De acuerdo con el predictamen sobre la legalización del uso
de cannabis y sus derivados, se señala que su regulación es bajo el enfoque de
salud pública, derechos humanos, desarrollo sostenible, combatir las
consecuencias del uso problemático y reducir la incidencia delictiva vinculada
con el narcotráfico.
El documento que circuló entre los integrantes de las
comisiones de Justicia, Salud y Puntos Constitucionales del Senado para su
análisis, señala que la regulación será para almacenar, comercializar, consumir,
cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar e importar;
fumar, patrocinar, plantar, portar, tener o poseer, preparar, producir,
promover, publicitar, sembrar, transformar, transportar, suministrar, vender y
adquirir bajo cualquier título.
Señala que corresponde al Estado el “control y la regulación
de los actos inmersos” del uso de cannabis, así como de los reglamentos
correspondientes, normas oficiales mexicanas y en las disposiciones que
resulten aplicables.
Los fines del uso de cannabis y sus derivados autorizados
son: lúdico o recreativo para uso personal; para uso compartido entre quienes
integran asociaciones; uso comercial; científico y de investigación en las
áreas médica o farmacéutica, y terapéutica o paliativa e industrial.
El documento, que podría ser corregido, indica que las
conductas o actos que comprenden los usos de cannabis, su resina o preparados
“no podrán ser objeto de persecución penal, ni causa de discriminación”, en los
términos que la Ley General de Salud y demás ordenamientos legales establecen.
De igual forma resalta que habrá una imposición proporcional
y justa del pago de impuestos, así como de derechos a los actos y productos
relacionados con cannabis y sus derivados que así lo ameriten; además de
regular los precios de cannabis y los productos realizados.
Establece también la creación del Instituto de la Cannabis
para la Pacificación y Reconciliación del Pueblo, como un organismo
descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que “no estará subordinado a autoridad y adoptará
sus decisiones con plena independencia”.
Dicho instituto será el responsable de otorgar, modificar,
renovar, suspender o revocar licencias; establecer la regulación y características
de éstas, así como sus prórrogas y revocaciones; implementar medidas en el
otorgamiento de licencias; aplicar sanciones administrativas; establecer los
requisitos que deben cumplir cada una de las personas físicas y morales para
obtener las licencias y permisos, entre otros.
Queda permitida la venta de cannabis y sus derivados para el
uso lúdico dentro del territorio nacional, la cual se delimitará a los
establecimientos autorizados.
El Estado, se indica, otorgará la asesoría, facilidades y
acompañamiento a las personas campesinas, indígenas e integrantes de
comunidades, micro y pequeños agricultores con el objeto de facilitarles el
acceso que permita la plantación de la marihuana de forma legal.
Fuente: El Universal
