salarios mínimos, entonces el presupuesto electoral permitiría pagar todo el año a 63,180 personas, una cifra que supera el número de habitantes de algunos municipios yucatecos.
Esa misma cantidad permitiría comprar 884 casas "económicas" con un precio promedio de 300,000 pesos o 662,500 paquetes de despensas con valor unitario de $400. También alcanzaría para cubrir $2,000 mensuales, a lo largo del año, a los 100,000 pensionados y jubilados que demandan esa cantidad y aún así sobrarían $65 millones.
El proyecto de presupuesto de 2012 rebasa en más de $75 millones la suma autorizada en 2010, también año electoral, que fue de $184.316,762.95. En esa ocasión se destinaron a los partidos poco más de $47 millones por concepto de subsidio. El proceso, como ya indicamos, sólo fue para elegir diputados y alcaldes.
Los partidos políticos defienden el dinero que reciben, por considerar que los trabajos electorales requieren un elevado gasto y, además, la promoción del voto es más una inversión que aporta a la democracia.
El PRD subraya que es preferible el financiamiento público a que cada partido obtenga recursos por sus propios medios, porque se correría el riesgo de que ingrese dinero ilícito o de procedencia desconocida en sus actividades.
No obstante, se manifiesta en desacuerdo con el derroche y los gastos excesivos de algunas organizaciones, "específicamente PAN y PRI", y propone cambios en los sistemas de fiscalización.
"Debe haber los recursos necesarios y suficientes, pero en condiciones equitativas para que todos los candidatos puedan llegar a la ciudadanía", indica Ernesto Mena Acevedo, secretario general del PRD en Yucatán.
Lízbeth Estrada Osorio, integrante del equipo directivo de Sociedad en Movimiento, coincide con que es necesario hacer cambios sustanciales en materia de fiscalización, ya que el mecanismo actual es muy lento e ineficiente.
"Los dictámenes relativos a los actos violatorios de la ley llevan demasiado tiempo", añade. "En la mayoría de los casos las sanciones se circunscriben a multas a los partidos políticos y rara vez, por no decir nunca, a los candidatos".
Como ya hemos informado, hay multas pendientes de cobro y los partidos tienen medios para retrasar el pago, que, además, se cubre con los mismos recursos públicos.
La licenciada Estrada Osorio recalca que se debe perfeccionar el trabajo de fiscalización y aplicar sanciones más severas, que lleguen directamente a los candidatos de los partidos que hayan violado la ley. Esa sanción, explica, podría ser el impedimento de acceder al cargo para el que hayan resultado electos.
En anteriores procesos, recuerda, los candidatos de los partidos rebasaron topes de campaña y realizaron actividades "que no necesariamente se encuentran apegadas a la ley electoral", sin recibir sanción.
Ese año se efectuarán por primera vez elecciones coincidentes. Los yucatecos votarán para elegir a los nuevos ocupantes de la Presidencia, las cámaras de Diputados y de Senadores, la gubernatura, el Congreso del Estado y las 106 alcaldías. Sin embargo, el Ipepac sólo tiene responsabilidad plena en los últimos tres casos mencionados. Los tres restantes corresponden a la autoridad federal, aunque la local es coadyuvante.
En 2010 Yucatán tenía 1.955,577 habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda. Si cerramos la cantidad en 1.960,000 personas, considerando el potencial de aumento de la población hasta el próximo año, entonces el gasto electoral por cada habitante de Yucatán será de 136 pesos, en números redondos.
Si limitamos la cifra al padrón electoral, que en la votación inmediata anterior fue de 1.312,233 ciudadanos, entonces el gasto por votante asciende a $202, también en cifras redondas. Esto ratifica que el valor del voto es más de calidad que de cantidad.
De todo el presupuesto, a los partidos les corresponderán $51.700,000, incluyendo subsidios y recursos para la promoción del voto, por tratarse de un año electoral.
La suma total que plantea el proyecto del Ipepac alcanzaría para pagar el sueldo durante todo un año a 4,195 personas que devengan tres salarios mínimos diarios, considerando incluso el aumento que tendría este referente en 2012 para llegar a $58.50 en la zona C, donde se ubica Yucatán.
Si tomamos en cuenta a obreros con dos salarios mínimos, entonces el presupuesto electoral permitiría pagar todo el año a 63,180 personas, una cifra que supera el número de habitantes de algunos municipios yucatecos.
Esa misma cantidad permitiría comprar 884 casas "económicas" con un precio promedio de 300,000 pesos o 662,500 paquetes de despensas con valor unitario de $400. También alcanzaría para cubrir $2,000 mensuales, a lo largo del año, a los 100,000 pensionados y jubilados que demandan esa cantidad y aún así sobrarían $65 millones.
El proyecto de presupuesto de 2012 rebasa en más de $75 millones la suma autorizada en 2010, también año electoral, que fue de $184.316,762.95. En esa ocasión se destinaron a los partidos poco más de $47 millones por concepto de subsidio. El proceso, como ya indicamos, sólo fue para elegir diputados y alcaldes.
Los partidos políticos defienden el dinero que reciben, por considerar que los trabajos electorales requieren un elevado gasto y, además, la promoción del voto es más una inversión que aporta a la democracia.
El PRD subraya que es preferible el financiamiento público a que cada partido obtenga recursos por sus propios medios, porque se correría el riesgo de que ingrese dinero ilícito o de procedencia desconocida en sus actividades.
No obstante, se manifiesta en desacuerdo con el derroche y los gastos excesivos de algunas organizaciones, "específicamente PAN y PRI", y propone cambios en los sistemas de fiscalización.
"Debe haber los recursos necesarios y suficientes, pero en condiciones equitativas para que todos los candidatos puedan llegar a la ciudadanía", indica Ernesto Mena Acevedo, secretario general del PRD en Yucatán.
Lízbeth Estrada Osorio, integrante del equipo directivo de Sociedad en Movimiento, coincide con que es necesario hacer cambios sustanciales en materia de fiscalización, ya que el mecanismo actual es muy lento e ineficiente.
"Los dictámenes relativos a los actos violatorios de la ley llevan demasiado tiempo", añade. "En la mayoría de los casos las sanciones se circunscriben a multas a los partidos políticos y rara vez, por no decir nunca, a los candidatos".
Como ya hemos informado, hay multas pendientes de cobro y los partidos tienen medios para retrasar el pago, que, además, se cubre con los mismos recursos públicos.
La licenciada Estrada Osorio recalca que se debe perfeccionar el trabajo de fiscalización y aplicar sanciones más severas, que lleguen directamente a los candidatos de los partidos que hayan violado la ley. Esa sanción, explica, podría ser el impedimento de acceder al cargo para el que hayan resultado electos.
En anteriores procesos, recuerda, los candidatos de los partidos rebasaron topes de campaña y realizaron actividades "que no necesariamente se encuentran apegadas a la ley electoral", sin recibir sanción.
