La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) rechazaron la iniciativa enviada al Congreso de la Unión mediante la cual el Gobierno federal busca modificar 23 leyes para poder terminar los contratos con empresas de manera anticipada y sin necesidad de pagar las indemnizaciones correspondientes.
José Medina Mora, presidente de la Coparmex a nivel nacional, explicó que esto genera incertidumbre porque en todo contrato, cuando alguna de las dos partes no cumple, tiene que haber una pena.
“El hecho de que el Gobierno pretenda cancelar contratos que hayan sido licitados, que hayan sido de alguna manera firmados y no resarcir la pena genera incertidumbre y desde luego que muchas empresas preferirán ya no ser proveedoras”, dijo.
“Esto está fuera de lugar completamente, queremos que se respete la ley porque eso también va a afectar la inversión extranjera, eso no puede ser, estamos perdiendo la legalidad”.
El proyecto del Poder Ejecutivo también pretende que sus obras prioritarias arranquen sin contar con los permisos ni justificaciones legales, como lo son los estudios de impacto ambiental.
La IP, contra iniciativa de Gobierno Federal
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) rechazaron la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador mediante la cual los proyectos prioritarios podrían arrancar sin los permisos ni justificaciones legales a los que se encuentra obligado, entre ellos los estudios de impacto ambiental.
José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, se pronunció porque se hagan estudios de impacto ambiental, que se están considerando eliminar en la nueva propuesta.
“Es fundamental que haya estudios de impacto ambiental para cualquier obra pública o privada y que simplemente se justifique por temas de seguridad tendrá un costo para todos en el corto y mediano plazo”, sentenció.
Dijo que Coparmex pide que se respete la Ley. “Queremos un estado de derecho donde si para un privado en un proyecto es necesario un estudio de impacto ambiental, también debería ser obligatorio para el Gobierno”.
El Ejecutivo presentó el pasado 23 de marzo, ante la Cámara de Diputados, la eliminación de obstáculos legales a la voluntad presidencial en materia de obras públicas.
El proyecto prevé modificar 23 leyes a fin de que el Gobierno ya no pague indemnizaciones al sector privado cuando determine la finalización de contratos de forma anticipada.
Además, este paquete de reformas le daría nuevas facultades a las empresas del Estado para que éstas puedan iniciar la construcción de proyectos de infraestructura sin perder el tiempo cumpliendo con regulaciones largas, entre ellas los ya citados estudios de impacto ambiental, la aprobación de ingenierías básicas o tarifas a cargo de organismos reguladores, tal y como lo hacen los particulares.
De acuerdo con esta iniciativa, el argumento central es que la regulación no puede aplicar igual al Estado que a particulares; uno de los ejemplos más claros se dio en la construcción del Tren Maya, que no ha sido objeto de estudios de impacto ambiental, ya que se trata de temas de “seguridad nacional”.
César Castro, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), también cuestionó que el Gobierno Federal pretenda realizar obras sin realizar proyectos de impacto ambiental.
“Eso no puede ser, es lo que está pasando ahorita con el Tren Maya, están acabando con la flora y la fauna, eso está mal, se están saliendo de la realidad, deben ubicarse y pensar lo que es realmente”, concluyó.
El paquete de reformas fue entregado el 23 de marzo pasado y elimina estudios ambientales, de factibilidad, proyecto ejecutivo y otras exigencias de ley para iniciar una obra del Gobierno.
De acuerdo con lo establecido en el paquete de reformas, “salvo en los casos previstos en otras leyes, no procede el resarcimiento de daños o perjuicios cuando: la revocación o terminación anticipada se motive en hechos o actos de interés público, general o social, o en la preservación de los bienes comunes, o en la seguridad de las personas e instituciones nacionales”.
Para los casos en los que sea inevitable el pago de la indemnización, señala el proyecto, se ponen límites para impedir “reclamaciones fraudulentas (sic) o desproporcionadas (sic) en contra del Estado mexicano, tanto en instancias mexicanas como extranjeras”, de acuerdo con la reforma a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
Con lo que sería la reformada Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, para los proyectos de “notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país y los relacionados con la defensa y seguridad nacionales”, se dispensan los permisos legales correspondientes.
“Dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad e incluso derechos de vía y expropiaciones de inmuebles podrán gestionarse por la dependencia o entidad paraestatal de que se trate, de manera simultánea al inicio de la obra”.
La oposición reacciona desfavorablemente
La senadora del Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán, calificó como inadmisible el hecho de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador busque reformar 23 leyes para que se le autorice terminar contratos de manera unilateral y anticipada con particulares, bajo el argumento de “causas de interés público”, añadiendo que así dejaría indefensos a quienes han invertido recursos y han generado empleos en proyectos de infraestructura.
A esto, la legisladora añadió que hay un interés especial del Gobierno federal por hacerse del control total de las obras que se realizan en el país, pues dijo que durante la presente administración el 80 por ciento de las adjudicaciones son directas y muchas de estas han sido para amigos y familiares del Presidente, por lo que esta iniciativa es una muestra más de la corrupción en este sexenio.
“Si de verdad lo que quieren es mejorar la forma de contratar, deben de dejar de realizar tantas adjudicaciones directas y obviamente hacer licitaciones públicas”, afirmó.
La vicecoordinadora de los Senadores del PAN añadió que esta administración es sinónimo de uso ineficiente de los recursos públicos, pues indicó que cada proyecto que ha cancelado arbitrariamente el presente Gobierno ha afectado a las finanzas del país, además de que cancelar contratos con empresas que le son “incómodas” al Presidente se ha convertido ya en una práctica común.
“Este gobierno quiere generar pobreza, seguramente porque piensan que así van a manipular las siguientes elecciones, pero el pueblo se da cuenta de su inhumana ambición de Morena y de López Obrador”, apuntó.
