Noticias de Yucatán
El El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a detallar información relacionada con 101 solicitudes de extradición negadas por el Estado mexicano, luego de que le negaran la información a un particular.
Al presentar el caso ante el pleno del organismo autónomo, el comisionado Joel Salas indicó que “la información pública sobre las extradiciones sirve para demostrar que México colabora con otros países para impartir justicia y controlar la impunidad”, por lo que planteó que un proceso de extradición, llevado de forma adecuada, facilita la persecución de los delitos y añadió que, según datos de la propia Cancillería, de 2000 a 2015, el país ha extraditado a 998 personas.
“En México, dicho proceso ha contribuido para llamar a rendir cuentas a funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción; recientemente la prensa ha reportado la colaboración con fuerzas de seguridad de otros países, como Italia y Guatemala, para traer a México a políticos acusados de actos de corrupción”, enfatizó.
El particular que solicitó la información en un principio apuntó que la SRE le dio a conocer que fueron negadas 101 solicitudes de extradición, 32 en cumplimiento a resoluciones de amparo, 22 por pruebas insuficientes, 17 con base en el Artículo 4 del Código Penal Federal, siete por prescripción y tres por “non bis in ídem”.
A esto se agregan otras tres por falta de garantías de no aplicación de pena de muerte o prisión vitalicia, dos por contar con la condición de refugiado, una por jurisdicción, una por falta de identidad de la norma y cuatro porque la persona detenida es distinta a la que solicitan extraditar.
Adicionalmente, el particular pidió conocer la cantidad de resoluciones emitidas por la SRE en el periodo de 2000 a 2016, bajo diferentes conceptos, como en las que coincidió con la opinión del juez de Distrito en negar la extradición y en las que se determinó negar la extradición, cuando la opinión del juez de Distrito fue otorgarla, por ejemplo.
Sin embargo, la SRE manifestó que dicha información era clasificada ya que su difusión pone en peligro los procesos penales e investigaciones en curso.
Inconforme con esta respuesta, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI. En el análisis, el comisionado Salas Suárez determinó que no es procedente la clasificación ni la respuesta porque la difusión de la información no obstruye la prevención o persecución de los delitos y la publicidad de la información no pone en riesgo las relaciones diplomáticas de México con sus homólogos.
Por ello, el pleno del INAI revocó la respuesta de la SRE y le instruyó entregar al particular los documentos que contengan la información de su interés; en caso de que contengan datos de carácter confidencial, deberá elaborar la versión pública correspondiente.
Con información de Notimex
El El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a detallar información relacionada con 101 solicitudes de extradición negadas por el Estado mexicano, luego de que le negaran la información a un particular.
Al presentar el caso ante el pleno del organismo autónomo, el comisionado Joel Salas indicó que “la información pública sobre las extradiciones sirve para demostrar que México colabora con otros países para impartir justicia y controlar la impunidad”, por lo que planteó que un proceso de extradición, llevado de forma adecuada, facilita la persecución de los delitos y añadió que, según datos de la propia Cancillería, de 2000 a 2015, el país ha extraditado a 998 personas.
“En México, dicho proceso ha contribuido para llamar a rendir cuentas a funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción; recientemente la prensa ha reportado la colaboración con fuerzas de seguridad de otros países, como Italia y Guatemala, para traer a México a políticos acusados de actos de corrupción”, enfatizó.
El particular que solicitó la información en un principio apuntó que la SRE le dio a conocer que fueron negadas 101 solicitudes de extradición, 32 en cumplimiento a resoluciones de amparo, 22 por pruebas insuficientes, 17 con base en el Artículo 4 del Código Penal Federal, siete por prescripción y tres por “non bis in ídem”.
A esto se agregan otras tres por falta de garantías de no aplicación de pena de muerte o prisión vitalicia, dos por contar con la condición de refugiado, una por jurisdicción, una por falta de identidad de la norma y cuatro porque la persona detenida es distinta a la que solicitan extraditar.
Adicionalmente, el particular pidió conocer la cantidad de resoluciones emitidas por la SRE en el periodo de 2000 a 2016, bajo diferentes conceptos, como en las que coincidió con la opinión del juez de Distrito en negar la extradición y en las que se determinó negar la extradición, cuando la opinión del juez de Distrito fue otorgarla, por ejemplo.
Sin embargo, la SRE manifestó que dicha información era clasificada ya que su difusión pone en peligro los procesos penales e investigaciones en curso.
Inconforme con esta respuesta, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI. En el análisis, el comisionado Salas Suárez determinó que no es procedente la clasificación ni la respuesta porque la difusión de la información no obstruye la prevención o persecución de los delitos y la publicidad de la información no pone en riesgo las relaciones diplomáticas de México con sus homólogos.
Por ello, el pleno del INAI revocó la respuesta de la SRE y le instruyó entregar al particular los documentos que contengan la información de su interés; en caso de que contengan datos de carácter confidencial, deberá elaborar la versión pública correspondiente.
Con información de Notimex
