Publicada: 12 agosto 2011
"Los diputados del PRI habían sido muy cuidadosos en el procedimiento sobre la solicitud de juicio político a la alcaldesa Angélica Araujo Lara, pero en su prisa por querer exculparla cometieron una grave falta", afirma Blanca Estrada Mora, presidenta de la Fecuy.
"La Comisión de Puntos Constitucionales había seguido el 'librito' con el trámite y los plazos, pero se le cayó en el dictamen, ya que usurpó funciones que le corresponden a la Comisión Instructora, que es la que determina si existe la presunta responsabilidad de la acusada", asegura la ex diputada priista.
"De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Comisión de Puntos Constitucionales debió limitarse a analizar y resolver si la acusación se sustenta en una o varias de las ocho causales que dice la norma para darle curso a la solicitud de juicio político, pero se extralimitó al abrogarse facultades de la Comisión Instructora", recalca la profesora Estrada Mora.
"Emitió juicios que están fuera de su ámbito, como por ejemplo aseverar que no es culpa de la alcaldesa que no haya intervenido la policía municipal porque la glorieta de Montejo está fuera de la jurisdicción de esa corporación y, además de que no entró porque se trataba de un conflicto entre particulares, eso no le corresponde decirlo a esa Comisión, no es la autoridad competente", subraya la única ciudadana que ratificó la solicitud de juicio político.
"Hay 20 denuncias en la Fiscalía General del Estado que no han procedido, no hay un fallo de un juez, así que la Comisión no puede decir en su dictamen que se trató de un conflicto entre particulares, sólo repitieron lo que dijo la titular del Ejecutivo (Ivonne Ortega Pacheco).
"Los que estuvimos allá sabemos que la golpiza fue orquestada y ejecutada desde el poder y aún cuando hubiera sido un conflicto entre particulares los hechos violentos ocurrieron en la vía pública y la autoridad tanto estatal como municipal está obligada por ley a preservar la seguridad de los ciudadanos.
"No es pretexto decir que la policía municipal llega hasta la Avenida Colón, pues ocurrió en territorio de Mérida y en este caso la alcaldesa estaba obligada a pedir la intervención de la policía estatal. Es un claro caso de omisión y el juicio político procede no sólo en caso de violaciones a la ley sino también en casos de omisiones.
"Ya esperaba esto de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero sus integrantes no puede exculpar a la alcaldesa. Es una muestra de que no se respeta la ley y de cómo campea la impunidad en Yucatán", enfatiza la ex diputada, quien recuerda que han procedido dos juicios políticos en Yucatán, ambos contra alcaldes del PRI.
