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En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, los penales yucatecos aprobaron con seis puntos de 10, pero persisten deficiencias en los centros de internamiento de la entidad como falta de separación entre procesados y sentenciados, privilegios para algunos internos, carencia de manuales de procedimientos disciplinarios, así como de programas de rehabilitación y desintoxicación, entre otras situaciones detectadas en las supervisiones.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán(Codhey), José Enrique Goff Ailloud, informó que los resultados de la Aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria revelan situaciones que no son ajenas a la institución y que requieren acciones inmediataspara su solución, según señala un comunicado.
El ombudsman detalló la calificación promedio nacional de los Ceresos fue de 6.02, y en Yucatán los cuatro centros de internamiento alcanzaron 6.00 puntos en promedio, lo que coloca a la entidad en el lugar 18 de 32 estados. La calificación más alta la obtuvo Guanajuato con 7.59 y la más baja Quintana Roo con 3.66.
Recordó que en 2013 la calificación promedio alcanzada fue de 5.80, por lo que se percibe un ligero incremento, pero pidió no bajar la guardiay redoblar esfuerzos.
Goff Ailloud precisó que el Centro de Reinserción Social de Mérida obtuvo una calificación de 5.89; el de Oriente en Valladolid, 5.83; el del Sur en Tekax, 5.31; y el de Reinserción Social Femenil del Estado, que recién abrió sus puertas, 6.96.
A diferencia de otras entidades del país, en los Ceresos de Yucatán se ha logrado superar la problemática de sobrepoblación y hacinamiento, situación señalada reiteradamente por esta Institución en años anteriores, sin embargo, se requiere una mejor distribución de los internos.
En Mérida la capacidad del centro es de 2,485 internos y la población el día de la supervisión, que fue el pasado mes de agosto de 2014, fue de 1,921.
En el Centro de Reinserción Social del Oriente Valladolid, la capacidad es para 156 internos y la población al día de la visita fue de 149.
En el Centro de Reinserción Social del Sur Tekax, la capacidad es de 146 internos y la población al día de la supervisión fue de 123.
En el nuevo Centro de Reinserción Social Femenil del Estado, la capacidad es para 120 mujeres y al día de la visita, habían 22.
De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 10 fracción XVIII, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos participó en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.
El Ombudsman remarcó que si bien los internos cometieron delitos y están pagando una deuda con la sociedad, la prisión debe garantizar en todo momento su seguridad, así como condiciones de vida digna al interior de los centros penitenciarios, a fin de que las personas privadas de su libertad desarrollen sus capacidades y realicen actividades que les permita una verdadera reinserción a la sociedad.
Entre las deficiencias detectadas en los centros de reinserción de Yucatán se pueden observar la falta de separación entre procesados y sentenciados.
Además, se carece de suficiente personal capacitado, con un salario acorde a la actividad que desempeña, así como insuficiente suministro de equipamiento.
También se percibe una deficiencia de acciones para prevenir y atender incidentes, así como la falta de protocolos en caso de que ocurran.
Otro de los problemas detectados fue la insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, que constituyen un apoyo fundamental en la rehabilitación y en el proceso de reinserción social.
En las revisiones se observó la existencia de ciertos privilegios para algunos internos, ya que se les permite tener bienes los cuales se encuentran prohibidos por reglamento, asimismo se informó que hay reclusos que tienen y ejercen control sobre el resto de la población, deficiencias que vulneran los derechos a recibir un trato digno, de igualdad y legalidad.
Se reitera que es necesario contar con manuales de procedimientos para el ingreso, traslado de internos, uso de la fuerza, solicitud de audiencias con autoridades, presentación de quejas, ingreso de visitantes, revisión de estancias y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario, con el fin de regular las actividades diarias y establecer criterios y lineamientos que garanticen la legalidad de las medidas disciplinarias.
Otro tema es el derecho a la salud, el cual se ve vulnerado en diversos centros, ya que se observan deficiencias en los servicios médicos, particularmente insuficiencia de medicamentos, de material de curación e instrumental, así como de personal para atender a los internos, situación que tratándose de mujeres es significativa ya que no cuentan con un área específica para ellas, motivo por el cual en los casos de centros mixtos tienen que acudir al consultorio en el área varonil.
Se encontraron deficiencias en la atención médica a las personas con discapacidad física y mental, así como en servicios para mantener la salud de los internos, equipo médico, personal para atención e instrumental médico y unidad odontológica.
Además se encontró que no en todos los centros se contempla la alimentación de los hijos de internas que nacen y viven en el Centro -la edad establecida como máxima para que niño permanezca con su madre es de 18 meses-.
No en todos los casos se prevé la existencia de registros sobre probables violaciones a Derechos Humanos, así como de un procedimiento para su atención o remisión de quejas por parte de los internos ante la instancia competente.
No existe acceso a números gratuitos desde teléfonos públicos, lo que dificulta mecanismos efectivos para la prevención de prácticas que vulneren la integridad y la dignidad de los internos.
Es importante mencionar la necesidad ineludible de contar con personal suficiente que garantice la seguridad de las instituciones, así como la vida digna en prisión.
Ante este panorama, el Ombudsman hizo un llamado a las autoridades penitenciarias para atender la situación de los centros de reclusión en Yucatán, a fin de lograr el objetivo de la reinserción en beneficio de la sociedad en general.
