Tres estudiantes mexicanos que cursan un posgrado en la Universidad Macquarie, en Australia, obtuvieron un amparo del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) les responda por qué no les ha depositado los recursos de manutención que incluye el programa de becas compartidas Elisa Acuña, en su convocatoria 2021.
Otros tres alumnos que participaron en la convocatoria 2020 se encuentran en la misma situación. En este caso aún no obtienen respuesta a su amparo ingresado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, pues la audiencia se postergó a junio próximo hasta precisar la autoridad responsable porque la Dirección General de Relaciones Internacionales, que expidió esa convocatoria, ya no existe.
Ana ‘N’, beneficiaria de la convocatoria 2021 y quien prefirió reservar su identidad, comentó a El Financiero que dicho programa les otorga 150 mil pesos anuales para la manutención, mientras que la universidad otorga una beca de 50 por ciento y el resto lo cubren los estudiantes.
“Se me hace muy raro que no ha habido un pago, una contestación de cuándo se nos va a pagar, sólo nos dice que hay algo detrás, presuntas irregularidades… A los de la convocatoria 2022 les pagaron inmediatamente”.
Rodrigo ‘N’ es otro de los estudiantes, él llegó en febrero de 2022 a Australia.
Ambos entrevistados solicitaron préstamos en el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) para pagar la mitad de la colegiatura no incluida en la beca.
Rodrigo ‘N’ refirió que adicionalmente pidió prestado a un conocido para solventar su manutención, con lo tiene una deuda de alrededor de medio millón de pesos. “No quisiera pensar que el dinero lo utilizaron para otras instancias, que se lo robaron. Nos quisieron dar la oportunidad, después nos ignoraron y crearon problemas”.
La Universidad Macquarie ha tenido comunicación con la SEP. Al principio se fijó septiembre del año pasado como fecha de depósito y lo único que refieren a la institución australiana es que “la fiscalización no les ha liberado el pago, y que puede ser un proceso de más de un año. Nosotros no sabemos quiénes son los responsables de fiscalización, no han dado respuestas claras de manera que la universidad nos lo pueda reportar”, agregaron los estudiantes.
Los alumnos, quienes han tomado más de dos trabajos para obtener recursos, han tenido apoyo del consulado y la embajada en Australia, autoridades a las que tampoco les ha respondido la SEP.
El Financiero pidió a la SEP su versión; sin embargo, no obtuvo respuesta.
