Noticias de Yucatán
La SSP, la que más denuncias tiene en lo que va de este año
13/05/2010
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) exhorta a la ciudadanía a denunciar los atropellos de que sean objeto de las autoridades y agregó que en lo que va del año la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) encabeza la lista de las dependencias con mayor número de denuncias, principalmente por maltrato y detenciones arbitrarias.
Se indicó que denunciar ante la Codhey y el Ministerio Público es una manera de alzar la voz y exhibir la manera de proceder de la autoridad. “No se puede detener a una persona nada más por sus facciones, manera de vestir o porque les parezca sospechosa. El proceder de la policía viola las garantías de la ciudadanía”, dijo una visitadora de la Codhey.
Agregó que, por ejemplo, los retenes son anticonstitucionales debido a que violan la libertad de los ciudadanos.
Sobre el caso del grupo de estudiantes aprehendidos el día 1 en Pensiones, la vocera de la Codhey dijo que esperan que la dependencia les rinda un informe detallado del motivo de la detención. “No pueden detener nada más porque sí”, apuntó.
Como informamos, cinco estudiantes fueron detenidos por agentes de la SSP porque parecían sospechosos. Los jóvenes dicen que los revisaron, amenazaron y que a uno de ellos lo pateó un agente.
En manos de la autoridad Un joven homicida está en manos de las autoridades judiciales para responder por la muerte de Víctor Alonzo Martín Gío, de Hunucmá.
Surgieron dos versiones: que el joven fue detenido por la Judicial y que en realidad fue “entregado” por sus familiares.
El inculpado, menor de edad, golpeó con una madera al occiso, quien murió dos días después en un hospital de Mérida.
Este homicidio dio pie a movilizaciones políticas, ya que el agresor es hijo de Ismael Canul Rodríguez, quien fue destituido como secretario del ayuntamiento. También fue cesado el director de la policía municipal, Luis Erosa Noh.
A ambos funcionarios se les atribuyó influir para que la policía no detenga al agresor, quien desde esa fecha se escondió.
Fue consignado a la jueza Danila Dzul Tec, especializada en atención de ilícitos de adolescentes. La funcionaria someterá a juicio al menor, quien no tiene derecho a recuperar su libertad porque estuvo prófugo un año y puede estar fuera del alcance de las autoridades.
Por ser menor, no se le puede mencionar a más de cinco años de rehabilitación en la cárcel juvenil.
Se indicó que denunciar ante la Codhey y el Ministerio Público es una manera de alzar la voz y exhibir la manera de proceder de la autoridad. “No se puede detener a una persona nada más por sus facciones, manera de vestir o porque les parezca sospechosa. El proceder de la policía viola las garantías de la ciudadanía”, dijo una visitadora de la Codhey.
Agregó que, por ejemplo, los retenes son anticonstitucionales debido a que violan la libertad de los ciudadanos.
Sobre el caso del grupo de estudiantes aprehendidos el día 1 en Pensiones, la vocera de la Codhey dijo que esperan que la dependencia les rinda un informe detallado del motivo de la detención. “No pueden detener nada más porque sí”, apuntó.
Como informamos, cinco estudiantes fueron detenidos por agentes de la SSP porque parecían sospechosos. Los jóvenes dicen que los revisaron, amenazaron y que a uno de ellos lo pateó un agente.
En manos de la autoridad Un joven homicida está en manos de las autoridades judiciales para responder por la muerte de Víctor Alonzo Martín Gío, de Hunucmá.
Surgieron dos versiones: que el joven fue detenido por la Judicial y que en realidad fue “entregado” por sus familiares.
El inculpado, menor de edad, golpeó con una madera al occiso, quien murió dos días después en un hospital de Mérida.
Este homicidio dio pie a movilizaciones políticas, ya que el agresor es hijo de Ismael Canul Rodríguez, quien fue destituido como secretario del ayuntamiento. También fue cesado el director de la policía municipal, Luis Erosa Noh.
A ambos funcionarios se les atribuyó influir para que la policía no detenga al agresor, quien desde esa fecha se escondió.
Fue consignado a la jueza Danila Dzul Tec, especializada en atención de ilícitos de adolescentes. La funcionaria someterá a juicio al menor, quien no tiene derecho a recuperar su libertad porque estuvo prófugo un año y puede estar fuera del alcance de las autoridades.
Por ser menor, no se le puede mencionar a más de cinco años de rehabilitación en la cárcel juvenil.
