Noticias de Yucatán
Greenpeace destapa a 20 empresas que alrededor del mundo han dañado al medio ambiente y han pisoteado los derechos humanos con el aval de los gobiernos. En México, la organización ambientalista internacional pone la lupa en dos gigantes trasnacionales: Monsanto y Grupo Bimbo.
El resto de las empresas estudiadas en el globo terráqueo son: ACS Group (Grupo Cobra), The Carbon Majors (47 empresas), DowDuPont, Energy Transfer Partners, Exxon, Gabriel Resources, Glencore, Halcyon Agri (Sudcam), ICIG (Miteni), Keskino?lu, Nestlé, Novartis (Sandoz), Resolute Forest Products, Rosatom, grupo Schörghuber (Ventisqueros), Total, Trafigura y Volkswagen (VW).
El estudio exhibe irregularidades desde las corporaciones que incluyen deforestación, contaminación atmosférica, del agua, por plástico, vertidos de residuos, derrames químicos; desastres nucleares, violaciones de los derechos indígenas, represión cívica y legal de defensores del medio ambiente y de los derechos humanos; elusión fiscal, corrupción, denegación del cambio climático y manipulación fraudulenta del debate público.
A través del informe “Justicia para la gente y el planeta” recién publicado, Greenpeace revela la urgencia de actuar en la instauración de justicia para las personas y la Tierra, además de poner punto final a la “colusión e impunidad corporativas”.
MONSANTO VIOLA DDHH DE MAYAS
La corporación de agroquímicos Monsanto tiene sede en Estados Unidos, pero ha trabajado para impulsar los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el país, para lo cual ha cometido violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, principalmente mayas de la Península de Yucatán.
En noviembre de 2015, comunidades de Campeche lograron la suspensión del permiso para la siembra de soya transgénica en tanto no se realizara una consulta a los pueblos, sin embargo, denunciaron reiteradamente, a pesar de la resolución, la siembra no paró.
Las principales afectaciones que se han dado en la Península –derivadas de la siembra de soya transgénica– son: deforestación de ecosistemas completos, contaminación del agua y muerte masiva de abejas, lo cual además ha provocado un daño importante a la economía de las comunidades, ya que su principal actividad radica en la apicultura.
Aunado a ello, los afectados han acusado diversas irregularidades en el proceso para la consulta que exhiben una “flagrante violación” a lo establecido por la Suprema Corte en sus resoluciones. Entre las más graves señalaron:
• Siembra ilegal de soya transgénica, a pesar de que el permiso está sin efectos.
• Amenazas, intimidación e insultos a representantes comunitarios y asesores legales de las comunidades durante las sesiones de la consulta.
• Falta de imparcialidad de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) que ha promovido las bondades del modelo agrícola industrial y la inocuidad de sustancias tóxicas como el herbicida glifosato, a pesar de su papel como organizador de la consulta y no como promovente de la soya transgénica.
• Omisión de las dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Ministerio Público Federal (MPF), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para investigar y castigar la siembra ilegal de soya transgénica, la deforestación asociada a ella y la afectación a los recursos hídricos de la región.
• Falta de información a las comunidades sobre las medidas de monitoreo para evitar la siembra ilegal de soya transgénica.
Apenas hace un par de meses, un histórico dictamen revocó el permiso de siembra de soya transgénica en siete estados de la República Mexicana a la empresa multinacional por fallas graves en bioseguridad, control, manejo y prevención de riesgos por la liberación del organismo genéticamente modificados (OGM) al ambiente.
Ante este panorama, Sandra Laso, campañista de Comida Sana, Tierra Sana en Greenpeace México, dijo a SinEmbargo que “las comunidades mayas levantaron la voz, se movilizaron y detuvieron a una gran trasnacional que tienen poder económico y político bastante fuerte a nivel mundial”.
