Ocho de los catorce consejeros de la Fundación Produce Yucatán pidieron ayer a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco que respete el Estado de Derecho y ordene al secretario de Fomento Agropecuario y Pesquero, Alejandro Menéndez Bojórquez, que saque las manos de la asociación civil y deje de alentar conflictos en el campo.
Reunidos en su local de la colonia San Miguel, los ocho consejeros ratificaron su reconocimiento a Pedro Cabrera Quijano como su presidente y recalcaron que se conducirán con apego a la ley.
"Le pedimos a Ivonne Ortega que respete los estatutos de la Fundación", declaró Cabrera Quijano al término de una reunión. "En vez de preocuparse en promover enfrentamientos entre los productores del sector, que se ocupe en revertir el desplome productivo en que están sumidas las actividades agropecuarias y pesqueras de Yucatán".
Los presentes también demandaron a la jefa del Ejecutivo que ponga un freno a los ataques contra la Fundación y en general contra todas las agrupaciones que no acatan las imposiciones de la Secretaría que encabeza Menéndez Bojórquez.
Añadieron que son mayoría en la asamblea -la máxima autoridad de la Fundación Produce- y subrayaron que la ratificación de Cabrera Quijano fue legal y no deja lugar a dudas.
También anticiparon que en unos 15 días más se reunirán de nuevo para decidir las medidas legales que tomarán contra los consejeros disidentes, que violaron los estatutos en su afán de crear una directiva paralela.
Son seis los consejeros inconformes
La mayoría de los consejeros de la Fundación Produce Yucatán manifestó ayer que no debe haber confusiones en torno a la directiva de esa asociación y reiteró su llamado a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y al secretario de Fomento Agropecuario y Pesquero, Alejandro Menéndez Bojórquez, a que dejen de promover enfrentamientos entre los productores agropecuarios.
"Sólo hay un consejo directivo: el que preside Pedro Cabrera Quijano", apuntaron. "La elección fue legal".
"Si estamos aquí es porque estamos convencidos de que Pedro fue reelecto de acuerdo con los estatutos", apuntó Alberto Rosado Cáceres, consejero apícola.
"Estamos en lo correcto", lo respaldó Alberto González Rejón, representante del sector ovino.
Cabrera Quijano indicó que los consejeros presentes se pronuncian por hacer a un lado "grillas" y confrontaciones para trabajar por el campo.
"Le pedimos a la gobernadora que respete a los consejeros, que respete a la Fundación", añadió. "El gobierno debe fomentar las condiciones para que fluyan recursos y obras en el campo, no propiciar enfrentamientos por intereses personales o berrinches".
Los ocho consejeros presentes fijaron su posición: "Es momento de dar vuelta a la hoja y de restaurar la legalidad. ¿Qué gana (el gobierno) con dejar en la quiebra la juguera de Akil, los comités fitosanitarios, las uniones ganaderas y todo lo que alcanza esa ola expansiva de destrucción?"
"La realidad de Yucatán no es un juego. Hace unos años Nuevo León era un ejemplo de potencia industrial y hoy, debido a que sus autoridades no asumieron una actitud responsable, es una entidad que padece de graves problemas sociales e inseguridad. En la administración de Ivonne Ortega durante cuatro años se han sembrado las semillas venosas del desplome productivo y la descomposición socioeconómica. Ellos se irán, pero nosotros permaneceremos aquí cuando esas semillas florezcan", advirtieron. También dieron a conocer que el Tribunal Superior de Justicia les entregó ayer copias certificadas del expediente 229/2011, relativo a diligencias de jurisdicción voluntaria que promovieron los consejeros disidentes.
"Con estas copias certificadas por el Tribunal Superior queda claro que la supuesta convocatoria a una asamblea, de lo que se cuelgan los disidentes para mantener su mentira, fue desechada en un acuerdo posterior que se publicó el 25 de abril en la página 68 del Diario Oficial", precisó Pedro Cabrera.
Además de Cabrera Quijano, González Rejón y Rosado Cáceres, asistieron a la reunión José Dolores Isaac Sabido (del sector chiles), Fernando Poblano Cantón (ornamentales), Wílmer Monforte Marfil (lechería), Tomás Maza Martín (bovinos) y René Echeverría G. Cantón (pesca).
El grupo de disidentes lo forman Carlos Ramayo Navarrete, Evelio Salazar Seba, José Arjona Jiménez, Genaro Chalé Tuz y Francisco Martín Escobedo. Los dos últimos firmaron el acta de ratificación de Cabrera, pero luego se unieron a sus compañeros disidentes.
El caso que atiende el Tribunal se deriva de una apelación interpuesta por este grupo contra el fallo de la jueza Sara Luisa Castro Almeida que invalidó un acuerdo anterior, que consideraba la convocatoria a asamblea.La resolución del Tribunal sólo se centrará en el acuerdo de la abogada Castro Almeida. No indicará quién es el presidente de la Fundación, pues este punto no está a discusión y se reconoce el carácter de Pedro Cabrera como tal
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