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Los recursos pasaron de 52 millones de pesos disponibles en 2012 a 330 millones de pesos en 2017. Para 2018, la disponibilidad se redujo 68 por ciento, lo que refleja que se gastó gran parte del dinero en ese último año.
El caso mencionado es solo una aguja en el pajar. Actualmente, 374 fideicomisos concentran 835 mil 477.8 millones de pesos, cantidad que equivale al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o a 479 veces el presupuesto que en un año reciben para desarrollo social Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
El 25 de octubre de 2012 se creó un fideicomiso público para la aplicación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el que se pretendían obtener recursos adicionales para salvaguardar la integridad de las personas que estuvieran en riesgo ante un contexto de violencia.
El mecanismo contempló la compra de telefonía, la instalación de equipos de vigilancia y seguridad en inmuebles, facilitación de autos blindados, escoltas e impartir cursos de autoprotección.
La investigación realizada por Fundar, concluyó que la información general y básica de este fideicomiso no cumplió con los requisitos mínimos de transparencia, como el uso y destino del dinero; que es mínima, confusa, poco accesible y no permite tener claridad sobre la administración, los gastos, las fuentes que alimentan el patrimonio del fideicomiso, ni los informes de evaluación y cumplimiento.
Y la principal sombra que cubre a estas herramientas financieras es la poca transparencia y la “mínima” rendición de cuentas, lo que complica rastrear el dinero y verificar el ejercicio de los recursos.
Sin embargo, cada año el Gobierno federal ha decidido gastar más en ellos de lo que tiene permitido: de 2013 a 2016, se gastó el doble de dinero de lo que el Congreso de la Unión había aprobado. Es un aumento de más del 79 por ciento, al pasar de 131 mil millones de pesos a 310 millones pesos.
Esas decisiones se tomaron bajo las administraciones de Luis Videgaray y José Antonio Meade Kuribreña en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como única figura fideicomitente.
LA CLAVE
Especialistas consultadas por SinEmbargo, coincidieron en que la próxima administración debería empezar con obligar que quienes administran los fideicomisos cumplan con los lineamientos ya establecidos en la Ley de Transparencia para que se pueda tener una radiografía de todos los movimientos que se hagan y así determinar si el mecanismo funciona para lo que fue creado.
Ahí entra la labor de la Secretaría de Hacienda.
Para Liliana Ruiz Ortega, investigadora del equipo de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, es preocupante que se tengan más de 300 fideicomisos sin estructura frente a 19 que sí la tienen. Estos 300 no cuentan con una ordenamiento orgánico que se asimile a alguna entidad o dependencias de la administración pública federal; no tienen órgano de control interno, que es el que fija que las entidades o instancias cumplan con sus objetivos y disminuye la ocurrencia de irregularidades en gasto o de malos manejos.
La Secretaría de Hacienda es la que autoriza la creación de estos fideicomisos, entonces nadie revisa, aparte de esa dependencia, si es pertinente el objetivo de cada fideicomiso.
La ley establece que se justifica que la creación de fideicomisos sin estructura, si sirven para procurar algún interés nacional, pero de acuerdo con Ruiz, ese concepto es muy amplio y cualquier cosa se puede meter como de interés.
“Nadie revisa. La ASF, se mete después, cuando ya se ejercieron los recursos, pero no revisan todos y tampoco está involucrada en dar una opinión ante la creación de un fideicomiso. Primero se debe justificar muy atinada y adecuadamente de por qué se recurre a esa figura, y actualmente es lo que no encontramos”, comentó en entrevista.
Sarahí Salvatierra, investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, señaló que se debe tomar en cuenta que en los marcos normativos de transparencia y rendición de cuentas hay disposiciones para garantizar que los fideicomisos sean abiertos y tengan cierta publicidad al menos de información básica disponible.
“Creo que es importante que se verifique y se vigile que se cumpla con lo que ya garantizan las leyes, las obligaciones de transparencia en la Ley General que disponen mínimos que ni siquiera se cumplen en muchos de los fideicomisos, como conocer desde la fuente que integra su patrimonio, cuál es el destino de los recursos de estos fideicomisos y verificar los comprobantes del gasto, verificar si son útiles. Es importante tener un buen diagnóstico de cuáles son los fideicomisos para que pudieran ser más opacos para darles mayor seguimiento y hacer un diagnóstico de si están cumpliendo con los fines para cuáles se crearon y verificar si son instrumentos adecuados para el fin para el cual se crearon”, comentó.
Para la investigadora de México Evalúa, preocupa que es que mucho del gasto para inversión el que se transfiere a fideicomisos y cada vez va en aumento sin que quede claro en qué se gasta, cuando ese dinero es un detonador de crecimiento y productividad en un contexto en el que hay una descomposición en la manera en cómo se gasta.
Sin Embargo
