El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que entregue a los solicitantes la versión pública de las bitácoras de vuelo del avión en el que se trasladó desde Madrid, España a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En el recurso RRA 11929/20, el INAI instruyó a la FGR a liberar la información relativa a los vuelos del avión Bombardier INC. Modelo CL-600-2B16 (Challenger 605), desde 2013 al 16 de junio de 2020, de acuerdo con un comunicado difundido por la institución.
No obstante, Lozoya viajó a México extraditado desde España entre el 16 y el 17 de julio de 2020. No se sabe si se trata de un error la fecha que aparece en la comunicación del Instituto.
El avión, con matrícula XB-NWD, fue el mismo que se utilizó para transportar a Alonso Ancira Elizondo desde Mallorca, España, el pasado 3 de febrero. También se uso el 19 de enero de 2017 para la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Es el único de la flota de la Fiscalía con capacidad para hacer vuelos transatlánticos.
El comisionado Mauricio Guerra Ford señaló que la solicitud comprendía el nombre de las personas que han abordado el avión, cargo y destino en las fechas indicadas. La FGR respondió al solicitante que se trataba de “información reservada”, clasificación que fue confirmada por su Comité de Transparencia. Argumentó que estaba relacionada con una carpeta de investigación abierta.
Si bien consideró que algunos datos de exfuncionarios podrían comprometer su vida y su seguridad, la restricción no aplica al actual titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, ni a los demás servidores públicos “cuyo nombre y cargo ya fue hecho público” debido a los boletines de prensa oficiales.
Tampoco procedió la reserva bajo el argumento de que existe una carpeta de investigación abierta, ya que la FGR no precisó el número de ésta ni acreditó su vulneración.
En torno a la aeronave, “la matrícula, marca y modelo, número de bitácora, origen y destino así como la hora de salida y llegada de cada vuelo no constituyen especificaciones técnicas que comprometan la seguridad pública” por lo que deberán ser entregadas. Solo podrá resguardarse la información relativa a las especificaciones y características técnicas del avión.
El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas consideró que con la resolución se amplía la brecha contra “criterios reduccionistas” que con mucha ligereza permitieron en el pasado esconder en reservas información que tiene que ser pública.
Además, el INAI ordenó a la Fiscalía que dé a conocer la versión pública del parte médico en el que se le diagnosticó “anemia y problemas en el esófago” a Emilio Lozoya a su llegada desde el país ibérico. También insta a la FGR a dar la información sobre la “manera en que se efectuó el traslado al hospital, precisando si fue vía terrestre, aérea y si estuvo a cargo de la familia”. Lo anterior, mediante el recurso RRA 12208/20.
Sobre este caso, el comisionado Acuña Llamas señaló que fue la propia FGR la que dio a conocer el diagnóstico de “anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago” cuando llegó Lozoya a México y “para conocimiento de todos no pisó el reclusorio”.
Dijo que estos problemas médicos fueron los que, al parecer –“porque siguen siendo un misterio muchos de los aspectos que rodean esta trama”– facilitaron su traslado a un hospital.
Señaló que se trata de un asunto “de trascendencia nacional e histórica” debido a que pone a prueba la eficacia de las instituciones de investigación y procuración de justicia, ya que el caso Odebrecht aún no ha sido consignado ante el juez competente, a pesar de llevar más de tres años.
Por lo tanto, se debe abrir “lo más que se pueda” la información, con el fin de que se “sacien y calmen” las serias dudas que se tienen sobre el proceder de la Fiscalía sobre el caso Odebrecht, en tanto que México es el único país involucrado en la trama en el que “no ha pasado nada”.
Emilio Lozoya Austin, quien se acogió a un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía, fue acusado de los delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por supuestamente haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares por parte de la compañía brasileña Odebrecht y 3.5 millones de dólares por parte del empresario Alonso Ancira, quien fuera propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de contratos y de la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio injustificado.
En el caso de AHMSA, la FGR sostiene desde el principio que Ancira entregó un soborno de 3,5 millones de dólares a Lozoya en 2012, para que una vez que éste llegara a la dirección de Pemex, le comprara a sobreprecio la planta de Agro Nitrogenados, como ocurrió en 2014. La paraestatal pagó 275 millones de dólares por una planta que valía 58, según los avalúos.
Esta cantidad se entregó a través de la empresa Tochos Holding Limited, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, consideradas por varios países como un paraíso fiscal.
Con este dinero, triangulado a través del banco suizo UBS AG, Lozoya compró un inmueble ubicado en el fraccionamiento “Residencial la Retama”, en la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
Todo ello sin que existiera una relación comercial de por medio entre ambas empresas. Como parte de Tochos apareció Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, de quien las autoridades sospechan que su papel era el de servir de testaferro de su hermano, debido a que su ocupación como estudiante no era consistente con el manejo de recursos de tan elevada cuantía.
El 3 de diciembre de 2020, un juez de control ordenó de nueva cuenta la aprehensión de Gilda Susana Lozoya Austin. Para evitar su captura, su representación legal había promovido un nuevo juicio de amparo contra actos privativos de la libertad, sin embargo, este le fue denegado el 29 de octubre por el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México.
El caso de Odebrecht tiene que ver con la relación entre Lozoya y Luis Alberto de Menesses, director superintendente de la constructora. Esto llevó al pago, en marzo de 2012, de 4 millones de dólares a empresas vinculadas con el ex funcionario, supuestamente para apoyar la campaña del PRI en las elecciones en las que fue electo presidente Enrique Peña Nieto.
No obstante, parte de este dinero fue destinado en agosto de 2013, a la compra de un inmueble en el estado de Guerrero, por un valor de 1 millón 900 mil dólares. En esta operación está involucrada la esposa de Lozoya, Marielle Helen Eckers, según señala la documentación de la extradición.
El INAI aprobó este miércoles 388 resoluciones, de las cuales, 305 son de acceso a la información; 58 de protección de datos personales; 14 recursos de inconformidad y 11 de atracción.
Del total de resoluciones, seis corresponden al poder Legislativo, 302 al poder Ejecutivo, ocho al poder Judicial, 23 a órganos autónomos, 12 a empresas productivas del estado, cinco a instituciones de educación superior, cinco a sindicatos, dos a partidos políticos y 25 a organismos garantes locales.
En la sesión participaron la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, las Comisionadas Norma Julieta del Río Venegas y Josefina Román Vergara; así como los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas.
