El informe se dio 48 horas después de la aprehensión
Se confirma una detención por venganza
El informe se dio 48 horas después de la aprehensión
Un año de represión y fracaso
(túnel, represiòn, balance, canacome, aspirantes, impunidad, obra innecesaria)
Publicada: 26 diciembre 2011
También considera como un hecho relevante la fracasada intención de la alcaldesa Angélica Araujo Lara de convertirse en la candidata del PRI al gobierno del Estado.
Otros dos sucesos marcaron el año para Jorge Manzanilla: la renuncia de Armando Baqueiro Cárdenas a la Secretaría de Planeación del gobierno del Estado, y la falta de aportación de fondos estatales para el Paripasu, que apoyaría a pequeñas y medianas empresas yucatecas.
Otro acontecimiento que no se puede pasar por alto, afirma, es la falta de transparencia que rodeó al concierto de Shakira, que costó $26 millones y en el que se usaron fondos municipales que debieron invertirse en colonias marginadas de Mérida, en especial en el llamado sur profundo.
Sobre la represión en la glorieta, Manzanilla Pérez considera que fue un hecho grave en perjuicio de ciudadanos que se manifestaban de forma pacífica.
"Fue un error muy grande que el Ayuntamiento usara la violencia para desalojar a los manifestantes".Sobre el paso deprimido en Montejo, recuerda que se construyó a pesar de la oposición de los organismos empresariales, profesionales, de especialistas y contra los propios decretos del Ayuntamiento que indican que es una zona de patrimonio cultural.
En cuanto a la renuncia de Armando Baqueiro, el líder de la Canacome asegura que influyeron los desencuentros entre el ex funcionario y otros integrantes del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco. "Su salida marcó un momento difícil en el gobierno del Estado".
Otro hecho importante, destaca, fue la imposibilidad de la alcaldesa Araujo Lara de ser nombrada candidata del PRI al gobierno estatal, "como era su deseo y como era muy probablemente el deseo de la gobernadora". "El hecho de que la alcaldesa no lograra la postulación es muy importante, ya que demuestra que cuando un funcionario se aleja y distancia de la sociedad más temprano que tarde paga las consecuencias. Los errores que ha cometido en su administración la llevaron a perder esa oportunidad", subraya el líder de los comerciantes meridanos.
Sobre la falta de aportación al paripasu en apoyo a las pymes, el directivo afirma que se suma al incumplimiento estatal de los últimos años, lo cual ha provocado que no se aprovechen todos los recursos federales que se darían.
En tres años el gobierno estatal sólo aportó $7 millones y se dejaron de utilizar $98 millones federales por la falta de aportaciones de la administración de Ivonne Ortega.
Agredidos del 4 de julio exigen el fin de la impunidad
(túnel, represiòn, impunidad, protesta)
No se olvida el 4 de julio: ayer, un día de protestas
Publicada: 5 diciembre 2011
El 4 de julio no se olvida entre las agrupaciones cívicas y ciudadanos que sufrieron la violenta represión cuando protestaban por la construcción del paso deprimido, en Prolongación de Paseo Montejo con Circuito Colonias.
"Fue un pasaje negro en la historia de nuestro Estado, nunca debió ocurrir. Sin embargo, los hechos continúan impunes", dijeron ayer los participantes en la jornada de protestas en el túnel vial.
Los manifestantes indicaron que ya se comprobó que la obra a la cual se oponían no es de beneficio, pues el Ayuntamiento dice que la construyó para resolver los problemas de vialidad, pero la situación permanece igual ahí.
Comparece de nuevo el "Calín"
(túnel, represiòn, violencia, impunidad)
Publicada: 16 octubre 2011
"No hay problema, son lesiones leves, pero yo no toqué a la senadora", comentó "Calín" Herrera.
El polémico líder del Sindicato de Matarifes de Mérida y ex empleado del Rastro Municipal salió airoso de varias denuncias que le atribuyeron los ciudadanos agredidos en la glorieta, porque alegó durante sus comparecencias que no lesionó a ninguno de sus denunciantes.
Actualmente "Calín" Herrera está libre porque pagó una fianza de $14,000 en uno de los juzgados estatales que ordenó su detención por dichos delitos que le atribuyen. Otros acusados del mismo grupo agresor son María Teresa Herrera Chalé, hermana de "Calín" Herrera, Felipe Díaz Novelo alias "Café Tacuba", Ramón Bacilio Pat Canul, Diego de la Rosa Rodríguez, Manuel Che y Carmen Campos
Llevan la lucha contra el túnel de Montejo a un foro
(túnel, impunidad, represiòn, manipulación, imposición, sordera)
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No a la impunidad del poder: Nueva agrupación
Publicada: 4 agosto 2011
En la víspera de cumplirse un mes de la represión en la "Glorieta de la Paz", ayer fue presentada una nueva agrupación ciudadana impulsada por los violentos sucesos de ese día y motivada por el deseo de promover los derechos civiles.
"No queremos otro 4 de julio. Queremos que las autoridades entiendan que los ciudadanos somos los mandantes, que cuando ellas no respondan al interés general nosotros podremos cambiar el rumbo", declaró Marisol Canto Ortiz, consejera ciudadana de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) e integrante del equipo promotor de la nueva organización.
La licenciada Canto Ortiz dijo también que es inaceptable la simulación de las autoridades, tanto como los atropellos.
"Hay que luchar contra la impunidad del poder", subrayó Leticia Novelo Moguel, también integrante del equipo promotor.
El grupo se llama Red Social contra la Represión y la Difamación y sus promotores desean extender su ámbito de acción a todo el Estado, aunque en este arranque sólo estará en Mérida.
Tendrá cinco líneas de acción:
1) Dar a conocer actos de violencia, represión, intimidación y difamación contra el ciudadano.
2) Registrar, documentar y difundir en los ámbitos local, nacional e internacional los actos de represión y difamación.
3) Hacer denuncias públicas y jurídicas cuando las víctimas así lo decidan.
4) Establecer canales de comunicación con organismos nacionales e internacionales que promuevan la defensa de derechos civiles.
5) Dar seguimiento a los actos reportados.
Nace una red para formar conciencia contra la represión
Publicada: 4 agosto 2011
"Basta de burlas e insultos, basta de pensar que no tenemos la fuerza para consolidarnos como los verdaderos mandantes. Basta de la impunidad que permite que el miedo se cuele a nuestras casas", manifestó Leticia Novelo Moguel, integrante del equipo promotor de la Red Social contra la Represión y la Difamación.
Esta organización, como indicamos en la primera página, fue presentada ayer. Sus promotores son personas que de alguna manera están vinculados, como testigos o víctimas, con la represión del 4 de julio en la "Glorieta de la Paz" o son ciudadanos que han condenado esos hechos.
El objetivo de la red es recopilar, documentar y dar seguimiento "a todos los casos de personas que han sido reprimidas por algún sector del poder público", así como llegar a la denuncia pública y jurídica "en los casos en que el afectado así lo solicite".
"La razón de conformar esta red es formar conciencia en la sociedad de que mecanismos de represión del gobierno no son parte de nuestra vida y no debemos ni permitirlos ni quedarnos callados", indicó Leticia Novelo al comenzar la lectura de la exposición de motivos.
Durante la presentación se hizo hincapié en que, no obstante que su espíritu reside en la condena a la represión del 4 de julio, la red extenderá su campo de acción a cualquier denuncia de represión, intimidación o difamación contra la ciudadanía.
Los integrantes del equipo promotor son:
1) Marisol Canto Ortiz, licenciada en Derecho, consejera ciudadana de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
2) Leticia Novelo, licenciada en Educación Especial.
3) Rita Farjat Vázquez, empresaria.
4) Magaly Escobedo González, activista por los derechos sociales.
5) Ana Margarita Aguilar Loroño, licenciada en Derecho y activista.
6) Eric Gamboa Blanco, estudiante de la Licenciatura en Biología.
7) Jorge Escamilla Ávila, activista por los derechos civiles.
8) Jorge Pasos Ortiz, estudiante de la Licenciatura en Derecho.
9) Alfonso Peniche Manzano, médico y activista.
10) José Patrón Juanes, también activista.
Marisol Canto, quien estuvo en la "Glorieta de la Paz" el día de la agresión a los manifestantes, leyó los antecedentes de la nueva red, presentó a los promotores que la acompañaron en la mesa y deploró que a un mes de la represión no haya "un solo detenido, un solo consignado".
"No a la represión, no a la difamación... Lo tenemos que dejar muy claro", apuntó.
Después de la violencia del 4 de julio, prosiguió, "desde Palacio de Gobierno y Palacio Municipal se ha instrumentado una campaña mediática de difamación y calumnia", con la que se pretende "poner en duda la legitimidad de las acciones emprendidas en la defensa de nuestros derechos civiles".
La consejera de la Codhey señaló que la nueva red es plural y se podrán sumar a ella todas las personas que hayan sufrido algún tipo de represión o difamación, y también quienes quieran sumarse a la defensa de los derechos humanos.
Sobre las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado por los sucesos en la "Glorieta de la Paz", el doctor Peniche Manzano apuntó:
"Es lamentable que la justicia no sea pronta ni expedita. Las autoridades están apostándole al olvido, a los arreglos...
"Están maquillando la investigación. Desde ahora puedo adelantar que no habrá detenidos. Hay complicidad entre las autoridades y los acusados".
En la exposición de motivos se formularon estos conceptos:
-Una sociedad que es reprimida pierde su esencia y dinamismo, se convierte en un grupo de personas a las que hay que ver como hijos menores de edad que no pueden tomar decisiones o, peor aún, no pueden comprometerse en su propio desarrollo. Por eso hoy decimos: no a la represión.
-Ante la incompetencia de los actuales gobiernos estatal y municipal de Mérida, ante su falta de valor para reconocer sus errores, se pretende hacer un linchamiento público mediante la difamación contra cualquier persona que se atreva a exigir el cumplimiento de sus derechos. Eso no nos mantendrá callados y exigiremos cuanto sea necesario para detener estos actos difamatorios.
-Hay que luchar contra la impunidad del poder e incluso de algunos medios de comunicación donde se difama el actuar ciudadano. La sociedad es primero.
Jorge Pasos y Eric Gamboa hablaron sobre el papel de los jóvenes en el despertar ciudadano.
"Me parece excelente que la sociedad no se quede callada, que este despertar cívico se prolongue, porque algo positivo arrojará", señaló Eric Gamboa.
Jorge Escamilla subrayó que la unión hace la fuerza y, en alusión a las investigaciones en torno a la golpiza en la Prolongación de Montejo, enfatizó: "Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano".
Jorge Pasos se encargará del aspecto de las redes sociales para la nueva organización. Anticipó que ya están activas las cuentas Red Social contra la Represión y la Difamación, en Facebook, y norepresionydifamacion@hotmail.com, en correo electrónico.
Por ahora, según se explicó, el contacto con la naciente agrupación será por esas vías. Más adelante se dará a conocer la ubicación de un local propio.
Al finalizar la presentación, en céntrico café, se mostró una camiseta que sirvió para inaugurar las actividades de la red. Un cartón de Tony alusivo a la agresión del 4 de julio, publicado por los medios de Grupo Megamedia, es la ilustración de la prenda
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"Si tiene dignidad, que renuncie la señora"
Excélsior también difundió, bajo el título "Ligan zafarrancho a la edil de Mérida", la relación que existe entre la arquitecta Araujo Lara y Carlos Herrera, que evidencian fotografías publicadas por el Diario y difundidas en las redes sociales.
"La regidora Lizette Mimenza Herrera y dirigentes de ONG anunciaron que iniciaron las investigaciones que ligan a la alcaldesa de esta ciudad con el zafarrancho ocurrido el pasado lunes en la Glorieta de la Paz en el que, señalan, estuvieron involucrados empleados municipales y taxistas, entre otros", publicó Excélsior.
"Ubican en Mérida a porros agresores". Con ese título el periódico Reforma publica que "en una fotografía del día de la agresión se identifica a Herrera Chalé (alias Calín) y se le compara con otra imagen tomada el 18 de junio y en la que aparece acompañado de la alcaldesa Angélica Araujo; el secretario general de los ferrocarrileros, Víctor Flores Morales; el dirigente de la CROC, Pedro Oxté..."
También publicó una nota de "Chocan en el Congreso", en la que citan una discusión entre los senadores Minerva Hernández y Cleominio Zoreda, ya que este último trató de evitar que se abordara el tema de la agresión en Mérida.- FéLIX UCáN S.
La agresión en Mérida fue tema de discusión anteayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
. La senadora Minerva Hernández Ramos dijo que, a nombre de la fracción del PAN, expresaba su solidaridad con los ciudadanos "que fueron fuertemente golpeados en una manifestación pacífica, por grupos de choque". Se solidarizó también con la senadora Beatriz Zavala y el diputado federal Daniel Ávila.
. "Oradora, senadora, senadora..", intervino desde su curul el senador Cleominio Zoreda para pedir una moción de orden. "No creo que sea el espíritu de ningún Congreso traer a colación, aprovechar mañosamente -lo recalco- mañosa y arteramente la tribuna para un fin distinto (el tema a tratar era Tlaxcala)".
"No es honesto inscribir un punto de acuerdo que todos conocimos, no hay ninguna razón para ser alterado que no sea una razón perversa y mal intencionada, y a eso me refería al pedirle a usted (al presidente) una moción...".
. El presidente de la Comisión, Ricardo García Cervantes, primero le dijo al priista que las mociones las hace él y luego que qué bueno que pida mayor claridad y honestidad en los temas a tratar.
La sociedad, "en el desdén y desprecio"
Indicó que ya reconoció a cuatro de sus agresores por medio de las fotografías que colocó el Diario en su portal yucatán.com.mx y presentará las imágenes a la Fiscalía General del Estado, donde ayer por la tarde presentó su denuncia penal por las agresiones, lesiones y el robo de su teléfono celular.
"Hasta esa hora la situación estaba tranquila, aunque estaban unas personas de blanco, que según me dijo Raúl Ancona, no eran sus empleados ni los contrató. Vi que Patricia Mier y Terán estaba sobre una maquinaria y me quedé un rato para apoyar porque no estoy de acuerdo con esa obra".
"Como a las 2 de la tarde llegó un conjunto como de 40 sujetos decididos a golpear a todos. Cuando veo lo que está sucediendo y están golpeando a todos miré a Paty Mier y Terán y al cónsul honorario Enrique Gutiérrez que seguían arriba de la maquinaria y sabía lo que les iba a pasar porque los golpeadores iban sobre ellos", indicó.
"Subí con ellos a la maquinaria y empecé a esquivar o detener los golpes. Pero eran muchos y la persona de gris tenía un tubo metálico en la mano y nos golpeaba, nos tiraban botellazos y otros objetos. Como eran muchos me agarraron de los pies, me bajaron a la fuerza y cuando caí me dieron una andanada de golpes. No los conté, pero me dejaron el ojo morado".
"¿Dónde estaba la policía municipal y estatal? No sé qué nombre ponerle a esa agresión, prefiero dejar que la sociedad y las personas califiquen esos hechos y dejar claro que las autoridades nos trataron con desdén y desprecio", finalizó.- Joaquín Chan Caamal
El ingeniero dijo que los manifestantes estaban calmados al llegar el grupo de choque.
En contra del entorno
"Con gusto pondría mi otro ojo para que me lo dejaran morado con tal de salvar uno de esos árboles que están en la Prolongación. Con gusto daría el resto de mi cara con tal de que no se haga ese proyecto del paso 'deprimido' que va en contra del entorno urbano de la ciudad".
Proyecto innecesario
"Esos piches y algarrobos de decenas de años tienen una raíz que se va para abajo. Una vez que lo corten difícilmente vivirán o para que se repongan tardarán cientos de años", señaló el ingeniero sobre la tala de árboles que habría por el paso "deprimido". "Ese proyecto costará tanto dinero y no es necesario".
Alta autoridad moral caso César Bojórquez
Una lideresa pone fin a su protesta
Luego de más de 24 horas de ayuno frente a Palacio de Gobierno, Patricia Solís Reyes suspendió anoche su protesta debido a varias amenazas recibidas y por motivos de salud.
Según la inconforme, durante la huelga de hambre recibió felicitaciones y amenazas, además de indiferencia: ningún funcionario del Ejecutivo estableció contacto con la inconforme, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial.
“Pido que la gobernadora me reciba, que escuche nuestras demandas, las mismas que planteamos desde hace muchos meses”, indicó horas antes de decidir la suspensión de su protesta.
Según dijo, anteanoche recibió amenazas, frente a la sede del Ejecutivo, provenientes de los ocupantes de un automóvil con placas del Estado de México.
El mismo vehículo, matrícula 968-YTB, la ha seguido por diferentes rumbos de la ciudad, informó la dirigente sindical.
“Me dijeron muchas groserías, me amenazaron para que no siguiera frente a Palacio”.
Por la tarde, la líder del sindicato del Poder Judicial se sintió mal debido a las horas sin alimentos, por lo que fue atendida por un médico.
Acaba su protesta
Después de eso, y debido a las amenazas, decidió dar por terminada su protesta, aunque aseguró que su lucha sindical continuará.
“Pido que la gobernadora me atienda, quiero explicarle todo lo que ocurre y cómo se nos ataca en el Poder Judicial”, dijo.
Recurso contra dos magistrados
Si ese órgano del Poder Judicial de la Federación considera que la queja es válida, entonces los dos juzgadores serían sancionados con apercibimiento, amonestación, sanción económica, suspensión, inhabilitación temporal o destitución.
Lolbé Carrillo expuso que la razón de su queja está en que los dos magistrados se basaron, para condenarla, en una tesis aislada de la Suprema Corte en vez de una jurisprudencia de la misma, tal como asentó el magistrado Armando Cortés al diferir de los otros dos juzgadores y marcar su distancia en relación con la decisión de aquellos.
—El criterio jurisprudencial tiene mayor rango, es prevalente a la tesis aislada, como dijo ese magistrado —dice.
Según esa jurisprudencia de la Corte, los magistrados debieron analizar cada una de las obligaciones que marca la ley para los funcionarios y determinar cómo se incumplieron aquellas. —En vez de ello hicieron conjeturas con base en analogías y lo que en términos legales se conoce como mayoría de razón —indicó Lolbé Carrillo—. No revisaron si concuerdan y engranan la norma y la conducta del acusado, no analizaron lo que se conoce como “principio de tipicidad”, que es el núcleo duro de principio de legalidad en materia de sanciones.
—La jurisprudencia dice que los principios que se aplican en materia penal también deben ser aplicados en sanciones administrativas. Si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el funcionario debe cuadrar con la hipótesis normativa establecida. El Consejo de la Judicatura Federal a la que recurrirá Lolbé Carrillo es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral. También determina la división y competencia territorial y la especialización de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito.
“Lo importante es actuar con estricto apego a la ley”
También indicó que este caso puede servir de ejemplo para los funcionarios sobre lo que no se debe hacer y para que actúen siempre dentro de la ley.
Anteayer informamos que Lolbé Carrillo fue inhabilitada para ocupar cargos públicos seis meses y multada por otorgar —indebidamente, según una denuncia de la Contraloría estatal— recursos de la Japay a la agrupación Niños y Cría.
Entrevistada al respecto, al término de la presentación de la Policía Vecinal —de lo que informamos en nota aparte—, la gobernadora dijo que, ante todo, en este caso actúan con estricto apego a la ley.
“Ha sido un juez federal el que ratificó la denuncia de la Contraloría y hay que trabajar de acuerdo con la ley”, indicó.
—¿Esto afecta la imagen de los políticos, de los funcionarios? —se le preguntó.
—Puede ser, realmente en casos como éstos la sociedad lo toma de diferente manera. A fin de cuentas lo importante en el caso es que nosotros sigamos actuando estrictamente apegados a la ley —respondió.
Al reiterar que el fallo adverso a la contadora Carrillo Jiménez puede ser un ejemplo para los funcionarios, subrayó: “De alguna manera todos los funcionarios tienen el compromiso de trabajar de manera transparente, clara y comprometidos con lo que marca la ley”.
Reiteró que en su gobierno trabajarán apegados a la ley y subrayó que fue un juez federal el que ratificó el dictamen.
“La Contraloría ahora tiene que trabajar con la Secretaría de Hacienda para coordinar lo que será la reparación del daño”, puntualizó.
El donativo, todavía intacto
También expuso que el convenio que firmó con el Ejecutivo estatal para recibir esa aportación establece que esos fondos sólo pueden destinarse a tareas de “conservación, protección, restauración y uso sustentable de las áreas naturales y el acuífero de Yucatán”.
Señaló además que en la firma de ese convenio de colaboración con la Japay la agrupación estuvo asistida por la Secretaría de Ecología del Estado.
En un boletín de dos páginas, firmado por su director, Rodrigo Migoya von Bertrab, se indicó que Niños y Crías ya emitió tres convocatorias para financiar diversos proyectos con recursos derivados de ese convenio, pero provenientes de esa agrupación y otras fuentes.
El boletín relata que la relación con la Japay surgió en 2007, a raíz de que esa agrupación propuso al gobierno estatal crear un mecanismo financiero para la protección y conservación de las áreas naturales y el acuífero del Estado. Esto ayudaría a solucionar los problemas ambientales locales.
En junio de ese año, el gobierno y ese grupo social firmaron un Convenio General de Colaboración para unir recursos, capacidades y experiencias para conservar las áreas naturales y el acuífero.
Ese mismo día se firmó con la Japay el convenio específico y la depedencia aportó $3.146,395. Por su parte, Niños y Crías dio el doble, $6.179,439.
El fondo integrado por ésta y otra aportación más llegó a $12.358,878, que fueron depositados “en un fondo de inversión segura” a nombre de Niños y Crías.
No fue sino hasta mayo del año pasado cuando se creó el Fideicomiso para las Áreas Naturales y el Acuífero de Yucatán (Fanay), en el que se depositaron el fondo mencionado y los intereses generados. Dentro de ese fideicomiso se crearon tres subcuentas, una de las cuales corresponde exclusivamente a lo aportado por la Japay. La Japay se negó a autorizar las solicitudes de erogación que le hizo el comité técnico del fideicomiso.
Debido a esto, lo aportado por la Japay está íntegro en la subcuenta mencionada, y su monto subió por los intereses devengados.
La agrupación dice también que su labor es gracias al apoyo de instituciones públicas y privadas, y siempre da resultados positivos “con un manejo claro y transparente de los recursos recibidos”.
También señala que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a cargo de Vicente Tun Velázquez, incurrió en “vicios de forma” al analizar ese caso y emitir resolución condenatoria contra la ex directora administrativa de la Japay.
Esas fallas, agrega, representaron una “violación de garantías” de la funcionaria.
—Resulta sumamente notorio que el magistrado del Tribunal responsable trata de manera muy superficial el concepto de impugnación que hizo valer la quejosa en su escrito de demanda —indica el juzgador en otra parte de su ponencia.
De acuerdo con una copia de la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito, que proporcionó la contadora pública Lolbé Carrillo, el magistrado ponente explica que da la razón a ésta basado en una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.
—En principio —indica—, el criterio que sirve de soporte básico a mi voto particular es una tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual quiere decir que esa tesis es obligatoria, sin excepción, para todos los tribunales del país. —Dicho criterio debe aplicarse forzosamente en los casos en que estén de por medio infracciones y sanciones de carácter administrativo. Y para que una tesis de jurisprudencia pierda su efecto vinculante, es preciso que haya sido superada, interrumpida o modificada por el tribunal que la creó, lo que no ocurre con la tesis de jurisprudcencia número 100/2006.
Más adelante asienta su convicción de que el criterio que a ese respecto se invoca en la sentencia de los otros dos magistrados, “no tiene ninguna aplicación al caso concreto, ante la contundencia y obligatoriedad de la tesis de jurisprudencia correspondiente...” Debido a todo esto, el juzgador marcó su postura al respecto y dejó claro que disiente de los otros dos magistrados que votaron en ese caso: Gabriela Alonso Ayala Quiñones y Elvira Concepción Pasos Magaña. También dijo que “pongo distancia y me alejo” de las consideraciones en que se basaron sus homólogos para negar el amparo.
—En lo absoluto estoy de acuerdo con el sentido del fallo aprobado por la mayoría, pues, en mi opinión, estimo que en este caso resulta procedente concederle a la quejosa el amparo que solicita —dijo Cortés Escalante al inicio de su explicación sobre el sentido de su voto. —Estas circunstancias constituyen una muestra palpable de que la sentencia encuestión vulnera abiertamente la garantía de debida fundamentación y motivación, que a rango de garantía individual tutela el artículo 16 de la Carta Magna, lo que, a mi juicio, provoca un estado de indefensión que priva a la impetrante de una debida defensa.
Respecto al trabajo de Vicente Tun, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sostiene que este “no fija la litis debidamente” y campoco “realiza el estudio de tipicidad” respectivo.
—Incurre en esa omisión porque en lo absoluto se da a la tarea de examinar cómo, por qué y de qué manera la conducta de la ahora quejosa encuadra en las hipótesis legales de referencia, no obstante que se trata de supuestos normativos diferentes que previenen conductas distintas, y de que en este asunto existe un concurso eventual de agentes.
Abiertos al escrutinio
En su carta de renuncia, de la que informamos ayer, la contadora Carrillo Jiménez indicó que decidió separarse del cargo “para defender mi honorabilidad, buen nombre y mi larga trayectoria de muchos años de trabajo honesto y responsable en los ámbitos público, privado y académico”.
El alcalde informó que el lugar de Lolbé Carrillo será ocupado por Julia Núñez Benítez, quien se desempeñaba como subdirectora de Administración.
“Espero que no haya intereses políticos detrás de este asunto”, enfatizó el primer edil, quien dijo que están abiertos al escrutinio.
También explicó que el proceso de entrega-recepción, que finaliza hoy, se realiza coordinadamente con la contralora municipal, Laura Cervera Urtiaga.
La renuncia y el fallo del Tribunal Colegiado, por la entrega de recursos de la Japay —dependencia en la cual Lolbé Carrillo fue funcionaria en el gobierno anterior—, fue ayer motivo de discusiones en la sesión del Cabildo.
El regidor perredista Jorge Vallejo Buenfil pidió los documentos que entregó la ex funcionaria con su renuncia y criticó que el alcalde haya aceptado la carta sin que antes pasara por el Cabildo.
Bojórquez Zapata explicó, al finalizar la sesión, que el Artículo 55 faculta al presidente municipal a nombrar y dar el poder a los funcionarios, excluyendo a la titular de Tesorería y Finanzas: “No tiene por qué pasar por el Cabildo y por eso no había que discutir nada”. El gobierno estatal ejecuta rápidamente todos los pasos de ese caso. Ayer a las 10:30 de la mañana un notificador de la Secretaría de Hacienda acudió al domicilio de la ex funcionaria, en la colonia México Norte, para pedirle que acuda a pagar los $6 millones que le fijaron de sanción o de lo contrario le embargarán bienes equivalentes a esa cantidad.
Como el notificador no halló a Lolbé Carrillo, dejó un citatorio donde le ordena esperarlo hoy a las 13 horas para entregarle el requerimiento.