Diputados Magaly Cruz Nucamendi y Mauricio Sahuí Rivero, del PAN y PRI
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Los diputados del PAN están de acuerdo en el dictamen que hoy jueves someterán a consideración del pleno del Congreso estatal, para no aprobar las cuentas de varios municipios, menos las de Mérida, en las que consideran sería incorrecto.
Las cuentas de los otros nueve municipios serían rechazadas por causar un daño al patrimonio municipal de $41.214,452 en Tizimín; $4.709,621, en Dzidzantún; $3.427,443, en Tunkas; $2.771,519, en Cuzamá, y $1.430,755 en Acanceh, todos estos priistas. Por parte del PAN, además de Mérida, están con $8.385,478, Buctzotz; $6.267,785, en Bokobá; $6.129,877, en Conkal, y $1.770,282 en Cansahcab.
A Mérida le imputan un presunto daño de más de 82 millones de pesos, por presuntas irregularidades como créditos sin cobrar y pagos indebidos.
El ex alcalde César Bojórquez ha negado que haya irregularidades y advierte que no será "chivo expiatorio" de nadie.
17 febrero 2011
Gastos sin comprobar
Rechazarían hoy las cuentas de Mérida y otros municipios
Diputados Magaly Cruz Nucamendi y Mauricio Sahuí Rivero, del PAN y PRI
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Las presuntas irregularidades por las que hoy rechazaría el Congreso las cuentas de Mérida van desde gastos sin comprobar hasta la desaparición de un contrato por el que supuestamente se erogaron $1.681,600, según la Auditoría Superior del Estado.
La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, la diputada priista Martha Góngora Sánchez, dijo que al ser rechazadas hoy jueves las cuentas de Mérida y otros nueve municipios, como se espera, los ex alcaldes tendrán otra oportunidad de solventar las irregularidades para no ser procesados.
Según el expediente de Mérida, las presuntas irregularidades que no fueron solventadas son diversas, por ejemplo registran pagos de $80,500 por eventos que no son del municipio.
Consignan un gasto por 16 millones de pesos que consideran indebido, porque nunca fue aprobado por el Cabildo -aunque tampoco precisaron qué se pago con eso-, y tampoco lo aclaró la contraloría interna.
Se pagó $8.668,804 de retenciones de cuotas sindicales de sus empleados, a un líder sindical, cuando debiera ser al Sindicato, no a su dirigente.
También un pago de $6.116,873 en facturas duplicadas, sin que se aclare su duplicidad, o se reporte la reintegración del presunto doble gasto indebido.
Existe un reporte por concepto de control interno, de un gasto que asciende a $5.967,000 y no fue presupuestado.
Se reporta un gasto de $94,785 sin comprobar; préstamos por $178,000 para proyectos productivos, que no se recuperaron; unos $73,000 de pagos por viáticos a personas que no laboran en el municipio.
De igual forma se reporta el pago de $443,525 de un servicio a una empresa cuyo giro comercial no corresponde al del trabajo por el cual supuestamente se le contrató.
Los mencionados son algunos de los presuntos gastos irregulares, además de otros en su mayoría del gasto de operación, que en total suman $82.781,814.54, a lo que se presume asciende el daño patrimonial municipal de Mérida, por el cual no les aprobarían sus cuentas correspondientes al ejercicio del segundo semestre de 2008, del entonces alcalde panista Cesar Bojórquez Zapata.
Proceso
La diputada Martha Góngora informó que el proceso que se sigue en estos casos es que en caso de que el pleno del Congreso rechace estas cuentas, como se espera suceda en la sesión de hoy, se turna al Ejecutivo estatal para que sancione y promulgue publicándolo en el Diario Oficial del gobierno del Estado.
Asimismo, el pleno instruirá a la la Auditoría Superior del Estado para que proceda contra los 10 ex alcaldes.
Este procedimiento consistirá conforme a la ley, primero en que la Auditoría deberá notificar a los ex alcaldes de su situación, y ofrecerles una audiencia para que acudan a manifestar lo que consideren en su defensa, incluso aportar la documentación y pruebas que consideren para solventar las presuntas irregularidades que se les imputan.
Posteriormente la Auditoría estudiará lo aportado por los ex alcaldes para evaluar si con eso se solventan las irregularidades o de lo contrario procederían directamente, a denunciarlos ante el Ministerio Público o la Contraloría, según consideren, sin que deban regresar estos casos al Congreso.
De no poder resolver las irregularidades, entonces la Auditoría Superior podría proceder penal o administrativamente contra los presuntos responsables, concluyó la diputada
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