Víctor Chan Martín sociólogo e integrante de la Red de
Protección a la Infancia (RPI) en Yucatán, indicó que la explotación sexual
infantil en el Estado es una realidad. Sin embargo, el problema es que no se
denuncia, y cuando se realiza el Ministerio Público no lo tipifica como tal, lo
que hace invisible ese delito. El también presidente de la Asociación “Un Lazo
Por María”, enfocada a la lucha de los derechos de la niñez, aseguró que de
manera sistemática las denuncias por explotación sexual o trata de personas las
autoridades no lo tipifican como tal, sino que se investiga como corrupción de
menores o violación y no como explotación sexual infantil o trata como debería
de ser.
Chan Martín, ex integrante del Comité del Combate de la
Trata de Personas en Yucatán, indicó que en el Estado no existen delitos de la
magnitud de la problemática, aunque desde la sociedad civil es palpable esta
situación.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad en
los últimos cinco años del 2016 al 2020, Yucatán está libre de delitos de
explotación sexual y trata de personas, aunque durante ese lapso.
Hizo un llamado a las autoridades en este caso a la Fiscalía
tienen 22 denuncias por corrupción de menores y 624 denuncias por violación.
para que realmente se clasifique el delito como tal y no como otro. Asimismo,
dijo que hace mucha falta que el Congreso del Estado legisle para imponer
sanciones a los funcionarios que por falta de conocimiento u omisión no
tipifique el delito como tal.
Recordó que en el 2016 una adolescente yucateca fue víctima
de trata de personas quien fue contactada por medio de las redes sociales y
llegó hasta Texas, donde tras un fuerte operativo fue rescatada por las autoridades
yucatecas.
Aseguró que este grave problema social no está al mismo
nivel que en otras partes del país. Sin embargo, es una situación que existe y
que se debe de atender.
Asimismo, indicó que el caso de Samy M.T., quien durante
seis años fue víctima de explotación sexual y trata, no es el único en Yucatán.
El problema es que muchas personas no denuncian, no levantan la voz y cuando lo
hacen el delito se típica de otra manera o se encuentra con trabajo en la
búsqueda para encontrar justicia.
Indicó que el caso de Samy es especial, ya que ella está
buscando que se haga justicia. Por su parte, Adelaida Salas Salazar presidenta
del Observatorio Nacional contra el Feminicidio indicó que las autoridades
yucatecas no están preparadas para enfrentar esta clase de delitos por lo cual
no existen los protocolos para atender a las víctimas y las afectadas se
enfrentan a una serie de dificultades, lo que ocasiona que en la mayoría de las
ocasiones claudiquen en su intento por conseguir justicia.
Fuente: Por Esto
