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Las policías municipales de Progreso, Kanasín y Mérida, con 70 casos sumados, son las corporaciones de seguridad pública a nivel local que más quejas presentadas por ciudadanos ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
Según el organismo, entre enero de 2017 y septiembre de 2018, la Policía Municipal de Progreso recibió 36 quejas en su contra; en Kanasín fueron 22; y en Mérida 12.
Detrás de esos municipios se encuentra Izamal y Tekax, ambos con 11, seguidos de Hoctún –con 10 quejas-, Tizimín que registra ocho, Umán tiene siete, y tanto Hunucmá como Motul presentan seis. En Tixkokob se registraron tres.
Apenas el martes, la secretaria General de Gobierno de Yucatán, María Fritz Sierra, recibió a Aelaida Chablé Herrera, madre de José Adrián, un menor de edad que en 2016 fue detenido arbitrariamente y torturado por la Policía Municipal de Chemax, en la comisaría de Xcán.
En la entrega de firmas al gobierno estatal acudió Tania Reneaum Panazi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, quien afirmó que es un caso “emblemático” porque demuestra la realidad de las cárceles municipales, la inacción de la Fiscalía General del Estado y no existe ruta de reparación.
“Lo primero es que la policía municipal no ha cambiado, no ha determinado el uso del protocolo policial homologado y ese es un deber del Estado en todos los niveles de policía, que tiene que utilizar el protocolo policial homologado cuando hace una detención”, declaró.
“Lo segundo que ha sorprendido profundamente es que en la Fiscalía prácticamente no hay diligencias de investigación hechas, ni una sola diligencia que pueda determinar la responsabilidad de las autoridades”, expresó. Y por último sorprende que no hay una ruta de reparación clara para las afectaciones que ha pasado la familia de Adelaida y José Adrián”, afirmó.
Centros de detención
De acuerdo con el Informe sobre las condiciones de los centros de detención municipales 2017, realizado por la propia Codhey, el 70 por ciento de las cárceles municipales de Yucatán incumplen con las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de detención.
En dicho estudio, la Codhey advirtió que el setenta por ciento de las cárceles municipales de Yucatán se encuentran en condiciones infrahumanas porque carecen de luz, ventilación, servicios sanitarios, limpieza y planchas de cemento para acostarse.
En el 90 por ciento de las cárceles municipales hay ausencia de personal médico y apenas el 18 por ciento de las cárceles cuentan con instalaciones sanitarias en su interior y en solo siete municipios verificaron que tuviera agua potable.
En el estudio, la Codhey concluyó que se debían implementar capacitaciones que aporten a los conocimientos significativos de los servidores públicos, ignorantes de los procesos básicos en las cárceles municipales.
Se carece en muchos casos de manuales adicionales o reglamentos internos que controlen el actuar de los elementos policiacos. También concluyó la necesidad de mejorar la infraestructura.
La Jornada Maya
