El coordinador general de Comunicación Social, Jesús Rivero Covarrubias, propició, poco después de asumir el cargo en 2007, la creación de decenas de "empresas fantasma" -sólo existen fiscalmente-, habilitadas para facturar cantidades millonarias al gobierno del Estado por servicios, la mayoría de ellos, inexistentes.
Los detalles de estas operaciones los publicó el Diario en dos reportajes: el primero, de tres entregas, apareció el 31 de enero y el 1 y 2 de febrero; el segundo, el 20 de marzo.
A cambio de entregar facturas, apuntan los reportajes, estos proveedores, la mayoría desconocidos en el medio y sin oficinas, e incluso muchos de ellos sin teléfono, recibían de $100,000 a $800,000, al mes, de la Coordinación de Comunicación Social (CGCS).
Se trata, en muchos casos, de empresas con propósitos muy distintos a la publicidad, como limpiar oficinas, maquilar ropa o vender productos químicos, mariscos y maderas preciosas.
Comisionista
A Rivero Covarrubias se le atribuye también la propiedad de la agencia Publicidad Creativa, encargada de comprar espacios en los medios de comunicación para revenderlos al gobierno estatal, como una forma de disfrazar los desproporcionados pagos a empresas de medios nacionales y locales.
Luego del primer reportaje, el titular de la CGCS, en un comunicado oficial, negó la información publicada, pero sin dar pruebas. A los señalamientos del segundo reportaje, que involucran directamente a su director de Administración, Mario Mena Castro, Rivero no ha respondido oficialmente, hasta ahora.
Como publicamos ayer, dos sitios de internet subvencionados por el gobierno difundieron información falsa que involucra a Grupo Megamedia en un presunto chantaje a la CGCS.
Entre otras cosas, en los reportajes del Diario se señala que un ejemplo para entender cómo funcionan estas empresas "fantasma" es Jamil, Productos y Servicios, formada apenas el 13 de julio de 2009. La CGCS entregó a esta compañía de enero a junio de 2010 la cantidad de $2.074,480.
El objetivo principal de esa empresa no tiene ninguna relación con la comunicación social: en su acta constitutiva aparece como proveedor de servicios de limpieza.
Además, sus dos socios son desconocidos en el gremio y carecen de oficinas, como ocurre con los siguientes proveedores de este tipo enlistados en los reportajes del Diario: Especialización de Servicios Comerciales, Corporación Comercial y de Servicios, S.C.P., Comercializadora y Medios Publicitarios, Grupo Exportador, Zavath, Condimat y Soaket.
La falta de domicilio legal y de trayectoria profesional se ve también en los socios de esas empresas. Muchos de ellos carecen de domicilio conocido y de teléfono fijo, no obstante las grandes sumas de dinero que facturan. Es el caso, por ejemplo, de socios de empresas proveedoras como Oscar Joaquín López Cortés, Ramón de los Angeles Quetzal Serrano, Claudia Guadalupe Marín Lizama y de los hermanos Angel Adrián y José Jesús Echeverría Zavaleta. También de Juan Martín Gómez Sustaita, Ivonne y Diana Rodríguez Arana, Martín Eduardo Lugo Novelo, Isidro Moot Poot y Alvaro Enrique Escalante Montalvo, entre otros.
Los "proveedores fantasma" de la CGCS no siempre son personas morales. Varios de ellos facturan como personas físicas y también aquí lo hacen sin dar referencias domiciliarias o profesionales. Es el caso de José Manuel Martínez Mdáhuar, Luis Hernán Pérez Canul, Luis Abram Sosa y Sánchez, Viviana Innecken Rojas, Wendy Mercedes Jiménez Cervera, Jorge Edilberto Piña Ojeda y Andrés Avelino Coaña Ojeda.
Entre los "proveedores fantasma" de la CGCS sobresale la empresa Integradora de Yucatán, S.A. de C.V., por la cuantía de sus cobros mensuales y por su desvinculación casi total de la actividad publicitaria.
Esta compañía empezó a funcionar casi un año después de la llegada de Ivonne Ortega Pacheco a la gubernatura, y su socio principal, Michel Wabi Mdáhuar, está ligado con políticos del PRI, especialmente con la alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara: una de sus hijas es secretaria privada de la funcionaria, y otro, jefe de Atención Ciudadana.
Integradora de Yucatán, creada para asesorar a la micro y pequeña industria, funciona ahora como proveedor de "servicios de publicidad a los programas y obras del gobierno". El dueño de esta compañía es socio de Coco Frío y de Tejidos de Punto Wabi, también proveedores de la CGCS.
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