Con la firma del coordinador de Comunicación Social del Ejecutivo, Jesús Rivero Covarrubias, el gobierno del Estado nos envió anoche una carta en la que opina de nuestras publicaciones sobre la detención de dos jóvenes que vendían playeras con la leyenda “Yo chiflé a Ibom”.
El texto con la firma de Rivero nos acusa, con ligereza, sin sustento, de publicar mentiras y de manipular la información. Habla de “notas que presumen la comisión de ilegalidades”. En síntesis, la carta dice lo siguiente:
1) Al referirse al suceso, el Diario ha publicado que se trata de una arbitrariedad. Se ha asegurado que fueron golpeados.
2) También se dio a conocer en el Diario un plantón que familiares de los detenidos hicieron frente al Palacio de Gobierno para pedir su liberación. La verdad es que ya se sabía que habían sido turnados al Ministerio Público Federal, por tratarse de un delito de ese fuero.
3) En nota posterior se aseguró en un título que los detenidos quedaron libres por falta de elementos. La verdad fue que los detenidos debieron depositar sendas cauciones para ser juzgados en libertad, pero el proceso penal sigue su curso ante la autoridad jurisdiccional federal.
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Sobre estos puntos hacemos las siguientes precisiones:
1) Este periódico no ha asegurado que hay una arbitrariedad y tampoco que se golpeó a los detenidos. Ha publicado declaraciones de los encarcelados y sus familiares y de representantes de varios sectores sociales, que sí han declarado en ese sentido.
2) Nos limitamos a informar del plantón frente al Palacio de Gobierno. Y efectivamente, como señalamos en la publicación, los participantes pidieron la liberación de los arrestados. Hay testimonios gráficos de la protesta.
3) En nuestras ediciones impresas no publicamos que los jóvenes fueron liberados por falta de elementos. En todo momento se ha indicado que se pagaron fianzas para la liberación.
La carta del gobierno se refiere quizás a la información que colocamos en yucatan.com.mx a la medianoche del sábado, minutos después de la liberación, con datos que proporcionó uno de nuestros reporteros gráficos, cuando no se conocían todos los pormenores del proceso.
La carta se refiere también a la publicación de ayer sobre un empleado cesado de la Procuraduría, presuntamente por usar una computadora de la institución para reenviar material político. Niega que esto haya sido así.
Reporteros de la fuente policíaca recibieron la versión de personas bien identificadas (N.R.).
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A continuación el texto íntegro de la carta enviada por el coordinador de Comunicación Social del gobierno del Estado, Jesús Rivero Covarrubias
Mérida, Yucatán, a 2 de marzo de 2010
Lic. Carlos Menéndez Losa
Director General del Grupo "Megamedia"
PRESENTE
Señor Menéndez:
Hoy, una vez más, encontramos en las páginas del "Diario de Yucatán", notas que presumen la comisión de ilegalidades en la detención de dos jóvenes que, en días pasados, fueron denunciados por un ciudadano por haberle dado dinero falso.
De nueva cuenta, en muchas ocasiones anteriores, debemos recurrir a una carta para solicitar que se publique la verdad.
Al referirse al suceso, el "Diario de Yucatán" ha publicado que se trata de una arbitrariedad. La verdad es que la policía estatal actuó en cumplimiento de la ley. Ahora resulta que atender una denuncia ciudadana es una irregularidad, a decir de su publicación.
En el periódico del grupo a su cargo se ha asegurado que a los detenidos los golpearon. La verdad es que al acudir, acompañados por diputados del PAN, a visitarlos en las corporaciones estatales antes de ser consignados al Ministerio Público Federal, se otorgó a sus familiares todas las facilidades para que constataran que no fueron en ningún momento agredidos. Afortunadamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya tomó cartas en el asunto y aclarará la verdad.
También se dio a conocer en el "Diario de Yucatán" un plantón que familiares de los detenidos, acompañados de militantes del PAN, hicieron frente al Palacio de Gobierno para "pedir su liberación". La verdad es que ya se sabía que habían sido turnados al Ministerio Público FEDERAL, por tratarse de un delito de ese fuero: el gobierno estatal ya nada tiene que ver en el asunto.
Aún más, en nota posterior se aseguró en un título que los detenidos quedaron libres "por falta de elementos". La verdad, como el propio Diario de Yucatán reconoció más adelante, fue que los detenidos debieron depositar sendas cauciones para ser juzgados en libertad, pero el proceso penal sigue su curso ante la autoridad jurisdiccional FEDERAL.
Hoy mismo publica el periódico a su cargo que un empleado de la Procuraduría General de Justicia "fue cesado" por utilizar una computadora de la institución para reenviar material político-electoral. La verdad, como les consta por la aclaración enviada, es que dicho empleado presentó su renuncia y había sido reprendido en múltiples ocasiones por presentar actitudes indebidas con sus compañeras de trabajo.
Además de estos casos, han sido ya muchos en los que resulta evidente que el periódico a su cargo ha publicado sistemáticamente mentiras en lo que atañe a la actividad del Ejecutivo del Estado. Han llegado a asegurar la asistencia de la Gobernadora a eventos a los que no acudió.
Si se trata de descuido en su mesa de redacción, sería lastimero que ocurriese con un medio de comunicación con ya varios años de antigüedad. Pero si se trata de acciones intencionales es motivo de preocupación, más aún cuando en no pocas ocasiones publican versiones totalmente disímiles de las que todos los demás medios de comunicación registran.
En el Ejecutivo del Estado se respeta el quehacer periodístico, pero no deja de ser extraño el motivo por el cual a las aclaraciones puntuales se les da un espacio mucho menor que a las publicaciones mendaces en el "Diario de Yucatán". Ha habido ocasiones, varias, en que ni siquiera son publicadas.
No deja de ser peculiar al menos el hecho de que en una misma página se cuestione y no pocas veces se califique negativamente el actuar del Ejecutivo estatal y, al mismo tiempo, se presente como ejemplares o loables las acciones de otras instituciones distintas pero todas pertenecientes a una ideología política. Peculiar, pero no del todo desconocido es ese actuar.
Ahora que vivimos tiempos electorales, se ha intensificado la publicación de mentiras. Eso da mucho qué pensar.
Algunas voces dicen en otros medios de comunicación que existen compromisos económicos del grupo que usted representa con el PAN y los gobiernos emanados de ese partido, pero preferimos pensar que se trata sencillamente de una divergencia ideológica entre su grupo y el Ejecutivo estatal. Nosotros no acusamos a la ligera.
Por lo pronto, esta será la última alusión del Ejecutivo estatal al caso de los detenidos –ahora a disposición de la autoridad jurisdiccional federal, aunque estén bajo caución-, porque es evidente el poco interés del medio que representa por publicar la verdad. En adelante seguiremos esta política y sólo nos dirigiremos oficialmente al "Diario de Yucatán" cuando sea necesario aclarar un asunto del interés público que en sus páginas esté siendo manipulado, es decir, nos queda bastante trabajo por delante.
El gobierno es, por mandato constitucional, garante de la libertad de expresión. Y el Ejecutivo del Estado, incluyendo las corporaciones policiales –que, por cierto, mantienen a nuestra entidad federativa como la más segura del país- reitera un compromiso con ese derecho constitucional, aunque el periódico editado por el grupo a su cargo lo utilice para publicar mentiras. Ese es el privilegio de la democracia.
Me reitero a sus órdenes.
Jesús Rivero Covarrubias
Coordinador General de Comunicación Social
