La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Asistencia Social para el Estado y dos reformas posteriores a la misma. debido a que la autoridad responsable ignoró la obligación de consultar al sector de ciudadanos afectado por la medida.
En su primera sesión remota, obligada por la epidemia de coronavirus, la SCJN le concedió la razón a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que interpusieron una acción de inconstitucionalidad 80/2017 contra las reformas, que entraron en vigor en julio de 2017.
Con una votación de ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno coincidió con la acción presentada por ambas comisiones.
El fondo del asunto, señaló Javier Lainez Potizek, ministro ponente del fallo, es que el Congreso potosino no realizó una consulta pública entre la población con discapacidad en San Luis, situación que contradice la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad.
Además, indicaron los magistrados, hubo otras anomalías atribuidas a las reformas estatales de ayuda social.
En 2016, un juez ordenó reponer una consulta pública a pueblos indígenas debido a que el gobierno de Juan Manuel Carreras López no la realizó de manera adecuada.
