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Ayer se le dio primera lectura al dictamen que pretende sancionar a las personas que llamen de broma al 911
Culiacán, Sin.- En el primer trimestre del año en Sinaloa, el número de emergencias 911 recibió 654 mil 456 llamadas, de estas, solo procedieron 78 mil 678 atenciones, según cifras de la Secretaría de Gobernación.
Esto quiere decir que se realizaron 575 mil 778 llamadas falsas, que fueron de broma, o bien, por diversas circunstancias no procedían. Así pues, el 88 por ciento de las llamadas no terminaron en una atención y solo el 12 por ciento llegaron a buen término.
A nivel nacional, de los 19 millones 101 mil 757 llamadas que resultaron improcedentes en el primer trimestre de 2018, destaca que el 31 por ciento de las personas que estaban detrás del teléfono se quedaron mudos; el 22 por ciento corresponden a registros incompletos, es decir, no se terminó con la llamada.
Además, destaca que por bromas de menores de edad, al menos el 22 por ciento de los registros no procedieron.
Es decir, 4 millones 227 mil 352 llamadas fueron realizadas por menores de edad con el único fin de hacer bromas, cifras globales a nivel federal.
Van por penas
Ante esto, ayer se dio primera lectura al dictamen que nace a propuesta de la diputada Karina Millán Bueno, diputada del PRI.
El documento que pasó a segunda lectura y posible aprobación, establece enviar a la cárcel a quienes hagan llamadas falsas a los números de emergencias, en este caso el 911.
El dictamen establece que toda persona que ocasione por error la movilización de los cuerpos de emergencias se le impondrá una sanción de tres a seis meses de prisión, además de 18 a 36 días de multa.
Pero van más allá; cuando por estos hechos se provoquen daños o, bien, se altere el orden público, podrá pasar de uno a dos años en prisión, y 72 a 200 días de multa. Si una de estas personas reincide, se podrían ir hasta cuatro años a la cárcel y pagar una multa correspondiente hasta 400 días de multa.
Para niños menores de edad, establece que se aplicará la ley en el marco que comprende la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ayer se le dio primera lectura al dictamen que pretende sancionar a las personas que llamen de broma al 911
Culiacán, Sin.- En el primer trimestre del año en Sinaloa, el número de emergencias 911 recibió 654 mil 456 llamadas, de estas, solo procedieron 78 mil 678 atenciones, según cifras de la Secretaría de Gobernación.
Esto quiere decir que se realizaron 575 mil 778 llamadas falsas, que fueron de broma, o bien, por diversas circunstancias no procedían. Así pues, el 88 por ciento de las llamadas no terminaron en una atención y solo el 12 por ciento llegaron a buen término.
A nivel nacional, de los 19 millones 101 mil 757 llamadas que resultaron improcedentes en el primer trimestre de 2018, destaca que el 31 por ciento de las personas que estaban detrás del teléfono se quedaron mudos; el 22 por ciento corresponden a registros incompletos, es decir, no se terminó con la llamada.
Además, destaca que por bromas de menores de edad, al menos el 22 por ciento de los registros no procedieron.
Es decir, 4 millones 227 mil 352 llamadas fueron realizadas por menores de edad con el único fin de hacer bromas, cifras globales a nivel federal.
Van por penas
Ante esto, ayer se dio primera lectura al dictamen que nace a propuesta de la diputada Karina Millán Bueno, diputada del PRI.
El documento que pasó a segunda lectura y posible aprobación, establece enviar a la cárcel a quienes hagan llamadas falsas a los números de emergencias, en este caso el 911.
El dictamen establece que toda persona que ocasione por error la movilización de los cuerpos de emergencias se le impondrá una sanción de tres a seis meses de prisión, además de 18 a 36 días de multa.
Pero van más allá; cuando por estos hechos se provoquen daños o, bien, se altere el orden público, podrá pasar de uno a dos años en prisión, y 72 a 200 días de multa. Si una de estas personas reincide, se podrían ir hasta cuatro años a la cárcel y pagar una multa correspondiente hasta 400 días de multa.
Para niños menores de edad, establece que se aplicará la ley en el marco que comprende la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.
