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En sus últimos tres años, el gobierno de Rolando Zapata Bello canalizó pagos millonarios a un centenar de empresas irregulares por supuestos servicios a dependencias estatales, sin licitaciones de por medio o con licitaciones simuladas.
De acuerdo con facturas y convenios de 2015 a los primeros meses de 2018, los pagos en condiciones anómalas rondan los 900 millones de pesos, aunque todavía está pendiente la revisión en más oficinas. Esos 900 millones equivalen a más de la cuarta parte del presupuesto con que inició 2018 el Ayuntamiento de Mérida.
Muchas empresas beneficiadas fueron creadas en los primeros años de la administración anterior. Una parte, mínima, tiene registros de un año previo a la llegada de Rolando Zapata al Palacio de Gobierno. Varias de ellas caen en la clasificación de “fantasmas”, pues están catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas que simulan las operaciones que facturan. En unos casos comparten el domicilio fiscal.
Documentos y testimonios obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, revelan que el mecanismo para retirar dinero público mediante esos negocios se extendió a prácticamente todas las dependencias, lo mismo en aquellas que manejan grandes recursos que en instituciones pequeñas.
Denuncia de irregularidades
El tema de las empresas fantasmas en el gobierno del Estado salió a la luz en una denuncia del exgobernador Patricio Patrón Laviada a fines de junio pasado. El exjefe del Ejecutivo acusó a la Secretaría de Salud del Estado de pagar, en condiciones que generan sospechas, más de 150 millones de pesos a un grupo de compañías por supuestos estudios sobre enfermedades sólo en 2015.
Patrón Laviada calificó el presunto desvío como “la versión yucateca de la estafa maestra”.
Tres meses después, el portal de noticias digital Animal Político publicó amplia información sobre el mismo tema, en la que también detalló infructuosas gestiones que realizó ante la Secretaría de Salud para tratar de obtener una respuesta y dio a conocer, con fotografías, los resultados de visitas a casas reportadas como domicilios fiscales de los negocios.
En el pasado, el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco fue señalado también por utilizar una red de empresas para el desvío de recursos. En el ámbito municipal, siendo alcalde, Mauricio Vila Dosal fue acusado por Santiago Alamilla Bazán —destituido semanas antes de la dirección de Abastos de Mérida— de incurrir en una práctica similar. El primer regidor lo negó y dijo que su administración era la más auditada y había salido “limpia” en las revisiones.
A raíz de la denuncia de Patricio Patrón, Central 9 se enfocó en averiguar más sobre esas empresas y sus nexos con la administración estatal anterior. Se reunieron copias de facturas, de cheques, de depósitos bancarios y otros documentos que prueban que el esquema de simulación de servicios no era exclusivo de la Secretaría de Salud, aunque sí era más evidente en esta dependencia por la forma en que se presentaron algunos “estudios” y las correspondientes facturas, incluso con errores de ortografía.
Red controlada por dos personas
Testimonios recabados apuntan a una red controlada por dos personas, al menos a partir de 2015, después de las elecciones intermedias: Sergio Vadillo Lora, exjefe del Despacho del Gobernador, y Ricardo Nevárez Cervera, quien no tenía un lugar en el organigrama del gobierno del Estado pero despachaba en el edificio de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), ubicado frente al Parque de la Paz, y en una casa particular de la colonia México.
Fuentes de la administración anterior aseguran que ambos —muy cercanos a Zapata Bello— “brincaban” a secretarios y directores y giraban instruccionesdirectas a los responsables de finanzas de las dependencias, aunque en la mayoría de los casos los titulares terminaban estampando sus firmas. Los principales acusados no dejaban rastro.
En la lista de empresas figuran algunas “todólogas”, utilizadas para numerosos servicios: lo mismo vendían paquetes de “box lunch” y material de papelería que rentaban sillas, carpas, ventiladores y mesas; y, por si fuera poco, también hacían estudios de salud.
Es en el sector salud donde asoman operaciones burdas, pues en 2015 se utilizó a una red de más de 50 empresas para realizar “investigaciones” por las que cobraron más de un millón de pesos por cada una. En 2016 continuó el mismo esquema, pero hay casos en que los pagos fueron mayores por temas como un análisis para ahorrar gasolina en la Secretaría de Salud, para determinar perfiles de puestos, para evaluar a la plantilla de personal del Hospital O’Horán o para hacer una “encuesta de satisfacción”, por citar ejemplos.
También te puede interesar: Empresas fantasmas para realizar “investigaciones”
En otro lugar de esta misma página abundamos en el tema. En próximas ediciones daremos cuenta de más información sobre las empresas involucradas en la red. Megamedia.
En sus últimos tres años, el gobierno de Rolando Zapata Bello canalizó pagos millonarios a un centenar de empresas irregulares por supuestos servicios a dependencias estatales, sin licitaciones de por medio o con licitaciones simuladas.
De acuerdo con facturas y convenios de 2015 a los primeros meses de 2018, los pagos en condiciones anómalas rondan los 900 millones de pesos, aunque todavía está pendiente la revisión en más oficinas. Esos 900 millones equivalen a más de la cuarta parte del presupuesto con que inició 2018 el Ayuntamiento de Mérida.
Muchas empresas beneficiadas fueron creadas en los primeros años de la administración anterior. Una parte, mínima, tiene registros de un año previo a la llegada de Rolando Zapata al Palacio de Gobierno. Varias de ellas caen en la clasificación de “fantasmas”, pues están catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas que simulan las operaciones que facturan. En unos casos comparten el domicilio fiscal.
Documentos y testimonios obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, revelan que el mecanismo para retirar dinero público mediante esos negocios se extendió a prácticamente todas las dependencias, lo mismo en aquellas que manejan grandes recursos que en instituciones pequeñas.
Denuncia de irregularidades
El tema de las empresas fantasmas en el gobierno del Estado salió a la luz en una denuncia del exgobernador Patricio Patrón Laviada a fines de junio pasado. El exjefe del Ejecutivo acusó a la Secretaría de Salud del Estado de pagar, en condiciones que generan sospechas, más de 150 millones de pesos a un grupo de compañías por supuestos estudios sobre enfermedades sólo en 2015.
Patrón Laviada calificó el presunto desvío como “la versión yucateca de la estafa maestra”.
Tres meses después, el portal de noticias digital Animal Político publicó amplia información sobre el mismo tema, en la que también detalló infructuosas gestiones que realizó ante la Secretaría de Salud para tratar de obtener una respuesta y dio a conocer, con fotografías, los resultados de visitas a casas reportadas como domicilios fiscales de los negocios.
En el pasado, el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco fue señalado también por utilizar una red de empresas para el desvío de recursos. En el ámbito municipal, siendo alcalde, Mauricio Vila Dosal fue acusado por Santiago Alamilla Bazán —destituido semanas antes de la dirección de Abastos de Mérida— de incurrir en una práctica similar. El primer regidor lo negó y dijo que su administración era la más auditada y había salido “limpia” en las revisiones.
A raíz de la denuncia de Patricio Patrón, Central 9 se enfocó en averiguar más sobre esas empresas y sus nexos con la administración estatal anterior. Se reunieron copias de facturas, de cheques, de depósitos bancarios y otros documentos que prueban que el esquema de simulación de servicios no era exclusivo de la Secretaría de Salud, aunque sí era más evidente en esta dependencia por la forma en que se presentaron algunos “estudios” y las correspondientes facturas, incluso con errores de ortografía.
Red controlada por dos personas
Testimonios recabados apuntan a una red controlada por dos personas, al menos a partir de 2015, después de las elecciones intermedias: Sergio Vadillo Lora, exjefe del Despacho del Gobernador, y Ricardo Nevárez Cervera, quien no tenía un lugar en el organigrama del gobierno del Estado pero despachaba en el edificio de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), ubicado frente al Parque de la Paz, y en una casa particular de la colonia México.
Fuentes de la administración anterior aseguran que ambos —muy cercanos a Zapata Bello— “brincaban” a secretarios y directores y giraban instruccionesdirectas a los responsables de finanzas de las dependencias, aunque en la mayoría de los casos los titulares terminaban estampando sus firmas. Los principales acusados no dejaban rastro.
En la lista de empresas figuran algunas “todólogas”, utilizadas para numerosos servicios: lo mismo vendían paquetes de “box lunch” y material de papelería que rentaban sillas, carpas, ventiladores y mesas; y, por si fuera poco, también hacían estudios de salud.
Es en el sector salud donde asoman operaciones burdas, pues en 2015 se utilizó a una red de más de 50 empresas para realizar “investigaciones” por las que cobraron más de un millón de pesos por cada una. En 2016 continuó el mismo esquema, pero hay casos en que los pagos fueron mayores por temas como un análisis para ahorrar gasolina en la Secretaría de Salud, para determinar perfiles de puestos, para evaluar a la plantilla de personal del Hospital O’Horán o para hacer una “encuesta de satisfacción”, por citar ejemplos.
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En otro lugar de esta misma página abundamos en el tema. En próximas ediciones daremos cuenta de más información sobre las empresas involucradas en la red. Megamedia.
