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(Proceso).- Por primera vez en un proceso electoral, los altos índices de inseguridad pública obligaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a utilizar un protocolo de seguridad para proteger a sus capacitadores: 45 mil de ellos recorren el país a fin de instruir a 3 millones de ciudadanos para que sean funcionarios de casilla el próximo 1 de julio.
Esa norma “aconseja” conductas que cada uno de ellos puede seguir “con el fin de reducir el riesgo de ser agredido/a por grupos armados”.
En Tamaulipas y Sinaloa los capacitadores ya se vieron inmersos en actos violentos provocados por grupos antagónicos del narcotráfico.
El pasado jueves 10 el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, apremió a los tres niveles de gobierno para que diseñen un protocolo destinado a garantizar la seguridad pública en la jornada electoral federal. Incluso advirtió sobre una posible interrupción de las votaciones: “Si las condiciones de paz pública no están en el mejor estado de cara a la elección, podemos tener un elemento disruptivo –el 1 de julio–, por eso creo que es importante que todos, autoridades federales y locales, asumamos nuestra responsabilidad para generar buenas condiciones”.
Añadió: “Tenemos, lamentablemente, un contexto de inseguridad en el país. No abona al buen desarrollo del proceso electoral que quienes aspiran a un cargo de elección eventualmente sean víctimas de la violencia”.
Según el INE, en lo que va del proceso electoral han sido asesinados 15 candidatos, el último de ellos el viernes 11: el de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, José Remedios Aguirre Sánchez.
Hasta ahora los aspirantes a puestos de elección sólo cuentan con protocolos de seguridad si solicitan protección a la Secretaría de Gobernación, como ya lo hicieron los candidatos presidenciales Margarita Zavala y José Antonio Meade, así como el aspirante de Morena a gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y ocho contendientes por diputaciones federales.
(Proceso).- Por primera vez en un proceso electoral, los altos índices de inseguridad pública obligaron al Instituto Nacional Electoral (INE) a utilizar un protocolo de seguridad para proteger a sus capacitadores: 45 mil de ellos recorren el país a fin de instruir a 3 millones de ciudadanos para que sean funcionarios de casilla el próximo 1 de julio.
Esa norma “aconseja” conductas que cada uno de ellos puede seguir “con el fin de reducir el riesgo de ser agredido/a por grupos armados”.
En Tamaulipas y Sinaloa los capacitadores ya se vieron inmersos en actos violentos provocados por grupos antagónicos del narcotráfico.
El pasado jueves 10 el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, apremió a los tres niveles de gobierno para que diseñen un protocolo destinado a garantizar la seguridad pública en la jornada electoral federal. Incluso advirtió sobre una posible interrupción de las votaciones: “Si las condiciones de paz pública no están en el mejor estado de cara a la elección, podemos tener un elemento disruptivo –el 1 de julio–, por eso creo que es importante que todos, autoridades federales y locales, asumamos nuestra responsabilidad para generar buenas condiciones”.
Añadió: “Tenemos, lamentablemente, un contexto de inseguridad en el país. No abona al buen desarrollo del proceso electoral que quienes aspiran a un cargo de elección eventualmente sean víctimas de la violencia”.
Según el INE, en lo que va del proceso electoral han sido asesinados 15 candidatos, el último de ellos el viernes 11: el de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, José Remedios Aguirre Sánchez.
Hasta ahora los aspirantes a puestos de elección sólo cuentan con protocolos de seguridad si solicitan protección a la Secretaría de Gobernación, como ya lo hicieron los candidatos presidenciales Margarita Zavala y José Antonio Meade, así como el aspirante de Morena a gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y ocho contendientes por diputaciones federales.
