Publicada: 3 agosto 2011
(1) Para Coparmex Mérida, la falta de transparencia en el manejo de las finanzas públicas no es el único punto cuestionable al gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
"Allí están los asuntos de las empresas fantasmas relacionadas con la Coordinación de Comunicación Social, de los pagos a la empresa del subsecretario Marco Antonio González Canto y de los desvíos en Fomento Agropecuario. En ninguno hay respuestas", deplora Luis Jorge Caamal Burgos, presidente del organismo empresarial.
El dirigente no tiene duda alguna de lo que debió hacer el Ejecutivo al hacerse públicos esos escándalos. De entrada, enfatiza, Jesús Rivero Covarrubias, coordinador general de Comunicación Social; Marco Antonio González, subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, y Alejandro Menéndez Bojórquez, secretario de Fomento Agropecuario, ya deben estar fuera del gobierno.
En la amplia entrevista concedida a Grupo Megamedia con motivo de un análisis de la deuda pública, de la que hoy ofrecemos la última parte, el ingeniero Caamal Burgos dice que el caso del subsecretario González Canto no puede verse como algo aislado.
"Allí vemos que los secretarios de Hacienda (Juan Gabriel Ricalde Ramírez) y de Planeación (Armando Baqueiro Cárdenas) o son cómplices o son incompetentes", subraya.
"También hay que preguntarse: ¿dónde está la Contraloría?".
El presidente de Coparmex advierte también que, aunque es del ámbito municipal, no debe soslayarse lo ocurrido el 4 de julio en la "Glorieta de la Paz".
Ni se investiga ni se sanciona, dice de los hechos del 4 de julio
Publicada: 3 agosto 2011
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El presidente de Coparmex Mérida, Luis Jorge Caamal Burgos, dice que no se debe soslayar la trascendencia de lo ocurrido el 4 de julio en la "Glorieta de la Paz", con motivo del inicio de las obras del "paso deprimido".
"Es verdaderamente lamentable que un mes después de ese suceso no haya ningún detenido, ningún consignado a pesar de los testimonios y pruebas contra los agresores, que, además, están ya bien identificados", añade.
"Ya ni se diga que no hay acciones contra los autores intelectuales, que son más difíciles de ubicar. No vemos ninguna medida contra los culpables materiales de las agresiones".
Acompañado de Eduardo Espinosa Corona, director de Coparmex Mérida, el líder empresarial subraya que este caso es un reflejo del curso que se da a muchos asuntos en el gobierno del Estado: "No hay voluntad de investigar y mucho menos de sancionar".
Sobre el tema de la deuda pública, recuerda que cuando surgieron dudas sobre la aplicación de los créditos que recibió el Ejecutivo a fines de 2009, de $1,370 millones, Coparmex recurrió al secretario de Planeación, Armando Baqueiro Cárdenas, quien se encargó de explicar algunos conceptos de la cuenta pública, pero en otros puntos dijo que tenía que "checarlos" y luego daría una respuesta.
Pasado un tiempo, ya en diciembre de 2010, se reunieron varios presidentes de cámaras empresariales con el doctor Baqueiro Cárdenas, en la Secretaría de Planeación, y en ese encuentro se anunció un aumento de impuestos y la contratación de un nuevo crédito, de $1,300 millones.
"Desde ese día le dijimos al secretario que no estábamos de acuerdo con un aumento de impuestos si no sabíamos cómo estaba el gasto y el manejo de los ingresos adicionales que había recibido el gobierno", explica el ingeniero Caamal Burgos. "Tampoco estábamos de acuerdo con que se contratara un nuevo crédito si no quedaba claro el anterior".
Después de esa reunión surgió una relación ríspida con el Congreso del Estado, al aprobarse la contratación del crédito. Coparmex convocó a sus socios, les explicó la situación y de allí surgió un respaldo fuerte de todo el sector empresarial a esa organización.
Consumado el préstamo, Coparmex propuso formar un comité que vigilara el manejo del dinero, tal como había sugerido también para revisar los créditos concedidos en 2009.
De acuerdo con Luis Jorge Caamal, en aquel entonces el gobierno del Estado les ofreció que el secretario de Fomento Económico, Víctor Cervera Hernández, sería la persona que respondería a sus dudas. A los empresarios no les pareció lo más adecuado, porque muchas de las interrogantes tenían que ver con el tema de planeación.
Para conocer los contratos que firmó el Ejecutivo con Bancomer y Banco del Bajío en 2009, el sindicato patronal tuvo que recurrir a la Unidad de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo (Unaipe). El resultado, como publicamos anteayer, fue la entrega de documentos con conceptos tachados, por ser "información reservada".- Angel Noh Estrada
angelnoh@megamedia.com.mx
Tema: Gobierno del Estado
Tres funcionarios estatales acusados son tema de comentarios de Coparmex:
Comunicación Social
Como ya hemos informado, su coordinador general, Jesús Rivero, está vinculado a empresas fantasmas.
Asuntos religiosos
El subsecretario Marco González Canto recibió pagos de $52 millones en menos de 4 años por acarreo.
Fomento Agropecuario
Se han señalado desvíos en esta oficina a cargo de Alejandro Menéndez
