El ex alcalde de Dzemul Eduardo Chuc Baas dijo que sigue padeciendo la venganza de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, pues a un año de que lo enviaron a la cárcel y le cerraron una tienda y un expendio de licor de su suegro, las autoridades se niegan a concluir “ese caso que inventaron”.
—Estoy libre bajo fianza, cada mes debo presentarme a un juzgado a firmar para que yo recuerde que en cualquier momento me pueden detener otra vez si ellos quieren —expresó Chuc Baas en visita al Diario para indicar que el 10 se cumplió un año de esos hechos.
—A la fecha sólo guardo rencor hacia este gobierno corrupto, ladrón y chantajista —expresó—. Lo digo con esas palabras porque no tengo otras para expresarlo.
El quejoso, quien fue alcalde del PRI en el municipio del que es originario la gobernadora Ivonne Ortega, recordó que renunció a ese partido y apoyó al candidato del PAN a la gubernatura, Xavier Abreu.
A ese apoyo, precisamente, atribuye la persecución en su contra que, dijo, emprendió la gobernadora Ivonne Ortega.
Dijo que desde diciembre pasado su padre político pagó la multa de casi $26,000 que le puso la Secretaría de Salud por violar el horario de venta de bebidas alcohólicas, y además pagó $623 para que se quitara sellos de ese establecimiento.
—Hasta la fecha esa dependencia no informa cuándo enviará inspectores a Dzemul para retirar los sellos del expendio, el cual sólo estuvo abierto 10 minutos después de la hora oficial de cierre.
—Mi tienda del fraccionamiento Las Águilas en esta ciudad fue clausurada porque inspectores de la Secretaría de Salud hallaron ahí dos botellitas de miel y cebada sin etiquetas. Pero hasta ahora no recibo el dictamen respectivo para que pueda pagar la multa y solicitar formalmente la reapertura del establecimiento.
—El colmo fue que hace dos meses, en marzo, el gobierno repartió en Dzemul volantes firmados por la gobernadora en los que critica al ayuntamiento panista y habla de unión y armonía. Uno de esos volantes fue dejado en mi casa.
Continúa en problemas por venganza política
Hay más parques con internet gratis
El Ayuntamiento de Mérida comenzó ayer la cuarta etapa del programa Parques en Línea con 18 nuevos espacios públicos, además de Animaya, que tendrán servicio de internet gratis.
Durante la presentación de la nueva etapa del plan en la colonia Morelos Oriente, Oscar Brito Segura, director de Tecnologías de la Información de la Comuna, agregó que tienen dos proyectos pendientes.
El primero se llevará a cabo en el Centro de Control Canino municipal, donde pondrán en marcha un mecanismo de búsqueda de animales perdidos entre los que la perrera recoge en las calles, y otro de adopción de canes si su dueño no los reclama.
El segundo proyecto es, en coordinación con el Plan Estratégico de Mérida, para poner en marcha una ventanilla única de apertura rápida de empresas.
El funcionario municipal agregó que con estos 18 parques más no sólo cumplen la meta sino que la superan, pues llegan a 51 espacios públicos en total con internet gratis.
La cuarta etapa del proyecto incluye los parques de El Roble Agrícola, Niños Héroes (Mejorada), Las Américas, Francisco I. Madero, Santa Ana, Santiago, María Luisa, López Mateos, Morelos Oriente, La Esperanza, Magnolias, Yucalpetén, Amapolita, Pacabtún, Pedregales de Lindavista y quedan dos pendientes que terminarían en las próximas semanas: La Capilla, de Francisco de Montejo, y Ciudad Caucel (Los Almendros).
Al proyecto se agregó el parque Animaya, para complementar los servicios que se ofrecen en el lugar, y con el que se supera la meta que se trazó en un principio.
En cuanto a los costos, Brito Segura recordó que desde diciembre de 2007, fecha en que comenzó el programa, y hasta ahora se han gastado $ 5.700,000, tanto en la puesta en marcha como en la operación de los parques.
El funcionario agradeció a los usuarios, “que día a día son más”, de acuerdo con la cantidad de conexiones que se tienen.
Actualmente de 50,000 a 60,000 usuarios se conectan de manera regular, cuando menos dos veces al mes, principalmente por motivos escolares y de trabajo.
Brito Segura exhortó también a los ciudadanos a que cuiden el servicio, pues la Comuna ha tenido gastos que se pudieron evitar debido al vandalismo que han sufrido en las instalaciones de los parques y por el robo de cobre.
—No hemos podido crear conciencia en la gente para que haga un buen uso y cuide este servicio. Exhorto a los ciudadanos a que cuiden y hagan cuidar el servicio, porque si ahorramos en el mantenimiento se puede dar un mejor servicio —agregó.
Brito Segura también dio a conocer dos proyectos en los que trabaja la Dirección de Tecnologías de la Información.
Uno de ellos para el Centro de Control Canino, que ayude a la ciudadanía a buscar a su mascota extraviada si ya no está en su rumbo y la recogió la Perrera Municipal.
—Podrá buscarlo a través de una fotografía o del rumbo en que el animalito se perdió. También habrá un mecanismo de adopción a través de medios electrónicos para que, si después del período de espera que marca la ley, si el animalito no ha sido devuelto a sus amos, los ciudadanos los puedan adoptar. Es mejor adoptar que comprar —aseguró.
El otro proyecto se desarrolla en conjunto con el Plan Estratégico de Mérida, para la puesta en marcha de una ventanilla única para la apertura rápida de empresas.
Por último, dijo que a la próxima administración le corresponde definir si continúa con el programa o lo amplía, y que hay suficiente demanda para dar el servicio en todas las áreas publicas de Mérida, como andadores, calles y parques.
Programa
- Cuarta etapa En la cuarta etapa del proyecto Parques en línea la Comuna agregó 18 espacios nuevos: Ubicación Animaya, Parque del Bicentenario; El Roble Agrícola, en la calle 59 entre 28 y 30; Niños Héroes, en Mejorada; Las Américas, calle 59-D entre 84-A y 86; Santiago, calle 59 entre 70 y 72 del Centro; Santa Ana, en la calle 47 entre 58-A y 60 del centro; Francisco I. Madero, en la calle 31 por 32 de esa colonia; María Luisa, en la calle 20 entre 19 y 21; Internacional del Niño, en la colonia López Mateos; Morelos Oriente, en la calle 20 entre 79 y 81; Esperanza, en la colonia Esperanza; Las Magnolias, de la calle 65 por 50; Yucalpetén, en la calle 67 por 122; Amapolita, en la Amapola; Pacabtún, en la calle 57 entre 42 y 46, y Pedregales de Lindavista, en el fraccionamiento Lindavista.
Autobús municipal para ir a Animaya
Gerardo Santamaría Hernández, presidente de la Comisión de Transporte del Ayuntamiento, dijo que ayer desde temprana hora comprobaron la “maniobra de los permisionarios que sólo denigra a la sociedad civil en busca de quedar bien con la autoridad”.
“El camión que más cerca llega lo hace a cuatro calles del zoológico, cuando hace una semana llegaba hasta sus puertas”, comentó el regidor.
Dijo que el alcalde César Bojórquez Zapata dio instrucciones para que una unidad “Sprinter”, de las que prestan sus servicios de manera gratuita a personas de la tercer edad en el Centro, lo haga también en Ciudad Caucel.
Este vehículo llevará a los visitantes del lugar donde los deje el autobús urbano hasta las puertas de Animaya y cuando salgan los llevará a la parada del camión.
Por el momento este servicio funciona con una unidad y de ser necesario agregarían más, sobre todo los fines de semana.
“No se desatenderá por esto el servicio que dan en el Centro, pues hay otras unidades”.
Este servicio, agregó, se prestará hasta que los permisionarios “recuperen la cordura” y entiendan que el transporte no debe ser enfocado a tiempos electorales, pues es un servicio que beneficia a todos sin importar ideología o credo.
“El éxito que ha tenido entre los ciudadanos Animaya ha obligado al gobierno a tomar medidas desesperadas, como presionar a los permisionarios, para no llegar hasta el nuevo zoológico, lo que sí hicieron al principio”.
El presidente de la Comisión de Transporte del Ayuntamiento dijo que esta ruta todavía no tiene concesión y el único que puede darla es el gobierno del Estado a través de la Dirección de Transporte y de ahí es donde se agarra para presionar.
Confirmado “Hablé con operadores y checadores, quienes me confirmaron que recibieron órdenes de dar marcha atrás a la ruta que llegaba a las puertas de Animaya”, indicó.
Los primeros días de Animaya, precisó, los checadores estaban a las puertas del zoológico.
En alusión a una información que publicamos ayer, el gobierno del Estado nos envió por la tarde una carta que en síntesis dice:
Es totalmente falso que el gobierno del Estado haya ordenado la suspensión o coartado el servicio de pasajeros hacia el zoológico Animaya. Menos cierta es, por tanto, la supuesta “reunión secreta” a que se alude, por la simple y sencilla razón de que no hay rutas de transporte urbano establecidas para ese sitio.
Cabe recordar que en el día de la inauguración de Animaya el Ayuntamiento fletó camiones de pasaje para trasladar a los visitantes al lugar. Algunas escuelas han hecho lo propio y, al parecer, alguna empresa empezó a dar el servicio, pero de forma irregular.
Hasta ahora nadie ha solicitado al gobierno del Estado establecer una ruta de transporte urbano para llegar a ese lugar.
Sin embargo, el gobierno del Estado, consciente de esta situación y a fin de resolver el problema, acordó este día (ayer), a través de la Dirección de Transporte, fijar una ruta hacia ese zoológico, que comenzará a operar hoy. Así, la gente podrá acceder para divertirse y, al mismo tiempo, tendrán la seguridad legal que implica viajar en una ruta de transporte establecida.
Este servicio será prestado de manera temporal a través de once unidades de la empresa Vargas León.
En breve, otros concesionarios del transporte urbano brindarán los recorridos de forma regular y definitiva.
El gobierno del Estado reitera su compromiso de atender las necesidades de la población y lamenta la confusión derivada de la información en la que se pretende culpar al Ejecutivo de una situación que no ocasionó.
* * * Según nuestra fuente, la reunión se efectuó el jueves 6 a las 19 horas, en un salón contiguo a la Secretaría de Gobierno. Asistieron todos los permisionarios y presidieron la reunión Ulises Carrillo Cabrera, jefe del Despacho de la gobernadora, y Marco Antonio González Canto, permisionario y subsecretario de Asuntos Religiosos.
Una lideresa pone fin a su protesta
Luego de más de 24 horas de ayuno frente a Palacio de Gobierno, Patricia Solís Reyes suspendió anoche su protesta debido a varias amenazas recibidas y por motivos de salud.
Según la inconforme, durante la huelga de hambre recibió felicitaciones y amenazas, además de indiferencia: ningún funcionario del Ejecutivo estableció contacto con la inconforme, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial.
“Pido que la gobernadora me reciba, que escuche nuestras demandas, las mismas que planteamos desde hace muchos meses”, indicó horas antes de decidir la suspensión de su protesta.
Según dijo, anteanoche recibió amenazas, frente a la sede del Ejecutivo, provenientes de los ocupantes de un automóvil con placas del Estado de México.
El mismo vehículo, matrícula 968-YTB, la ha seguido por diferentes rumbos de la ciudad, informó la dirigente sindical.
“Me dijeron muchas groserías, me amenazaron para que no siguiera frente a Palacio”.
Por la tarde, la líder del sindicato del Poder Judicial se sintió mal debido a las horas sin alimentos, por lo que fue atendida por un médico.
Acaba su protesta
Después de eso, y debido a las amenazas, decidió dar por terminada su protesta, aunque aseguró que su lucha sindical continuará.
“Pido que la gobernadora me atienda, quiero explicarle todo lo que ocurre y cómo se nos ataca en el Poder Judicial”, dijo.
“El PAN busca confundir” en el caso Hoctún
Ya interpusieron denuncias el diputado federal Felipe Cervera Hernández y quienes fueron agredidos por los panistas en esa comisaría, añadió.
Como hemos informado, priistas encabezados por Cervera Hernández y panistas dirigidos por el alcalde de Hoctún protagonizaron un roce político en la comisaría San José Oriente. Ambos grupos se acusan mutuamente de ir al lugar para comprar credenciales de elector.
Al respecto, Alaine López manifestó que la intención del PAN en este caso es desvirtuar el trabajo de la red de Alerta Ciudadana, que encabeza precisamente el diputado Cervera.
“Sin duda el trabajo de la mencionada red afecta el accionar de los panistas en su misión de enturbiar la elección con grupos de choque y estrategias de guerra sucia que han puesto en marcha durante este proceso”.
En su opinión, con este caso el PAN busca confundir a la sociedad sobre las tareas de las brigadas de alerta del PRI.
“Hay elección de estado en Dzemul”
Panistas de Dzemul, encabezados por la presidenta del comité municipal, María Mariana Erguera Bacab, denunciaron ayer que a unos días de los comicios, activistas del PRI y empleados del gobierno del Estado intensificaron el reparto de dádivas para coaccionar el voto en ese municipio, de donde es originaria la gobernadora Ivonne Aracely Ortega Pacheco.
“Su desesperación es tal que no les importa que los vean y les tomen fotos, pues reparten cosas a plena luz del día. Así pescamos a Alberto Erguera Nahuat, Elena Contreras Canul y Basilia Catzín repartiendo despensas de casa en casa”, afirma la lideresa panista, quien proporcionó fotografías de los hechos.
En Dzemul, como se sabe, gobierna el PAN, con la alcaldesa Elsy Rivera Sánchez. La candidata panista a la alcaldía es la profesora Rosely Bacelis Beh.
“Saben que están perdidos con un candidato que no levanta, Iriving Ortega (Ku), primo de la gobernadora y andan comprando votos, aprovechándose de las necesidades de la gente”.
En visita a este periódico, la directiva panista señala que miente Jesús Murrillo Karam, secretario general del CEN del PRI, quien niega que haya una elección de estado en Yucatán.
“Sí hay una elección de estado y la prueba es Dzemul, donde desde hace días los empleados de gobierno están dedicados a trabajar en la campaña del PRI.
“Todo mundo sabe en el pueblo que los apoyos que reparten se concentran en el rancho de Juan Manuel Canto Ortega, otro primo de la gobernadora, de ahí se sacan para repartir.
“Por ahí desfilan camionetas de la Secretaría de Salud —'allí trabaja Juan Manuel'—, del DIF, Fomento Agropecuario, la Japay, la Junta de Electrificación...
“El rancho está en el camino a Xkambó. En Dzemul todos saben que Juan Manuel se hizo rico en la Secretaría de Salud, dicen que pide $30,000 por dar un permiso para abrir una agencia”.
María Erguera dice que, en su afán de “quebrar gente”, los priistas le llevaron despensas a Juanita Chalé Campos, tía política de la alcaldesa panista.
“Reparten también materiales de construcción, mangueras, bombas, máquinas de coser, cajas de abejas... o de plano ofrecen dinero. Nosotros les decimos que lo agarren porque es dinero de nuestros impuestos, pero que voten libremente el 16”.
Los panistas dicen que la casa —“ahora es una casota”— de la gobernadora en Dzemul tiene propaganda del PRI.
Capacitación electoral sin control de calidad
—No tenemos atribuciones para hacer esa evaluación, la ley no nos da esa herramienta —explicó Carlos Sierra Sosa, presidente del Consejo Electoral Municipal de Mérida.
Sin embargo, dijo que confían en la estructura de capacitación desarrollada por el director del ramo en el estado, Armando Valdez Morales.
—Hasta el viernes pasado ya estaba capacitado el 70% de los funcionarios de casilla, y el martes se llegó al 100% —agregó.
Al Diario llegaron quejas sobre la capacitación, pues parte de los funcionarios no entienden aspectos del manual que les entregaron y en los cursos no disiparon muchas de sus dudas. Hay capacitadores que incluso desconocían la ubicación del Consejo Electoral de Mérida, donde deben entregar el resultado de la votación.
Entrevistado antes de la sesión de ayer de ese órgano electoral, Sierra Sosa también se refirió al reparto de los 981 paquetes electorales en Mérida. Dijo que ayer por la tarde u hoy en la mañana sus 136 auxiliares y otros empleados más del Consejo Electoral Municipal irían a la bodega para recibirlos y distribuirlos.
—Los presidentes de casilla tendrán esos paquetes el sábado —prometió.
Se le hizo notar que hay funcionarios de casilla que ya fueron avisados por auxiliares del Ipepac sobre el atraso en esa labor, de modo que habrá quienes recibirán ese material el domingo, apenas poco antes de la jornada de votaciones.
—El único caso en que podría ocurrir eso es que el presidente de casilla no estuviera en su domicilio cuando se le lleven los paquetes, y esperamos que esta situación sea mínima —indicó.
Sin embargo, consejeros y representantes de partido dieron otra versión: les dijeron que ayer por tarde, entre 4 y 5 de la tarde, recibirían el material para Mérida. En la sesión del Consejo Electoral meridano los representantes de PRI, PRD, Convergencia y Nueva Alianza pidieron que entre los asistentes electorales no estuviera Miguel Angel Rivera Escalante, porque fue director de la Policía Judicial yucateca, durante el gobierno estatal panista, y por tanto puede vulnerar la transparencia del proceso.
—El árbitro electoral ya está demasiado cuestionado, no debemos agregar nuevos elementos al problema —dijo Miguel Rito Betancourt, del PRD.
Ese representante y los de PRI, PVEM y Convergencia también se opusieron a que Moisés Bates Aguilar, quien fue jefe de capacitación del Ipepac en la zona de Ticul, figure en la lista de 42 auxiliares que tendrá el Consejo Electoral meridano para recibir los resultados de la votación.
La SSP: No fue detenido ningún ''presunto panista''
Recibimos anoche, a las 22:49 horas, del Departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el siguiente comunicado:
Esta tarde, medios electrónicos difundieron un comunicado atribuido al Partido Acción Nacional en el que se asegura que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a un candidato de ese partido político en Mérida.
La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán desmiente categóricamente esa afirmación e informa que en los hechos ocurridos hoy en el kilómetro 17.5 del anillo periférico, no se detuvo a persona alguna y para mayor comprensión se exponen a continuación los hechos:
La tarde de este jueves, la conductora de una camioneta minivan Freestar beige, placas YXY-3106, que transitaba por el anillo periférico, a la altura del kilómetro 17.5 donde se encuentra un puesto de revisión y control de la Secretaría de Seguridad Pública, indicó a los policías que personas a bordo de una camioneta Ranger pick-up azul placas YP-63533 que venía detrás la estaban siguiendo y grabando.
Los uniformados pidieron a los conductores de ambos vehículos sus respectivas identificaciones; la mujer que era perseguida accedió, pero el de la camioneta azul se negó y junto con sus acompañantes exigía que les permitieran tomar fotos y video del interior de la minivan porque, según ellos, contenía despensas del PRI.
Al lugar llegaron varias personas, entre ellas el ex diputado panista Pedro Couoh Suaste y una mujer que dijo ser legisladora federal de ese partido, quienes obstaculizaron la intervención policial, que en todo momento se centró en escuchar la versión de ambas partes y recomendarles que acudieran a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública para asentar su respectiva queja.
Los ocupantes de la minivan dijeron ser simpatizantes del PRI y argumentaron que no estaban cometiendo delito alguno y que los presuntos panistas los persiguieron y grabaron sólo por la presunción de que a bordo tenían despensas y que seguramente eran para repartir.
Los policías solicitaron una grúa de la corporación para trasladar al edificio central la minivan, así como a sus ocupantes.
Quienes dijeron ser panistas rechazaron acudir a interponer su queja e impidieron que la camioneta azul fuera también remolcada. Por prudencia, y para evitar el juego de la provocación, los elementos de la SSP optaron por dejar que se retiraran.
Como puede observarse, no fue detenido ningún presunto panista, tal y como afirma el comunicado atribuido al Partido Acción Nacional.
Los ocupantes del vehículo color azul y las personas que se les sumaron, en todo momento alzaban la voz y se decían agredidos por los policías.
La Secretaría de Seguridad Pública no va a cambiar de postura. Su deber es servir y proteger a la ciudadanía, sin importar si se trata de tiempos electorales o no, por lo cual ejercerá su autoridad en el marco de la Ley y exige respetuosamente a los dirigentes y militantes de todos los partidos políticos que no antepongan sus intereses a los derechos de la sociedad.
Finalmente consideramos lamentable que se pretenda manchar el trabajo de quienes todos los días se esfuerzan por garantizar la seguridad que se vive en Yucatán.
Exhortamos a todos los partidos políticos a respetar la labor de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y a dejar de atribuirle a esta corporación acusaciones falsas que sólo confunden a la sociedad.
Reiteramos que nuestro trabajo es garantizar la seguridad de los habitantes de Yucatán. Exigimos respeto a esa labor.
Kirbey Herrera, al presentar hoy su denuncia ante el MP.-- (Cortesía del PAN)
El candidato panista a regidor Kirbey Herrera Chab denunció hoy que fue detenido por policías estatales cuando descubrió a un grupo de personas que repartían despensas a bordo de una camioneta Ford Freestar color gris placas YXY 3106 para apoyar al candidato del PRI del Distrito I, de modo que además de violar sus derechos humanos, las autoridades estatales se convirtieron en cómplices de un delito electoral.
En los primeros minutos de hoy, el candidato a regidor de la planilla del PAN se presentó a la Agencia Octava de la Procuraduría General de Justicia del Estado para denunciar los hechos, ocurridos ayer alrededor de las 6:30 de la tarde en el Periférico, entre las salidas a Cancún y Tixkokob.
Los hechos denunciados son delito electoral cometido por un servidor público del gobierno del Estado, detención ilegal y amenazas contra la SSP y por el reparto de despensas. Cabe mencionar que el denunciante se presentó primero a la Agencia Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría, pero ésta se encontraba cerrada.
El denunciante también responsabilizó al gobierno del Estado de lo que pudiera sucederle, pues ahora teme una agresión física, una detención o que le quieran inventar algún expediente judicial. Además, insistió en denunciar el uso institucional de recursos públicos del gobierno del Estado para proteger al PRI.
De acuerdo con Herrera Chab, aunque él era el denunciante y solicitó que la policía revisara la camioneta Freestar, los agentes lo amenazaron con agredirlo físicamente, le tomaron fotografías, los retuvieron e intentaron llevárselo detenido con todo y vehículo.
Kirbey Herrera incluso logró identificar a una de las personas que repartían despensas en la colonia Los Reyes: Manuel Bonilla Campo, quien, según le dijeron vecinos del lugar, es funcionario del gobierno del Estado y en las tardes labora en un Cobay, de modo que por la hora en que sucedió el incidente estaría además incumpliendo su horario de trabajo.
Ante las acusaciones y la presencia de los representantes de los medios de comunicación, que llegaron alertados por los vecinos, los agentes engancharon la Freestar a una grúa y sacaron apresuradamente el vehículo del sitio, sin siquiera pedirle a sus ocupantes que se identificaran y bajaran y sin revisar el vehículo.
Enseguida procedieron a detener a Kirbey Herrera Chab y una persona que lo acompañaba, a pesar de que ellos eran los denunciantes.
Asustados, decidieron quedarse en su propio vehículo, de modo que los agentes la engancharon a una grúa para llevárselos con todo y vehículo, pero la presión de los vecinos, que salieron a defenderlos, hizo a los agentes desistir de esa medida, dejándolos libres.
Herrera Chab subrayó por último que por el incidente llegaron poco más de siete patrullas y cuatro camionetas antimotines y que ningún oficial se quiso identificar.
Priistas repartían despensas; agentes llegan a auxiliarlos
La intervención de elementos de la SSP para “auxiliar” a integrantes de una camioneta en la que presuntamente se repartían despensas en la colonia Los Reyes ocasionó jaloneos y empujones entre los policías estatales y panistas, entre ellos la diputada local por el Distrito Federal Lía Limón García y el candidato a diputado Pedro Couoh Suaste.
Kirbey Herrera Chab, integrante de la planilla de la candidata panista a la alcaldía de Mérida, Beatriz Zavala Peniche, dijo que sorprendió a un funcionario del gobierno del Estado, (Manuel Bonilla), quien en una camioneta Windstar placas YXY 3106 repartía despensas en la calle 9 entre 30 y 32 de la colonia Los Reyes.
Sin embargo, Herrera Chab fue detenido por agentes que iban en tres patrullas de la SSP, en el Anillo Periférico, a la altura de la salida a Cancún, a solicitud de los ocupantes de la Windstar.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:15 de la tarde.
La camioneta, cuyos tripulantes fueron sorprendidos repartiendo despensas, fue retirada en una grúa de la SSP con sus cinco tripulantes adentro.
Los policías estatales intentaron hacer lo mismo con la camioneta Ranger que perseguía a los presuntos delincuentes electorales, pero lo impidieron panistas encabezados por Lía Limón García, diputada local por el Distrito Federal, y el candidato a diputado Pedro Couoh Suaste.
Hubo jaloneos y empujones entre los panistas y los policías estatales, quienes dudaron cuando la diputada Lía Limón se subió a la camioneta Ranger para impedir que se la lleve la grúa.
Finalmente, los policías desengancharon la camioneta y se retiraron. De la Windstar nunca se bajaron la conductora y cuatro tripulantes , incluido Manuel Bonilla, quien fue jefe del departamento de Logística en la administración estatal del panista Patricio Patrón Laviada y ahora es funcionario del gobierno priista de Ivonne Ortega Pacheco.
Entre tensión y retos
- Se calientan los ánimos en Yucatán, a unas horas de la elección
- Inusitada invitación de Ivonne Ortega para Gobernación
El primer día de silencio electoral en Yucatán, al término de las campañas políticas, se caracterizó por la tensión en varios municipios, un zipizape ligado a un presunto delito y retos a autoridades federales y estatales.
En el interior del Estado surgieron denuncias por apoyos indebidos, de los que se culpan PAN y PRI, y en Mérida ocurrió un altercado entre panistas y policías que terminó en una detención, en el Anillo Periférico.
Los panistas estaban siguiendo a una camioneta cuyos ocupantes presuntamente distribuían despensas a personas a quienes solicitaban el voto a favor del PRI.
La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco invitó al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a supervisar el proceso electoral en el Estado.
Por el lado de Acción Nacional, el senador Hugo Laviada Molina retó al Ejecutivo local a que deje de intervenir en el proceso electoral.
Residencia de un diputado
PROGRESO.— Una residencia veraniega, que por su ubicación cuesta $5 millones o más según los conocedores, construye en este puerto el diputado priísta Jorge Carlos Berlín Montero.
En los trabajos de construcción de la casa, con alberca frente a la playa, se emplea a 30 albañiles de Halachó y 10 palaperos de Tzucacab.
El líder de la Gran Comisión solicitó en la Comuna permiso para la demolición del anterior predio, construcción y remodelación de la residencia. Los diputados locales perciben una dieta mensual de alrededor de $142,000.
La residencia veraniega sobresale entre todas las casas del rumbo por sus palapas y el “estilo tropical” de su construcción. El amplio frente de la casa da a la playa y goza de una excelente vista. Estaría lista en las vacaciones de verano próximas.
El presidente de la Gran Comisión del Congreso local, el priísta Jorge Carlos Berlín Montero, construye una residencia en la zona veraniega de Progreso que, según los conocedores, cuesta más de $5 millones.
La casa de playa, que llama la atención de vecinos y temporadistas del rumbo, debe estar lista para las vacaciones de verano. Además de palapas en la parte superior de la casa, también contará con alberca. Trabajan 30 albañiles y 10 palaperos.
Se amplía la red de corrupción
La sombra de Carlos Sobrino Sierra, asesor de la gobernadora Ivonne Ortega y padre de Jorge Sobrino Argáez, integrante de la planilla de Angélica Araujo a la alcaldía de Mérida, ha vuelto a surgir en la presunta red de corrupción descubierta en la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero (Sfayp).
Wílberth Manuel de Atocha Albor González, identificado como chofer de Sobrino Sierra y vendedor de la empresa Licores Argáez, propiedad de la familia del asesor, recibió $992,290 de la Secretaría en 2008 para construir un invernadero de chile habanero en Conkal, aunque no se sabe en qué lugar.
Según el expediente 31-08-004246 del Programa para la Adquisición de Activos Productivos de la Sfayp, Albor González obtuvo ese apoyo con recursos exclusivamente federales, vía la Sagarpa, contra lo que ocurre regularmente en este tipo de apoyos, que reciben además aportaciones estatales.
De acuerdo con las normas del Programa, el beneficiario debió aportar $1.104,722, para completar la mezcla de recursos necesarios para financiar la construcción de un invernadero de 4,000 mil metros.
—En Conkal todos saben que Albor no es una persona de recursos. Es un vendedor de aguardiente y empleado incondicional de Sobrino — dice la alcaldesa de esa población, María Elena Uicab Quijano del PAN. — Nunca se ha dedicado a la agricultura y nadie conoce aquí un invernadero a su nombre.
Según información obtenida por el Diario, la Secretaría benefició también al suegro y a la hija de Albor, con distintos apoyos, aunque hay indicios de que éstos nunca se invirtieron en proyectos productivos.
César Rivas Baquedano, padre político de Wílberth Albor González, presunto colaborador cercano de Carlos Sobrino Sierra, recibió $194,285 de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero (Sfayp) en 2008, como supuesto representante del Grupo Porcino Pizarro, para la adquisición de un equipo de tratamiento de aguas residuales en granjas porcícolas.
Sin embargo, según la alcaldesa de Conkal, María Elena Uicab Quijano, Rivas Baquedano, como informamos ayer, “fue porcicultor hace años; ahora está retirado y no tiene para comer. Aquí le damos despensas y dinero para ayudarlo”.
Asimismo, en el expediente 31-08-000967 del Programa para la Adquisición de Activos Productivos con componente ganadero de la Sfayp en 2008, se consigna la entrega de $68,000 a Nallely Manuela Albor Rivas, hija de Albor González, para la compra de un semental bovino y 10 vientres bovinos para el fomento de una supuesta ganadería en Buctzotz, a cambio de que ella aportara $30,000.
El 12 de febrero, el Diario publicó que Albor González y otras cuatro personas ligadas a Sobrino Sierra recibieron $128,625 de la Sfayp en 2008 por realizar estudios “para el otorgamiento de apoyos a invernaderos”, que cobraron pero no realizaron, según la auditoría de la Contraloría DASC-SFAYP-02E/08m.
En esa misma ocasión informamos que Albor, identificado como chofer de Sobrino Sierra y “vendedor de Licores Argáez en las mañanas”, obtuvo por ese concepto $5,250, de acuerdo con la Contraloría.
Al día siguiente, Sobrino Sierra declaró que es falso que Albor González haya sido su chofer. “Nunca en la vida he tenido uno”, dijo; “él es familiar de mi esposa y claro que entra y sale de las instalaciones, de los negocios (Licores Argáez), pero hablar de que es un empleado de allí, se me hace fuera de lugar”.
Sin embargo, informes de la propia empresa obtenidos por este periódico confirman que Albor González trabaja allí. Por lo menos lo hacía hasta febrero, como vendedor de licores. En enero registró ventas de $37,000. Carlos Sobrino Argáez, el otro hijo del asesor, dirigió esa compañía hasta antes de su nombramiento como subsecretario de Obras Públicas en el gobierno de Ivonne Ortega, en septiembre de 2009.
Nueve horas para la votación
- Las casillas cerrarán a las 5, no a las seis como en comicios anteriores
- Sólo rebasarán ese horario si hay colas de electores, avisan
El próximo domingo, la población tendrá una hora menos para ir a depositar su voto, pues las casillas cerrarán a las cinco de la tarde, no a las seis como ocurrió en los comicios federales.
Se recomienda tener en cuenta ese horario, pues de lo contrario quienes dejen para última momento ese deber no podrán sufragar por llegar tarde.
El Instituto Electoral del Estado explica que las únicas mesas de votación que podrán seguir abiertas después de las cinco de la tarde son aquellas en las que a esa hora haya gente en la fila esperando ejercer ese derecho.
Otra diferencia importante en estos comicios es que la instalación de casillas empezará a las siete de la mañana. Los funcionarios de la mesa y los representantes de partido deben estar en su sitio antes de esa hora.
A las ocho de la mañana comenzará la recepción de votos.
—En los pasados comicios federales la situación fue diferente. La instalación de la mesa de votación empezó a las ocho horas y, en consecuencia, la recepción de papeletas se inició mucho después —recuerda Armando Valdez Morales, director de Capacitación del Ipepac.
El funcionario asegura que cumplieron la meta de capacitar a los 13,908 funcionarios (titulares y suplentes) necesarios para las 2,318 casillas. Sólo hubo 87 renuncias en abril y un número mucho menor —no tenía a mano la cifra— que lo hizo en este mes. La mayoría de las deserciones fueron en Mérida.
Este domingo, cuando serán los comicios, recordó, trabajarán las 100 notarías del Estado, así como todas las agencias del Ministerio Público y juzgados, por si se requieren sus servicios durante la jornada electoral.
Como parte del proceso en su etapa final, informó, anteayer se inició la cancelación de las 127,812 boletas que sobraron luego de asignar en cada paquete el número de papeletas que les corresponde, según la cantidad de electores por centro de votación.
El día de las elecciones, informó, se habilitarán en el hotel El Castellano dos salones, uno para dar seguimiento a la información del Programa de Resultados Electorales Preliminares (Prep), mediante una pantalla gigante. En el otro salón se instalará la oficina de prensa, con unas 20 computadoras.
Por cierto informó que hasta ayer se habían acreditado unos 350 periodistas, entre reporteros, fotógrafos y camarógrafos de unos 30 medios de comunicación local y nacionales. Se espera que al final sean 400 acreditados.
Por otra parte, ayer trascendió que se inconformó el PRI porque la dirección de Capacitación cambió de ubicación a los asistentes electorales, pero se acordó corregirlo hoy en sesión extraordinaria.
Opinan que una sentencia fue trabajada a velocidad
Parece extraño y mucha casualidad, que un día antes de acabar las campañas se dé una sentencia “trabajada a velocidad y con el resultado en mi contra”, dijo ayer el candidato del PAN a diputado Renán Barrera Concha.
“Con esto se demuestra cómo el Poder Judicial está subordinado a intereses políticos vinculados con el PRI, y por supuesto, con el fin de intentar manchar una campaña limpia y propositiva donde desde el inicio el PRI veía perdido”, afirmó.
Ayer informamos que el ex funcionario priista Ricardo Dájer Náhum ganó una apelación contra el regidor y candidato a diputado Barrera Concha.
Este último respondió que promoverá un amparo contra la resolución para demostrar que no hay delito que perseguir y que es un invento con fines políticos de cara a los comicios del domingo.
Recordó que en la primera instancia el juez no encontró elementos para configurar delito alguno.
La contrata y luego la deja al aire
Maribel Gutiérrez, la joven que se enfermó cuando trabajaba en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, dijo que Refugio Leyva Rivero, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (Inifap) de Mocochá, fue quien la contrató, pero ahora éste se ha deslindado de cualquier responsabilidad por los gastos de hospitalización.
Como informamos, la Conafor dio a conocer mediante un comunicado que Maribel Gutiérrez no estaba contratada por parte de la dependencia, sino que la joven fue subcontratada por una empresa local, pero dicha contratación ha estado sujeta a licitaciones dentro de los lineamientos que marca la ley.
Cada empresa es responsable de la contratación así como de las prestaciones de ley de su personal, además de equiparlo en seguridad.
Maribel Gutiérrez enfermó de dengue hemorrágico e influenza AH1N1. Permaneció internada en la Clínica de Mérida (cinco semanas en terapia intensiva). Acumuló una deuda superior a los $500,000, de los cuales debe $200,000.
En huelga de hambre una líder
“Estaré aquí (frente al Palacio de Gobierno) el tiempo que sea necesario, en huelga de hambre, hasta conseguir que se firmen las condiciones generales de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia”, indicó Patricia Solís Reyes, secretaria general del sindicato de trabajadores del Poder Judicial.
“Desde hace mucho tiempo que pedimos que sea reconocido nuestro sindicato, pero hasta la fecha no tenemos garantía de un trato adecuado para los empleados del Poder Judicial”, añadió la líder, quien ayer se apostó frente a la sede del Ejecutivo.
“También pedimos que cese el hostigamiento a los trabajadores por el simple hecho de estar sindicalizados”, expresó.
El Tribunal Superior, integrado por seis magistrados, realizó hace unos días una sesión en la que se hicieron numerosos cambios del personal sin consultar al sindicato, ya que no se ha firmado las condiciones generales de trabajo.
Se tomaron muchos acuerdos, entre estos, el cambio de personal de los juzgados 5o. y 7o. penales a raíz de que sus titulares, Jorge Vázquez Juan y Rubí González Alpuche fueron enrocados, como informamos en su oportunidad.
“Cada juez se llevó (a su nuevo juzgado) a sus empleados de confianza”, indicó una fuente.
Otra de las demandas de Patricia Solís es la reinstalación de varios trabajadores sancionados, como ocurrió hace unos días cuando un actuario y un secretario de acuerdos del Juzgado 6o. Penal fueron detenidos.
Los expedientes no se integraron bien
Los inculpados, varios de los cuales tienen antecedentes penales, fueron acusados en su mayoría de robo.
La “ola” de liberaciones fue en el Juzgado 5o. Penal. En todos los casos las policías preventivas detuvieron a los acusados y los remitieron al Ministerio Público, pero en esta dependencia no se integraron en forma correcta los expedientes.
Requisitos esenciales, como ratificar un informe policíaco ante el Ministerio Público, no se cumplieron, lo que dio pie a las liberaciones.
Las quejas no fueron apoyadas con pruebas y, por tanto, la Procuraduría no aportó elementos para mantener en prisión a los detenidos.
Entre los liberados están: José Florencio Escobedo Baqueiro, José Francisco González Flores, Carlos Andrés Canul Dzul, José Enrique Caballero León, Pedro May Itzá, Jorge Cabrera Perales y Rafael Cárdenas Palma, entre otros.
En uno de esos casos, el denunciante Miguel Alonzo Valencia dijo: “Oí ruido a las puertas de mi casa, salí y vi que la policía tenía detenida a una persona”.
El caso se turnó al Ministerio Público y luego a ese juzgado por “tentativa de robo calificado”. El caso evidentemente no es un delito, como sostiene la Procuraduría del Estado.
En otros casos las detenciones fueron arbitrarias, cuando los acusados estaban en su casa y no en el sitio del supuesto delito como sostiene la acusación.
Exhortan a denunciar atropellos
Se indicó que denunciar ante la Codhey y el Ministerio Público es una manera de alzar la voz y exhibir la manera de proceder de la autoridad. “No se puede detener a una persona nada más por sus facciones, manera de vestir o porque les parezca sospechosa. El proceder de la policía viola las garantías de la ciudadanía”, dijo una visitadora de la Codhey.
Agregó que, por ejemplo, los retenes son anticonstitucionales debido a que violan la libertad de los ciudadanos.
Sobre el caso del grupo de estudiantes aprehendidos el día 1 en Pensiones, la vocera de la Codhey dijo que esperan que la dependencia les rinda un informe detallado del motivo de la detención. “No pueden detener nada más porque sí”, apuntó.
Como informamos, cinco estudiantes fueron detenidos por agentes de la SSP porque parecían sospechosos. Los jóvenes dicen que los revisaron, amenazaron y que a uno de ellos lo pateó un agente.
En manos de la autoridad Un joven homicida está en manos de las autoridades judiciales para responder por la muerte de Víctor Alonzo Martín Gío, de Hunucmá.
Surgieron dos versiones: que el joven fue detenido por la Judicial y que en realidad fue “entregado” por sus familiares.
El inculpado, menor de edad, golpeó con una madera al occiso, quien murió dos días después en un hospital de Mérida.
Este homicidio dio pie a movilizaciones políticas, ya que el agresor es hijo de Ismael Canul Rodríguez, quien fue destituido como secretario del ayuntamiento. También fue cesado el director de la policía municipal, Luis Erosa Noh.
A ambos funcionarios se les atribuyó influir para que la policía no detenga al agresor, quien desde esa fecha se escondió.
Fue consignado a la jueza Danila Dzul Tec, especializada en atención de ilícitos de adolescentes. La funcionaria someterá a juicio al menor, quien no tiene derecho a recuperar su libertad porque estuvo prófugo un año y puede estar fuera del alcance de las autoridades.
Por ser menor, no se le puede mencionar a más de cinco años de rehabilitación en la cárcel juvenil.
Ya sabe quiénes quieren callarlo
Además, dice que es una pena que personas que aspiran a ser los futuros gobernantes de Yucatán resuelvan con el atentado que sufrió las diferencias en el interior de su partido.
Sobre los supuestos cabecillas del “grupo de choque” panista, indicó que la Procuraduría sólo está tratando de desviar la atención ya que los únicos enemigos que él tiene están en el PRI.
El legislador dijo que está preocupado ya que les han llegado comentarios diciéndoles que se cuide mucho, además de que personas cercanas le han informado que inclusive hubo un pago en efectivo para “motivar” al sujeto a que lo agreda.
Dijo que las personas que lo seguían no son ajenos a la policía judicial estatal o al C-4.
El diputado mencionó que hay preocupación de parte de sus familiares y amigos, que le piden que se cuide mucho porque esto no se quedará aquí. Por su parte, dijo, espera que todo salga a flote poco a poco y en la misma forma se irá dando o conocer.
Agregó que le apuesta a la prudencia de quienes son autores materiales de esta situación que derivó en la agresión. También dijo que la política no debe darse en el marco de rencores y de odios, “la política debe ser un espacio de acuerdos y negociación en beneficio de la sociedad”.
Pretendía interponer ayer la denuncia correspondiente por las agresiones hacia su persona y dijo que “la Procuraduría tiene la importante tarea de resolver este caso”.
