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CIUDAD DE MÉXICO.- Con un ingreso promedio anual de 358,125 pesos, los funcionarios del gobierno y poderes autónomos federalesganan 3.4 veces lo que recibe en promedio un trabajador del sector privado, que es 104,500 pesos anuales, revelan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En su más reciente actualización del Sistema de Cuentas Nacionales de México, el instituto estableció que esta relación se ha mantenido relativamente constante al menos durante los últimos 14 años.
Cuando se considera la totalidad del sector público, es decir los niveles estatales, municipales, seguridad social y empresas públicas, la remuneración anual promedio alcanza los 340,552 pesos, cifra que es ligeramente inferior al promedio del sector federal.
Esta disparidad salarial contrasta con la aportación a la economía que hacen cada uno de estos sectores, pues, de acuerdo con datos del Inegi, el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) lo genera el sector privado, mientras que el sector público sólo aporta el restante 15 por ciento.
Para calcular la remuneración anual promedio, el Inegi suma todos los sueldos y salarios que se pagan en un rubro y lo divide entre el total de puestos de trabajo asociados a dicho sector.
EL MERCADO
Sobre esta situación Rodolfo de la Torre, director especialista en Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), explicó a Excélsior que la dinámica salarial entre los sectores privado y público es distinta, puesto que el primer caso obedece a un asunto de oferta y demanda en los distintos sectores, y en el segundo a decisiones institucionales de escalafones y perfiles ajenos al mercado.
Comentó que según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los salarios del sector público en México, como proporción del PIB per cápita, se encuentran muy por arriba del resto de los países miembros, lo que significa que “el sector público ha vivido con una serie de remuneraciones relativamente desproporcionadas, tanto en mandos superiores como medios”.
Acerca de la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de reducir los salarios en el sector público, De la Torre dijo que, según los datos de la OCDE hay cierto espacio para ello; sin embargo, la forma en que se está comunicando y pretende llevarse a cabo no parece ser la más adecuada.
El objetivo es legítimo y hay elementos para sustentarlo; sin embargo, no hemos visto un diagnóstico o plan específico, ni detalles operativos sobre el plan de acción que se va a seguir. Se requiere de mucha más información para evitar especulaciones e incertidumbres innecesarias”.
IMPACTOS
El especialista del CEEY afirma que la reducción de salarios no tendrá un mayor impacto presupuestal para reorientar en el gasto, y que su contribución a la reducción de la desigualdad en el país será marginal.
Medidas de política fiscal y de gasto público pueden tener mayor impacto en la desigualdad, aunque con la reducción de salarios en mandos superiores algo se avanzará”.
Explicó que otra consecuencia de la baja en los salarios muy altos del sector público es que cada vez más funcionarios se verán obligados a usar los servicios públicos del Estado.
Un sueldo de un mando alto le da para pagar educación y salud privada, y los ha aislado de usar los que presta el gobierno. Con un menor sueldo probablemente se verán obligados a usar esos servicios, y eso ejercería una presión para debatir la pertinencia de mejorar su calidad”. 
Esta disparidad salarial contrasta con la aportación a la economía que hacen cada uno de estos sectores, pues, de acuerdo con datos del Inegi, el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) lo genera el sector privado, mientras que el sector público sólo aporta el restante 15 por ciento.
Para calcular la remuneración anual promedio, el Inegi suma todos los sueldos y salarios que se pagan en un rubro y lo divide entre el total de puestos de trabajo asociados a dicho sector.
EL MERCADO
Sobre esta situación Rodolfo de la Torre, director especialista en Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), explicó a Excélsior que la dinámica salarial entre los sectores privado y público es distinta, puesto que el primer caso obedece a un asunto de oferta y demanda en los distintos sectores, y en el segundo a decisiones institucionales de escalafones y perfiles ajenos al mercado.
Comentó que según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los salarios del sector público en México, como proporción del PIB per cápita, se encuentran muy por arriba del resto de los países miembros, lo que significa que “el sector público ha vivido con una serie de remuneraciones relativamente desproporcionadas, tanto en mandos superiores como medios”.
Acerca de la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de reducir los salarios en el sector público, De la Torre dijo que, según los datos de la OCDE hay cierto espacio para ello; sin embargo, la forma en que se está comunicando y pretende llevarse a cabo no parece ser la más adecuada.
El objetivo es legítimo y hay elementos para sustentarlo; sin embargo, no hemos visto un diagnóstico o plan específico, ni detalles operativos sobre el plan de acción que se va a seguir. Se requiere de mucha más información para evitar especulaciones e incertidumbres innecesarias”.
IMPACTOS
El especialista del CEEY afirma que la reducción de salarios no tendrá un mayor impacto presupuestal para reorientar en el gasto, y que su contribución a la reducción de la desigualdad en el país será marginal.
Medidas de política fiscal y de gasto público pueden tener mayor impacto en la desigualdad, aunque con la reducción de salarios en mandos superiores algo se avanzará”.
Explicó que otra consecuencia de la baja en los salarios muy altos del sector público es que cada vez más funcionarios se verán obligados a usar los servicios públicos del Estado.
Un sueldo de un mando alto le da para pagar educación y salud privada, y los ha aislado de usar los que presta el gobierno. Con un menor sueldo probablemente se verán obligados a usar esos servicios, y eso ejercería una presión para debatir la pertinencia de mejorar su calidad”.
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