Funcionarios y diputados del PRI han recalcado que técnicamente los PPS no son deuda pública, pero en los hechos sí implica la obligación de un pago.
Con un contrato totalmente ventajoso para la Fundación Teletón, que fue blanco de críticas, Ivonne Ortega firmó un compromiso de pago -aprobado por el Congreso- de 8 millones de UDIS al año. A la fecha, el saldo del adeudo, al valor de hoy, asciende a $275.4 millones.
La operación para adquirir 3,012 hectáreas también se hizo en el sigilo, pues comenzó el 22 de febrero de ese año -dos meses antes-, cuando la Cousey pagó un anticipo a los ejidatarios para amarrar la compraventa.
A tres años de esos hechos, el Ejecutivo ya pagó $343 millones por esas tierras y aún no tiene los títulos de propiedad, pero sí una denuncia por peculado de legisladores panistas por pagar un bien que no tiene, en el que involucran a la ex directora de la Cousey Angélica Araujo Lara.
Los acreedores de 2009 son:
El saldo al 31 de diciembre de este año era de $648.3 millones. Con este monto se compromete el 9.7% de las participaciones federales, firmadas en calidad de garantía al banco.
2) Banco del Bajío. El 16 de diciembre de 2009, el Ejecutivo contrató $670 millones, con una vigencia máxima de pago a 18 años contados a partir de la primera disposición del dinero.
Al 31 de marzo, el saldo de este crédito es de $661.1 millones, con el que se compromete otro 9.3% de las participaciones.
3) Banorte. En este caso se trata de un refinanciamiento o reestructuración de dos créditos, que son los siguientes:
a) La anterior administración dejó una deuda de $74.6 millones, que utilizó para cubrir su aportación al Fonden, con el que se construyeron 30,000 viviendas a los damnificados del huracán "Isidoro", que azotó en 2002. Ese adeudo estaba pactado a pagarse por completo en 2012.
b) El saldo de $214.2 millones (hasta el año pasado) del crédito de $320 millones que utilizó la actual administración para comprar las tierras de Ucú.
Ambos créditos arrojan un refinanciamiento de $310 millones para pagar a 20 años. Con este adeudo se compromete un 4% más de participaciones.
Hasta aquí la deuda bancaria actual es de $1,655.4 millones.
La "carrera crediticia" tuvo un salto espectacular en 2010, cuando Ivonne Ortega recurrió al financiamiento internacional. Otra vez el Congreso, sin objeción, le autorizó contratar hasta $2,600 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Ejecutivo dice que contratará $1,300 millones este año y $1,300 millones en 2012, pero tiene la opción de hacerlo todo este año, pues así se lo aprobó el Congreso del Estado.
Con ese monto del BID se compromete un 25% más las participaciones y la deuda se alarga a 25 años, es decir, a un cuarto de siglo. Aunque técnicamente no es deuda, hay otras obligaciones de pago en puerta: los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), por $1,071 millones, con el que se harían el Museo Maya, tres hospitales y otras obras.
Con ese monto se compromete un 15% más de participaciones.
Sumando todos los conceptos, la deuda asciende a $5,326.4 millones y se compromete el 63% de las participaciones. Debido a que el pasivo se extiende hasta el año 2036, se pone en riesgo a las siguientes cuatro administraciones.- FéLIX UCáN SALAZAR
La gobernadora siempre ha ido de la mano con el Congreso para endeudar más a Yucatán.
Sin objeción
Tanto la anterior como la actual Legislatura, de mayoría priista, nunca han puesto una objeción a la contratación de deuda.
"Lavado"
En el manejo del crédito de 2009, cuyo destino sigue sin aclararse, han surgido casos polémicos como la compra de placas de vehículos y la autocompra del terreno para el Museo Maya. Un diputado panista afirma que es "lavado de dinero", pues se trianguló el crédito para convertirlo en gasto corriente.
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