En días recientes han proliferado en la red social Twitter cuentas creadas por usuarios anónimos que atacan a publicaciones de Grupo Megamedia y a críticos del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
Entre estas se encuentra @DiarioYucMiente, en cuya descripción apunta lo siguiente: "Nos encargamos de desmentir las noticias del Diario de Yucatán y publicar e informar de las noticias reales que afectan al país y a la sociedad".
Esta cuenta sigue a 379 usuarios y le siguen 20 personas, entre ellas @alfconejo -vinculado a la asesora Gabriela López Gómez y a su despacho Local Consultores-. Reportes de otros usuarios aseguraban que el diputado priista Mauricio Sahuí -@mauriciosahui- y la presidenta estatal de su partido, Alaine López -@AlaineLopez-, eran seguidores de esa cuenta. Ayer, no aparecían en la lista.
Contenido similar
El contenido de esta cuenta, con menos de medio centenar de "twits" o escritos de hasta 140 caracteres, es muy similar al de la página en Facebook "Yo no le creo nada al Diario de Yucatán", creada igual en el anonimato después de la crisis gubernamental derivada de la rechifla a la gobernadora, hace ya un año.
En el mismo tenor de la campaña de volanteo en que se elogia al gobierno estatal y se critica al federal, también denunciada en las redes sociales vía @tunkulpolítico, @DiarioYucMiente escribe opiniones negativas al aumento al precio de la gasolina y a la lucha contra los carteles del narcotráfico.
Otra cuenta similar es @DiariodeYucapam, que se presenta como "el mejor medio de comunicación de la Península de Yucatán. Yucatán para los yucatecos, afuera los fuereños". Sigue a 255 y le siguen 132.
También, en otro ejemplo de esta batalla virtual, "twiteros" críticos a la administración estatal han señalado la aparición de cuentas -con pocos o sin ningún seguidores- que responden agresivamente, incluso amenazante a sus señalamientos. No son los aguerridos, radicales usuarios de esta red vinculados con el PRI, que usualmente atacan a opositores y elogian a los gobernantes, sino cuentas creadas ad hoc.
La otra cara
El gobierno estatal y sus funcionarios también han sido objetos de ataques, bromas y descalificaciones en la red social. Además de los usuarios identificados que critican las acciones de gobierno, se han creado también cuentas anónimas -y apócrifas- para tal fin.
Después de la crítica entrevista en radio de Joaquín López Dóriga a la gobernadora, una cuenta en Twitter, -@lvonneOP, con "L" en lugar de "I", tipográficamente irreconocible-, publicó: "Listo... ya resolví lo de López Dóriga.. no hay nada que un buen rolex no solucione" (sic). También, en Facebook hay cuentas que suplantan la identidad de funcionarios. Por ejemplo, el usuario anónimo de una cuenta apócrifa del diputado Sahuí ha escrito en la página Opinión Megamedia -en la que se publican editoriales y blogs- piropos e insinuaciones sexuales a periodistas.
La cuenta en Twitter de la jefa del Ejecutivo no está "autentificada", herramienta con la cual personalidades pueden evitar la creación de otras cuentas que suplanten su personalidad.
Políticos y artistas a los que sigue la propia gobernadora realizaron los trámites de certificación, y lucen un sello especial, proporcionado por la red social.
Este mecanismo lo comenzó a utilizar Twitter "para evitar la confusión de identidad". En su página, esta red explica que inició un proceso de verificación de cuentas de personas o instituciones que, por lo general, sufren de suplantación de identidad.
A la falta de certificación de funcionarios se une el silencio legal que hay en el rubro.
Ninguna ley prohíbe a un usuario hacerse pasar por otro. Esta ausencia de legislación ya afectó al legislador antes mencionado. En la primera semana de este mes, el senador Federico Döring informó que en el próximo periodo ordinario de sesiones impulsará la aprobación de la iniciativa que impone de uno a cinco años de prisión a quien cometa suplantación de identidad en internet.
El legislador panista, en una entrevista con un periódico capitalino, puso como ejemplo a California, Estados Unidos, donde la ley castiga "a los internautas bromistas", que cometan suplantación de identidad con multas de hasta mil dólares y un año de prisión.
Anónimos y apócrifos en red
Consideran fuera de lugar la queja de una diputada
"También se pretende cuestionar la legalidad del decreto que exenta el cobro de la tenencia que beneficia a miles de yucatecos, lo que en suma representa una clara intención de denostar las acciones de gobierno de los representantes emanados del PRI y particularmente del Ejecutivo estatal", afirmó.
Ayer informamos que la diputada Rosa Adriana como integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó un punto de acuerdo ante ese organismo para exhortar a la gobernadora en las alzas de los impuestos sobre el hospedaje y de las nóminas.
Por su parte, la presidenta estatal del PRI, Alaine López Briceño, dijo en un comunicado que las declaraciones del presidente del PAN en Mérida, Rodolfo González Crespo son inadecuadas al querer "acusar a nuestra representación en el Congreso de la Unión de ser presuntos responsables en el incremento al precio de los combustibles cuando le compete únicamente al Ejecutivo Federal".
"Le recordamos al dirigente panista que el aumento al costo de los combustibles corresponde exclusivamente al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda.
"El Partido Revolucionario Institucional considera que estas declaraciones son un instrumento de Acción Nacional para desviar la atención de la responsabilidad del Gobierno Federal en este tema, que lesiona a la ciudadanía y se ha convertido en un problema social que afecta a diversos sectores del país".- David Domínguez Massa
González Crespo denuncia que empleados de Salud reparten volantes en horas de trabajo
Críticas y mentiras
En los volantes, que se reparten en colonias y fraccionamientos, se critica al presidente Calderón y se elogia a la titular del Ejecutivo. Además, miente al decir que la gobernadora eliminó la tenencia.
Carta en la que Alaine López le responde a González Crespo
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Con relación a las declaraciones del presidente municipal del PAN en Mérida, Rodolfo González Crespo, que se publicaron en la edición de hoy (ayer), le hacemos llegar las siguientes precisiones:
El Partido Revolucionario Institucional considera que son inadecuadas las declaraciones de acusar a nuestra representación en el Congreso de la Unión de ser presuntos responsables en el incremento al precio de los combustibles cuando le compete únicamente al Ejecutivo Federal.
Es extraño que el ex diputado local, Rodolfo González Crespo, continúe manifestando que la fracción del PRI en la Cámara de Diputados avaló una supuesta aprobación del alza de precios de la gasolina cuando se le hicieron las aclaraciones pertinentes por parte del Comité Directivo Estatal y los diputados federales de nuestro partido.
No obstante, le recordamos al dirigente panista que el aumento al costo de los combustibles corresponde exclusivamente al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo establece el artículo 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El Partido Revolucionario Institucional considera que estas declaraciones son un instrumento de Acción Nacional para desviar la atención de la responsabilidad del Gobierno Federal en este tema, que lesiona a la ciudadanía y se ha convertido en un problema social que afecta a diversos sectores del país.
El PRI se ha mostrado inconforme con esta disposición del Poder Ejecutivo Federal y se suma al exhorto de detener el alza en los combustibles como lo ha expresado el sector transportista en recientes fechas e invita al presidente del PAN en Mérida a sumarse a este campaña, en lugar de confundir a la sociedad con este tipo de declaraciones.
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En relación con una nota de la edición del día de hoy (ayer), en la cual el presidente del Partido Acción Nacional en Mérida, insiste en apreciaciones equivocadas sobre el tema de los combustibles, es necesario reiterar lo siguiente:
En un tema en el que son muy claras las competencias de cada orden de gobierno, los diputados federales del PRI no hemos avalado ningún aumento al precio de los combustibles. Le recomendamos al señor González Crespo que para evitar confusiones y dejar de evidenciar desconocimiento en la materia, consulte a sus compañeros diputados federales del PAN sobre el tema.
En reciente trabajo publicado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, cuyo comité preside el Dip. Daniel Ávila Ruiz, expresa con claridad “en la República mexicana el Ejecutivo federal tiene la facultad de establecer los precios de las gasolinas y el diesel. El artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de esta tarea” (“Determinación de los precios de la gasolina y el diesel en México”, págs. 5 y 6, CESOP).
El pretender involucrar al Congreso de la Unión en el tema del precio de los combustibles, que se ha demostrado ampliamente es una facultad clara y expresa del Ejecutivo Federal, es intentar evadir una responsabilidad que el partido del Gobierno Federal debiera asumir frente a los ciudadanos.
Se intenta confundir en el tema de las responsabilidades del aumento del precio de las gasolinas con el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS), es muy claro que la tasa y los factores del IEPS no han cambiado, lo que está aumentando es el precio de venta de los combustibles por razones discrecionales de la SHCP, se cita nuevamente el estudio:
“La información sobre el comportamiento del IEPS la hace pública la Secretaría de Hacienda; sin embargo, el cálculo sobre el precio final, en especial la política de incrementos, se mantiene como una incógnita”.
Incluso la cuota del IEPS para los estados de 36 centavos por cada litro -menos de un 4% de su valor- establecida en el artículo 2-A fracción II de la ley se mantiene igual desde julio de 2009, es decir, este impuesto no ha tenido aumento, es una tasa fija y esa ha sido la responsabilidad de los diputados federales; en contraste, lo que se incrementa es el precio de venta final al publico de las gasolinas y esta es una responsabilidad del Ejecutivo Federal, a pesar que su partido intente evadirla con argumentos erróneos y confusos.
Link del estudio del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública antes citado:
Asesorías para los amparos
Entre los afectados figuran las personas morales que fueron excluidas, los cumplidos que recibían un descuento por pronto pago y a quienes por incluir el IVA en el tabulador del valor de los vehículos quedan fuera del beneficio de la exención.
Según el Ejecutivo estatal, con el decreto 367 se beneficia al 87% de las personas físicas con vehículos cuyo valor no rebase los $300,000 este año o su equivalente en depreciación de los nueve años anteriores.
"El decreto 366, que emitió horas antes del 367, contenía descuentos por pronto pago para todos los contribuyentes. Con el segundo decreto borró el beneficio para los cumplidores de cada año", indica Patricia McCarthy Caballero, integrante del equipo coordinador del Frente Cívico Familiar (FCF).
"En otros estados donde hay exención en el pago de la tenencia se incluyó a las personas morales, no se les dejó fuera como aquí. Y hay causantes que si no se hubiera incluido el IVA en el valor del vehículo estarían exentos. Todas estas personas pueden recurrir al amparo".
Otro dirigente del FCF, Guillermo Vela Román, afirma que el alza del 2.5% a las nóminas afecta a los socios de despachos, sociedades civiles y cooperativas, ya que los cambia a la categoría de personal subordinado y les grava sus utilidades, rendimientos y anticipos.
"A propuesta del Ejecutivo estatal, el Congreso modificó el artículo 21 de la Ley General de Hacienda para gravar a los socios de sociedades civiles y cooperativas, que no es personal subordinado, en lo que respecta a cantidades por concepto de alimentos, rendimientos, anticipos y fondos de previsión social; es decir, generalizaron el cobro".
"En sentido metafórico, es un impuesto para las peras, pero aquí incluyeron a peras, manzanas, sandías, melones, uvas, plátanos y hasta las jícamas".
A la iniciativa del FCF se sumó la agrupación Sociedad en Movimiento.-
Corruptos y permisivos
Empresarios y representantes del comercio organizado e informal consideran que el problema del aumento del comercio ambulante en Mérida se debe a la permisividad y corrupción en las esferas de las administraciones estatal y municipal.
En una mesa de análisis sobre el comercio informal que organizó el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, Guillermo Mendicuti Loría, ex presidente de la Canirac, dijo que el aumento de los comerciantes informales que ofrecen alimentos se debe a la permisividad de las autoridades.
Jorge Manzanilla, presidente de la Canaco, indicó que es contradictorio que se quiera combatir el comercio informal cuando aumentan impuestos que contraen la economía y desalientan la apertura de nuevos empleos.
Uno de los líderes de los comerciantes ambulantes, Jaime Manríquez Manzano, señaló que las medidas que se toman para regular el comercio no surten efecto debido a la corrupción en la Subdirección de Mercados del Ayuntamiento.
Pareciera, añadió, que el reglamento municipal de mercados fue creado para beneficio de los inspectores, quienes se enriquecen en forma ilícita.
"Este es un problema de difícil solución, ya que los funcionarios, independientemente de la administración que sea, terminan corrompiéndose y haciendo un botín de los ambulantes.
"Lo que es peor es que de allí salen recursos para financiar las campañas políticas, ante la complicidad de los locatarios que cierran los ojos para seguir teniendo beneficios", señaló.
La permisividad para que opere el comercio ambulante ha existido en Mérida desde hace más de 30 años; sin embargo, la falta de empleo y los impuestos que pretenden cargar a los empresarios son factores que propiciarán el crecimiento del comercio ambulante, afirmó Jorge Manzanilla Pérez, presidente local de la Cámara de Comercio.
Durante la Mesa de Análisis relacionada con el comercio informal, Manzanilla Pérez informó que en 2010 se cerraron más de tres mil empresas en el estado, lo cual indica que este comercio seguirá creciendo ya que para mucha gente el comercio informal es su única alternativa, además de que la autoridad actúa de forma permisiva.
El directivo dijo que el foro es una buena oportunidad para crear un documento que regule todos los temas del comercio ilegal, empero lo más relevante es contar con la voluntad política para aplicar el reglamento.
"Esperamos salir de estas mesas de trabajo con un reglamento municipal que abarque todos los temas, que se establezcan las sanciones para que el ayuntamiento no diga que carece de elementos para establecer las sanciones, que haya un documento legal que sea la base para que la autoridad pueda actuar".
Por su parte, Yolanda Fernández, directora de Desarrollo Urbano municipal, en su intervención en la tercera y última Mesa de Análisis sobre el comercio informal, dijo que esa actividad afecta el acceso a los espacios públicos, genera daños arquitectónicos, contaminación visual del Centro Histórico.
Además, produce un aumento de basura en las calles y muestra un desorden en su distribución que afectan la salud y la imagen urbana en general.- Alejandro Moreno Peña
Se pretende actualizar el reglamento de mercados con reglas para los ambulantes:
Trabajos
Con la participación de servidores públicos, expertos y representantes de organizaciones de comerciantes, se llevó al cabo la mesa de análisis con el subtema "Desarrollo Urbano y Medio Ambiente", organizado por el Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida (Copladem).
Actividades
Se prevé la presentación de propuestas ciudadanas el 18 de enero y la exposición el 28 de un anteproyecto integral para regular del comercio. "Diseñemos una política integral que nos involucre y nos comprometa a todos", pidió Yolanda Fernández.
Cartas al Diario Rubén Bolio defiende a Ortega
Dentro de la polémica que ha suscitado el Decreto 367, con relación a la reducción del pago de la tenencia, en la edición del Diario de ayer se publicó que expertos opinan que el artículo 39 del Código Fiscal Federal -que dicen es casi idéntico al estatal- "habla de algún lugar o región del país", lo que no significa, según su parecer, que sea aplicable a toda la República, por lo que aseveran que entonces no es correcto mi criterio, en el sentido de que la ley local, en lo tocante a la reducción del citado impuesto, sea operante en todo el estado de Yucatán, como indiqué en mi colaboración del 11 de los corrientes, añadiendo que ésta es una opinión sesgada.
Me permito expresarle a los especialistas anónimos que no deja de ser ésta una interpretación muy personal suya, toda vez que sería absurdo que la legislación de referencia, en el ámbito federal, no fuera aplicable a todo el país.
2 ) La exención motivo de la controversia fue decretada por la titular del Ejecutivo estatal bajo el imperio de una ley que no ha sido declarada inconstitucional.
3 ) Sobre la posibilidad de que las personas morales que no se incluyeron en la exención presenten demanda de amparo, a nuestro juicio, carecerían de legitimidad para hacerlo.
Me permito expresarle a los es pecialistas anónimos que externaron ese pun to de vista que no deja de ser ésta una interpretación muy personal suya, toda vez que sería absurdo que la legislación de referencia, en el ámbito federal, no fuera aplicable a todo el país, como ellos sostienen, e igualmente les aclaro que en las materias penal y fiscal no existe la analogía de razón, pues ésta sólo es practicable en la rama civil y mer cantil, en consecuencia, sin aceptar que su tesis sea jurídicamente co rrecta, no es posible que lo es tatuido en la ley fiscal federal, por analogía de razón, sea operante respecto a un impuesto estatal, cu ya exención parcial se decretó con forme a las leyes yucatecas y no federales, por lo que no es pro cedente hacer la comparación en tre una ley y otra, para descartar el discernimiento manifestado en mi colaboración de referencia, habida cuenta de que los espacios de ope ratividad son diferentes.
2. Por otra parte, la exención motivo de la controversia fue decretada por la titular del Eje cutivo estatal bajo el imperio de una ley que no ha sido declarada inconstitucional, de tal modo que se cumplieron los requisitos de fundamentación y motiva ción a que obliga el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es decir que si el Congreso del Estado emitió un Código Fiscal que en su artículo 59 autoriza al Poder Ejecutivo a llevar al cabo la reducción que a la postre se rea lizó, este ordenamiento legal y los actos emanados de él están ape gados a la legalidad y son válidos, mientras ningún tribunal cons titucional declare que en su ex pedición se violó algún precepto constitucional, siendo evidente así que no se puede imputar al Poder Ejecutivo una conducta vio latoria a la normatividad, en mé rito de que ésta le confiere la potestad de la que sólo hizo uso, la cual estaba vigente en la fecha de la rebaja del gravamen.
3. En lo que atañe a la posibilidad de que las personas morales, o sea sociedades civiles y/o mer cantiles, que no se incluyeron en la exención a que aludimos pre senten demanda de amparo con tra el decreto, a nuestro juicio, carecerían de legitimidad para hacerlo, pues es pertinente ob servar que el artículo 59 fracción I del Código Fiscal local estatuye que el Ejecutivo, mediante reglas de carácter general, puede exi mir, total o parcialmente el pago de contribuciones y sus acceso rios, de lo que se deduce cla ramente que la circunstancia de que se hubiesen considerado so lamente a personas físicas no viola el precepto invocado, pues la parcialidad que señala puede hacerse en cuanto a los sujetos de pago, al monto o base gravable del impuesto y al porcentaje que se aplique a éste, pues en todas y cada una de esta hipótesis se actualiza una dispensa tributa ria, como sucedió en el caso que se analiza.— Mérida, Yucatán.
rbolio56@yahoo.com.mx
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*) Abogado. Notario. Asesor jurídico de la gobernadora Ivonne Ortega
Aprobado un catálogo de obras de dudosa utilidad
Los consejeros también aprobaron turnar al Congreso del Estado la lista de los 32 alcaldes que no cumplieron con esta obligación de enviar su catálogo o responder que no tienen.
Pero los mismos consejeros comentaron que lo remitían al Congreso por trámite, porque están conscientes de que la ley no contempla ninguna sanción para los alcaldes en estos casos.
También señalaron que tampoco pasa nada si las obras y acciones que reportaron al final no las realizan.
Quizás, por ejemplo, a eso se debe que el alcalde de Sacalum reportó entre sus obras trascendentes que este año construirá: una clínica, una biblioteca, un complejo deportivo, una Casa de la Cultura, canchas de uso múltiple, parques, un auditorio, una concha acústica, reconstruir el rastro municipal, remodelar el Palacio y otras obras.
Al Ejecutivo estatal le aprobaron una lista de 233 políticas públicas y actos gubernamentales "trascendentales" para este año, aunque en estas no se incluye por ejemplo el Tren Rápido y el Templo Maya que se ha anunciado que se iniciarían este año, entre otras obras importantes de este gobierno.
Reto al Ejecutivo sobre las gasolinas
"Desafiamos a Ivonne Ortega y al PRI a que informe públicamente que hace con los millonarios recursos que recibe provenientes de lo que se capta en impuestos a los combustibles", manifestó el panista.
"En 2010 el gobierno de Ivonne Ortega recibió más de $215 millones por esa vía, y en este año obtendrá $265 millones".
"Quizá parte de ese dinero sirvió para comprar las camionetas, pulseras, pibes y otros regalos que la gobernadora repartió a los diputados del PRI y a los líderes de ese partido".
"Que no desvíen la atención: lo que exigimos es que informen qué hacen con el dinero del pueblo. La reina del despilfarro, la gobernadora, no dice que ella es beneficiaria del alza en el precio de las gasolinas y, en cambio, intenta aparentar que está contra ese aumento".
"La proyección en la Ley de Ingresos estatal dice que Ivonne Ortega espera captar este año $265.122,493 por el impuesto a las gasolinas, superior a los $215.443,400 que le enviaron el año pasado".
"El PAN reitera que el PRI y sus diputados federales avalaron el alza de las gasolinas".
Ofrecen atención personal en los mercados
Entrevistada sobre el reportaje de las mafias en el mercado que publicó el Diario en días pasados expresó: "en cuanto a los grupos organizados llámese sindicatos, como le quieran denostar o nombrar, sabemos es una situación que se da".
"Sabemos que es una realidad, lo que hemos procurado hacer es que los ciudadanos tengan la libertad de organizarse y asociarse, pero procuramos atenderlos de manera personal", añadió.
Contradictoriamente ayer mismo entregó 150 licencias de locatarios, a dos dirigentes sindicales para que se las repartan a sus agremiados, argumentando que se trataba de representantes de agrupaciones legalmente constituidas.
Estos dirigentes son Ángel Sánchez Dzul, de los Baratilleros y Felipe Estrella Baas, de los Locatarios, a quienes se menciona entre otros por los locatarios como los líderes de los grupos en el poder del mercado.
En la conferencia de prensa que ofreció la alcaldesa en Palacio Municipal, también informó que en breve empezarán a retirar las estructuras que instalaron frente al Portal de Granos para el tianguis navideño, para pasarlos las colonias donde se realizan tianguis.
También informó de los apoyos económicos para los policías municipales, así como de los vehículos y equipos que hoy les entregarán.
En la entrega de licencias a locatarios del mercado municipal, se vio ayer un desaire de éstos a la alcaldesa de Mérida Angélica Araujo Lara, aunque ésta dijo más tarde que sólo fue un mal entendido "un desfasamiento".
El evento estaba programado a las nueve de la mañana en el auditorio "Silvio Zavala Vallado", del Olimpo, pero a las 9:30 el lugar estaba vacío, sólo unos cinco de los 150 locatarios que recibirían sus licencias estaban presentes, además de algunos funcionarios municipales.
Sentados en las butacas esperando a los locatarios y a la alcaldesa, el secretario de la Comuna, Santiago Altamirano Escalante, comentaba con el tesorero municipal Carlos Bastarrachea Lara precisamente la ausencia de los locatarios.
Se les sumó también el subdirector de Mercados, Jorge Zapata López, quien dijo que la responsabilidad de invitar a los locatarios beneficiados era del director de Gobernación, Gaspar Quintal Parra.
Ante la inasistencia de los invitados, se retiraron las sillas de lo que sería el presidium, y se informó que el evento se trasladaría a la sala de Juntas de la presidencia.
Alrededor de las 10 horas la alcaldesa presidió la reunión con el dirigente de la Unión de Baratilleros, Angel Sánchez Dzul y el de la Unión de Locatarios, Felipe Estrella Baas, quien llegó poco antes de iniciar la reunión, y cinco locatarios.
Sobre la inasistencia la alcaldesa dijo que fue un mal entendido, "se les invitó a los líderes para que acudieran y ellos pensaron que tenían que venir solos y no hicieron extensiva la invitación porque los locatarios están trabajando y se tenía que preparar a sus agremiados".
La alcaldesa agregó que conoce a la gente del mercado, porque fue muchas veces ahí, y: "te puedo asegurar que si les hubiesen dicho estarían aquí todos felices de la vida, pero bueno fue un desfasamiento que esperamos no vuelva a suceder"
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Una polémica que sale de Yucatán
El rechazo a los aumentos de los impuestos, del 2.5% sobre las nóminas y del 3% al hospedaje, que aprobó el Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo, rebasa ya el ámbito estatal: llegó ayer a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, integrada por representantes de las cámaras de diputados y senadores.
La diputada federal yucateca Rosa Adriana Díaz Lizama presentó un punto de acuerdo ante ese organismo legislativo para que se exhorte a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco a dar marcha atrás en las alzas, que son del 25% en el impuesto sobre las nóminas y del 50% en el impuesto al hospedaje.
La legisladora propuso que el punto de acuerdo sea urgente y de obvia resolución.
La Comisión Permanente, en la que están tres legisladores panistas de Yucatán y los priistas Jorge Carlos Ramírez Marín y Cleominio Zoreda Novelo, turnó el documento a la tercera comisión, que es la de Hacienda, afirmó Rosa Adriana Díaz.
Los dos cámaras del Congreso de la Unión están en receso, de ahí que la autoridad recaiga en la Comisión Permanente.
"El punto de acuerdo se va a analizar en la Comisión de Hacienda y la próxima semana debe dictar el resolutivo", indica la diputada panista.
"Espero que los diputados del PRI apoyen esta propuesta, pues fueron los primeros en oponerse a que el Ejecutivo federal aumente los impuestos, como efectivamente no ocurrió.
"Si votan en sentido negativo, sólo demostrarán que son incongruentes, pues el alza de impuestos en Yucatán contrasta con el paquete fiscal 2011 del gobierno federal, que fue acotado en ese sentido.
"Este punto de acuerdo es un primer aviso, pues presentaremos otro en el que pediremos que Hacienda se reúna con los tesoreros de todos los estados para que se analice el asunto de la deuda", anticipa la diputada.
"El contrato de préstamos es generalizado, pero hay entidades que llaman la atención como Yucatán, en el que la deuda se ha disparado y se pretende contraer otra por $2,600 millones.
"Secundamos la postura de los empresarios de que no se contraten los dos nuevos préstamos de $1,300 millones, pues no hay claridad en el manejo de esos recursos, como pasó con los $1,870 millones de 2009".
En relación con la polémica del decreto 367 del Ejecutivo estatal, la diputada Rosa Adriana Díaz coincide en que es ilegal, pues no se apega a las causales de exención que fija el Código Fiscal del Estado, además que ahora sale a relucir que es inconstitucional.
"Eso se debe a que es una ocurrencia más de la gobernadora, por quitarse un golpe se brincó la ley", recalca
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Falenas a todas horas
La prostitución está sin control en el centro de la ciudad. Fuentes de la Policía Municipal de Mérida (PMM) advirtieron que por lo menos en 14 lugares se ofrecen servicios sexuales, en algunos casos hasta 22 horas al día.
La mayoría son hoteles y casas de citas. Según datos de la corporación, unas 100 mujeres ofrece servicios sexuales con tarifas de $75 a $300. La mayoría provienen de Veracruz, Tabasco y hay algunas de Honduras.
Los focos rojos están en la calle 58 entre 71 y 73 del Centro. En esa zona operan cinco hoteles donde se ejerce la prostitución. Hace unas semanas abrió otro hotel y se habilitó un estacionamiento como casa de citas.
Otras zonas están en la avenida Itzaes, de la colonia Sambulá hasta el cruce con Circuito Colonias, en la avenida Jacinto Canek, el rumbo de las terminales de autobuses, la 69 entre 52 y 54 y la 55 entre 50 y 52.
Los hoteles San Clemente, San Cristóbal, Posada Castañeda, San Pablo y Zazil-Ha son algunos de los lugares donde se concentra el problema.
Según datos de la PMM, en esas zonas se concentra la mayor parte de los robos que ocurren en las noches y las madrugadas.
En su mayoría las mujeres viven en los hoteles y son controladas por los dueños de los mismos. Por cada servicio el dueño del hotel recibe alrededor del 60% de las ganancias.
La Policía Municipal tiene una operación permanente en los hoteles del Centro. Se vigila que las falenas no salgan de ahí para buscar clientes.
En la zona fuera de la jurisdicción de la PMM no hay ninguna operación al respecto.
Desde hace dos semanas un grupo de travestidos comenzó a ofrecer servicios sexuales en el Periférico, de la calle 69 hasta la entrada a Kanasín.
Según la PMM, la mayoría de los bares y cantinas que funcionan en el centro de Mérida funcionan como puntos de prostitución. En algunos las meseras realizan bailes exóticos y ahí contactan a sus clientes para ofrecerles servicios sexuales.
La corporación indicó que por lo menos ocho de estos negocios funcionan como prostíbulos, debido a que las meseras ofrecen servicios sexuales sin ningún control sanitario.
"Contra estos negocios no podemos hacer nada, son propiedad privada, cumplimos con notificar las anomalías a la Secretaría de Salud", indicó uno de los informantes.
Cada sábado la PMM recibe por lo menos cinco reportes de personas en estado de ebriedad asaltadas por prostitutas o travestidos.- D.Ch.C.
Cada fin de semana la Policía Municipal recibe reportes de personas asaltadas cerca de las zonas de prostitución:
Ebriedad
La mayoría de estos atracos son cometidos por prostitutas y travestidos. Las víctimas son por lo general personas alcoholizadas.
Sin control
En los bares y cantinas del centro de la ciudad se ejerce prostitución fuera de control. Ahí las meseras ofrecen bailes y servicios sexuales a los parroquianos.
"No subirá el camión"
En el marco de la puesta en marcha de la modernización de los autobuses con la instalación de equipos validadores de credenciales, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco dijo ayer que no habrá aumento en las tarifas del transporte urbano.
"Ya lo platicaron con la Dirección de Transporte... creo que en este momento la economía de las familias no está para una alza en el transporte; lo hemos trabajado con los empresarios transportistas y estamos nosotros en este momento por un no a la alza", declaró cuando se le preguntó sobre la solicitud de los transportistas para aumentar sus tarifas.
La señora Ortega Pacheco precisó que esta decisión es más un trabajo de responsabilidad, donde todos hagan la parte que les corresponde y reconoció que los empresarios han sido muy responsables.
Poco después de hacer estas declaraciones al salir del Congreso, donde asistió a la entrega de la medalla "Héctor Víctoria Aguilar" -de lo que informamos en nota aparte- acudió a poner en marcha los primeros 455 autobuses con los validadores de credenciales. En el acto realizado en el Periférico, anunció que se otorgarán también credenciales de descuento a las madres de familia y niños.
La jefa del Ejecutivo estatal dijo que mientras otros gobiernos "le sacaron la vuelta al problema del transporte, su equipo aceptó el desafío".
En la modernización del transporte se invertirán $31 millones, 13 de los cuales aportará el gobierno estatal y 18 los empresarios. La credencial inteligente representará un ahorro familiar de $13.5 millones al mes, más de $162 millones al año.
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Confirman los gasto externos
La alcaldesa Angélica Araujo Lara recordó que pidió se haga una investigación a fondo de estos pagos, "para checarlo bien, porque tenemos el compromiso de cuidar hasta el último centavo de esta administración", pero agregó que todavía no terminan las indagaciones.
La alcaldesa añadió que si detectaran alguna irregularidad se sancionará a los responsables, como sucedió con dos inspectores de desarrollo urbano que despidieron el día anterior.
El domingo pasado informamos que el Ayuntamiento de Mérida gasta más de un millón de pesos al mes por reparar sus vehículos en talleres particulares, a pesar de tener uno propio en el que laboran 60 empleados, y le cuesta unos $300,000 mensuales al municipio, según documentos y testimonios de trabajadores municipales.
Entrevistada al respecto en el Olimpo, luego de la entrega simbólica de becas del transporte público a más de 13,000 estudiantes, la alcaldesa de nuevo justificó estos gastos argumentando que la anterior administración les dejó "un parque vehicular inservible".
Consideró que los primeros informes que le dieron señalan que se justifica el pago a particulares, porque en el del municipio no los pueden atender.
En un comunicado de prensa de la Comuna se informó al respecto, que:
"En lo que va de esta administración que inició el 1 de julio de 2010 y hasta el cierre del ejercicio el 31 de diciembre del mismo año, la central de mantenimiento ejerció un presupuesto de $8.956,437 (ocho millones novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete pesos) enviando un total de 1,630 órdenes de servicio a talleres externos con un costo promedio de $ 5,494.75 (cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 75 centavos)".
"En el mismo periodo (jul-dic) pero del año 2009 la central de mantenimiento ejerció un presupuesto de $9.952,365 (nueve millones novecientos cincuenta y dos mil trescientos sesenta y cinco pesos) y envió a talleres externos un total de 1,682 órdenes de servicio con un costo promedio de $5,916.98 (cinco mil novecientos dieciséis pesos 98 centavos)".
Señalan que con eso demuestran que disminuyeron los trabajos fuera del taller y lograron un ahorro en el costo promedio de cada servicio.- D.D.M.
El Ayuntamiento envió un comunicado de precisiones por los pagos a talleres particulares.
Reducciones
Al confirmar que gasta más de un millón de pesos en pagos a talleres particulares a pesar de que el municipio tiene uno propio, señala que lo mismo hacía la anterior administración, pero en la actual se logró reducir estos pagos.
El personal
Tratándose de maquinaria especializada o vehículos con sus respectivas garantías, son enviados a talleres especializados para su mantenimiento y reparación cuando así se requiere. El personal de esa central siempre está atendiendo reportes del actual Ayuntamiento priista.
Despidos
Añade que sólo se dio de baja a tres empleados, una fue renuncia y las otras despidos por encontrarlos sustrayendo inventario y bienes del taller sin justificación.
Otra sesión de respaldo
Es indispensable que quienes son parte de los Poderes públicos permanezcan del lado de la gente privilegiando las causas de las mayorías, como lo hizo "Héctor Victoria Aguilar", dijo ayer el diputado Víctor Caballero Durán en la entrega de la medalla que lleva el nombre del legislador yucateco.
En una sesión de elogios a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, quien presidió la sesión solemne de ayer en el Congreso, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marcos Celis Quintal, el legislador priista agregó que deben permanecer del lado de la gente privilegiando las causas de la mayoría:
"Tal como lo hace el gobierno de la nueva mayoría que encabeza Ivonne Ortega Pacheco, a la que sin titubeos le decimos que siempre la apoyaremos en todas las acciones que contribuyan a hacer más grande a Yucatán".
En la entrega de la medalla "Pánfilo Novelo" hace unos días también se elogió a la gobernadora en el discurso oficial.
En su discurso con motivo de la entrega anual de esta presea, el diputado Caballero Durán recordó también la trayectoria y trabajo del constituyente Héctor Victoria, así como los méritos del galardonado Luis Alberto Rivas Aguilar.
Por otra parte, el desconocimiento y falta de criterio de los encargados de seguridad en el Congreso provocó ayer problemas que llegaron hasta las reclamaciones y empujones de parte de los invitados a quienes no los dejaban pasar por no llevar su invitación.
Estas restricciones causaron un "embotellamiento" y varios funcionarios menores empujaban y hasta gritaban a los de seguridad. Entre los que a la fuerza lograron entrar se encontraba el líder de los burócratas, Gervis García Vázquez.
Fue notoria la seguridad que se dispuso dentro y fuera del Congreso, donde se observó a la policía estatal fuertemente armada y a la unidad canina.-
Insisten: Sí es legal el decreto
"Quienes dicen lo contrario es porque lo observan con una corta visión, de manera equivocada, sin entender sus alcances y beneficios", afirmó.
Ayer informamos, por declaraciones de la presidenta de la Fecuy, Blanca Estrada Mora, que este decreto es ilegal y que el artículo 59 del Código Fiscal que invocan para argumentar su legalidad no le da facultades a la gobernadora para exentar el pago de las tenencias.
"Entiendo que la ex diputada Blanca Estrada no es abogada, y quizá por eso su confusión, yo le recomendaría que cambie de asesor", dijo el consejero.
Cuevas González señaló que el artículo 59 establece, entre otras cosas, que se puede condonar o eximir el pago total o parcial de las contribuciones cuando exista alguna afectación en alguna región. En este caso -continuó el funcionario- se busca reactivar la economía interna, que exista más circulante, que esos $200 millones circulen en la entidad, en vez de que se le dé o ingrese al Estado.
El consejero jurídico insistió en que con esta exención se busca generar un beneficio directo a los usuarios, que aquellos que debieran pagar la tenencia aprovechen ese dinero en beneficio de su familia, en vez de darlo al gobierno. De cualquier forma comentó que ante la posibilidad de que alguien se ampare contra esta disposición, no está descartada, y todos son libres de hacerlo, pero difícilmente pueda afectar el beneficio en marcha.
Cuevas González manifestó que, por parte, el gobierno estará al pendiente por lo que pudiera presentarse en ese sentido, para responder también por las vías legales, y defender este decreto y los beneficios que otorga a la población.
En caso de que eso sucediera, indicó, entonces serían los tribunales federales los que tendrán la última palabra.
La exención iría a la Corte
Con base en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis P/J31/2002), especialistas en la materia afirman que ese decreto de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco viola la Constitución Federal, debido a que el único facultado para hacer las exenciones tributarias es el Poder Legislativo, en este caso el Congreso del Estado de Yucatán.
La jurisprudencia se generó a raíz de una decisión del Ejecutivo federal que exentó del pago de impuestos a un sector de la sociedad. Esa decisión llevó a la Cámara de Diputados a reclamar su potestad por medio de una controversia constitucional, juicio que ganó en la Suprema Corte el 12 de julio de 2002.
El pleno de magistrados (11 votos) determinó, con base en los artículos 31 fracción IV, 28 párrafo primero, 49, 50, 70 y 73 fracción VII de la Constitución General de la República, que el único facultado para hacer exenciones es el Poder Legislativo, lo que obligó al Ejecutivo federal a dar marcha atrás en su decreto.
Esa base constitucional en materia tributaria es aplicable, afirman los expertos, en todo el país, esto es en estados y municipios.
El artículo en el que se basó, precisamente, el Ejecutivo federal para decretar la exención de impuestos fue el 39 del Código Fiscal de la Federación, el mismo ordenamiento equiparable, el Código Fiscal del Estado, en el que se basó la gobernadora Ivonne Ortega para emitir su decreto 367 de exención de la tenencia a determinados vehículos.
Primero la iniciativa
Expertos consultados confirman que la titular del Ejecutivo yucateco debió enviar una iniciativa al Congreso del Estado para proponer la exención en el pago de la tenencia, a fin de que los diputados, que sí tienen la facultad de hacer modificaciones en materia tributaria, la analicen y aprueben, en su caso.
Esa iniciativa, indican, no sólo debió contener la exención sino la propuesta de modificación correspondiente en la Ley General de Hacienda, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, es decir, debió ser integral.
"La gobernadora debe reponer el procedimiento enviando la iniciativa al Congreso. Si no lo hace, nosotros vamos a presentar una, pues queremos darle certeza jurídica a los beneficiarios de la exención", afirma el diputado Renán Barrera Concha, de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
"Es más, vamos a proponer que se derogue la tenencia para todos, que se elimine, como propusimos antes de que se aprobara el paquete fiscal 2011.
"Si no rectifican el camino y la mayoría priista desecha nuestra iniciativa, vamos a promover una controversia o una acción de inconstitucionalidad", advierte el legislador, integrante también de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal.
A los tribunales
"Si se niegan a corregir el error jurídico, el Ejecutivo se las puede ver en los tribunales, por los amparos, y en la Corte, por la controversia constitucional".
En un mensaje de Twitter, el Frente Cívico invita a las personas morales -que fueron excluidas de la exención- a una plática este viernes sobre los posibles amparos contra el decreto 367.- Félix Ucán Salazar
Expertos en Derecho confirman que el decreto 367 no se apega a ninguna causal del artículo 59 del Código Fiscal del Estado.
"Algún lugar"
El abogado Rubén Bolio Pastrana opinó, como publicamos, que el decreto es legal porque se cumple la primera causal del artículo 59 del Código Fiscal: "...cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del Estado (de Yucatán)".
Génerico
Rubén Bolio dice que ese enunciado "está usado en sentido genérico y no para sitios o comarcas específicas...", es decir, considera que es aplicable a todo el Estado.
Sesgo
Los expertos dicen que es una interpretación sesgada, pues el artículo 39 del Código Fiscal Federal, que es casi idéntico al estatal, habla de "algún lugar o región del país", lo que no significa, evidentemente, que sea aplicable a todo el país.