Dos días después que un grupo de jóvenes que participó en la marcha contra el transporte reveló que le pagan para hacer proselitismo a favor del PRI, bajo el falso argumento de las encuestas casa por casa, vecinos de diferentes rumbos de la ciudad confirman las versiones.
Andrés Quintal Pool, de la colonia Pensiones, y Lucía Ucán Puc, de Xoclán, no sólo denuncian que recibieron la visita de activistas del PRI, sino que proporcionaron fotografías para sustentar su acusación.
Los vecinos aseguran que el lunes y martes de esta semana acudieron a sus casas, lista en mano con sus nombres y datos personales, esos activistas, lo que representa una violación al silencio electoral declarado por las autoridades del ramo.
Los quejosos dicen que los invitan no sólo a votar por el PRI sino a formar parte de la estructura —“la ola roja”— que entrará en acción el 16 de mayo.
“Lo que no me explico es cómo tienen mis datos que se supone son confidenciales. Llegan incluso diciéndote que saben que eres simpatizante del PRI”, denuncia Quintal Pool, vecino de la calle 32 No. 143 con 3-D de Pensiones.
“Les dije que no soy afín al PRI y aún así insistieron en preguntarme mis datos, que para confirmar dónde trabajo y cuántas personas viven en mi casa.
“Les respondí que no les puedo dar esa información. Me preguntaron otra vez si en algún momento puedo apoyarlos en las votaciones”, relata.
“Ya te dije que no, le repetí a la persona, era un moreno, gordito. Había otros como 'cholos', eso me dio desconfianza.
“Es una barbaridad, ¿cómo tienen mis datos?, ¿mañana van a llegar los ladrones?”, pregunta el vecino, quien le pide al Ipepac que castigue esta acción.
El domingo publicamos que, durante la protesta contra el transporte frente a Palacio de Gobierno, un grupo de estudiantes reveló que el PRI contrató a 389 jóvenes para realizar proselitismo a cambio de un pago de $1,500 semanales.
Lucía Ucán, quien vive en la calle 118-A No. 920 entre 63 y 65 de la colonia Xoclán, denuncia que promotores del PRI llegaron a su predio el lunes, cerca de la una de la tarde, para preguntarle sus datos e invitarla a votar y “trabajar” a favor del PRI.
La vecina coincide en que el PRI incurre en un delito electoral y debe ser sancionado.
Por otro lado, activistas del PRI usan el correo electrónico para informar a sus contactos que el 16 de mayo harán una encuesta de salida y piden el nombre, teléfono y el folio de la credencial de elector de los que van a votar por ese partido, a fin de entrevistarlos ese día y aparentar la ventaja priista. También han trascendido “desayunos privados” de precandidatos del PRI.
El PRI viola el silencio electoral, afirman
Mototaxistas se quejan de extorsión policiaca
Mototaxistas de diferentes agrupaciones de Kanasín que acusan de extorsión a agentes de la SSP y de la Policía de Kanasín, aseguran que los agentes les cobran de 50 a 70 pesos a cada unidad para dejarlos trabajar.
Los manifestantes indican que los policías los detienen y les exigen la concesión y la licencia para conducir porque saben que sólo tienen el permiso de la Dirección Municipal de Transporte. Los agentes les piden de 50 a $70 para evitar que los vehículos sean trasladados al corralón.
“Preferimos pagar, ya que si se llevan el vehículo al corralón, pagamos en multas más de dos mil pesos”, indicó uno de los inconformes, quien pidió omitir su nombre.
Los inconformes dijeron que la extorsión a los mototaxistas es un jugoso negocio debido a que hay más de 800 vehículos circulando en la ciudad.
“Ya no sabemos qué hacer, a dónde acudir, ya que si nos quejamos nos va mal, nos agarran y nos cobran multas exageradas”, indicaron.
Aseguraron que los detienen por cualquier motivo, por llevar más de tres personas, por supuesto exceso de velocidad al conducir o por algún faro en mal estado. “Hasta por evitar un bache nos han detenido, nada más para pedirnos dinero, ya vieron que es dinero fácil”.
A la semana cada mototaxista tiene que pagar a la policía entre 150 y 180 pesos, debido a que los detienen mínimo tres veces. Un líder de una agrupación de mototaxis indicó que la extorsión se ha convertido en la principal queja de sus agremiados. “Es el colmo debido a que en lugar de trabajar para nuestras familias tenemos que trabajar para pagar mordidas a la policía, ya nos cansamos, pero nadie nos escucha, ya enviamos escritos a los directores de las policías, pero no hay una solución”.
Lucha contra los atropellos
“Estamos aquí para luchar contra los atropellos”, dijeron los estudiante durante la protesta.
“Estamos aquí en un sentido crítico para luchar contra los atropellos que cometen los camioneros contra nosotros. Estamos cansados de que el gobierno no respete nuestros derechos”, gritaba Carlos Mejía Pinzón, quien fue uno de los poco más de 500 estudiantes de la Preparatoria 2 de la Uady que junto con el Comité General del Estudiantes bloquearon el tránsito a las afueras de esa escuela, como protesta por el servicio del transporte público y el proceso de credencialización.
Poco les importó la llovizna a los estudiantes, pues en punto de la una de la tarde, tal y como lo tenían programado, se pararon en el paso peatonal de esa escuela para evitar el paso de los camiones del transporte público y los vehículos particulares. Armados con una manta de yute que decía: “Estudiantes de la Preparatoria Dos y el Comité General de Estudiantes”, los alumnos gritaban “Ivonne, decía el transporte cambiaría: mentira, mentira, la misma porquería”, “Ivonne préstame seis pesos” y el “Pin... gobierno nos tiene que escuchar, aplaudan, aplaudan no dejen de aplaudir”.
En la protesta se vivieron momentos de tensión cuando algunos conductores desesperados intentaron pasar por esa vía, pues los estudiantes corrían y se ponían enfrente, sin miedo a ser atropellados, lo que provocaba que los choferes den marcha atrás a sus autos.
“Ésta es la voz de los estudiantes de la Prepa Dos y el poder de convocatoria de los alumnos para demostrar nuestro descontento con el mal transporte”, señaló por su parte Leo Álvarez Ramírez.
La protesta culminó con la llegada de policías.
Lío por la visita presidencial
En medio de acusaciones de desaire del gobierno del Estado al Ejecutivo federal, y la posterior disculpa de la Secretaría de Gobernación, anoche quedó firme la visita del presidente Felipe Calderón a Yucatán, con actividades modificadas a causa del mal tiempo.
La agenda definitiva se limita a dos actos oficiales: el anuncio de una ampliación del padrón de beneficiarios del programa Oportunidades, en el gimnasio polifuncional de San José Tecoh II, y una comida con empresarios, en el Centro Siglo XXI.
Inicialmente se incluyeron actividades en lugares diferentes, pero el norte —cuyos efectos continuarían hoy—, obligó a modificar los planes.
La agenda tentativa que se conoció por la mañana consideraba la llegada del presidente Calderón alrededor de las 10 de la mañana. Del aeropuerto se trasladaría a la Unidad Deportiva Mulsay, en la colonia Ampliación Mulsay, para inaugurar su remozamiento.
Ahí mismo se anunciaría la ampliación del padrón del programa Oportunidades y tres horas más tarde el mandatario sostendría un encuentro con empresarios locales. La última actividad presidencial sería un encuentro privado.
Por la noche, aunque no había la confirmación oficial, se supo que Calderón Hinojosa anunciará la ampliación de Oportunidades en el polifuncional de San José Tecoh y ya no inaugurará la unidad deportiva.
Se habló incluso de la cancelación de la comida con los empresarios, pero más tarde se dio marcha atrás y se dijo que sí se efectuará, en el Centro de Convenciones Siglo XXI.
La gira presidencial fue motivo de nueva fricción política entre las autoridades municipales y estatales, sobre todo porque las primeras tenían, aparentemente, más información que el Ejecutivo del Estado.
“Llega el presidente mañana (por hoy jueves)”, afirmó temprano el alcalde de Mérida, César Bojórquez Zapata, quien agregó que sería para presidir eventos de Sedesol en Mérida.
“Oficialmente para mí no hay nada”, afirmó la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco cuando se le preguntó de ese tema, minutos después de la declaración del primer regidor.
Incluso la jefa del Ejecutivo dejó entrever que no participaría en la visita: “Tendríamos que ver las condiciones en que se está armando, porque tampoco pudiéramos, si es un evento con notoriedad de tintes partidistas, en la que quieran disfrazarlo como un acto de gobierno, ahí tendría que valorar mi participación (sic)”.
Sin embargo, después reveló que Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular del Presidente, le ofreció disculpas por la forma en que se informó de la visita, sin avisarle antes, y buscaban que la organización se concretara mediante el diálogo.
Una hora después de esas declaraciones, el Ejecutivo difundió un comunicado de prensa en el que dijo que tenía conocimiento que desde el pasado domingo 21 personal del Estado Mayor trabaja con el Ayuntamiento en esta visita presidencial y se negaba “a tener al menos la cortesía de comunicarlo” a las autoridades estatales.
Entrevistado en la ceremonia del Día de la Bandera, de la que informamos en otra nota, el alcalde anunció la llegada del presidente Calderón.
Según dijo, ignoraba cuáles serían los eventos, pero tenían que ver con programas de Sedesol.
“Felipe Calderón viene sólo a Mérida, porque los meridanos son el 85% de los yucatecos con el poder económico, casi la mitad de gente, y es la zona de la metrópoli”.
Entrevistada en el mismo lugar, la gobernadora dijo que no tenía ninguna confirmación de la visita presidencial.
Al insistirle, respondió: “El día de ayer (por el martes), después del comunicado que presentó el alcalde, me comunique con Felipe Bravo, y me ofreció una disculpa por la omisión de no habernos informado”.
“Enviamos un comunicado oficial al secretario de Gobernación, con una relación de todo lo que pasó (sobre el anuncio de la visita presidencial), y que esperábamos, por la vía del diálogo, que con el gobierno estatal puedan construir la visita”.
Visita entre polémica
· Nuevo roce de la Comuna y el Ejecutivo por la gira presidencial
· Inconformidad del gobierno del Estado y disculpa federal
25/02/2010
La visita que hará hoy a Yucatán el presidente Felipe Calderón fue motivo de nueva fricción política entre el Ayuntamiento de Mérida y el gobierno del Estado.
El Ejecutivo local externó su molestia al gobierno federal porque lo habían hecho a un lado de la organización de la gira. Incluso, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco dejó entrever que no participaría en el recorrido por esa razón.
Como consecuencia de esa protesta, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se comunicó con Ivonne Ortega y, según la oficina de prensa de Palacio, lamentó que no se haya seguido el protocolo de estos casos y manifestó su disposición a una coordinación efectiva.
La inconformidad del gobierno del Estado se debía a que el Ayuntamiento estaba organizando la gira, junto con la avanzada presidencial. Incluso, en la carta “de extrañamiento” que el Ejecutivo local envió al federal se utilizan expresiones como descortesía, omisión y falta de formalidad. Se hace notar también que esto ocurre “en pleno proceso electoral”.
Originalmente la Comuna solicitó datos para las acreditaciones de reporteros que cubrirán las actividades de la gira. En la noche lo hizo el Ejecutivo.
Esperanza: una colonia digna
Seis meses han pasado desde que vecinos de la colonia Flor de Mayo se quejaron de la falta de servicios públicos, en especial de calles pavimentadas.
Días después de la queja el gobierno del Estado anunció que construiría calles en colonias de Kanasín, entre ellas Flor de Mayo; sin embargo, los vecinos de esa zona, que está rumbo a Tixkokob, en la llamada zona de traslape entre Mérida y Kanasín, todavía tienen el mismo problema.
“Sólo son promesas superficiales que hace la gobernadora Ivonne Ortega, pues todos los que habitamos al final de Flor de Mayo seguimos igual, nada cambió. Estamos totalmente marginados”, dijo Francisco Ciau Caamal, quien desde hace 10 años reside en esa colonia, habitada por unas 50 familias.
“En época de lluvias las calles se convierten en un lodazal; además, el agua que se estanca se convierte en criadero de moscos”, apuntó.
La falta de servicios públicos no es el único problema al que se enfrentan esos vecinos, hay uno peor: los terrenos donde viven y que les compraron a ejidatarios fueron vendidos por segunda vez y ya no les pertenecen, por lo que tienen que pagarle al nuevo dueño para no perderlos.
El problema de Flor de Mayo es similar al que ocurre desde hace meses en San Camilo, ya que los terrenos los compró Inmobiliaria UNE, que tiene como uno de los operadores al ex procurador Rafael Acosta Solís.
Según los vecinos, el dueño de esos terrenos presuntamente es una persona de nombre Rafael Correa Bolio, dueño de Inmobiliaria UNE, cuyas oficinas están cerca de la glorieta de El pocito. “La Inmobiliaria UNE nos está cobrando a $16.5 el metro cuadrado y nos dio de plazo hasta el 28 de este mes para pagar. Muchos ya hicimos el pago, pero hay familias que carecen de recursos económicos para pagar lo que les piden por sus terrenos de 10 por 40 metros o más”, comentó un vecino, quien no quiso dar su nombre por temor a represalias.
“En realidad, no queremos problemas con los de esa empresa, pues nos demostraron con papeles que son los dueños de 97 manzanas en toda la zona de Kanasín; cuando menos nos dieron la oportunidad de comprarles de nuevo nuestros terrenos, pero pienso que es una injusticia para todas las familias porque algunas corren el riesgo de perder su único patrimonio”.
“Lo único que queremos es que después de todos los pagos que hacemos y de que se legalicen los terrenos tengamos una colonia digna, con calles pavimentadas, escuelas y todos los servicios públicos”, manifestó el vecino.
Los gastos, pendientes
“Los yucatecos le apuestan al juego limpio y el gobierno del Estado también le sigue apostando a que haya un juego limpio”, declaró la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, al hablar de la supuesta guerra sucia electoral.
“La participación electoral no quiere decir que haya enfrentamiento entre los ciudadanos, y bueno, seguiremos pendientes y apoyando al deporte”, añadió.
La mandataria fue entrevistada sobre la versión que dio el PRI del abucheo que recibió Ivonne Ortega en la función de boxeo. El partido oficial atribuye ese hecho al PAN como parte de una guerra sucia electoral.
“Sería muy lamentable que ésta sea una estrategia, no sólo del PAN sino de cualquier otro partido”, indicó.
Al hablar del tema del boxeo, recordó que Yucatán ya tuvo cinco campeones.
“Son pocos los estados del país que tienen tantos, y Yucatán está de nuevo en la oportunidad de destacar no solo en el boxeo, sino en todos los deportes.
Sobre los gastos del evento del sábado, dijo que todavía no tiene los informes financieros y aún no está el corte de caja de lo que se vendió en taquillas.
“El coordinador del evento, Juan José Abraham, y Jorge Canul llevan las cuentas con los organizadores, y se daría a conocer el informe”.
Respecto al pago de 750,000 dólares para realizar el evento a que se refiere la diputada panista Patricia Gamboa Wong, la gobernadora dijo que es falsa esa versión.
“Debe haber una confusión, porque es el programa Vive México el que tiene un acuerdo con los organizadores, tanto con Sulaiman y como con Don King para organizar las peleas”.
Este sábado, agregó, en la siguiente función de boxeo se podrá ver en las cuerdas del ring la leyenda que dice Vive México.
El gasto, “pésimo manejo”
La diputada Bertha Pérez Medina señala que, junto con el Ejecutivo, quedan en evidencia los diputados del PRI que aprobaron la contratación de la millonaria deuda que, ahora se confirma, fue injustificada.
Blanco de críticas por oponerse al préstamo, igual que los diputados del PAN, la legisladora del PRD censura a sus colegas priistas por supeditarse a las órdenes del Ejecutivo y alzar la mano a sabiendas de que era improcedente el crédito.
“El gobierno de Ivonne Ortega Pacheco nunca sustentó la razón del préstamo y nunca precisó en qué proyectos productivos aplicaría los recursos. No obstante, los diputados afines a ella lo aprobaron por fast track”.
Bertha Pérez afirma que hay un pésimo y hasta peligroso manejo del gasto público, pues no hay desarrollo, pero sí dispendio y endeudamiento a largo plazo.
“La ambición desmedida de protagonismo de la gobernadora los lleva a ese pésimo manejo del gasto. No hay apoyos al campo y tampoco a la industria, programas efectivos para generar desarrollo y empleo, sólo dispendio en imagen y en una burocracia ineficiente. De transparencia mejor ni hablemos”, apunta la diputada perredista.
Partidas ocultas del gasto
El PRD censura el menosprecio al Congreso del Estado
25/02/2010
“La escueta iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso para pedir que le aprueben el millonario préstamo a 20 años fue una clara muestra del menosprecio que tiene por el Poder Legislativo”, deplora la diputada Bertha Pérez Medina.
“A pesar de nuestra insistencia, nunca sustentó la nueva deuda y ahora se confirma, cinco meses después, que no se justificaba porque le llegó más dinero que el presupuestado”, indica la legisladora del PRD.
“Es muy lamentable esa hegemonía del Ejecutivo sobre el Legislativo. Ahora ambos quedan en evidencia al aflorar que endeudaron más a los yucatecos sin ninguna justificación”.
Bertha Pérez dice que nadie le ha prestado atención al asunto del Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (Feief), por medio del cual llegó más dinero a Yucatán en 2009, pero es importante saber qué hicieron con esos recursos, ya que parte son o eran para compromisos futuros.
“Son recursos convenidos a 13 años y todo parece indicar que ya se los gastaron y, además, se endeudaron. Todo esto ocurre en medio de dos elecciones, una federal y otra estatal, a ver si en 2011 no endeudan más al Estado”, advierte la diputada.
La legisladora recuerda que, ante la crisis y “el evidente dispendio del Ejecutivo”, en noviembre de 2009 presentó una iniciativa de Ley de Austeridad y Economía del Gasto Público, pero sigue “congelada” hasta hoy.
“El manejo del gasto es pésimo y hasta peligroso, porque en vez de generar desarrollo y empleo, hay dispendio y endeudamiento. Nos cargan el costo de la burocracia y el gasto corriente.
“Otra cosa que nos preocupa es que sigue esa tendencia, hay partidas ocultas del gasto en el ramo de subsidios y transferencias. Este año es de $5,271.4 millones que pueden manejar a su antojo, esto ocurre en un año electoral”, advierte la legisladora.
Por quinto día consecutivo sigue el interés por el tema en internet
Por quinto día consecutivo siguieron los comentarios y el cruce de información en internet sobre el abucheo a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
Las nuevas expresiones, chistes, caricaturas y réplicas que se intercambian en la web incluyen a un grupo que surgió, denominado “Me uno a los 10,000 ciudadanos que gritaban Fuera Ibonne”, al cual se adhieren quienes así lo deseen.
Ese grupo, surgido en el portal de Facebook, incluye una foto de la gobernadora con el Polifórum Zamná al fondo.
La mayor parte de los cibercomentarios coinciden en que la titular del Ejecutivo perdió en ese griterío de “Fuera, fuera”. También son mayoría los que rechazan la versión del PRI de que no hubo tal manifestación espontánea sino que es fruto de una guerra sucia del PAN.
Un internauta refiere que si aquello es cierto entonces el PAN mostró gran poder de convocatoria y el PRI debería estar preocupado por esto. Otro más dice sarcástico que ahora se culpará a los jefes de estado de la Cumbre en la Riviera Maya.
Otro tema de interés son las camisetas que puso en venta Mayan Xic, con un estampado que dice “Yo chiflé a Ibom”, a $145 la pieza. “Yo quiero una, Ja-Ja”, dice Marcela Camacho, en uno de los 17 comentarios generados al respecto, en Facebook. “Lléveselas, más baratas por docena”, responde Zuemy Garza.
El caricaturista Tony Peraza sugiere poner dos estampados a la prenda: “Yo chifle a Ibom”, en la parte delantera, y “Lo seguiré haciendo”, en la trasera.
Xavier Pacheco propuso “Mérida, cómo me chiflas”, en alusión al lema de campaña de la priista Angélica Araujo.
En medio de versiones de que hubo presión para que Mayan Xic deje de vender esas camisetas, ayer se observó que la tienda las retiró de sus exhibidores. Sin embargo, una empleada dijo que siguen a disposición de quien las pida.
Los internautas también tienen acceso a la versión que la agencia de noticias Apro publica sobre el abucheo. “Una dura lección recibió la noche del 20 de febrero la gobernadora yucateca Ivonne Ortega Pacheco, alumna aventajada del “modelo Peña Nieto”, dice la nota.
En internet también se promueve un vídeo del Cartonysta sobre una parodia llamada “Barbientrevista de Bárbara Amori a la muñeca Barbivonne”, donde esta última dice que la gritería no fue de “Fuera, fuera”, sino de “Huera, huera”.
A los numerosos seguidores que tiene el caricaturista, éste les alerta: “ Si ser ciudadano es ir al box a chiflar anónimamente a los gobernantes, (entonces) estamos más dormidos de lo que creemos”.
Expresión espontánea de ¡Ya Basta!
Para el Frente Cívico Familiar, el abucheo que recibió la gobernadora Ivonne Ortega en la función de boxeo es la expresión espontánea de un ¡Ya Basta! de la sociedad a la forma de actuar del Poder Ejecutivo, dijo Guillermo Vela Román, uno de los coordinadores de esa agrupación.
—Es un ¡Ya Basta! a las contradicciones del actual gobierno, a su falta de transparencia y desprecio a la verdad —señaló.
Los chiflidos y gritos de “Fuera, fuera”, son también respuesta de la sociedad contra la falta de respeto que la funcionaria mantiene por los ciudadanos. Ejemplo de esto es la impuntualidad de la gobernadora en todo acto público, donde deja a la gente esperando.
—Es, además, un reproche a la frivolidad de la actual administración estatal, que se caracteriza por los cuantiosos gastos en imagen de la funcionaria y de la forma como gobierna.
—El abucheo es una señal de alerta a una gobernadora que ya perdió el rumbo y tiene una escala de prioridades distinta a la que debe tener un gobernante.
—Pero lo peor de todo esto es la interpretación que el gobierno da a estos hechos, esto confirma que ya perdió el rumbo. A la gobernadora no le conviene creer que el abucheo fue organizado por un partido de oposición, pues esto le impedirá corregir el rumbo.
—Esa postura de culpar al contendiente es una respuesta que refleja soberbia, menosprecio a la capacidad que tienen los ciudadanos de razonar y manifestarse libremente.
—Es urgente que algún miembro del gabinete estatal, un asesor u otra persona cercana a la funcionaria le diga cuál es el verdadero significado de ese abucheo. No conviene que le oculten la realidad.
Vela Román expuso también que hay dos elementos que muestran cuál es la escala de valores de un gobernante: su agenda y el destino que da al erario.
—En ambos rubros Ivonne Ortega sale reprobada. ¿Cuáles son los asuntos importantes que integran su agenda? ¿Por qué ella prefirió ir a la ceremonia de pesaje de los boxeadores en vez de reunirse con empresarios? —¿Y en qué invierte los recursos públicos? Los gasta en imagen, en ocultar la realidad.
En Yucatán, advirtió, hay signos de retorno al autoritarismo. Uno de ellos es la autocensura en la mayoría de los medios de difusión, un aspecto que se había superado.
—Si las cosas continúan como están, regresaremos a ese pasado que ya habíamos rechazado.
Errores con costo político ·
· Sabía del riesgo de ir a la función de boxeo —dice Ivonne Ortega
25/02/2010
El sociólogo Luis Ramírez Carrillo manifestó que el abucheo masivo a Ivonne Ortega Pacheco en la función de boxeo del sábado es señal de que la imagen de la gobernadora está desgastada por su sobreexplotación con fines electorales.
El investigador consideró que ese hecho, al igual que el desaire que la jefa del Ejecutivo hizo a la Coparmex Mérida al no asistir a la toma de posesión de la nueva directiva, tendrá un costo político y seguramente obligará al PRI y al gobierno del Estado a cambiar su estrategia electoral.
La propia gobernadora y el alcalde, César Bojórquez Zapata, hablaron ayer de la rechifla en la función boxística y la vinculación que hizo el PRI del abucheo con una presunta guerra sucia.
“No creo que exista una guerra sucia, sobre todo con la gobernadora, que es una dama, sería un error hacerle una guerra sucia”, declaró el concejal.
También dijo que a le sorprendió que el PRI declarara que el abucheo a la gobernadora es producto de una guerra sucia ocasionada por panistas, porque él sabe que no es así.
“Como gobernantes estamos expuestos a situaciones como la que le pasó a la gobernadora, y no tiene nada que ver con una guerra sucia”, añadió.
Ivonne Ortega señaló que sería lamentable que se trate de una estrategia electoral, porque los yucatecos siempre le han apostado al juego limpio en los procesos electorales, e indicó que sabía de los riesgos que corría al ir a la función de boxeo.
“Por supuesto que lo sabía, y por supuesto que seguiré apoyando al boxeo, que le ha dado mucho nombre a Yucatán”, dijo.
Con una imagen sobreexplotada
Opinan que empieza una debacle de su marketing político
25/02/2010
El abucheo masivo contra la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco es signo de la sobreexplotación de su imagen y una muestra de que empieza la debacle de su marketing político, según opinó ayer el sociólogo Luis Ramírez Carrillo.
El politólogo consideró que la rechifla del sábado pasado contra la mandataria, durante la función de boxeo del Polifórum Zamná, fue porque buscó el protagonismo en un escenario inadecuado, porque los yucatecos ya se cansaron de verla como la candidata permanente del PRI y su tanta publicidad ya dejó de causar emociones, porque los ciudadanos ya descubrieron que sólo son estrategias para atraer electores.
—Su actitud agresiva, gritos, poses y palabras altisonantes en esa función no eran adecuadas para su investidura —comentó Ramírez Carrillo—. Los aficionados eran en su inmensa mayoría varones que pagaron para disfrutar un espectáculo de boxeo, ver a las atractivas chicas anunciando los raund y no para ver a la gobernadora.
—El sólo pronunciamiento de su nombre (de Ivonne Ortega) generó la silbatina. Eso es signo de que su imagen está desgastada por la sobreexplotación de publicidad con fines electorales —subrayó el investigador.
Ramírez Carrillo también calificó como un grave error político el desaire que hizo la gobernadora a la directiva de Coparmex Mérida —no asistió a la ceremonia de toma de protesta del presidente Jorge Caamal Burgos— porque con su inasistencia demostró que no tenía nada que informar al sector ni planes nuevos para incentivar la economía o simplemente es intolerante a las opiniones críticas.
—Son dos errores de marketing que tendrán un costo político y que seguramente obligará al PRI y al gobierno del Estado a cambiar su estrategia electoral —señaló—. Los ciudadanos ya percibieron la exagerada unidad entre el gobierno, el PRI, Ivonne y la candidata a la alcaldía de Mérida, Angélica Araujo Lara, y que la campaña está centrada en la imagen de la gobernadora.
—Les dio resultado en las elecciones anteriores, pero yo pienso que los ciudadanos ya están cansados de ver en todo a la gobernadora —indicó—. Hasta las actrices de telenovela salen un tiempo de la pantalla para no fastidiar a los televidentes y ese detalle no lo tomaron en cuenta sus asesores de marketing.
El politólogo también consideró que la acusación del PRI de que la rechifla es parte de un plan de desprestigio del PAN contra la gobernadora es una confirmación de que su campaña política la hace Ivonne Ortega y no la candidata Angélica Araujo.
—Se supone que los gobernadores no deben hacer campaña y que debe haber una separación del gobierno y el partido político —subrayó—. Al decir que es una estrategia de sus opositores es una aceptación manifiesta de que la campaña priista está en la figura de la gobernadora.
Le aplican la ley a un camionero
Como parte del operativo de inspección que realiza la Dirección de Transporte del Estado (DTEY), anteanoche se envió al corralón de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) una unidad del transporte urbano, por violar los acuerdos entre autoridades estatales y permisionarios.
Los hechos ocurrieron en Circuito Colonias a la altura de la Preparatoria No. 2 a las 20:30 horas, cuando los inspectores recibieron el reporte de que Alejandro Cortázar Montalvo, quien conducía la unidad placas 801- 301Y, número económico 08, no daba servicio a los estudiantes.
La queja realizada por 20 alumnos de la Prepa a través del 072 generó que se detuviera al autobús de la ruta Circuito Poniente y Plazas de la empresa COMI, para investigar lo sucedido.
Al interrogar a 25 estudiantes que se encontraban a bordo del camión, los inspectores detectaron que Cortázar Montalvo tampoco respetó sus credenciales de estudiante, pues les cobró seis pesos por persona.
De inmediato se solicitó el apoyo de la SSP para la detención y envío del vehículo al corralón número dos. Los inspectores le retiraron al chofer su licencia de conducir y levantaron un acta en la que se aplica la multa máxima de 100 salarios mínimos.
Para que el representante legal de la empresa, Mario Cortázar Cruz, retire la unidad del corralón, tendrá que acudir a la Unidad Jurídica de la DTEY, a fin de determinar el procedimiento a seguir en este caso.
La Dirección de Transporte pone a la disposición de los usuarios del transporte público los números gratuitos 018008909192 y el 072 para que denuncien las anomalías en que incurran los choferes. Estos números están al servicio de la ciudadanía en todo el Estado las 24 horas del día.
Los inspectores continuarán con los operativos en la ciudad y áreas conurbadas, para mejorar la calidad del servicio al pasaje y poner en orden a los concesionarios y operadores del transporte.
Piden que se pase a los hechos
Unas 10 mil personas han externado su apoyo al Comité General de Estudiantes que lucha contra de credencialización y el aumento a las tarifas del transporte urbano de pasajeros.
Rigoberto Moreno Mendoza, integrante del Comité, pide menos intervención en Facebook y más participación activa a las casi 10 mil personas que apoyan la causa en esa red social.
Alumno de Biología Marina, Moreno Mendoza exhorta a que los que brindan su solidaridad en las redes sociales pasen a los hechos para hacer más amplia y fuerte la lucha para que todos los estudiantes tengan credencial.
Apuntó que mientras más gente participe en las protestas se obtendrán rápidas respuestas para que la tarifa social para estudiantes y personas de la tercera edad se aplique sin reservas.
Anteanoche, un camión fue detenido porque el chofer no daba parada a estudiantes.
Ni por la Secretaría ni por una diputación
¿Y yo por qué? ¿y yo por qué?, respondieron el procurador de Justicia Héctor Cabrera Rivero y el consejero jurídico Sergio Cuevas González cuando se les preguntó sobre los rumores de que dejarían sus cargos para ir por una diputación o la Secretaría General de Gobierno.
Cabrera Rivero confirmó que dejará la Procuraduría de Justicia en esta administración, pero cuando se aprueben las reformas constitucionales que incluyen la desaparición de la Procuraduría para que surja la Fiscalía General del Estado.
El pasado sábado informamos que además de los cambios en las delegaciones federales del Infonavit, IMSS y la Secretaría de Economía, se rumoreaba que el secretario general de Gobierno, Víctor Sánchez Alvarez, dejaría el cargo para ir por una diputación y en su lugar nombrarían al procurador de Justicia.
A estos rumores también se sumó que sería Cuevas González quien ocuparía la secretaría general de Gobierno o iría por una diputación plurinominal.
El procurador y el consejero acudieron ayer al Congreso para participar en la sesión de la Comisión de Reformas Constitucionales —de lo que informamos en nota aparte—, y se les preguntó sobre esos rumores. —Ni lo uno, ni lo otro, nada de eso, no pienso ir por una diputación plurinominal y tampoco por la secretaría general —dijo Cabrera Rivero.
—Nadie puede saber que cambios habrá, más que la gobernadora, sabemos que ella es la que siempre en el último instante decide los cambios.
Por lo pronto, no ha considerado dejar la Procuraduría hasta que ésta desaparezca por las reformas constitucionales, lo que podría ser este mismo año.
Cuevas González dijo que no ha pensado dejar su cargo “ni por la Secretaría General ni por una diputación”
Nuevo tribunal, como la Suprema Corte
El nuevo Tribunal Constitucional que se crearía con las reformas constitucionales tendría atribuciones hasta para cambiar resoluciones del Congreso, como máxima instancia estatal, como funciona para el país la Suprema Corte de Justicia.
Según la iniciativa de reformas que se analiza en el Congreso, este tribunal sería la máxima instancia en Yucatán para asuntos legales y acciones del gobierno y ayuntamientos, en defensa del ciudadano.
Sin precedente
El consejero jurídico del Ejecutivo Sergio Cuevas González, calificó como un hecho sin precedente el que se reunieran ayer en el Congreso representantes de los tres poderes para tratar públicamente este asunto de las reformas constitucionales.
El presidente de la Comisión para estas Reformas Constitucionales, diputado Gaspar Quintal Parra, destacó que este encuentro ayudara a enriquecer los criterios, así como tomar una mejor decisión al dictaminar estas reformas que envió el Ejecutivo del Estado.
La diputada panista Patricia Gamboa Wong advirtió que se debe revisar con responsabilidad el asunto del Tribunal Constitucional y la designación de nuevos funcionarios que incluye la reforma constitucional.
Debaten sobre un Tribunal
Tendría ese nuevo órgano 4 medios de control constitucional
24/02/2010
Ante dirigentes del sector privado, organizaciones de profesionistas, sobre todo de Derecho, así como magistrados y funcionarios estatales, representantes de los tres poderes del gobierno del Estado, se trataron en el Congreso el asunto de las reformas constitucionales.
Uno de los puntos sobre el que se inició un debate fue lo que sería el nuevo Tribunal Constitucional, por sus atribuciones, que en opinión de la diputada panista Patricia Gamboa Wong podrían interferir en las de los otros poderes.
El consejero jurídico Sergio Cuevas González explicó que este nuevo tribunal establece cuatro medios de control constitucional, que son: La controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el recurso de omisión constitucional y la cuestión previa de constitucionalidad.
A través de esos medios de control se podrá actuar en lo referente a resoluciones y decretos del Congreso, así como de los ayuntamientos, y en acciones y disposiciones del Ejecutivo, siempre en la defensa de los ciudadanos.
El procurador Héctor Cabrera Rivero señaló que con estas reformas, en su caso se privilegiaría la reposición de daños en los asuntos en que les toque intervenir, así como más acciones de prevención del delito.
Recordó que incluye la desaparición de la Procuraduría de Justicia para dar paso a lo que será la Fiscalía General del Estado, cuyo titular ya no lo designará la gobernadora, sino el Congreso del Estado.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ángel Prieto Méndez, manifestó que en el Poder Judicial “ya no entran recomendados”, y con estas reformas se buscará un mejor funcionamiento y desempeño de sus funcionarios.
Para garantizar que continúe, mencionó que las reformas incluyen la creación de la Judicatura.
''Anomalías subsanadas por el Estado''
Texto íntegro de la carta que Jesús Rivero Covarrubias envió al director general de Grupo Megamedia
Desde el 20 de febrero ppdo. hasta al menos hoy, el “Diario de Yucatán”, editado por el grupo que Ud. dirige, ha venido publicando diversos artículos relacionados con la revisión que cada año realiza la Auditoría Superior de la Federación a los recursos federales ejercidos por la Secretaría de Salud, y que reporta en su informe de la cuenta pública.
En efecto, se trata de las auditorías realizadas en 2008 a los recursos federales que ejerce la dependencia en el Estado, y en las cuales fueron realizadas observaciones por el órgano supremo de fiscalización del país.
Al respecto, y debido a la orientación de las notas del “Diario de Yucatán”, es necesario aclarar que las observaciones derivadas de esas auditorías han sido debidamente solventadas, quedando pendientes algunos ajustes administrativos a plazas que tienen entre 10 y 20 años de antigüedad.
Particularmente, el “Diario de Yucatán” se refiere al asunto de trabajadores administrativos cuya categoría laboral es de médico, aunque realizan labores de oficina. Asimismo, los casos de médicos generales con categoría laboral de médico especialista.
En ambas situaciones se trata de plazas otorgadas desde hace más de 10 años la más reciente, y la más antigua desde hace más de 20 años. Ambas situaciones fueron detectadas al principio de esta administración y eran más casos, pero se han venido corrigiendo. Lo que llama la atención es que hasta 2008 se hiciera la observación por parte de la ASF.
Asimismo, se habla de los apoyos y pagos salariales que se hacen al personal que pertenece al Sindicato de la Secretaría de Salud. Al respecto, debemos considerar que se trata de un sindicato nacional cuya relación con la dependencia está establecida en las Condiciones Generales de Trabajo, mismas que imponen esas obligaciones contractuales con el Sindicato a la Secretaría y a sus similares en todo el país. Incumplir con estas obligaciones sería una violación a la Ley Federal del Trabajo.
Sobre el asunto de las aportaciones fiscales, fue la propia autoridad de salud federal la instancia que indicó los tiempos en que se hicieron. Así fue en todo el país.
Los recursos del FASSA fueron debidamente auditados y al encontrar anomalías éstas fueron subsanadas por el Estado. Para eso están las auditorías.
Por lo que toca a los trabajadores que no checaron sus entradas y salidas del hospital detectados por la ASF, efectivamente los SSY remitieron a dicho organismo copia de los oficios de esos empleados en los que se informa que fueron comisionados a otros centros de salud y como bien menciona la nota publicada, “la ASF aceptó esta explicación”.
Finalmente, es necesario mencionar que de las auditorías realizadas por la ASF se detectaron otras presuntas irregularidades, pero fueron debidamente solventadas por los SSY en tiempo y forma. Ninguna fue grave, según la propia calificación de la ASF, de adquisiciones de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente al señalar textualmente: “La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió con las disposiciones normativas aplicables a control interno, registros contables y presupuestales y al procedimiento de adjudicación y contratación.
Señor director:
El Ejecutivo del Estado se expresa a favor de la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, toda vez que permite la detección de presuntas irregularidades para la correcta aplicación de los recursos públicos. Por este motivo, es de lo más positivo que todos los años se efectúe.
Asimismo, todos los estados del país son sujetos año con año de auditorías por parte de la ASF, debido a que todos manejan recursos federales a través de sus instancias correspondientes. En internet, que es la fuente que menciona el propio “Diario de Yucatán” (www.asf.gob.mx/trans/informes/ir2008i/indice/igeneral.htm), están los datos sobre las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación realizó a cada entidad federativa.
También están los datos relativos a la solventación de las observaciones realizadas a Yucatán.
Al publicar las notas referidas, el “Diario de Yucatán”, editado por el grupo a su cargo, omite mencionar que las observaciones emitidas por la ASF quedaron sin efecto con la solventación que realizaron los SSY; incluso hay unas pocas observaciones que están en vías de aclaración, pero ya fueron documentadas ante el ente auditor, motivo por el cual le solicitamos publicar esta aclaración para mejor información de sus lectores.
Como en ocasiones anteriores, copias de esta carta serán enviadas a los demás medios de comunicación.
Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.
Atentamente
Jesús Rivero Covarrubias
Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado
Las anomalías, “subsanadas”
Según el vocero del Ejecutivo, sólo hay algunos pendientes
24/02/2010
“Para eso están las auditorías”, indica en un escrito en el que se da respuesta las irregularidades que halló la Auditoría Superior de la Federación a los recursos federales ejercidos por la Secretaría de Salud.
En nota parte ofrecemos la carta íntegra. A continuación, una síntesis de la misma:
Se trata de las auditorías realizadas en 2008 a los recursos federales, y en las cuales fueron realizadas observaciones por el órgano supremo de fiscalización del país. Las observaciones han sido debidamente solventadas, y quedan pendientes algunos ajustes administrativos a plazas que tienen de 10 a 20 años de antigüedad.
En los casos de trabajadores administrativos cuya categoría laboral es de médico, aunque realizan labores de oficina, y los de médicos generales con categoría laboral de médico especialista se trata de plazas otorgadas hace más de 10 años la más reciente, y la más antigua hace más de 20. Los casos fueron detectados al principio de esta administración y eran más, pero se han ido corrigiendo.
Se habla de los apoyos y pagos salariales que se hacen al personal que pertenece al Sindicato de la Secretaría de Salud, pero se trata de un sindicato nacional cuya relación con la dependencia está establecida en las Condiciones Generales de Trabajo, mismas que imponen esas obligaciones contractuales con el Sindicato a la Secretaría y a sus similares en todo el país. Incumplir sería una violación a la Ley Federal del Trabajo.
Sobre el asunto de las aportaciones fiscales, fue la propia autoridad de salud federal la instancia que indicó los tiempos en que se hicieron. Así fue en todo el país.
Por lo que toca a los trabajadores que no checaron sus entradas y salidas del hospital detectados por la ASF, efectivamente los SSY remitieron a dicho organismo copia de los oficios de esos empleados en los que se informa que fueron comisionados a otros centros de salud y como bien menciona la nota publicada, “la ASF aceptó esta explicación”.
Es necesario mencionar que de las auditorías se detectaron otras presuntas irregularidades, pero fueron debidamente solventadas en tiempo y forma. Ninguna fue grave, según la propia calificación de la ASF, de adquisiciones de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente al señalar textualmente: “La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el gobierno del Estado de Yucatán cumplió con las disposiciones normativas aplicables a control interno, registros contables y presupuestales y al procedimiento de adjudicación y contratación”.
Señor director: El Ejecutivo del Estado se expresa a favor de la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, toda vez que permite la detección de presuntas irregularidades para la correcta aplicación de los recursos públicos. Por este motivo, es de lo más positivo que todos los años se efectúe.
Asimismo, todos los estados del país son sujetos año con año de auditorías por parte de la ASF, debido a que todos manejan recursos federales a través de sus instancias correspondientes. En internet, que es la fuente que menciona el propio “Diario de Yucatán” (www.asf.gob.mx/trans/informes/ir2008i/indice/igeneral.htm), están los datos sobre las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación realizó a cada entidad federativa.
También están los datos relativos a la solventación de las observaciones realizadas a Yucatán.
“Queda en evidencia otra vez”
“El informe financiero del propio gobierno del Estado confirma que nunca se justificó contratar el millonario préstamo, pues el gobierno federal cumplió con mandar más dinero”, indica la diputada Patricia Gamboa Wong, coordinadora de la fracción panista del Congreso.
“El Ejecutivo queda en evidencia otra vez, pues el dinero llega, pero se malgasta en la burocracia y el excesivo gasto en imagen, fiestas y espectáculos. Así no hay dinero que alcance”.
La legisladora dice que ahora surgen versiones de que el Ejecutivo pagó 750,000 dólares para traer la función del boxeo del sábado, de manera que, de ser ciertas, habrá servido para dar pie “al abucheo más caro en la historia política”.
“Lo del préstamo fue puro cuento”
Se habrían pagado 750,000 dólares por la función de boxeo
24/02/2010
“Desde un principio señalamos que era dudosa la manera en que manejan los recursos y que no había sustento para aprobar el préstamo de $1,800 millones. Ahora, el tiempo nos da la razón”, indica Patricia Gamboa Wong, coordinadora de la fracción del PAN en el Congreso.
“El cuarto informe trimestral del Ejecutivo deja en claro que el año pasado recibieron recursos extraordinarios por más del doble de lo que prestaron, de manera que no se justificó endeudar por 15 años a los yucatecos”, subraya la legisladora.
El informe financiero, como publicamos, revela que el gobierno de Ivonne Ortega recibió en 2009 $3,328 millones más de lo que había presupuestado, para cerrar con $20,068 millones. Si a esta suma se le agrega el préstamo de $1,370 millones, los ingresos suben a $21,438 millones.
“Lo del préstamo fue puro cuento, pues no tuvieron recorte de recursos, el gobierno federal cumplió con mandarles dinero”, apunta Patricia Gamboa.
“Lo que está clarísimo es que gastan más de lo que tienen. Si no hay obras detonantes, programas de desarrollo, apoyo al campo, le siguen debiendo a proveedores y han aumentado la deuda pública, ¿dónde está el dinero?, ¿qué hicieron con él?”, cuestiona la diputada.
“Vemos puros eventos, novelas, viajes, fiestas, regalos a artistas y diputados, conciertos, gastos en publicidad e imagen y campañas ostentosas. Eso, ¿en qué ha beneficiado a los yucatecos?”, se pregunta.
“No hay motivo para que Yucatán esté en números rojos, quebrado y endeudado.
“Lo que sí vemos es que este gobierno es bueno para ganar elecciones, claro, con el dispendio y la compra de votos, pero muy malo para gobernar y administrar bien los recursos”.
La legisladora panista dice que en círculos políticos y deportivos corren versiones de que el gobierno del Estado tuvo que pagar 2,500 dólares sólo para traer al promotor Don King, a la llamada “Batalla de Kukulcán”.
“Ha trascendido también que, sumando los costos de la promoción y los derechos para transmitir la pelea, le 'bajaron' 750,000 dólares en total al gobierno de Ivonne Ortega”.
“Cuando lleguen las cuentas a la Contaduría Mayor de Hacienda sabremos qué hay de esto, bueno, esperamos que lleguen.
“Lo que sí, ahora resulta que nosotros habríamos pagado el abucheo más caro en la historia política”, indica.
En contexto
Ejecutivo
- Gastos La diputada Patricia Gamboa dice que es claro que no se justifica el préstamo.
Contratado Según ha confirmado el gobierno del Estado, luego de la publicación en el Diario Oficial, ya realizó un préstamo de $1,370 millones de los $1,800 que le autorizó el Congreso.
Ejercido De esa cantidad, ya gastó $649.4 millones en “inversión pública productiva”.
Saldo El saldo del crédito es de $722.2 millones, que se quedó para ejercer este año.
Ingresos 2009 El préstamo fue incluido en la Ley de Ingresos 2009 y, según expertos consultados, se pagarán tasas altas.
Garrido Rojas dice que no pueden expulsarlo
La expulsión del diputado Julio Garrido Rojas de la bancada panista fue un tema que se abordó en la sesión del Congreso.
En su intervención en tribuna, el legislador dijo que su supuesta expulsión tiene como objetivo desprestigiarlo y difamarlo. “Es una campaña de desprestigio y difamación, y la responsable es Beatriz Zavala Peniche, quien ha provocado la división en el PAN. Magaly Cruz Nucamendi es un títere político y será recompensada con una diputación plurinominal”, reiteró.
Según expuso, él siempre ha demostrado colaboración en las decisiones del PAN y citó entre ellas el caso del préstamo millonario del Ejecutivo.
No existe, añadió, coordinación en la bancada panista, “la coordinadora sólo es una receptora de la línea que viene directamente del CDE del PAN, y además será premiada con una regiduría en el Ayuntamiento de Mérida”.
El Comité Estatal del PAN, agregó, no puede desconocer a ningún diputado, porque no posee esas atribuciones.
“No debe sorprendernos que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se preste a este juego, pues incluso Manuel Cloutier Jr. ha vivido en carne propia la intolerancia por externar lo que piensa”.
La diputada panista Alba Martínez Cortés dijo que no fue informada previamente de la expulsión y tampoco se le consultó su opinión al respecto.
“El diputado Julio Garrido, tiene a su disposición las vías de defensa de sus derechos partidistas ante los órganos internos del PAN, así como la libertad de acudir a los órganos electorales para solicitar la protección de la ley en la defensa de sus derechos políticos y ciudadanos”.
El diputado Ramón Salazar Esquer se solidarizó con Garrido Rojas e indicó que por el simple hecho de que difiere en la forma de pensar de los dirigentes es víctima de intolerancia.
El PAN recalcó que la decisión para desconocer a Garrido Rojas fue unánime y obedece a la reiterada actuación legislativa y política del diputado, que en los hechos siempre ha sido de descalificación al partido y sus integrantes, y haciendo uso de su facultad como órgano colegiado del PAN en la entidad, del cual no forma parte Beatriz Zavala.
El PAN no tuvo nada que ver con los abucheos a la Gobernadora
El Partido Acción Nacional niega la autoría de cualquier hecho relacionado con los sucesos del sábado pasado en el Polifórum Zamná, en donde, como se publicó, 8,000 personas participaron en sonora rechifla y gritos de “fuera, fuera, fuera”, cuando la titular del Ejecutivo Ivonne Ortega Pacheco subió al ring.
Culpar a otros de sus errores y argumentar que existe una campaña de maldad en su contra es la estrategia del Partido Revolucionario Institucional para evitar reconocer que sus abusos han colmado la paciencia de la gente y que la titular del Ejecutivo no calculó el posible impacto de su decisión de adjudicarse la autoría del evento.
Es lamentable que precisamente en estos tiempos electorales, el partido de la Gobernadora inicie una campaña mediática para difamar a Acción Nacional acusándole de ocasionar la rechifla y de la existencia de una campaña sucia como parte de una estrategia electoral.
El actual es el momento de silencio de las campañas y Acción Nacional ha ordenado a sus precandidatos electos acatar las disposiciones de ley. El PRI ha empleado este tiempo para generar una campaña de desprestigio en contra de nuestro partido.
En una sociedad democrática, donde es válido reconocer errores y abusos de parte de los gobernantes hubiera sido prudente una respuesta de mea culpa en lugar de acusar al de enfrente con la única intención de generar una cortina de humo.
En lugar de acusar al PAN la sociedad esperaría una actitud cívica y honesta, un acto de transparencia o algo que indique en el gobierno de Yucatán en realidad está actuando de manera diferente. Nada de esto ha ocurrido. No hemos visto que haya una dirigencia del PRI pidiendo que se investiguen los señalamientos de corrupción en las áreas de salud y de apoyos al campo, ni que se aclare por qué un día aparece la Gobernadora anunciando logros en turismo que luego resultan desmentidos por el titular del área.
El PRI acusa, pero no ofrece explicaciones del por qué hasta ahora nadie sabe el criterio para haber asignado mediante el programa Cobijar cobertores y chamarras a personas que fallecieron muchos años antes que los actuales gobernantes estuvieran en el Palacio de Gobierno.
Si en momento de silencio electoral hacen la guerra sucia y culpan al otro, qué nos queda imaginar lo que tienen preparado para la campaña electoral.
Más que acusar al PAN el PRI debe muchas respuestas a los ciudadanos, respuestas que no quieren ofrecer, pues para ellos es más fácil usar la diatriba, el insulto, la denuncia y la calumnia que atreverse a admitir que han incurrido en un error.
