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Junto a otras seis mujeres, Ofelia Plascencia mira la pantalla de una computadora, donde una tras otra aparecen las imágenes de personas muertas con los detalles de sus tatuajes, de su ropa y de algunas marcas particulares en el cuerpo.
Durante una hora en que duró ante el mostrador intenta mantener toda su atención en aquellas imágenes terribles y se concentra en los detalles; en tratar de reconocer algo de su novio Fernando, de quien no sabe nada desde marzo pasado.
Como la mayoría de las personas que buscan a sus desaparecidos, Ofelia esperó por más de cuatro horas en una pequeña sala del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y cuando le toca su turno cerca del medio día del pasado lunes pasó con las mujeres del colectivo Por Amor a Ellxs para revisar las fotos digitalizadas. Sin embargo, esta es la primera vez en los sies meses de búsqueda que tiene acceso en el forense a los archivos que corresponden a las fechas en que desapareció la persona a la que busca.
El edificio del IJCF es prácticamente un búnker que atiende de 8 a 8. Para entrar a hacer una búsqueda hay que registrarse, dejar una identificación, colocarse un gafete bajo una estricta vigilancia. Luego se llega a la sala de espera (llena desde el viernes pasado) y hablar con los prestadores de servicio social, quienes son los que entregan los turnos.
La mayoría de servicio social son jóvenes y de buen trato con los familiares; les preguntan si es la primera vez que se hace la búsqueda, toman datos y distribuyen el paso a los cubículos de búsqueda en un proceso que desde la entrada a la salida es de más de cuatro horas.
Mientras, Ofelia y las otras mujeres revisan las fotos, en una oficina contigua, las personas que no pertenecen a ningún colectivo de familiares de personas desparecidas son atendidos de forma individual para mostrarles carpetas con fotos y fichas, en su mayoría descuidadas y en mal estado que tienen apiladas en donde se puede.
Desde el 26 de marzo pasado, Ofelia busca a Fernando Acevedo, su novio, y acude cada semana al IJCF para ver si aparece su cuerpo. Ha visitado la morgue en 25 ocasiones; siempre en compañía de la madre de Fernando, pero apenas el lunes pasado fue la primera vez que le abrieron los archivos; a su suegra le tomaron muestras de saliva para realizar pruebas de ADN y le ofrecieron entregarle los resultados el viernes.
“Antes no había nada de movimiento y ahora ya lo hay. Yo creo que es porque presionamos al gobierno, pero es primera vez que nos muestran fotos desde el tiempo que desapareció nuestro familiar hasta la fecha”, dice mientras se sienta a la sombra de un tabachín, en la pequeña plazoleta que hay afuera del Instituto, y en la que decenas de familiares esperan impacientes que la dependencia les brinde alguna información.
En otro punto del forense, Malena Calderón, quien desde el 2 de marzo de 2016 busca a su padre, Mario, y a su hijo, Alejandro, ha entrado también al IJCF, donde al menos hay otras 30 personas antes que ella para realizar revisión de imágenes: “va para largo”, le dice por teléfono a su esposo y a su hija, que la esperan afuera del lugar.
Ha esperado más de año y medio para que las autoridades estatales le entreguen los resultados de la prueba ADN que le hicieron tras presentar la denuncia; pero no se ha quedado quieta y busca por su cuenta, presiona y está al pendiente de las investigaciones, así es como se ha dado cuenta que la coordinación entre instancias federales y estatales para buscar a las personas desaparecidas es prácticamente nula.
En tres ocasiones asistió a las jornadas de toma de muestras de ADN que hace la policía científica de la Policía Federal en los estados, en las tres ocasiones ha interrogado a los agentes sobre el trabajo que hacen y en tres ocasiones ha obtenido información desalentadora: “señora, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero si las fiscalías de los estados no nos mandan la información que tienen, no tenemos nada con qué comparar estas muestras”.
Así, buscando y presionado, se dio cuenta también de que la alerta por el robo del vehículo en que viajaban su padre y su hijo el día en que fueron privados de la libertad en Zapopan, se emitió casi dos años después de que ocurrieron los hechos.
Ella sigue con la esperanza de encontrarlos vivos, pero sabe que si eso ocurre, no será por el trabajo de las autoridades, que con burocracia y displicencia aumentan la incertidumbre.
Fuente: El universal
Durante una hora en que duró ante el mostrador intenta mantener toda su atención en aquellas imágenes terribles y se concentra en los detalles; en tratar de reconocer algo de su novio Fernando, de quien no sabe nada desde marzo pasado.
Como la mayoría de las personas que buscan a sus desaparecidos, Ofelia esperó por más de cuatro horas en una pequeña sala del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y cuando le toca su turno cerca del medio día del pasado lunes pasó con las mujeres del colectivo Por Amor a Ellxs para revisar las fotos digitalizadas. Sin embargo, esta es la primera vez en los sies meses de búsqueda que tiene acceso en el forense a los archivos que corresponden a las fechas en que desapareció la persona a la que busca.
El edificio del IJCF es prácticamente un búnker que atiende de 8 a 8. Para entrar a hacer una búsqueda hay que registrarse, dejar una identificación, colocarse un gafete bajo una estricta vigilancia. Luego se llega a la sala de espera (llena desde el viernes pasado) y hablar con los prestadores de servicio social, quienes son los que entregan los turnos.
La mayoría de servicio social son jóvenes y de buen trato con los familiares; les preguntan si es la primera vez que se hace la búsqueda, toman datos y distribuyen el paso a los cubículos de búsqueda en un proceso que desde la entrada a la salida es de más de cuatro horas.
Mientras, Ofelia y las otras mujeres revisan las fotos, en una oficina contigua, las personas que no pertenecen a ningún colectivo de familiares de personas desparecidas son atendidos de forma individual para mostrarles carpetas con fotos y fichas, en su mayoría descuidadas y en mal estado que tienen apiladas en donde se puede.
Desde el 26 de marzo pasado, Ofelia busca a Fernando Acevedo, su novio, y acude cada semana al IJCF para ver si aparece su cuerpo. Ha visitado la morgue en 25 ocasiones; siempre en compañía de la madre de Fernando, pero apenas el lunes pasado fue la primera vez que le abrieron los archivos; a su suegra le tomaron muestras de saliva para realizar pruebas de ADN y le ofrecieron entregarle los resultados el viernes.
“Antes no había nada de movimiento y ahora ya lo hay. Yo creo que es porque presionamos al gobierno, pero es primera vez que nos muestran fotos desde el tiempo que desapareció nuestro familiar hasta la fecha”, dice mientras se sienta a la sombra de un tabachín, en la pequeña plazoleta que hay afuera del Instituto, y en la que decenas de familiares esperan impacientes que la dependencia les brinde alguna información.
En otro punto del forense, Malena Calderón, quien desde el 2 de marzo de 2016 busca a su padre, Mario, y a su hijo, Alejandro, ha entrado también al IJCF, donde al menos hay otras 30 personas antes que ella para realizar revisión de imágenes: “va para largo”, le dice por teléfono a su esposo y a su hija, que la esperan afuera del lugar.
Ha esperado más de año y medio para que las autoridades estatales le entreguen los resultados de la prueba ADN que le hicieron tras presentar la denuncia; pero no se ha quedado quieta y busca por su cuenta, presiona y está al pendiente de las investigaciones, así es como se ha dado cuenta que la coordinación entre instancias federales y estatales para buscar a las personas desaparecidas es prácticamente nula.
En tres ocasiones asistió a las jornadas de toma de muestras de ADN que hace la policía científica de la Policía Federal en los estados, en las tres ocasiones ha interrogado a los agentes sobre el trabajo que hacen y en tres ocasiones ha obtenido información desalentadora: “señora, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero si las fiscalías de los estados no nos mandan la información que tienen, no tenemos nada con qué comparar estas muestras”.
Así, buscando y presionado, se dio cuenta también de que la alerta por el robo del vehículo en que viajaban su padre y su hijo el día en que fueron privados de la libertad en Zapopan, se emitió casi dos años después de que ocurrieron los hechos.
Ella sigue con la esperanza de encontrarlos vivos, pero sabe que si eso ocurre, no será por el trabajo de las autoridades, que con burocracia y displicencia aumentan la incertidumbre.
Fuente: El universal
