Noticias de Yucatán
(desvío, corrupción, despilfarro, fao. onu)
De acuerdo con fuentes cercanas al programa, no sólo no se cumplió el convenio sino que el Ejecutivo local desvió los recursos federales que recibió para ese fin, pues los canalizó a proyectos que nada tienen que ver con los trabajos que atendía el Pesa en 16 municipios yucatecos con grados de marginación mediana, alta y muy alta.
En total, mediante ese programa de la ONU este año se esperaba ejercer once millones de pesos, producto de una mezcla de recursos federales y estatales. De esa suma, $6.500,000 serían para proyectos productivos y $4.500,000 para tres agencias de desarrollo rural (se les identifica con las siglas ADR) involucradas en el proceso de asistencia técnica y capacitación a las comunidades beneficiadas.
Hasta 2010, Pesa impulsó una serie de trabajos en comunidades pobres mediante tres "campos de acción": hogar, alimentación e ingreso. Ese año resultaron atendidas 1,754 familias con proyectos como "Estufas ahorradoras de energía", "Producción de huevo y carne de pollo en traspatio", "Producción y comercio de artesanías (bordados)" y "Establecimiento de cajas de ahorro y préstamo comunitario".
(desvío, corrupción, despilfarro, fao. onu)
Publicada: 8 septiembre 2011
El Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (Pesa), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), quedó prácticamente cancelado este año en Yucatán debido al incumplimiento de un convenio del gobierno del Estado con la Federación.
El 75 por ciento de los $11 millones son aportación federal que sí llegó, por conducto de la Sagarpa, y fue ejercido por la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero. Los datos recabados apuntan a que no se canalizó ningún recurso a las tres agencias ADR y tampoco a los proyectos que habitualmente financia el programa Pesa en Yucatán.
Salen afectados los más pobres
Consecuencias del incumplimiento con un plan de la FAO Publicada: 8 septiembre 2011
Consecuencias del incumplimiento con un plan de la FAO Publicada: 8 septiembre 2011
El Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (Pesa) de la FAO considera a Tahdziú como el municipio de más alta marginación en Yucatán, seguido de Mayapán, Chemax y Cantamayec, en ese orden.
Esas cuatro comunidades figuran entre los 16 municipios afectados por la paralización del programa en la entidad, a causa del incumplimiento de un convenio del Ejecutivo local con la Federación. Los demás son Yaxcabá, Chankom, Chichimilá, Tixcacalcupul, Kaua, Temozón, Tekom, Chikindzonot, Uayma, Cuncunul, Tinum y Valladolid.
Como indicamos en la primera página, el Pesa opera con una mezcla de recursos federales y estatales. Inició sus operaciones en Yucatán en 2003 y es la primera vez que se enfrenta a problemas para su operación.
La Federación está obligada, por ley, a depositar sus recursos en los Fideicomisos de Fomento Agropecuario del Estado (Fofae) "sin la necesidad de aportación estatal en contrapartida", aunque se deben firmar convenios de coordinación entre los gobiernos locales y la Sagarpa. Este año se esperaba en Yucatán un ejercicio de $11 millones, que están muy lejos de las sumas destinadas a otros estados.
En 2010, por ejemplo, a Guerrero se le canalizaron $630 millones, y a Oaxaca y Chiapas, $375 millones cada uno.
El Pesa es una estrategia diseñada para trabajar con familias y grupos de las zonas más marginadas del país. Su objetivo es "desarrollar las capacidades de las personas" para transformar a éstas en "las principales actoras" de su entorno, de tal forma que solucionen sus problemas de alimentación y propicien la reducción de la pobreza.
Este año no se incluyeron apoyos económicos en el Anexo Técnico del Presupuesto, en el cual se plasma el destino de los fondos de coinversión de la Sagarpa y la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, que sí recibió recursos federales.
Como indicamos en la primera página, el Pesa opera con una mezcla de recursos federales y estatales. Inició sus operaciones en Yucatán en 2003 y es la primera vez que se enfrenta a problemas para su operación.
En 2010, por ejemplo, a Guerrero se le canalizaron $630 millones, y a Oaxaca y Chiapas, $375 millones cada uno.
