En julio de 2021, Ana acudió a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a realizarse una colonoscopía, estudio mediante el cual se visualiza el interior del colon. Durante el procedimiento, que no requiere intervención quirúrgica, los médicos le perforaron el intestino “por accidente” y después de casi dos años, su organismo no ha vuelto a funcionar con normalidad.
Ana recuerda que todo empezó cuando comenzaron a aplicarse en la ciudad de México las vacunas contra la COVID-19. Con más de 60 años de edad, ella recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer, sin presentar ningún efecto adverso, pero para la segunda ocasión no corrió con la misma suerte. La dosis le provocó trombosis –formación de un coágulo en un vaso sanguíneo–, por lo que desarrolló problemas en sus venas.
Aunque en su vida laboral nunca había recurrido al seguro social, esta vez, ya cerca de pensionarse, lo hizo. Los médicos le anticiparon que probablemente tendrían que operarla, pero primero debía tomar un anticoagulante; sin embargo, ese medicamento evidenció un sangrado rectal. Fue en ese momento que la enviaron a la especialidad de gastroenterología para que le hicieran una colonoscopía.
Cerca de 15 días transcurrieron desde su primera visita a la clínica familiar para ser luego remitida al Hospital General de Zona 1 “Venados” del IMSS, tras las complicaciones en sus venas, y posteriormente, al Hospital General de Zona 30 para la especialidad del sistema digestivo. Le informaron los detalles de la colposcopia e hicieron énfasis en que sería un estudio ambulatorio.
Ana –cuyo nombre fue cambiado por temor a represalias en la atención que sigue recibiendo– solo recuerda haber estado, durante los primeros momentos, rodeada por el médico que estaba a cargo y los residentes, pues casi de inmediato quedó bajo los efectos de la anestesia general, necesaria para el estudio.
“Cuando despierto, ya estaba con todo mi vientre abierto, que porque al momento de meter el aparato ‘accidentalmente’ perforaron el intestino, que fue accidental; me tuvieron que meter (a cirugía) de urgencias, me quitaron 15 centímetros de intestino y toda mi barriguita abierta, desde el ombligo hasta abajo… Al momento de meter el aparato, me perforaron el intestino; no hicieron bien el estudio”, relata.
De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica, Detección Oportuna y Diagnóstico de Cáncer de Colon y Recto No Hereditario en Adultos en Primero, Segundo y Tercer Nivel de Atención, del propio IMSS, la colonoscopía, un estudio invasivo, permite visualizar en forma directa toda la extensión del colon con un riesgo de perforación de dos en mil.
Una larga recuperación
Después del hecho, lo que sería una estancia ambulatoria, se convirtió para Ana en un mes de hospitalización, donde también recuerda casos de otras personas de la tercera edad que no eran atendidas cuando sus aparatos emitían algún tipo de alerta. Luego de ese mes, Ana pudo regresar a su casa pero hasta la fecha no se ha recuperado y su vientre, lamenta, sigue muy agrandado.
“Me dan medicamentos, paracetamol, otros para ir al baño, plantago, y luego todavía el doctor me lo encontré afuera (del hospital) y me dice ‘ya me jubilé, ya me jubilé’, pero burlándose, y cometieron varias cosas… Yo escuché a una enfermera que le dijo a otra, después de preguntarme qué me habían hecho, ‘a ella le fue bien, a otro le perforaron el pulmón”, cuenta Ana.
La dieron de alta casi un mes después de la cirugía, después de que –además– se le infectara el sitio quirúrgico, pero hasta hoy sigue acudiendo a consulta en su clínica familiar por complicaciones como ir al baño de manera recurrente por las noches, además de la inflamación. Acusa que en algún momento, el médico de la consulta ordinaria le requirió su expediente y tuvo la intención de retener el documento donde se consignó la perforación “accidental”.
“No creo poder regresar a la normalidad, porque (los médicos) me decían ‘pues a lo mejor le tenemos que volver a abrir para cocer por dentro’… Lo que me han dicho es que tarda, que como ya estamos grandes, los tejidos tardan mucho en cerrar”, lamenta. El proceso de recuperación se ha dificultado aún más porque sus hijos radican en Querétaro y ella vive sola en la Ciudad de México.
Aunque algunas personas le sugirieron iniciar una queja o denuncia formal, ella en ningún momento ha recuperado las fuerzas necesarias para dar seguimiento a ese trámite. Aunado a eso, su convalecencia se dio al mismo tiempo que su proceso de jubilación, por lo que prefirió evitar problemas que pudieran obstaculizar su pensión. “No sé si los hubiera demandado y no me jubilaría”, agrega.
En el último año, del 1 de mayo de 2022 hasta el 1 de mayo de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 73 recomendaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social por distintas violaciones a derechos humanos. En el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos es, por mucho, la dependencia con mayor cantidad de expedientes de queja, principalmente en la ciudad de México y el Estado de México; en el primer trimestre de este año se registraron en esas entidades 310 y 160, respectivamente.
Ahora, Ana ha bajado alrededor de 20 kilos de peso y sigue tomando cotidianamente seis medicamentos para la regulación del funcionamiento del aparato digestivo y una dieta polimérica. No puede comer demasiado, cuenta, porque algunas veces le es imposible evacuar. Cada mes acude a su consulta con la esperanza de que al menos no tengan que “abrirla” de nuevo, aunque está segura de que su sistema ya no volverá a funcionar como antes.
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