MÉXICO (Por Carlos Maldonado, corresponsal del Diario y la AEE).- Para las organizaciones ciudadanas como el Frente Cívico Familiar, el cese de Carlos Herrera Chalé como empleado del rastro de Mérida, por su participación en las agresiones en la glorieta, no será suficiente para resarcir el daño causado a la sociedad por el gobierno.
La agrupación solicitará un juicio político al Congreso yucateco contra la alcaldesa Angélica Araujo Lara y la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
El objetivo es revocar el mandato de la presidenta municipal y que la titular del Ejecutivo estatal sea castigada por negligencia y omisión por negarse a usar la fuerza pública para defender a la ciudadanía.
En conferencia de prensa ofrecida ayer en la ciudad de México ante medios nacionales, Patricia McCarthy Caballero, directiva del FCF, afirmó que "la que se equivocó fue ella (la alcaldesa Angélica Araujo), definitivamente los políticos, ella y todos, deberían de pensar antes de actuar, si realmente quieren continuar en el cargo".
"El ciudadano sigue teniendo el voto como un instrumento y esto le va a costar al menos la carrera política..., no se puede actuar de una manera tan inconciente, pensando que no va a haber consecuencias".
Sin embargo, el Frente Cívico Familiar reconoce que la posibilidad de que el juicio político se concrete no será una tarea sencilla. Guillermo Vela Román, otro de los dirigentes del FCF, reconoció que "el futuro del juicio político lo vemos como algo difícil, lo sabemos, que nunca ha procedido ningún juicio político ni a nivel estatal ni a nivel federal; sin embargo, tenemos que recurrir a esa instancia".
Las organizaciones civiles exploran diversas vías jurídicas, dijo Vela Román, quien destacó que ya se están interponiendo las primeras denuncias por las agresiones.
"Hasta anteayer, se llevaban ya 18 denuncias de ciudadanos por haber sido golpeados y se habían interpuesto amparos e interdictos y figuras jurídicas al estado para parar la obra, estamos exigiendo que los autores materiales e intelectuales sean sancionados", aseveró Vela Román.
La organización destacó que además se pedirá la destitución de los funcionarios de gobierno municipal y estatal que hayan participado en los hechos.
"Tenemos plenamente identificados a por lo menos 5 funcionarios del ayuntamiento que estuvieron presentes en el lugar de los ataques, entre ellos el vocero de la Comuna, Julián Colonia; el oficial mayor, Gaspar Quintal Parra; el director de Gobernación, Antonio Aldana Castro, así como a los regidores priistas Jorge Sobrino Argáez y Humberto Hevia Jiménez.
La señora McCarthy agregó que adicionalmente se han "presentado diversas quejas ante la Comisión de Derechos Humanos y esperamos que también hagan investigación. Había visitadores de la comisión durante los hechos, así que ellos también van a emitir un testimonio. También hemos pedido por ley de transparencia los vídeos de las cámaras de seguridad instaladas en la glorieta de la paz". Además, diversas víctimas de la golpiza del pasado 4 de julio han denunciado que sufren presiones por parte de las autoridades.Es el caso de Erick Antonio Gamboa estudiante de arquitectura y vecino de la zona quien aseguró que "han mandado a gente a seguirnos, incluso ayer sacaron un comunicado en el que personalmente se me acusa de ser parte del grupo de golpeadores, yo estoy totalmente indignado y espero que se haga justicia y que caigan los autores intelectuales y materiales de estos hechos".Resistencia civil pacíficaRaúl Antonio Castilla Rocha, testigo y víctima de las agresiones aseguró que "vamos a llegar hasta las últimas consecuencias no vamos a parar hasta que cada uno de los agresores termine tras las rejas, existe también el crimen de las personas o el actor intelectual que mandó a agredir a estos ciudadanos que estaban allá no por un partido, no por otro interés, más que por el interés de decir no a algo".
Esta organización civil ha planteado una serie de acciones de resistencia, entre las que destacan la sanción social contra la gobernadora y la alcaldesa, por medio de medidas como no invitarlas a los actos ciudadanos ni a las inauguraciones de negocios u obras, así como evitar el saludo a las funcionarias en los lugares públicos.
Otra de las medidas será no asistir al concierto de la cantante Shakira el sábado.
"A este movimiento ya se sumaron más de 8 mil personas, estudiantes..., tan es así que muchos ciudadanos al recoger su boleto lo rompen en la misma ventanilla, hay testimonios públicos de esta situación", aseguró Guillermo Vela.
David Sosa Solís, el joven arquitecto que resultó con fracturas múltiples a causa de la golpiza, dijo que es la única forma de responder a un gobierno que se negó a una consulta ciudadana para la realización de esta obra, a pesar de que esa figura está prevista en la ley.
"Fuimos brutalmente atacados por nuestro propio gobierno, eso es lo que más coraje nos puede dar; mientras el resto del país sufre una violencia producto del crimen organizado, en Mérida la ciudad reconocida como una de las más tranquilas en todo el país, somos violentados por el propio gobierno".
(1)
