Los alcaldes de Conkal y de Mérida, María Elena Uicab Quijano y César Bojórquez Zapata, y las regidoras Imelda Pacheco González y Carmen González Martín, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde hicieron una escala técnica por fallas en el avión que los trasladaba a la Reunión Nacional de Municipios Metropolitanos, en Xalapa, Veracruz, en 2008.
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El abogado Pedro Rivas Gutiérrez afirma que hay suficientes elementos para demostrar que las acusaciones contra César Bojórquez Zapata, por presuntos desvíos de recursos por $82.7 millones, están plagadan de irregularidades e ilegalidades y los harán valer en su momento.
El ex secretario de Gobierno afirma que, en principio, hay dos hechos que son irrebatibles: el auditor René Márquez Arcila sí se basó en el acuerdo del Congreso que invalidó la Suprema Corte para "armar" la acusación contra el ex alcalde y la auditoría ampliada se realizó fuera de los tiempos que marca la ley.
Para demostrarlo, el abogado mostró el oficio No. 05/799/2010, de fecha 30 de junio de 2010, en el que Márquez Arcila solicita otra prórroga para revisar las cuentas de la Comuna, el mismo que la Suprema Corte declaró inconstitucional nueve meses antes (en septiembre de 2009).
En ese oficio, dirigido al diputado Víctor Chi Trujeque, entonces presidente de la mesa directiva del Congreso, el auditor indica expresamente que ese acuerdo implica una revisión más detallada de la cuenta pública de la Comuna correspondiente al segundo semestre de 2008 y los dos de 2009.
"Sólo que, si se toma en cuenta que las primeras cuentas son de 2008, pide otra prórroga en 2010, es decir dos años después".
"Aquí, el auditor violó otra ley: el artículo 23, fracción III, de la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, que sólo le permite pedir una prórroga. Pero, el auditor ya lleva muchas más.
"Esa Ley le permitía a Márquez Arcila terminar de auditar las cuentas de 2008 a más tardar en diciembre de 2009. ¡Y todavía en junio de 2010 pedía otra prórroga para terminarla! Más claro, ni elagua: se extralimitó en sus funciones e incurrió en una responsabilidad", advierte.
El asesor jurídico de Bojórquez Zapata desmiente, como informamos en primera plana, a la diputada Martha Góngora Sánchez, quien consideró que la auditoría no es ilegal y la denuncia que interpondrán ante la Suprema Corte contra el auditor "es sólo patadas de ahogado".
Pedro Rivas advierte que la denuncia contra Márquez Arcila, por desacato a la Suprema Corte, es inminente.
La legisladora formuló otras acusaciones. Dijo, por ejemplo, que César Bojórquez debe explicar por qué entregó un cheque de $8 millones al líder del Sindicato de la Comuna, "cuando lo lógico y jurídico" era que si se trataba de cuotas sindicales, se debería depositar al sindicato.
Respecto a este punto, Bojórquez Zapata aclara que en asuntos de gobierno no aplica "la lógica", sino sólo las obligaciones de ley. "La explicación es muy sencilla: la Comuna retiene las cuotas sindicales de los trabajadores y se las transfiere al sindicato, como establece el convenio entre las partes, un esquema similar al que hace el Ejecutivo con las cuotas de los profesores: Hacienda las retiene y se las deposita al SNTE", apunta el ex concejal.
"En nuestro caso estamos hablando de dinero que es de los empleados, no del Ayuntamiento, así que en todo caso ¿dónde estaría el supuesto daño patrimonial o el desvío de recursos?", subraya el ex alcalde.
El actual delegado del Infonavit recalca que hay dolo en la acusación en su contra, ya que, por ejemplo, le cuestionan porqué aparecen algunas facturas por alimentos en Chiapas, cuando se supone que viajó a un evento a Veracruz en 2008.
La razón, recuerda, es que el avión en el que viajaban se vio obligado a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Chiapa de Corzo, donde estuvieron varados varias horas. "Todo caerá por su propio peso", asegura.- Félix Ucán Salazar
