En pleno proceso electoral en Coahuila y Estado de México, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, decidió descabezar la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), encargada de auditar los ingresos y gastos de partidos políticos y candidatos.
Desde la semana pasada, Taddei pidió la renuncia de Jacqueline Vargas, hoy extitular de la Unidad de Fiscalización, para colocar ahí, como encargado de despacho, a David Ramírez Bernal, un asesor del consejero Uc-Kib Espadas, quien actualmente preside la comisión encargada de aprobar los proyectos en materia de fiscalización.
Taddei pactó este movimiento con el consejero que preside la Comisión de Fiscalización, luego de un intento fallido por colocar en la unidad técnica a un funcionario recomendado por el titular del Órgano Interno de Control, Jesús George Zamora.
La renuncia ocurre, además, luego de desencuentros entre la Unidad de Fiscalización y los cuatro nuevos integrantes del Consejo General (incluida la nueva presidenta); diferencias que quedaron evidenciadas en la sesión del pasado 28 de abril, cuando las nuevas consejeras y consejeros votaron en contra de proyectos presentados por la unidad mediante los cuales se proponía sancionar a diversos partidos políticos por faltas a las reglas de financiamiento.
Jacqueline Vargas y los asuntos a su cargo
Vargas es una funcionaria de larga experiencia en el ámbito fiscal, quien llegó al INE a finales de 2020 y tuvo bajo su responsabilidad asuntos importantes, como las sanciones a Félix Salgado y Rubén Morón, por no presentar informes de precampaña; la fiscalización de los informes de ingresos y gastos de los partidos en el proceso electoral de 2021, y el cierre de investigaciones como el caso Texcoco, el caso Odebrecht y la Operación Zafiro.
Recientemente, la funcionaria había sido objeto de descalificaciones y críticas por parte de los representantes de Morena y el PRI −los partidos más multados− por llevar a cabo investigaciones que evidenciaron prácticas ilegales en el financiamiento de sus campañas.
En 2021, la UTF descubrió que Félix Salgado Macedonio, Rubén Morón y decenas de precandidatos de Morena a diversos cargos habían hecho precampañas sin presentar sus informes de gastos, por lo que propuso castigarlos con la cancelación del registro de sus candidaturas.
Después, concluyó las investigaciones del caso Texcoco, proponiendo una multa a Morena por la retención ilegal de una parte del salario a trabajadores del ayuntamiento cuando Delfina Gómez era presidenta municipal.
También tuvo bajo su responsabilidad investigaciones del caso Odebrecht y la Operación Zafiro, y recientemente había propuesto una multa millonaria al PRI por el financiamiento ilegal de sus campañas con recursos del gobierno priista de César Duarte en Chihuahua.
El 28 de abril, cuando se discutían dos proyectos de multa al PRI y el PT por incurrir en nuevas modalidades de financiamiento irregular, la UTF fue acusada por el representante priista, Gerardo Triana, de actuar “con dolo”.
Jacqueline Vargas era la última de las funcionarias allegadas a Lorenzo Córdova que quedaba en la Junta General Ejecutiva del INE.
Junto con sus demás compañeros, había presentado su renuncia durante el mes de marzo, al entrar en vigor el plan B de reforma electoral, pero en abril presentó un desistimiento luego de la designación de Taddei, Rita Bell López, Arturo Castillo y Jorge Montaño.
Sin embargo, luego de 50 días, se vio obligada a presentar su renuncia irrevocable, por petición de la consejera presidenta.
Los pendientes
Después de la salida de Vargas, sólo una de las posiciones de la Junta General Ejecutiva mantiene al mismo funcionario que antes del 3 de abril: la Unidad Técnica de Servicios de Informática, con Jorge Torres.
El resto de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE se maneja con encargados de despacho, tal como lo ha documentado Animal Político.
La renuncia de Vargas se suma a la de Ana Laura Martínez, exdirectora ejecutiva de Administración, y de Roberto Heycher Cardiel, exdirector de Capacitación y Educación Cívica, quienes se fueron en la segunda semana de mayo, y también formaban parte del equipo del anterior consejero presidente.
Estos movimientos se dan mientras la consejera presidenta sigue cabildeando con el resto de consejeras y consejeros el nombramiento de un secretario ejecutivo, que es el cargo operativo más importante del instituto, actualmente ocupado por un encargado de despacho.
Taddei insiste en colocar den la Secretaría Ejecutiva a su paisano y colaborador de años, Flavio Cienfuegos, quien ha sido rechazado, tanto por sus antecedentes como por el hecho de que algunas consejeras han demandado que la Secretaría sea ocupada por una mujer.
Cienfuegos se sigue desempeñando como jefe de la Oficina de la Presidencia del Consejo General, y es el principal operador de Taddei dentro y fuera del instituto.
Hasta el momento, la nueva consejera presidenta no ha logrado hacer un solo nombramiento definitivo en la estructura del INE, pues en todos los casos se requiere el voto de al menos ocho de los 11 integrantes del Consejo General.
