El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) interpondrá la próxima semana dos denuncias contra César Bojórquez Zapata, alcalde de Mérida, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a que considera que son pésimas las condiciones en que están los animales del Parque Zoológico del Bicentenario Animaya.
También exigieron el cierre definitivo de Animaya y el traslado de los animales de nuevo al Centenario.
Mariana Boy Tamborrel, presidenta nacional del PVEM; Leonora Esquivel Frías, presidenta de Anima Naturalis, Rosario Sosa Parra, de la Asociación Yucateca por los Derechos de los Animales (ADAY), y Carlos David Ramírez y Sánchez, líder estatal del PVEM, realizaron una inspección a las instalaciones de Animaya, durante la cual los ambientalistas mostraron su enojo contra la autoridad municipal porque consideran inadecuadas las condiciones en que están los animales.
“En vez de hacer un parque para la gente se hubiese hecho una reserva ecológica. Se deforestó esta zona y los animales no tienen ni un poco de sombra y se están muriendo de hambre y sed por el calor”, expresó la doctora Leonora Esquivel.La presidenta nacional del PVEM agregó que desde su punto de vista político el proyecto se hizo para que César Bojórquez Zapata, presidente municipal de Mérida, se colgara la medalla y saliera triunfante, “pero se equivocó”.
Denunciará el PVEM al primer edil
Otro paso en ruta a nueva ley
Comisiones conjuntas del Congreso dictaminaron ayer la nueva Ley de Pesca y Acuacultura, que al aprobarse obligará al Ejecutivo del Estado a aplicar el programa de apoyo a los beneficiarios de los pescadores que pierdan la vida en el mar, entre otras cosas.
El presidente de la Comisión de Legislación, Gaspar Quintal Peraza, añadió que otra de las innovaciones de esta nueva ley es la creación del Consejo Estatal de Pesca, así como del Fondo Estatal de Pesca y Acuacultura para fomentar la integración del sector acuícola y pesquero en los programas a desarrollar.
Señaló que ahora sólo falta que la Diputación Permanente convoque a un nuevo período de sesiones extraordinarias para que el pleno de diputados apruebe este dictamen de la Ley de Pesca.
Consideró que este segundo periodo extraordinario podría ser la próxima semana y que entrarían otras tres o cuatro iniciativas de leyes que se espera dictaminar próximamente.
Todo listo para la transición
La convocatoria para formar parte de este órgano ciudadano concluirá esta misma semana y la realiza personalmente la presidenta municipal electa. De acuerdo con un boletín, ayer formalizó la invitación a rectores de distintas universidades y hoy hará lo propio con organismos empresariales y otras organizaciones.
En el área de Coordinación de Gobierno y Seguridad Pública estarán los regidores electos Santiago Altamirano Escalante y Álvaro Omar Lara Pacheco, así como representantes de Coparmex, el Colegio de Maestros en Administración Pública, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Modelo.
La Coordinación de Administración y Finanzas Municipales estará integrada por la síndico electa y coordinadora general de la Comisión de Transición, Elízabeth Vargas Aguilar, junto a la regidora electa Kathya Puerto Manzanilla, así como representantes del Instituto de Acceso a la Información Pública, Consejo Coordinador Empresarial, Universidad Marista y el Colegio de Contadores Públicos.
En la Coordinación de Desarrollo Urbano, Económico, Infraestructura y Vivienda, los regidores electos Jorge Sobrino Argáez y Daniel Granja Peniche y representantes de la Canacome, CMIC, Canadevi, Universidad Anáhuac Mayab, Colegio de Profesionales en Economía, Colegio de Ingenieros y Colegio de Arquitectos.
En la de Desarrollo Social, Humano y Cultural se integrarán los regidores electos Ricardo Béjar Herrera y Claudia Medina Caballero, junto a representantes de los Centros de Integración Juvenil A. C., Centros de Estudios y Formación Integral de la Mujer A. C., Salvemos una Vida A. C., Hogares Maná A. C., Sueños de Ángel A. C., Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-Deficiencia Mental A. C., Rompiendo Barreras A. C., Universidad Mesoamericana de San Agustín y la Universidad Felipe Carrillo Puerto.
Por último, la Coordinación de Servicios Públicos Municipales estará conformada por los regidores electos Humberto Hevia Jiménez y Julio Ávila, así como por representantes del Plan Estratégico de Mérida, Consejo Ciudadano del Agua, Canacintra, Universidad Tecnológica Metropolitana, Instituto Tecnológico de Mérida y de la Universidad Interamericana para el Desarrollo.
La alcaldesa electa de Mérida, Angélica Araujo, explicó que la información que obtenga cada una de estas coordinaciones, producto del trabajo y las visitas a las unidades administrativas del Ayuntamiento, se organizará en carpetas individuales por cada una de las dependencias de primer nivel de la estructura orgánica del Gobierno Municipal en funciones.
Básicamente, se recopilará información relacionada con el marco legal de actuación, estructura orgánica, plantilla de personal, tabulador de sueldos, programas y servicios en curso, así como el presupuesto autorizado, modificaciones y ejercicio al mes actual.
Angélica Araujo recordó que Elizabeth Vargas fungirá como coordinadora de enlace con el gobierno municipal en funciones.
Se deslinda la Profepa del lío agrario de Ucú
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha realizado en 10 años intervención alguna en el municipio de Ucú por delitos ambientales y la actual situación de los ejidatarios por sus tierras es de carácter agrario, no ambiental, declaró Enrique Cárdenas González, encargado de esa dependencia en el Estado.
En un boletín, el funcionario se refirió a declaraciones publicadas ayer de ejidatarios de Ucú que, de acuerdo con la versión, esperaban impacientes el retorno de los integrantes de la comisión que ayer se reunió con la gobernadora Ivonne Ortega.
—Nos extraña que nos involucren en este asunto, pues no hay en nuestros registros intervenciones por aprovechamientos o por transporte de leña o carbón fuera de ley. Mucho menos se han decomisado tres camiones —subrayó—. Desconozco las motivaciones de estos señalamientos y desearía que sólo se tratase de una equivocación.
El funcionario añadió que el cultivo de maíz en milpas es una actividad totalmente libre y que no hay ni un solo caso en Yucatán de intervención atribuible a la Profepa expresamente por impedir ese tipo de trabajo.
También dijo que el caso de las tierras de Ucú y sus negociaciones, ya sean oficiales o con particulares, es un asunto de carácter agrario, que no es competencia de la Profepa.
—No hemos detenido a nadie en el Periférico con leña o carbón y menos proveniente de Ucú
Profepa
- En corto La Profepa no expide permisos, dice uno de sus funcionarios: Recurrir a la Semarnat “Si hay quien desee obtener autorización de aprovechamiento forestal, tendrá que recurrir a la Semarnat para tramitar el permiso y cumplir las condicionantes. Nosotros vigilamos que quien realice alguna actividad que aprovecha recursos naturales cuente con aprobación escrita y cumpla con las condiciones de ley”, indicó Enrique Cárdenas.“A los ciudadanos les corresponde evaluar” -Queja de ortega contra Gobierno Federal
Es a los ciudadanos a quienes corresponde evaluar y calificar el trabajo del alcalde de Mérida, Cesar Bojórquez Zapata, no a la gobernadora del Estado, afirmó ayer la jefa del Ejecutivo, Ivonne Ortega Pacheco, cuando se le pidió su opinión sobre la gestión del presidente municipal.
“No soy yo la que tiene que calificar el trabajo, creo que son los ciudadanos los que pueden valorar el esfuerzo que hace cada autoridad, no creo que sea yo la indicada para dar alguna calificación”, indicó.
Entrevistada en el hotel Hyatt al salir del foro Retos y Oportunidades de Financiamiento en el Sureste, señaló que cada quien hace su mejor esfuerzo y es a los ciudadanos a los que corresponde evaluarlos.
La gobernadora precisó: “Yo como gobernadora no debería emitir un comentario, porque al final de cuentas se convierte todo en dimes y diretes y prefiero ser muy respetuosa”.
Por otra parte, Ivonne Ortega afirmó que son muchos rubros en los que la Federación no le da recursos al Estado, básicamente los que afectan directamente al desarrollo, incluso de los propios municipios, como el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), que no ha llegado, aseguró, y el Fondo de Estabilización de las Participaciones (Feief), que es dinero que se distribuye entre los ayuntamientos, entre otros.
En cuanto al foro en el que la gobernadora participó con una ponencia, el evento fue presidido también por Roberto Ureña Rangel, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE).
En su discurso de inauguración el dirigente financiero señaló que las regiones del norte, occidente y sureste mexicano se distinguen por su activa participación y empuje, pero los recursos y apoyos que requieren no siempre llegan a las comunidades que más lo necesitan porque muchos de los esfuerzos tienden a centralizarse en la capital del país.
Para evitar esas situaciones, Ureña Rangel dijo que la AMFE establece ahora vicepresidencias regionales para ampliar su cobertura geográfica, conscientes de que en el interior del país hay una enorme oportunidad de crecimiento apoyando a sectores hoy desatendidos en materia financiera.
La gobernadora dijo que éste es verdaderamente el momento ideal para hablar de financiamiento y crédito en Yucatán y el mundo, se enfrentan a un gran reto y está en sus manos, actuar a la altura de las circunstancias que se presentan.
Cambios en el campo
Después de recibir la “purificación maya”, el secretario de Fomento Agropecuario y Pesca, Alejandro Menéndez Bojórquez, aceptó hablar sobre presuntas irregularidades en algunos proyectos y anunció un cambio en la política del campo yucateco.
El funcionario afirmó que ahora no todos los recursos se irán a fondo perdido, empezarán a acabar con el paternalismo porque no implica ninguna responsabilidad para el productor y promoverán la cultura de la aportación colectiva para impulsar los proyectos productivos.
Sin mostrar el enojo de otras ocasiones cuando le pedían su opinión sobre el presunto desvío de recursos en el campo, Menéndez Bojórquez afirmó que son dos o tres casos donde los beneficiarios no han cumplido ni concluido los proyectos que promovieron para recibir los recursos públicos. Por ello, funcionarios de la SFAyP visitan a los productores para ayudarlos, asesorarlos u obligarlos para que concluyan sus proyectos.
“Nosotros cumplimos con entregar los recursos públicos, tanto estatales como federales. Una vez que entregamos el apoyo la responsabilidad es de los productores”, afirmó.
“Tenemos conocimiento que a algunos les falta concluirlo o les falta una pequeña parte para echar andar su proyecto, reiteró. Cada área está visitando directamente a los productores, que son dos o tres, para puntualizarles que apliquen el recurso.
“ Si necesitan asesoría los ayudamos”, manifestó.
Protestan vecinos de Oxkutzcab por el triunfo del PRI
La sesión de los magistrados terminó ayer con una reunión privada entre ellos y vecinos de Oxkutzcab, encabezados por el candidato a segundo regidor del PT, Raúl Romero Chel, quien pidió la pronta resolución de la impugnación que presentaron contra los resultados de ese municipio del Sur.
Alrededor de las 12 horas, cuando los magistrados estaban a la mitad de la sesión de ayer, llegaron al local del TEE unos 20 vecinos de Oxkutzcab entre hombres y mujeres portando pancartas y gritando ¡Justicia! ¡Justicia! Romero Chel, quien encabezó la protesta, dijo que acudieron a pedir que les hagan justicia en el Tribunal, que le devuelvan el triunfo a su candidato del PT a la alcaldía de Oxkutzcab, Héctor López Contreras.
“En las votaciones hubo ánforas rellenas, los funcionarios de casilla no eran los nombrados, algunas cambiaron de lugar, no es posible que si ganamos en el 90% de las casillas al final nos digan que ganó el PRI”, expresó el inconforme.
Al concluir la sesión del Tribunal, los magistrados encabezados por su presidente Yusif Heredia Fritz se reunieron en privado con una comisión de los inconformes.
Al salir de la reunión, Romero Chel dijo que se retiran tranquilos, porque les prometieron que se haría justicia y se actuaría con apego a la ley para resolver su impugnación.
En cuanto a la sesión de ayer, los magistrados desecharon por improcedentes impugnaciones del PAN y el PRI. Confirmaron el triunfo de los panistas en Tizimín y Tekit, y de los priistas en Tahdziú y Maxcanú.
En el caso de Tizimín, el magistrado ponente Mateo Salazar Azcorra propuso anular tres casillas —las 952 básica, 969 básica y 969 contigua—, pero aún con eso no fue suficiente para revertir el resultado a favor del PAN, el cual se confirmó por unanimidad.
También desecharon por unanimidad la impugnación contra el triunfo del PRI en Valladolid, porque fue el candidato del PAN quien promovió el juicio de inconformidad y estos recursos son exclusivos de los partidos.
Heredia Fritz informó que sólo les quedan 11 procesos pendientes y la mayoría, incluyendo el de Oxkutzcab, tratarán de resolverlos mañana jueves en otra sesión pública.
El magistrado calculó que sólo les quedarían por resolver el próximo lunes a más tardar, las impugnaciones del PAN contra el triunfo del PRI en Mérida, y por la designación de los diputados plurinominales.
Por último, dijo que el PRI promovió un juicio de revisión contra la confirmación de los resultados de Abalá.
Resurge la violencia
- Es probable que se hagan comicios extraordinarios en Hocabá
- Golpes, robo y amenazas de un grupo de priistas
La violencia poselectoral resurgió ayer en Hocabá, con golpes, robos, secuestro, amenazas de muerte y destrucción de bienes.
Según el secretario ejecutivo del Consejo General Electoral del Estado, Alejandro Góngora Méndez, ahora es más probable que se realicen elecciones extraordinarias en ese municipio.
Los conflictos de Hocabá y Oxkutzcab, donde también hay un sector inconforme por los resultados electorales, llegaron ayer a Mérida.
En Hocabá, la presidenta del Consejo, Fátima Yanet Cen Chi, fue agredida y resultó con la ropa rasgada. Junto con el consejero Luis German Dzib Pech, ayer por la tarde fue a reportar los hechos al Consejo General Electoral del Estado.
El presidente del Consejo General, Fernando Bolio Vales, brilló por su ausencia, a pesar de ser éste un caso atípico y extraordinario, como el mismo secretario lo calificó.
Fernando Bolio desapareció del Consejo y ni siquiera le respondía el teléfono al secretario.
Orlando Pérez Moguel, representante del PAN ante el órgano electoral, dijo que ya es costumbre en Bolio Vales rehuir a sus responsabilidades. En este caso, afirmó, abandonó a los consejeros de Hocabá.
Ayer mismo se informaría al Tribunal Electoral del Estado (TEE) que le es imposible al Consejo de Hocabá cumplir la sentencia de sesionar para reponer el proceso del cómputo y escrutinio, porque los priistas, al asaltar con violencia la sede de los consejeros de ese municipio, robaron la documentación. En el caso de Oxkutzcab, los inconformes por el triunfo del PRI en ese municipio protestaron en la sede del TEE.
Los magistrados electorales sesionaron ayer entre protestas de estos inconformes. Confirmaron los resultados de Maxcanú, Tahdziú, Tekit y Tizimín y desecharon la impugnación presentada contra el triunfo del PRI en Valladolid.
El presidente del Tribunal, Yussif Heredia Fritz, anticipó que mañana jueves volverían a sesionar para resolver nueve impugnaciones más.
También informó que lo más probable es que el próximo lunes resuelvan las impugnaciones contra el triunfo del PRI en Mérida y la asignación de las 10 “pluris”.
¡Exigimos nuevas elecciones!, ¡Estamos pidiendo que se haga justicia! fueron algunas de las frases que gritaban priistas en Hocabá, a quienes la presidenta del Consejo Electoral, Fátima Yanet Cen Chi, acusó de agredirla y de asaltar con violencia al consejo.
El Consejo Municipal no pudo cumplir la orden del Tribunal Electoral del Estado (TEE) de sesionar para reponer el cómputo de la elección, debido a que los priistas, encabezados por su candidato a la alcaldía, Petronilo Mex, asaltaron el recinto.
El secretario Ejecutivo del Consejo General Electoral del Estado, Alejandro Góngora Méndez, dijo ayer que, según reportes de su personal, los priistas robaron una computadora, una impresora y toda la documentación electoral, por lo que ahora es probable es que se deban realizar elecciones extraordinarias en Hocabá.
Lo único que podría evitar las elecciones extraordinarias, indicó, es que algún partido tenga sus actas del cierre de casillas de ese municipio.
El representante del PAN ante el Consejo General, Orlando Pérez Moguel aseguró que conserva copias certificadas de todas las actas de ese municipio.
Desde el 16 de mayo se vive en Hocabá un ambiente de tensión porque las boletas fueron quemadas y otras tiradas después de las elecciones.
Ayer intentó sesionar el Consejo Municipal para reponer el cómputo y entregar su constancia de mayoría al candidato del PAN, Francisco Pacheco Sosa, pero los priistas lo impidieron.
Desde las 4 de la tarde del pasado lunes, simpatizantes del PRI se apostaron a las puertas del Consejo, a donde fue necesario que personal del Consejo General escoltara a los consejeros para que sesionen.
La presidenta del Consejo, Fátima Yanet Cen Chi, dijo que cuando llegaron al punto 5 y pretendían cotejar las actas para hacer el escrutinio, les lanzaron desde afuera una bolsa con lodo y los priistas irrumpieron en el lugar, por lo que suspendieron la sesión. En el pueblo se informó que simpatizantes panistas presuntamente comenzaron a tirar piedras a los priistas. Según éstos, las piedras salieron de la casa de al lado del Consejo.
“Rosario Mex Chin fue quien tiró las piedras”, afirmaron.
Leidy Marlene Dzib Pérez recibió una pedrada en el pecho.
Ileana Ávila Euán asegura que lo único que quieren es justicia.
La presidenta consejera relató que los priistas los acorralaron y tuvieron que resguardarse en el baño, lo que aprovecharon sus atacantes para robar la documentación y “todo lo que había en el Consejo”.
Dijo que el candidato del PRI le ofreció escoltarla para salir del lugar y confío en él, pero al hacerlo fue agredida por los priistas, quienes le rompieron la ropa y la amenazaban con matarla, al igual que al consejero Luis Dzib Pech.
Luego del conflicto los del PRI se dirigieron a casa de su candidato. Roberto Moguel, Wendy Concha, Marisol Marín fueron algunos de los priistas reunidos en el lugar, quienes acusan a la presidenta del Consejo de estar a favor del candidato panista.
Los consejeros y los del Ipepac salieron escoltados por la policía estatal, de otra manera la gente no les hubiera permitido salir.
“Yo no uso ni tirahule”
“Los policías (de la SSP) primero me dijeron que tenía un arma. Qué arma ni qué nada”, añadió el acusado en declaración que rindió en el Juzgado 3o. Penal por portar el machete.
“Entonces es el machete o un cuchillo, no una metralladora como me decían los policías”, continuó el relato del acusado, quien fue detenido el jueves por la noche. La detención estuvo a cargo de José Luis Trejo Gómez, agente de la corporación.
“Seño, yo soy horquetero y en ese momento no tenía ningún cuchillo ni machete. Es más, cuando voy al monte ni siquiera llevo tirahule, no tengo”, dijo.
Se le informó que en el expediente hay una foto en la que aparece con el arma blanca a lo que Arroyo Martínez respondió: “lo agarré porque el policía me dijo 'agarra esto hijo..., si no, te parto la m...”, añadió.
“Por eso lo agarré, sino, quién sabe qué me iba a hacer, de por sí esos c... son unos hijos...”.
La detención fue en la calle 67-B, lote 7, entre 114 y 116, luego de que el acusado presuntamente agredió a su esposa. No hay denuncia de la agraviada, sólo un informe del agente.
7 acciones inmediatas
Como primer paso para que vuelva el servicio de transporte público al Ayuntamiento de Mérida, la alcaldesa electa, Angélica Araujo Lara, pidió ayer a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco que la incluya en todos los planes y proyectos del gobierno del Estado en ese rubro.
—Para empezar le pedimos a la gobernadora que nos incluya en los estudios, planes y reuniones con empresarios sobre el transporte público, y que consideren mi propuesta de rebajar de $3 a $2.50 la tarifa social.
Más adelante, añadió, se analizaría el aspecto legislativo y legal, así como la posibilidad de que el Ayuntamiento de Mérida retome el transporte público.
Entrevistada en el Palacio de Gobierno al salir de la reunión privada que sostuvo con la gobernadora, Angélica Araujo informó que ése fue uno de los temas que abordaron en el primer encuentro oficial de ambas.
Durante su visita al Palacio, la alcaldesa electa se convirtió en el principal centro de atención. Muchos de los que fueron a ese recinto la saludaron y le hicieron peticiones diversas.
Entre esas personas estuvieron desde funcionarios y empleados del Ejecutivo hasta vecinos de colonias que fueron al recinto por audiencias públicas.
Incluso, el tiempo de entrevistas que ofreció la arquitecta a los medios de comunicación al salir del despacho de la gobernadora fue mucho mayor que el de la mandataria, que salió poco después de la alcaldesa electa para dirigirse a las audiencias.
Después de las entrevistas, Angélica Araujo tardó alrededor de 25 minutos en bajar las escaleras y llegar hasta la puerta del Palacio de Gobierno, ante las numerosas personas que la abordaban para saludarla.
Llegó y se retiró de la sede del Ejecutivo rodeada de sus principales colaboradores, entre ellos regidores electos como Humberto Hevia Jiménez y Santiago Altamirano, entre otros, y su equipo de prensa.
Las propuestas Angélica Araujo declaró que en la reunión le presentó a la gobernadora una propuesta para realizar siete acciones inmediatas y otras nueve que considera prioritarias para el desarrollo equitativo de Mérida.
Municipio
- Preparativos Continúan los trabajos para armar el equipo de transición en el Ayuntamiento de Mérida.Reuniones La alcaldesa electa informó que se reunirá con las universidades y cámaras del sector privado para que le propongan a representantes, que serían parte del comité de transición.
Esta semana Se espera terminar de integrarlo esta misma semana, para que se inicien los trabajos con la autoridad saliente.
Vea en el sitio en internet del Diario una galería de imágenes de la visita de la alcaldesa electa Angélica Araujo Lara al Palacio de Gobierno.
Le solicitó que gire instrucciones para establecer mecanismos de cooperación institucional que permitan concretar trabajos en esas dos vertientes.
Las acciones inmediatas son: Construir un hospital en el sur de la ciudad, que tendría de 60 a 90 camas, así como un Centro de Salud de Servicios Ampliados en el poniente de la ciudad; más carriles de desaceleración y puentes peatonales en el Periférico, y un paso a desnivel en el cruce de las avenidas Circuito Colonias y Prolongación de Montejo.
También concluir el Parque Metropolitano y evaluar la factibilidad técnica, financiera y, especialmente, en materia de seguridad y protección civil, para construir una guardería en el segundo piso del mercado San Benito. Otro punto fue establecer esquemas de arrendamiento conjunto de ambulancias que faciliten el traslado de enfermos de las comisarías.
Las nueve acciones que considera prioritarias son: El rescate integral del Centro Histórico, unificación de mandos de las policías estatal y municipal, construcción de un rastro TIF metropolitano, redefinición vial de todo el municipio y la construcción de un nuevo Anillo de Circulación Metropolitano.
También coordinación estrecha para definir estrategias en el transporte público que permitan reducir la tarifa social de transporte de $3 a $2.50, y crear un programa de gobierno que contribuya a erradicar la pobreza extrema y alimentaria en el municipio, tomando como eje y punto de partida el programa estatal “Solidaridad Alimentaria”.
Además, crear la Autoridad Metropolitana del Agua, una red metropolitana de rellenos sanitarios y sitios de confinamiento, y realizar 20 mil acciones de vivienda para Mérida, de las cuáles 5 mil se harían en los primeros 6 meses del gobierno municipal
Sin fecha aún el inicio del parque científico
Sin embargo, no tiene detalles de lo que se hará en cada caso, tampoco sabe la forma como se distribuirán esos recursos y lo que se invertirá en cada uno de esos cuatro proyectos. Desconoce cuándo empezarán los trabajos y cuándo se concluirán.
—Las obras empezarán este año, pero no tengo la fecha precisa de cada una —manifestó el investigador, quien fue director del Centro de Investigación Cientifica de Yucatán (Cicy), una de las instancias académicas que empezarían ahí sus trabajos.
Esa institución hará un banco de germoplasma, pero no hay mayores detalles al respecto.
La otra es el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño de Jalisco (Ciatej), que construirá una planta de alimentos. No hay fecha para inicio y fin de la obra ni se conocen más datos de la misma.
Respecto a la propiedad de las 200 hectáreas para esas instalaciones, Larqué Saavedra dijo que ya se tiene la posesión legal de las mismas, pero falta terminar varios trámites para construir, como son el uso de suelo y el aval del INAH.
Calcula que eso llevará dos meses más. Ignora si las diversas instituciones que estarán en ese parque ya tienen asignados los espacios que les corresponden.
En relación con la ampliación de la carretera a Sierra Papacal, lo cual forma parte del plan, manifestó que el gobierno estatal le informó que ya empezaron esos trabajos, la maquinaria ya está en ese sitio. No se sabe cuándo se concluirá esa obra “pero este año estará muy avanzada”. Ya hemos informado que el gobierno estatal destinó $42.8 millones para esa vía. Los recursos son parte del préstamo que el Poder Legislativo autorizó al Ejecutivo.
En cuanto a la urbanización de las tierras, el entrevistado afirmó que eso se hará “en breve”, pero ignora el monto de la inversión. Explicó que esas acciones consistirán en poner instalaciones eléctricas, hidráulicas, calles, aceras, estacionamientos, tratamiento de aguas residuales, etc.
Respecto a la biblioteca, dijo que se construirá la primera etapa, con $20 millones que dará la Secretaría de Educación Pública. El gobierno estatal decidirá quien se hará cargo de la construcción, cuyo diseño realizó la Facultad de Arquitectura de la UADY.
Ejidatarios en apuros
Ejidatarios de Ucú resienten el rigor de las leyes ambientales y lamentan que aquéllas impidan la venta de sus tierras ejidales, de leña o el desmonte de terrenos para el cultivo de maíz.
Agotadas las reservas de dinero que recibieron por la venta global de 3,581 hectáreas, los ejidatarios de Ucú están desesperados por su sobrevivencia y siguen en espera de que el gobierno del Estado y el comprador particular de Monterrey paguen lo que deben al Ejido.
Sentados en el parque de este pueblo, un grupo de campesinos platicó los pormenores de la detención de Luis Fernando Pérez Escalante, acusado de un fraude cometido en 2003, a quien conocen plenamente porque fue el intermediario entre los ejidatarios y el gobierno del Estado para le venta de 3,000 hectáreas de tierras ejidales de Ucú.
Pérez Escalante también asesoró a los campesinos en la venta de otras 581 hectáreas para un empresario de Monterrey, quien fue identificado como Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán, y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega.
—Salió libre el mismo día. Pero no tiene nada que ver con las tierras de Ucú —comentó Pablo Pinto Tut, uno de los ejidatarios que accedió a proporcionar su nombre durante la entrevista con el reportero.
El encarcelamiento de Pérez Escalante sembró mayores dudas sobre el pago de la deuda del gobierno del Estado y del comprador de Monterrey, quienes adeudan a cada campesino $39,000 y $57,000.
Pérez Escalante ha incumplido varias promesas de pago y su detención levantó el rumor entre los campesinos de que se había quedado con el dinero. Sin embargo, averiguaron y les aclararon que su arresto fue por la venta fraudulenta de una casa, no por la deuda ni por la venta de tierras ejidales.
Los ejidatarios de Ucú esperaban impacientes el retorno de los integrantes de la comisión que ayer se reunió con la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco para tratar el caso Ucú.
La gobernadora citó para ayer, a las 10 horas, en Palacio de Gobierno al comisario ejidal Antonio Euán Dzul, quien acudió con cuatro ejidatarios más.
—No podemos hacer nada con nuestras tierras —lamentó Pinto Tut—. Como Profepa dice que es bosque forestal no nos deja ni vender la leña del monte.
Relataron que la Profepa ha decomisado tres cargamentos de leña y los respectivos camiones por lo que ahora tienen miedo de continuar con esta actividad.
—Salimos al Periférico y nos detienen —señaló Miguel Pech, quien tiene leña para vender y teme transportarla.
Ucú
- Negocio por la venta de tierras ejidales Cada campesino debe recibir del gobierno del Estado $1.019,000, pero sólo les ha dado $980,000: Deuda estatal Los pagos que ya les hizo el Ejecutivo, según los campesinos, fueron tres cheques de $252,000, otro de $105,000, $80,000 y el último de $39,000.Deuda particular El líder y diputado federal priista Enríquez Hernández ofreció pagar $162,000 a cada ejidatario, pero después de dos años aún le adeuda $57,000 a cada campesino.
Incumplimiento El veterano ejidatario Pablo Pinto Tut recordó que el representante del empresario de Monterrey dijo que pagaría antes que el gobierno del Estado, pero hasta la fecha no ha cumplido su palabra.
No es bosque Pablo Pinto manifestó que los terrenos de Ucú no son bosques forestales y sólo los perjudica la Profepa.
Próximos cambios al “corazón de las reformas en seguridad”
El próximo mes se enviará al Congreso del Estado la iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Penales, que será “el corazón de toda la reforma constitucional en seguridad y justicia”, indica el abogado Gabriel Zapata Bello.
El profesional, secretario ejecutivo de la Comisión de seguimiento y evaluación del desarrollo de las reformas constitucionales en materia penal y de seguridad, señala que entre esas modificaciones está crear nuevos jueces, prisiones extramuros, juicios orales y “otros cambios trascendentes”.
Esta iniciativa, añade, será la primera prueba de fuego para los nuevos diputados locales.
En entrevista en las oficinas de dicha Comisión, recuerda que el 8 de abril el Congreso del Estado aprobó “las últimas e históricas reformas constitucionales en justicia y lo penal”, con cambios importantes que incluirá modificaciones a 17 leyes secundarias, algunas de las cuales tienen que hacerse este año.
Entre las primeras están modificaciones al Código de Procedimientos Penales, con trabajos ya avanzados que el próximo mes se turnarían al Congreso del Estado.
Para reformar este código, explica, se tomó como base el Código Modelo de la Comisión Nacional de Tribunales.
Los principales cambios consisten en la oralidad en los juicios, la inmediación y el requisito de que en el proceso contra alguna persona debe estar presente un juez, pues de lo contrario no será valida la diligencia.
En la figura procesal habrá tres tipos de jueces. El primero será el de control, que vigilará la legalidad, desde la detención del sujeto hasta su vinculación (ahora se maneja consignación), en caso de no existir un arreglo con la otra parte ya sea por mediación o reparación del daño.
Si no se soluciona el caso con el juez de control, se procederá a vincularlo a un juez para hacerle un juicio oral.
Este procedimiento en Oaxaca se hace con un órgano colegiado (de tres jueces) y en Chihuahua es unitario. Lo más probable es que en Yucatán sea también sólo un juez en esta segunda fase.
Zapata Bello aclara que hacer un juicio oral no significa, como en Estados Unidos, que será ante un jurado, sino ante un juez, el de vinculación, que dictará la sentencia del acusado.
Entonces entra el tercer juez, el de ejecución de sentencia, que vendrá a sustituir la función del director de readaptación social.
Otro cambio es que se propicia la sustitución de prisión por castigos extramuros, cumplimiento de condenas en casa o con trabajos comunitarios.
Se incorpora el juicio abreviado, donde a quien confiese su culpa se le impone sólo un tercio de la sanción mínima corporal, siempre y cuando no se trate de delitos graves.
Se rompe el monopolio del Ministerio Público para consignar expedientes.
De manera particular directamente el afectado puede acudir al juez de vinculación, sin pasar por la fiscalía.
Piden justicia por la agresión a un párroco
Carta de los vecinos de la colonia Santa Rosa que piden justicia por la agresión al párroco Róger Castilla Segura:
Numerosos fieles de la parroquia Santa Rosa de Lima solicitan atentamente a las autoridades de la ciudad de Mérida y del Estado de Yucatán, intervenir a fin de que un grupo de jóvenes ebrios que le faltaron al respeto al párroco Róger Castilla Segura y a dos integrantes de la Unión de Católicos Mexicanos (UCM) que lo acompañaban, cesen en ese tipo de hostigamientos hacia los representantes de la iglesia católica.
HECHOS:
La mañana del domingo 6 de junio, el P. Róger Castilla, al salir de la casa cural que habita, ubicada en la calle 46 por 99, a eso de las 7:00 horas y caminar rumbo a la parroquia a su cargo para celebrar la Eucaristía dominical, fue insultado -junto a dos representantes de la UCM- por un grpo de jóvenes en evidente estado de ebriedad, que estaba ingeriendo bebidas embriagantes en plena calle.
Al llegar a la parroquia, el párroco informó a los fieles de la molesta situación y los invitó para que fueran en grupo a pedir el respeto que merece toda persona, en especial si representa a una comunidad de fieles.
Entonando cánticos de tipo religioso, un numeroso grupo de feligreses llegó hasta donde estaba aún el grupo de jóvenes con evidentes muestras de ebriedad, a quienes pidieron que tengan más respeto.
Aún así, ese grupúsculo de jóvenes y muchachitas persistieron en la burla hacia la religión, de la que hicieron mofa, pero lo más grave del asunto fue que amenazaron al sacerdote y argumentaron que nadie les podía hacer ningún reclamo, ya que eran "protegidos de Angélica Araujo".
Y por desgracia, patrullas estatales que pasaron por el lugar no respondieron totalmente al llamado de las personas que acompañaban al sacerdote, e hicieron caso omiso de las solicitudes para que llamaran la atención a los jóvenes rijosos, aunque ofrecieron estar al pendiente, y en caso dado, deternerlos si salían de la casa adonde se metieron.
Ante dicha situación, la feligresía de Santa Rosa de Lima eleva su más enérgica protesta ante las autoridades de Mérida y de Yucatán, pues no es posible dejarla pasar por alto, ya que con ello se daría pie a futuras agresiones de todo tipo, no sólo contra un ministro religioso, sino contra cualquier fiel que muestre su pertenencia a la Iglesia de Dios.
Por otro lado, solicitamos atentamente a las futuras autoridades, no dejarse llevar por pequeños grupos que quieren tener "poder", amparados en una supuesta "protección" de futuras altas autoridades.
Y derivado de toda esta situación, representantes de capillas, grupos y movimientos apostólicos de la Parroquia de Santa Rosa de Lima, hacemos culpables de cualquier daño que pudieran sufrir las instalaciones, los fieles y el párroco de Santa Rosa de Lima, a manos de esos jóvenes que en evidente estado etílico molestan y agreden a quienes pasan por ese lugar.
A nombre de todos los fieles de la parroquia, suscriben la presente diversos representantes de grupos, movimientos apostólicos y de las capillas de la comunidad de Santa Rosa de Lima.
Ángel Fernando López Nájera, Míriam Alcántara Correa, Adriana Ramírez Rodríguez, Emeterio Mis Canul, Pablo Antonio González, Secundino Chan Ramírez, Filiberto Dziú Padilla, Diego Manuel Coral Pérez, Elsy Vázquez Rodríguez, Claudio Wilfrido Ramírez Estrada y Sixto Javier Rodríguez Silveira. Mérida, Yucatán.
Advierten que una ley aún es “letra muerta”
En materia de transporte urbano la Ley de Integración para personas con Discapacidad todavía es letra muerta, manifestó la ex candidata del PAN a la alcaldía Beatriz Zavala Peniche al recibir a un grupo de personas que ayer por la tarde se presentó a sus oficinas para denunciar presuntos malos tratos en ese servicio.
La senadora con licencia recibió a Jesús Antonio Fuentes Moguel y Geny y Christian Guadalupe Euán Estrella, quienes denunciaron discriminación y malos tratos de choferes de la Alianza de Camioneros de Yucatán, se informa en un boletín.
—El transporte es un servicio público y lo que sufre esta familia es el reflejo de un sistema que obliga a los choferes a cumplir un horario y generar las mayores ganancias posibles, de modo que se ven forzados a no dar parada, no sólo a discapacitados sino a estudiantes y personas de la tercera edad que sólo pagan media tarifa —agregó la ex candidata.
Los denunciantes expusieron que pese a contar con la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, los operadores de las rutas 60 Penal, Granjas y Emiliano Zapata Sur, entre otras, no les respetan la tarifa.
—No podemos esperar los autobuses juntos, porque en nuestra cara manifiestan su molestia de recibir a dos discapacitados —manifestaron Genny y Christian Euán Estrella, quienes solicitaron a Beatriz Zavala su intervención para ayudarlos a conseguir que se respeten sus derechos como ciudadanos.
Jesús Fuentes y Cristian Euán, quienes tienen hidrocefalia y discapacidad intelectual, respectivamente, dicen que en cualquier autobús que aborden sucede lo mismo y están cansados de esa situación. Además, agregan que cuando los conductores ven que los usuarios del transporte son adultos mayores o personas especiales se siguen de largo, sin que les den parada.
Beatriz Zavala hizo un llamado a las autoridades de transporte para que tomen medidas al respecto y ya no les falten al respeto a las personas con discapacidad.
Según el comunicado, la ex candidata advirtió que aunque las campañas políticas ya terminaron, hay compromisos ineludibles con los ciudadanos que demandan respuesta inmediata.
Por ello, agregó, pidió al titular de Transporte del gobierno del Estado, Henry Sosa Marrufo, que a esta familia le sean reconocidos sus derechos como discapacitados ante las empresas de transporte urbano que utilizan en esta ciudad.
Angélica Araujo “le roba cámara” a Ivonne Ortega
En el primer encuentro oficial entre la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y la alcaldesa electa de Mérida, Angélica Araujo Lara, ésta última se convirtió ayer, por unas horas, en el principal centro de atención del Palacio de Gobierno, desplazando a la jefa del Ejecutivo.
Angélica Araujo declaró que entre las principales peticiones que hizo a la gobernadora está incluirla, a partir del 1 de julio cuando asuma la alcaldía, en los trabajos relacionados con el transporte público.
“También pedimos que considere para el transporte mi propuesta de reducir parte de las tarifas de $3 a $2.50, como apoyo social, mediante un subsidio”.
La gobernadora dijo que le pareció interesante construir un hospital en el sur de Mérida, con una mezcla de recursos, así como hacer más carriles de desaceleración en el Periférico.
La alcaldesa electa llegó al Palacio de Gobierno a las 10 de la mañana y de inmediato la recibió la gobernadora, en una reunión que duró hora y media.
- Encuentro oficial de la alcaldesa electa y la gobernadora
- El transporte, un tema prioritario
- Impugnaciones al Tribunal Federal
Como no había sucedido en los últimos años por las diferencias de partidos, ayer la alcaldesa electa Angélica Araujo Lara y la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, dos grandes amigas, tuvieron su primer encuentro oficial, antes de la toma se posesión de la primera.
No hubo reclamaciones y tampoco temas que causaran fricción. Fue, ante todo, una reunión cordial y los temas fueron deshilvanándose como una madeja de hilo. Entre ellos estuvo el transporte, asunto prioritario.
Alarmante pérdida de empleos en Mérida
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) indicó que desde febrero pasado muchas obras de infraestructura pública se suspendieron al parecer por el proceso electoral que se vivió en la entidad y que culminó el 16 de mayo.
''Al no haber inversiones estatales, federales y municipales, no se generan empleos y los que no encuentran oportunidad de laborar en alguna empresa o pierden su empleo se van al comercio informal que va al alza sobre todo en Mérida'', lamentó.
Recordó que en días pasados los representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) tuvieron una reunión en Yucatán, donde el sector lleva más de 20 meses consecutivos cerrando con números rojos.
''Ese es el indicador más contundente de que hay que acelerar la aplicación de recursos en infraestructura o de lo contrario no se recuperará el empleo perdido por la crisis de 2009'', advirtió, y convocó a los tres niveles de gobierno a generar la derrama económica que propicie la generación de nuevas plazas.
Según cifras proporcionadas por el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2009 el índice de desempleo local era de 2.5 por ciento de la Población Económicamente Activa.
''En el primer semestre de 2010 está llegando casi al tres por ciento, o sea se están perdiendo empleos, no se están generando y eso es digno de preocupación'', reportó.
''La iniciativa privada se ha visto afectada, pues si bien es cierto que conserva las plazas laborales, también es verdad que no hay estímulos económicos especialmente para las micro y pequeñas empresas que son las que más empleo generan'', agregó.
Rodríguez Campos planteó la necesidad de que las autoridades federales y estatales combatan el desempleo y se ponga así un freno al comercio informal.
''Nos damos cuenta en el crecimiento del comercio informal que no genera empleos ni paga impuestos, si no hay estímulos fiscales la economía formal no puede crear empleo, a menos que los tres niveles de gobierno ayuden con el desarrollo de infraestructura'', expuso.
''Hay que hacer algo en verdad porque al ritmo que vamos pronto alcanzaremos los niveles de desempleo del cuatro y cinco por ciento, algo que no se había visto en Yucatán en mucho, pero mucho tiempo'', advirtió.
La pobreza, mal atacada
También señaló que una de las dificultades para el crecimiento económico de México es que la nación permanece secuestrada por los partidos políticos, mismos que destinan cuantiosos recursos económicos “al burdo y mezquino proselitismo propio” y dejan las migajas a la gente.
Beatriz Castilla, especialista en sociología y antropología social y perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, planteó esos y otros conceptos sobre el panorama económico y social de México, en un foro internacional en Francia.
Esa reunión se tituló “El espíritu de la Innovación”, y fue organizada por la Escuela Superior de Comercio y Administración de la Universidad de Wesford, en Grenoble; la Universidad del Litoral de la Costa de Opalo y la Red de Investigación sobre la Innovación.
El tema general del encuentro fue “Trabajo, capital y saberes en la mundialización”.
La investigadora tuvo ahí dos intervenciones, una de éstas junto con la doctora Beatriz Torres Góngora, también investigadora de la Uady, con la cual presentó la ponencia “Crisis mexicana y sus repercusiones en la inversión extranjera directa. El caso de las maquiladoras de Yucatán”.
Ese trabajo, que fue expuesto en la mesa sobre Mundialización y los Atractivos para la Inversión, muestra la drástica caída de la inversión extranjera con el cierre de empresas “por la falta de apoyos gubernamentales”. —Esto derivó en la pérdida de empleos que dejan a la población trabajadora y a sus familias a la intemperie al no contar con otras alternativas de trabajo por la desidia en torno al desarrollo endógeno, cuyas fortalezas posee el pueblo yucateco y el país.
En su otra participación, en la mesa panel inaugural, la doctora Castilla debatió con otros especialistas, de los que una parte consideró pesimistas las apreciaciones que hizo sobre México y Yucatán.
—El doctor en economía y finanzas Francisco Andrade Pinto, de la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas, en Río de Janeiro, dijo que México y Brasil tienen características comunes. Y considera que a pesar de los múltiples problemas que tiene México, cuenta con los recursos para ser una potencia emergente, siempre que no sustente su política en el populismo.
—En esto último estuvimos de acuerdo, debemos erradicar el populismo si queremos avanzar.
Ivonne Ortega manifiesta respeto a la autonomía municipal
Luego de la reunión, la titular del Poder Ejecutivo manifestó su absoluto respeto a la autonomía municipal y señaló que su administración mantendrá una relación de trabajo coordinado con el próximo Ayuntamiento de Mérida, así como lo ha venido haciendo y lo hará con las autoridades de los otros 105 municipios.
Durante el encuentro, que duró poco más de una hora, se abordaron temas relacionados con servicios de salud, agua potable, transporte y vialidades, de manejo de los residuos sólidos, rescate del Centro Histórico, entre otros, que benefician a los habitantes de la capital yucateca y la zona conurbada.
Al respecto, Ortega Pacheco calificó como interesantes las propuestas presentadas por la próxima presidenta municipal de Mérida, quien entrará en funciones el próximo 1 de julio, por lo que consideró necesario analizar la viabilidad de cada una de ellas, a fin de llevarlos a cabo de manera coordinada.
Para ello, la Gobernadora instruyó a los titulares de las diferentes dependencias estatales que tiene que ver con esos temas para que puedan concretar agendas conjuntas en donde se puedan trabajar dichas propuestas.
A su vez, la alcaldesa electa de de Mérida destacó la importancia que tiene el respaldo del Gobierno del Estado para la realización de una serie de proyectos que beneficiarán a los habitantes de esta ciudad y la zona metropolitana.
“La Gobernadora recibió con agrado e interés cada una de nuestras propuestas y trabajaremos de manera coordinada con la administración estatal para la consecución y realización de estos planes”, puntualizó.
Un adiós esperado del PAY
El Partido Alianza por Yucatán (PAY) que surgió entre las convulsiones políticas del Estado en el año 2000, con el desacato a la Federación y el intento de imposiciones de varios consejos electorales, desaparecerá en los próximos días, tras costarle más de $15 millones al Estado.
En aquel entonces fueron dos los institutos políticos regionales: el Partido Yucateco (PY) —desaparecido en 2007— y el PAY, que compitieron en las elecciones contra los partidos nacionales —PAN, PRI, PRD y PVEM, entre otros—.
Pobre participación
En el caso del PAY, según su historial, su participación electoral fue siempre pobre, y para mantener su registro y los apoyos económicos que recibió del gobierno del Estado siempre tuvo que ir en alianza o coaligado con el PRI, hasta esta última elección en la que participó solo y perdió su registro.
El 16 de mayo, en la elección para diputados, recibió apenas el .34% de la votación total y la ley exige al menos el 1.5% para conservar el registro y mantener sus prerrogativas económicas.
Esta semana empezaría el proceso para cancelar el registro del Partido Alianza por Yucatán y su liquidación, indicó el consejero electoral Ariel Aldecua Kuk.
Como resultado de las elecciones del 16 de mayo, el PAY ya no cumple los requisitos que marca la ley para conservar su registro y perderá también sus prerrogativas económicas.
La ley exige que los partidos obtengan al menos 1.5% de la votación total de diputados —que fue de 860,129 sufragios—, para conservar el registro y prerrogativas, y el PAY apenas llegó al .34%, con sólo 2,959 sufragios.
Esta semana sesionaría el Consejo General Electoral del Estado para emitir un acuerdo en el cual se le indicará a ese partido que tiene 10 días para que alegue lo que corresponda por la cancelación de su registro.
Por este plazo, ese partido podría cobrar este mes su última prerrogativa económica.
Pasado ese plazo de 10 días —continuó el consejero—, si no presentase alguna alegación, el Consejo dispondrá de hasta 40 días más —esperan hacerlo en mucho menos— para resolver en definitiva la cancelación del registro.
Luego, la Unidad Técnica de Fiscalización del Ipepac iniciaría su liquidación.
Desaparece la “policía política”
En su lugar, la SSP opera una amplia red de inteligencia policial, que más que un cuerpo especial es un sistema o red dirigida al combate de la delincuencia, la prevención del delito y la detección de posibles “focos rojos“ en la seguridad y en los ámbitos social y hasta político.
Los antiguos integrantes de la policía de civil —denominada por la oposición como “policía política”— han sido uniformados y enviados a la vigilancia en comisarías meridanas, aunque otros fueron transferidos a la secretaría general de Gobierno, donde continúan operando como tales.
Según se averiguó, la decisión de desaparecer a la policía de civil fue tomada por el alto mando de la corporación debido a que los “informadores” que formaban parte de este grupo realizaban una labor poco profesional e inoperante, que consistía básicamente en acudir a mítines, ruedas de prensa, plantones y otros movimientos sociales a tomar nota.
Empero, la mayoría de ellos carecía de una instrucción especial, así que los reportes a veces no eran fidedignos o eran interpretaciones alejadas de la realidad.
Además, “todo mundo” los conocía, de manera que no operaban como una verdadera “policía secreta“.
Trascendió que ahora el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, encabeza y opera personalmente esta red de inteligencia policial, en la que no sólo intervienen policías, sino que también colaboran personas “comunes y corrientes” de la sociedad, como meseros, taxistas, bailarinas y vendedores ambulantes, entre otras personas.
El sistema ha dado buenos resultados, pues permitió, por ejemplo, ubicar residencias y casas de seguridad de los carteles de la droga después de las narcoejecuciones ocurridas en 2008.
Con este sistema, según se comentó, la intervención de líneas telefónicas no es necesaria, pues se pueden “rastrear” llamadas sin recurrir a lo ilícito.
Si bien, para lograr esto la SSP recurre a métodos polémicos o poco ortodoxos, pero que cuentan con el visto bueno de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
De hecho, esa dependencia federal capacitó el año pasado en materia de seguridad e inteligencia policial a dos agentes de élite de la SSP. uno de ellos hijo del ex comandante Carlos Ruiz Lizarraga “El Payaso”.
Para mantener operando esta red, la SSP ofrece algunas concesiones a quienes apoyan con información, pero en muchas ocasiones los “informantes” ignoran el destino de sus reportes, pues han sido contactados cuidadosamente por enviados del alto mando policial.
Saidén Ojeda dirige personalmente las pesquisas y generalmente él decide dónde y a quién buscar en casos de asaltos u homicidios, incluso muchas detenciones importantes han sido resultado de sus pesquisas realizadas a través de su sistema de inteligencia policíaca.